Fin de las vacaciones en Camboya

Miembros de la Cámara Extraordinaria del Tribunal de Camboya, un experimento nacional único para juzgar a los criminales de guerra. Foto cortesía de la CETC.

Al gobierno de Camboya no se le conoce históricamente por importarle mucho la justicia internacional ni por dedicar grandes esfuerzos a procesar a los criminales. Sin embargo, ahora, lejos de La Haya, en una antigua base militar al final de un largo y polvoriento camino sin asfaltar a las afueras de Phnom Penh, la Cámara Extraordinaria del Tribunal de Camboya (CETC) está llevando a cabo un experimento único: sentar en el banquillo a los masoquistas homicidas más dañinos del país. Más de treinta años después de su llegada al poder, al Jemer Rojo le ha tocado por fin sentarse en el banquillo. Y, por vez primera en un juicio por crímenes contra la Humanidad y atrocidades varias a escala industrial, el país anfitrión forma sociedad con las Naciones Unidas como parte acusadora.

Puede que nunca hayáis oído hablar del CETC. A pesar de que los líderes jemeres que están siendo juzgados formaron parte de uno de los más terribles regímenes del siglo XX y jugaron un papel importante en la geopolítica absurda de la Guerra Fría en su etapa post-Vietnam, la historia de estos juicios no suele ocupar titulares en los medios de comunicación más allá de las fronteras de Camboya. Y aunque el CETC bien podría convertirse en un nuevo modelo que sustituyera a tribunales obsoletos y lentos de reflejos como la Corte Penal Internacional de La Haya, el proceso ha sido injustamente relegado a pequeñas notas a pie de página en alguna sección poco leída de la prensa internacional. “Eso es porque se están juzgando crímenes que se cometieron hace treinta años en un país lejano”, me dijo la encargada de relaciones públicas del CETC, Yuko Maeda. “[El público] presta atención a lo de Afganistán, a lo de Irak. A lo de cualquier sitio. Lo que pasó aquí es agua pasada para mucha gente”. Totalmente cierto. No obstante, dada la regularidad con la que tanto gobiernos legítimos con instintos asesinos como dictaduras hostiles se apuntan estos días a los asesinatos en masa, encontrar un método de juzgar estos casos con eficacia y prontitud parece un objetivo razonable. Y motivo suficiente para preguntarse por qué no existe ya uno. Hace unos tres años, en nuestro Especial Miedo (V1N4) publicamos un artículo sobre el trabajo de un artista llamado Vann Nath, uno de los contados supervivientes de la tristemente célebre prisión jemer de Tuol Seng, también llamada S-21. En sus pinturas, Nath desvelaba la brutalidad de las torturas que él y otras personas padecieron bajo el yugo del infame director de la S-21, Duch. Hoy, Nath es el testigo estrella del Caso 001 del CETC, que concluyó a finales del año pasado y cuyo veredicto se emitirá en algún momento durante los meses venideros. Duch es el acusado.

Nath sobrevivió a su estancia en la S-21 sólo porque era bueno haciendo retratos de Pol Pot—el Hermano Número 1, el loco homicida líder del partido—y dibujando propaganda. Es un hombre alto y esbelto de cabello blanco como la nieve y pobladas cejas entrecanas. Le conocí en su galería de arte en Phnom Penh y habló conmigo con voz suave y tranquila. “Toda la sangre está en sus manos”, me dijo de los torturadores jemeres que aún siguen con vida. “No puedo reconciliarme con quienes no admiten las cosas malas que han hecho”. Ha transcurrido algo de tiempo: el 7 de enero de 1979, tras pasar exactamente un año en prisión, Nath logró escapar junto a otros prisioneros en medio del caos que acompañó a la invasión vietnamita de Camboya. Aunque se espera que pronto se emita un veredicto, no me pareció que Nath se sintiera muy esperanzado. “Está tardando mucho”, dijo. “Hay otras formas de reconciliación”. Se estaba refiriendo a los encuentros que él ha ido realizando en privado con otros supervivientes y con miembros arrepentidos del Jemer Rojo. Entre los camboyanos, pese a que no se ha dejado de dar vueltas a la naturaleza del tribunal y a cómo ha ido progresando, pocos dudan de la validez de su existencia. Al final, Nath aceptó que “el tribunal es la única forma de justicia”.

Vann Nath, testigo clave contra Duch (derecha) y uno de los pocos supervivientes de la prisión Jemer S-21. Foto de Sara Golda Rafsky

La CETC se creó para procesar los crímenes cometidos durante el reinado del Jemer Rojo, cuando, tras erigirse vencedor de una larga guerra civil, el ultrafanático grupo maoísta, con la instauración de una sociedad agraria sin clases como meta, declaró fuera de la ley el dinero, la religión y la escuela. Las enfermedades, la hambruna, el agotamiento físico, el encarcelamiento y las ejecuciones se cobraron alrededor de dos millones de vidas de una población aproximada de 8 millones: la cuarta parte de la población, muerta en menos de cuatro años. Los camboyanos resumen ese período con un término ajustado: “autogenocidio”.

Aunque los recuentos de crímenes de guerra y contra la Humanidad salieron pronto a colación, la resolución de si la era del Jemer Rojo entraba dentro de la definición legal de genocidio se prolongó un poco más. El desacuerdo residía en el hecho de que los jemeres perpetraron sus crímenes principalmente contra miembros de su misma nacionalidad y grupo étnico. Para que legalmente constituyan genocidio, los actos deben cometerse “con intención de destruir, totalmente o en parte, un colectivo étnico, racial, nacional o religioso”. La acusación del Caso 002 argumentó que, puesto que las minorías étnicas vietnamita y cham islámica fueron objetivos preferentes del régimen, se daban las condiciones para aceptarse como genocidio, y como tal se añadió el cargo recientemente a la lista de crímenes imputados a un grupo de jemeres de alto rango. El cargo, sin embargo, no le fue imputado a Duch. Duch, cuyo nombre de pila es Kaing Guek Eav, es un antiguo profesor de matemáticas reconvertido en ferviente revolucionario. Su nombre figura numerosas veces en el informe de Nath sobre su ordalía, A Cambodian Prison Portrait: One Year in the Khmer Rouge’s S-21. También tiene un papel principal en otro libro, El Portal. Prisionero de los Jemeres Rojos, del etnógrafo francés François Bizot, quien en 1971, durante la guerra civil, fue encarcelado varios meses por los jemeres e interrogado por Duch. Bizot no le describe como “un monstruo del abismo” sino como “un ser humano condicionado para matar. Su inteligencia había sido pulida como el diente de un lobo o de un tiburón, pero su psique humana se había preservado con todo cuidado”. Nath le conocía mejor como el tipo al que más le valía tener contento. Como él mismo escribió, “¡Mi destino dependía del último cuadro que estuviese pintando!” Entonces, en 1979, los vietnamitas liberaron Camboya de su propia ocupación. Los partidos dirigentes de ambos países compartían ideología comunista, pero eso no paliaba un siglo entero de mutuo odio acerbo. Tras ser provocados repetidas veces con ataques transfronterizos, los vietnamitas entraron en Camboya y se hicieron con la victoria prácticamente sin despeinarse. Desmantelaron el gobierno de la llamada Kampuchea Democrática (KD) y ocuparon el país hasta 1989.

Una lista de comportamientos aceptables en la S-21, sede hoy del Museo Memorial Tuol Seng.   Foto de Sara Golda Rafsky

Para casi todo el mundo excepto los millones de víctimas y huérfanos camboyanos, la era del Jemer Rojo alcanzó su final definitivo con la muerte en 1998 de Pol Pot. Muchos descartaron la idea de ver alguna vez a los torturadores de la KD subiendo al estrado a declarar, obligados a responder por sus crímenes y a explicar que sucedió exactamente durante aquellos cuatro años de pesadilla. Con cada año que pasaba, también Nath iba perdiendo las esperanzas.

En 1997, el gobierno de Camboya solicitó a las Naciones Unidas ayuda para procesar a los antiguos miembros de la KD por crímenes de guerra. Tras años de negociaciones y no pocas discusiones internas, las dos partes sellaron un acuerdo. Hoy, los funcionarios del estamento judicial no se cansan de insistir en que éste es “un tribunal interno establecido dentro del marco de trabajo del sistema legal de Camboya, pero con apoyo y participación internacional”. Todo y así, la Cámara está financiada casi en su totalidad por las Naciones Unidas y donaciones de fuentes extranjeras. La CETC alcanzó plena operatividad en 2007, pero su primer caso, el 001, no dio comienzo hasta febrero del año pasado. El motivo del retraso fue, sin lugar a dudas, la misma singularidad de la Cámara, que hizo especialmente difícil su composición. Tanto la parte acusadora como la defensa cuentan con un abogado del país y otro foráneo, y sus designaciones deben ser aprobadas previamente por el gobierno de Camboya (algunos de cuyos miembros son antiguos jemeres rojos). Una Cámara Tribunal compuesta de tres jueces camboyanos y dos foráneos emite un veredicto, y cualquier apelación va a parar al Tribunal Supremo, que componen cuatro jueces camboyanos y tres extranjeros. Los veredictos de culpabilidad requieren una supermayoría de cuatro de los cinco jueces de la Cámara Tribunal o cinco de los siete del Tribunal Supremo. A menos que los jueces extranjeros y camboyanos logren ponerse de acuerdo, los acusados quedan en libertad. Los arquitectos de la CETC añadieron a la Cámara una parte civil: cualquiera que pruebe haber sido víctima del Jemer Rojo o tener relación con alguien que lo fuese tiene derecho a declarar durante el juicio. Las partes civiles tienen acceso a todo documento legal y derecho a que un representante suyo interrogue a los testigos. Eso sí, la compensación que las partes civiles puedan recibir, tanto a nivel individual como colectivo, es siempre moral, nunca económica. El número de personas que solicitan estatus de parte civil es abrumador: de las noventa y cuatro que se presentaron para el Caso 001 se ha pasado a más de 2.000 para el Caso 002. El tribunal está ahora buscando forma de poner límite al número de personas que puedan participar en casos venideros. Los resultados de este extraño sistema han sido, hasta la fecha, alentadores. Como dice Maeda, la CETC “puede convertirse en un modelo para que los países que hayan sufrido un conflicto dispongan de un tribunal jurídico nacional con asistencia internacional. De esta forma se puede mantener un nivel internacional estándar y, al mismo tiempo, hacer el proceso abierto a la participación del pueblo”. A lo largo de los nueve meses que ha durado el Caso 001, cerca de 28.000 observadores ocuparon los 500 asientos de la sala de vistas, muchos de ellos aldeanos camboyanos procedentes de áreas rurales que acudieron al juicio en autobuses gratuitos fletados por la CETC. Maeda cree que éste es uno de los aspectos más poderosos del hecho de que el juicio se celebre en el mismo país en que se han cometido los crímenes, en vez de hacerlo en La Haya. “La gente quiere saber por qué pasó lo que pasó”, me contó. La meta principal del tribunal “es traer la justicia a Camboya, porque esto es un juicio”. Y el segundo objetivo es “escribir la historia y educar a las jóvenes generaciones, a aquellos que desconocen lo que pasó aquí”. No es por accidente que los jóvenes estén en la oscuridad en lo referente a esta parte de la historia del su propio país. Nunca se hizo un registro claro de los hechos acaecidos durante Kampuchea Democrática antes de la celebración de estos juicios. El régimen del Jemer Rojo ni siquiera figuraba entre las materias a estudiar. En mayo del año pasado—como resultado, creen muchos, de los procesos abiertos por la CETC—, se distribuyó un nuevo libro de texto en las aulas de las escuelas superiores y universidades. En él sí se hablaba del Jemer Rojo.

Colección de fotografías de prisioneros de la S-21. Las fotos cuelgan hoy de un muro en una celda de la antigua prisión. Foto de Sara Golda Rafsky

También figuraba Duch. Tras 20 años de incógnito, en 1999 fue descubierto por un periodista y arrestado por las autoridades militares camboyanas. Está detenido desde entonces y a la espera de juicio por crímenes contra la humanidad, graves violaciones de las normas de la Convención de Ginebra, homicidio y torturas. Su número de víctimas está en torno a las 14.000.

Nath y yo nos sentamos a hablar de Duch y de lo que los juicios significaban para él. “Puedo liberar mi ira. No tengo deseos de venganza”. Cuando le pregunté si alguna vez vio a Duch tras huir de la prisión, hizo una larga pausa mirándose fijamente las manos. “Nunca”, respondió suavemente. Le expliqué también que sentía curiosidad por saber qué sintió cuando finalmente volvió a verle, al iniciarse el juicio. Nath respondió al instante. “No puedo decir lo que sintió mi corazón. Es algo que está muy dentro de mí, no sé cómo abrirme y explicártelo”. Lo que sí dijo fue que Duch “seguía siendo una persona muy poderosa”. Nath decidió no presentarse como parte civil; su participación como testigo era, de todos modos, mucho más importante. En términos generales, el juicio se consideró un éxito. Sin embargo, durante la última semana aparecieron algunas grietas en esta compleja creación legal. Como acusado, Duch se había mostrado decididamente cooperativo, admitiendo culpas, respondiendo con detalle a las preguntas sobre las operaciones en el S-21 y repetidamente pidiendo perdón. Su abogado defensor, François Roux, fue tan lejos como para decir que Duch estaba muerto, que aquel revolucionario ya no existía, que el anciano al que estaban juzgando sólo era Kaing Guek Eav. El abogado aprovechó los actos de contrición de Duch para solicitar una sentencia de 40 años en lugar de una máxima de cadena perpetua. Pero entonces, días después, en un escandaloso giro de los acontecimientos, el abogado defensor camboyano, Kar Savuth, declaró que Duch era inocente. El mandato del tribunal era perseguir a los líderes y altos mandos de Kampuchea Democrática. Duch, arguyó Savuth, era un subordinado que obedecía unas órdenes que no podía desacatar. Ante el pasmo de los espectadores que abarrotaban la sala, Savuth declaró que Duch debía ser puesto en libertad. Los titulares de los principales periódicos camboyanos tronaron durante días tras concluir el juicio. La prensa internacional, sin embargo, apenas se hizo eco. Las reacciones en Camboya no se debieron únicamente a la repentina presunción de inocencia de Duch, sino también al hecho de que un sistema legal que tantos esfuerzos había costado armar había sido puesto del revés por los abogados del acusado. En cualquier otro contexto, sería de risa. El Caso 002, que juzgará a cuatro antiguos oficiales jemeres de alto rango—los cuales niegan con firmeza los cargos imputados—es, en términos legales, incluso más complejo que el anterior. El país se aboca a un dolor de cabeza a escala nacional. Esto, claro, si el caso, que a día de hoy sigue atascado en el barrizal de la investigación preliminar, empieza antes de que expire el estatuto de limitaciones (tres años después de que los acusados sean encarcelados por primera vez; esto ocurrió en 2007) o uno de los ancianos acusados fallezca. Nadie sabe si después del 002 habrá algún caso más. El tribunal se instauró con la misión de procesar a los líderes de Kampuchea Democrática, y de estos pocos quedan. Cuando todos los casos estén cerrados, el tribunal será disuelto y sus archivos transferidos al gobierno de Camboya. Para muchos camboyanos esto no es suficiente, y ya han expuesto a las claras su ira al respecto de que cuadros de más bajo nivel—como los que perpetraron las torturas en el S-21—no sean llevados a juicio y sigan adelante con sus vidas, a menudo en las mismas aldeas en las que viven sus antiguas víctimas. Para consternación y bochorno del CETC, uno de los que se ha expresado al respecto ha sido el primer ministro camboyano, Hun Sen. Al poco de concluir el Caso 001, los grandes periódicos de Phnom Penh citaron las palabras de Sen: “Lo siento, no habrá más [procesos]. Antes veré fracasar a este tribunal que dejar que el país entre en guerra”. No es la primera vez que Sen dice en público cosas así.

No son las únicas alegaciones de interferencia y colusión del gobierno con el viejo régimen: Hun Sen, por ejemplo, es un antiguo miembro del Jemer Rojo. Actualmente, los funcionarios de la administración rehúsan responder a las citaciones para testificar que se envían a los miembros de su partido. Al mismo tiempo, la defensa del Caso 002 ha presentado un buen número de mociones en las que se alega tendenciosidad en contra de sus clientes por parte del tribunal. En cierto punto, la gente que contribuía con sus donaciones al funcionamiento de la Cámara dejó de hacerlo a causa de las persistentes acusaciones de corrupción de sus miembros camboyanos. Maeda sostiene que “la CETC ha estado trabajando de manera independiente a toda influencia ejecutiva. Éste es un tribunal independiente funcionando bajo un marco legal”.

Coincidió que la misma semana en la que se cerraba el Caso 001, a miles de kilómetros de distancia, en Europa, se prestaban las primeras declaraciones de lo que se dio en presentar como “el último gran juicio nazi”. Los paralelismos son obvios, y similares los argumentos de la defensa (el acusado se había limitado a seguir órdenes) y la acusación (podía haberlas rechazado y huir). El anciano a juicio había sido guardia en un campo de concentración, si bien de un rango muy inferior al detentado por Duch. Estas son cuestiones reminiscentes de muchos otros tribunales por crímenes de guerra. Gran parte de las preguntas que se formularon en los Juicios de Nuremberg nunca han sido totalmente respondidas. Los tribunales internacionales han desarrollado una narrativa roma y repetitiva con el transcurso de los años, y a menudo las conclusiones a las que llegan son poco satisfactorias. Sobre los responsables de la CETC recaen los aspectos más noticiables de este nuevo tribunal híbrido, que existe como una particular alianza entre el gobierno de Camboya y las Naciones Unidas: el suyo es el primer intento de organizar un tribunal internacional enmarcado en el sistema legal de un país. A diferencia de los tribunales establecidos para perseguir los crímenes cometidos en Ruanda o la antigua Yugoslavia, la jurisdicción de la CETC está determinada por las leyes camboyanas. En comparación con los que se crearon para juzgar los crímenes en Sierra Leona y Timor Oriental, la mayoría de los jueces de este tribunal son del país. El responsable de comunicación del CETC, Lars Olsen, me dijo que la gran ventaja de este modelo es que es “más barato que establecer un tribunal internacional”. Otra ventaja es que “es el mismo pueblo afectado el que lleva a cabo el proceso, acatando al mismo tiempo los estándares internacionales de justicia”. Olsen puso énfasis en recalcar que este tribunal “no representará ningún tipo de ‘justicia impuesta’”. También puso de manifiesto los beneficios de mostrar a un pueblo con una judicatura notoriamente corrupta cómo funciona un sistema judicial imparcial. Sin embargo, en ocasiones es difícil determinar cuán efectiva la CETC, o cualquier otro tribunal por crímenes de guerra, puede ser en realidad. Un estudio realizado el pasado año por el berlinés Centro de Tratamiento para Víctimas de la Tortura informaba de que cerca de dos terceras partes de las víctimas directas del Jemer Rojo no estaban dispuestas a una reconciliación. Pero la reconciliación nacional es un objetivo primordial de cualquier tribunal por crímenes de guerra. Cuesta decidir si la experiencia de este tribunal será plenamente exitosa si esa reconciliación no llega a darse. Reflexionando sobre la dificultad de curar heridas de treinta años de antigüedad, Maeda daba impresión de estar igualmente preocupada. “No sé si estamos ayudando a la gente a reconciliarse o si la estamos separando aún más, pero creo que éste es, al menos, un primer paso para que los camboyanos hablen abiertamente de lo que sucedió. Y es la oportunidad de que la comunidad internacional sepa lo que realmente ocurrió en este país”. Por supuesto, eso será si Duch recibe el veredicto que todo el mundo asume que recibirá. Nath, obviamente, coincide con Maeda. También pone mucho cuidado en enfatizar que él respetará cualquier decisión del tribunal. A decir verdad, Nath se muestra cuidadoso con todo: tratándose de una de las víctimas de mayor renombre de todo Camboya, la prensa local somete a escrutinio cada una de sus palabras. Nath, al fin y al cabo, me pareció aliviado al haber podido, tras tantos años, contar por fin su historia a gente que, tal vez, podría hacer algo al respecto.