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Argentina quiere devolver el favor que España le hizo con las víctimas de su dictadura

Entrevistamos a María Servini de Cubría, la jueza argentina que investiga los crímenes del franquismo.

Magistrada mediática en su tierra, María Servini está casada con la polémica. Mientras algunas de sus actuaciones son valoradas como loables y valientes, otras tantas han sido tachadas de funcionales al poder político. En este cara a cara nos habla del dolor de las víctimas, del porqué de su implicación, los derechos humanos y la Justicia Universal. Servini ha provocado gran revuelo en España durante los últimos días. El motivo: la petición de extradición a varios ministros y funcionarios del Generalísimo, imputados por crímenes de lesa humanidad. Como era de esperar, la respuesta político-judicial española fue tajantemente negativa. El amparo legal que esgrimieron las autoridades fue la Ley de Amnistía franquista, pilar clave de la Transición.

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Y es que en España, aún hoy, el problema de fondo es la salida en falso de la dictadura. Cristalizada en un manto de impunidad inexpugnable, allí radica el pecado original de esta "democracia" en crisis. Al truco de magia le llamaron "la Transición", encumbrada mundialmente como ejemplo de recuperación democrática: la monarquía ocuparía la jefatura de un Estado de derecho. Los comunistas podrían serlo, reincorporados al juego democrático. Y las fricciones nacional-territoriales serían absorbidas por el autonomismo, un pseudofederalismo light con otro nombre. Hasta la izquierda abertzale gozaría de legalidad. Para muchos era "el mejor de los mundos posibles", pero este maravilloso cuento tenía un peaje: olvidar los desmanes franquistas. Una vez pagado el precio España despegó, creció y se modernizó hasta converger "felizmente" conEuropa. Felicidad que (casi) nadie puso en duda hasta este siglo XXI.

Así fue la cuasi maravillosa Transición, que hasta hace poco todavía servía banquetes consumistas con felices perdices. Y en ésas andaba la alegre España, cuando estalló la Gran Crisis del XXI y todo el cuento se vino abajo. Aunque los síntomas preocupantes habían empezado antes: los papeles de Salamanca y el primer amago de Memoria Histórica. Nuevos partidos en las Cortes, más españolistas que ideológicos. El peregrino Plan Ibarretxe, con Batasuna ilegalizada. El casi unánime Estatut deshilachado, mientras resurgía de la "izquierda indepe". O el BNG formando gobierno, con Fragajubilado por las urnas.

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El orden ya peligraba antes de esta crisis integral pues. Antes de Podemos y su alternativa a la casta. Antes de Mas y su independentismo de ocasión. Antes de Nicolás y el bulo de que es un trolero. Antes de los elefantes y la abdicación. Antes de Urdangarín, Bárcenas, y todo el etcétera que se ha destapado "repentinamente". Porque nada de esto fue repentino. Es el nudo histórico de las dos Españas. Expulsado por un cuerpo social al que le dijeron que estaba curado, y tan solo lo habían sedado con "Anestesia-78".

Imaginemos, por un momento, a alguien que intuye un trauma interno que no logra recordar. Sería razonable que decidiera descartar su vaga intuición, y poder desarrollar su vida. Pero un buen día siente que algo serio falla, hasta que descubre que en realidad era "adoptada". Luego averigua que fue un bebé robado… y que sus dos padres fueron asesinados. Historias como ésta no son hipotéticas; miles de casos inundan España o Argentina. Y, casuística al margen, destilan una enseñanza tan brutal como inapelable: hasta los nudos más inconscientes siempre consiguen manifestarse.

Por eso, ante la caducidad del 78, no es difícil intuir que las impostergables transformaciones deberían impulsarse con tacto. La memoria no implica venganza. Ni odio. Ni rencor. La memoria sana no olvida nunca, pero sabe perdonar. Un nuevo país de países (¿surgido de una constituyente social?) necesita que parte de la casta se baje del burro. Y dejar que se aten todos los cabos. Y que se hagan todos los duelos. Y que se apliquen todos los castigos. Porque incluso para esa casta, es ya condición sine qua non concebir un nuevo marco de Estado, superador y sostenible.

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Esto fue lo que la jueza nos contó.

VICE: ¿En su reciente visita a España, la colaboración recibida por parte de la justicia española fue satisfactoria para usted?

María Servini: En general sí, salvo el caso de Málaga que no pudimos ir al cementerio, en todos lados los jueces estuvieron muy atentos, prestaron mucha colaboración y en la Audiencia Nacional, que yo pensé que podían ser un poquito más esquivos, más prudentes, nos ofrecieron mucha colaboración.

¿Tiene pensado volver a España a tomar más declaraciones?

Veo que hay alguno de los imputados que quiere que se le tome declaración en España para no correr el riesgo de ser detenidos en Argentina. Tendré que pedir permiso a la Corte, y si la Corte me autoriza yo no tendré ningún inconveniente en ir a España. Además hay que estudiar bien el tema, si se puede hacer o no. Hay que saber cuál es el tratado que está firmado con Argentina.

¿Qué impresión se llevó de la sociedad española en este diálogo de los que buscan justicia sobre estos crímenes de lesa humanidad y los que buscan que los crímenes sigan impunes?

Parte de ese diálogo lo tuvimos en Argentina sobre la época de la dictadura y cuando nos tocó juzgar a los militares. Así que ya estoy más o menos acostumbrada a escuchar dos versiones totalmente diferentes. Veo que la gente aún tiene miedo, los testigos aún tienen miedo a hablar, a declarar. Esa fue la impresión que yo me traje de España.

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El ministro de justicia español Rafael Catalá ha dicho que rechazará la petición de extradición a través de la Ley de Amnistía de la Transición.

¿En qué medida esta ley de Amnistía española puede suponer un obstáculo para la investigación?

Mire, hay que estudiar bien cuál es el pacto a los cuales se ha adherido España en su momento. Hay que leer muy bien la Constitución española, relacionarla con la Ley de Amnistía y después hay que resolver. No se crea que todo es tan fácil.

¿Se puede llegar a declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía?

No le puedo adelantar nada. Tengo que seguir tomando declaraciones por videoconferencia a las víctimas y el resto será para marzo o abril para ver qué es lo que se va a resolver con respecto a si la Corte me autoriza a viajar, y si se puede realmente, que no sea algo que después no sea nulo.

Más allá de los tecnicismos, ¿qué es la Justicia Universal?

Tenemos varios pactos firmados que tienen prioridad sobre la Constitución y que le dan mucha prioridad a los derechos humanos. En el caso de Argentina, usted no se olvide que en España está detenido un exmarino, Adolfo Scilingo, por hechos cometidos aquí en Argentina, que están dentro de la justicia universal. O sea, que se puede juzgar todo lo que sea de derechos humanos, que afecte a los seres humanos, todo lo que venga del Estado y que sean delitos aberrantes, no prescriben, se pueden seguir investigando.

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Y a usted personalmente, ¿qué es lo que le motiva en esta causa?

Cuando llegó esta causa al juzgado a mediados del 2010 el fiscal dijo que no éramos competentes pero la querella apeló. El tribunal superior dijo que éramos competentes y que teníamos que seguir investigando. Y a medida que uno se va enterando de las cosas y uno va investigando, nos resulta más atractivo. Ahora tengo otro fiscal, que viajó conmigo, el Dr. Ramiro González, que también pidió 15 detenciones. Nosotros consideramos que tenían que ser 20, pero ha pedido una serie de medidas más que las vamos a cumplir.

¿Usted cree que un país puede sobrevivir sin resolver crímenes de lesa humanidad?

Yo creo que no, ¿sabe por qué? Porque yo veo el dolor que tienen las víctimas. Tienen mucho dolor adentro y también tienen mucho miedo todavía. He visto gente que no le ha comentado nada a sus hijos de que dentro de la familia hay fusilados. Hay hijos que dicen: yo me acabo de enterar ahora que mi papá, mi tío o mi hermano fue fusilado. Había mucho temora contarlo. Y todavía sigue el miedo, uno lo ve, lo palpa en las propias víctimas.

¿A los argentinos les sirvió resolver esos crímenes?

Yo creo que nos va servir. Porque hay que ser justo. En todo el mundo habría que ser justo.

¿Cuál es su anhelo, personal o como jueza, que España resuelva sus crímenes, que España juzgue a sus criminales o juzgar ustedes?

Yo le diría que mi anhelo es lo que pasó en Chile cuando me tocó investigar el asesinato del general Prat y su esposa. Mi anhelo fue investigarlo a fondo. Llegamos a detener una persona aquí y llegamos a identificar a los autores de esa matanza. Inclusive pude interrogar al que puso la bomba. Pero llegado el momento, Chile pidió mi expediente y fue Chile quien se encargó de juzgar. Esto es el principio universal. Cada uno debe juzgar a sus conciudadanos.

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¿Qué cree que va a pasar en este caso?

No puedo adelantarme, no sé. Pienso que en algún momento pueden entrar en razón.

¿Qué sería entrar en razón?

Entrar en razón es que sigan ellos adelante con esta investigación.

¿Que tomen el toro por los cuernos?

Tal vez así o tal vez que se tenga un poco en cuenta. Hay que curar las heridas de las sociedades porque cuando las sociedades quedan heridas siempre hay una división, siempre hay gente que está sufriendo y hay otra que está contenta porque ganó pero tienen miedo. Entonces, ni una parte ni la otra son felices.

¿Es viable extender la cuestión de los delitos no solo a los cometidos durante los 70 sino también durante la Guerra Civil?

En eso estamos. Eso se está investigando también.

¿Hasta dónde está usted dispuesta a llegar con la investigación?

Yo voy a seguir adelante hasta donde pueda avanzar. Sé que no me los van a mandar a Argentina, de eso casi estaría segura. Pero bueno, no podemos hacer futurología. Sigamos con fuerza, trabajando, investigando, yendo hacia delante, que bastante tiempo nos lleva esta causa.

Utrera Molina, uno de los imputados, y suegro del exministro de Justicia español, Alberto Ruiz-Gallardón, dice que todo esto carece de fundamento legal y que es una iniciativa política por parte de las víctimas.

Tiene fundamento legal, está fundado en las leyes argentinas y en los pactos internacionales, así que no me pueden decir que no tiene fundamento legal desde el momento en el que fue el tribunal superior el que me ordenó que se hiciera esta investigación. No es un invento mío, y pienso que tampoco es una cuestión política de las víctimas, porque si usted ve a las víctimas, o las escucha hablar, se da cuenta de que tienen un dolor adentro que aún no lo han podido sacar. Generalmente lloran, hombres, mujeres, todos lloran. Y ya se lo expliqué, y se lo reitero, con un miedo brutal para hablar. Por eso le digo, esto no es una cuestión política, esto es una cuestión de que un tribunal superior lo ordenó investigar y así estamos nosotros investigando. Y con la querella puede ser que alguno quiera hacer política pero en general no es eso. Yo me he encontrado con personas de 90 y pico de años que lloran, se acuerdan de los hechos, los declaran… Y a esa persona qué le importa la política a esta altura de su vida. Lo que quiere es poder tener justicia.

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