Guerreros del oro

Cuando los habitantes de Segovia, un territorio minero doscientos kilómetros al nororiente de Medellín, Colombia, hablaron de lo que estaba pasando allá, dijeron que la explosión de la violencia en el pueblo había comenzado con una masacre: miembros y socios de una familia habían sido víctimas de una emboscada, en una reunión para decidir el destino de una exitosa mina local, llamada La Roca. Detrás del asesinato, dijeron, estaba un personaje distinguido de la zona, conocido simplemente como Jairo Hugo.

Para entender a Jairo Hugo Escobar Cataño —su nombre completo— tienes que entender el tema del oro. Las reservas de oro de Colombia fueron un premio extraordinario para los colonos españoles, quienes terminaron importando esclavos africanos para que trabajaran los yacimientos ricos de la época. Siempre ha sido una industria rentable, pero quizá nunca lo había sido tanto como en la última década, cuando los precios internacionales del oro comenzaron a ascender ininterrumpidamente. Entre 2000 y 2007, el precio promedio del oro aumentó más del doble. Una onza pasó de valer 279 dólares a 695 dólares. En 2011 el valor se multiplicó nuevamente y la onza alcanzó los 1,572 dólares. La fiebre del oro se extendió por Colombia, y grupos narcotraficantes —tanto guerrilleros como paramilitares— recurrieron al metal precioso para compensar las pérdidas en el negocio de las drogas.En muchas partes del país el oro se convirtió en la nueva cocaína.

Gran parte de la producción sigue siendo trabajo de mineros tradicionales que frecuentemente hacen exploraciones sin permiso oficial, y se mantienen al margen de las exigencias legales de grandes compañías. El resto proviene de empresas que cuando explotó el mercado del oro en el país comenzaron a perforar terrenos en busca del metal, dinamitando laderas, dragando cauces de ríos enteros y desgarrando tierras vírgenes con retroexcavadoras.

A menudo estas operaciones están entrelazadas —de manera voluntaria o no— con el submundo criminal de Colombia. Muchas minas le pagan un impuesto de extorsión al grupo armado que controla la región, y en algunos casos estos últimos también son accionistas de aquellas. El resultado: una porción de las ventas de oro va directamente a las arcas de las milicias.

En pocas partes del país esto era tan obvio como en la región en la que Hugo se convirtió en caudillo. Hugo había trabajado como minero, luego había servido por cinco años como policía auxiliar rural cerca de Segovia. En 1990 hizo su primera incursión en el negocio del oro: lo compraba directamente en las minas, lo refinaba y lo derretía en barras para ofrecérselo a los grandes exportadores en Medellín.

Hugo era un hombre de negocios inteligente, así que pronto diversificó sus actividades y abrió por su cuenta dos tiendas de compra de oro. Más tarde, en 2008, persuadió a una compañía minera grande de que le arrendara una de las propiedades abandonadas de la empresa. Su mina, La Empalizada, se convirtió rápidamente en una de las más rentables en la historia de Segovia.

Parece que en ese tiempo también comenzó a hacer vínculos con los Rastrojos, una organización paramilitar derivada de uno de los cárteles de droga más poderosos del país.

En Remedios, el pueblo natal de Hugo, que queda a treinta minutos de Segovia, me dijeron que "ellos lo veían como un rey, como un dios".

Los dueños de La Roca, la mina que provocó la masacre, eran de una familia de apellido Serafines, emblemática de la clase de mineros minifundistas que habían estado excavando los campos colombianos durante varias generaciones. Durante 18 meses los Serafines excavaron, perforaron y transportaron roca ilegalmente, hasta que en 2011 dieron con un yacimiento muy rico. Cuando visité La Roca, estaba produciendo casi setecientos mil dólares de oro al mes, y esto la hacía una de las minas independientes más ricas de Segovia. Los Serafines se convirtieron en dioses de la noche a la mañana.

Poco después de que encontraron oro, dos hombres armados se presentaron en la casa de un miembro de la familia. Los hombres, según la versión de los Serafines, eran miembros de los Rastrojos. No sólo pidieron el impuesto de extorsión, sino que además anunciaron que Hugo quería la mina. Más tarde, en una reunión al lado del río, los Rastrojos les dijeron que Hugo estaba ofreciéndole al grupo armado sesenta mil dólares para que tomaran forzosamente la mina en su nombre. "Nadie se va hasta que resolvamos eso", dijo la cabeza de los Rastrojos.

Pero los Serafines se negaron a ceder, y el siguiente diciembre dos miembros de la familia y tres de sus socios fueron citados a una reunión afuera de Segovia, en un lugar llamado Altos de Muertos. A cuatro de ellos les dispararon casi de inmediato. Un investigador de la policía describió a las víctimas como "re muertos".

Un mes antes, los comandantes de los Rastrojos habían hecho un trato con el grupo paramilitar de los Urabeños, que al haberse expandido más allá de su base, entró en conflicto por droga y territorio con los Rastrojos. Cansados de derramar tanta sangre, los dos grupos decidieron negociar una tregua. El acuerdo le concedió a los Urabeños el control sobre el nororiente de la región minera a cambio de tres mil trescientos millones de dólares.

Después de la masacre, disidentes de los Rastrojos, desconfiados del acuerdo y cautelosos de las intenciones de los Urabeños, formaron una nueva milicia. Impusieron un nuevo impuesto de extorsión a los habitantes de la región y a las minas, y usaron el dinero para comprar ametralladoras, morteros y lanzagranadas a través de sus contactos en el Éjército colombiano. Luego, sus filas crecieron y llegaron a ser casi doscientos combatientes. Estalló una guerra entre los disidentes de los Rastrojos y los Urabeños, y mientras ellos se enfrentaban por el control del nororiente, la población civil quedó atrapada en medio del conflicto. Ambos grupos armados exigían lealtad absoluta y apoyo de la gente que vivía en sus territorios. Cualquiera podía ser acusado de ser un informante: el dueño de una tienda, un taxista, un minero. También, cualquiera podía ser una víctima.

Los miembros de la familia Serafines que sobrevivieron se convirtieron en objetivo principal de los disidentes de los Rastrojos, a quienes la familia acusó de servir a los deseos de Hugo. Después del asesinato de sus parientes, los Serafines se dieron cuenta de que tenían dos opciones: podían perder un montón de sangre y plata en un conflicto absoluto o podían optar por una estrategia de guerra fría y debilitar a sus enemigos no con balas, sino con un intercambio estratégico de inteligencia, dejando a la policía y al ejército pelear la guerra por ellos. Tomaron la segunda opción; sin embargo, contrataron a treinta escoltas para que los protegieran.

En la dependencia de procuración de justicia de Medellín, la tarea de desmantelar al monstruo mutante de los disidentes de los Ratrojos en el nororiente se convirtió en asunto de un juez. Además de las muchas investigaciones que aterrizaron en su escritorio, estaba el caso contra Hugo que investigadores de la policía habían estado trabajando. Finalmente, el 11 de noviembre de 2012, una orden de arresto contra Hugo se coló entre la de 17 disidentes de los Rastrojos. La policía de la región lo capturó poco después.

Cuando regresé a Segovia, menos de tres meses después, en febrero de 2013, encontré al pueblo en estado de emergencia no oficial. La guerra había continuado sin Hugo. A finales de 2012, la producción de oro en Segovia se había casi duplicado y la tasa de asesinatos se había cuadriplicado. Remedios tenía la tasa de homicidios más alta en el país, y Segovia ocupaba el segundo lugar en el ranking.

Parecía que la guerra jamás acabaría, pero un día terminó. A comienzos de mayo de 2013, circularon por las calles de Segovia copias de un comunicado que anunciaba "el fin de la guerra" en el nororiente.

"Nos sentamos en una mesa con solo una intención", decía: "detener la barbarie de la sangre. Hoy, gracias a Dios, estamos respirando paz". Los Urabeños y los disidentes de los Rastrojos, explicaba el comunicado, habían decidido que les iba mejor juntando sus fuerzas que peleando uno contra el otro. El nuevo grupo al margen de la ley invitaba a "todo el mundo que dejó su tierra a regresar".

Muchos disidentes de los Rastrojos dijeron que Hugo estaba convencido de que los Serafines estaban detrás de un atentado que le habían hecho alguna vez, y que ese había sido el motivo por el cual mandó a matarlos. Otros señalaron que había sido su deseo de poseer La Roca. Otros le dijeron a los investigadores que poco después de recuperarse de un intento de asesinato, Hugo se había reunido con muchos de los comandantes del grupo y negociado cuatrocientos mil dólares para que mataran a los Serafines.

Mientras tanto, los Serafines tenían sus propios secretos: Meses después de que los Urabeños tomaran el control de la región y las minas de oro, tres disidentes de los Rastrojos en prisión me contaron que los Serafines habían estado financiando a su enemigo durante gran parte de la guerra. Esto me lo confirmó finalmente el jefe del equipo de seguridad de la familia, cuando me contó que él y sus compañeros les pasaban información —fotos, nombres y otros tipos de inteligencia— a los Urabeños, para que vencieran a su rival. "Puse la información sobre los bandidos en bandeja de plata, y ellos se mataron unos a otros", me dijo en una visita a la mina un día de verano.

Pensé en una conversación que había tenido con un juez en junio de 2012, cuando su oficina estaba en la mitad de una campaña para derrotar a los disidentes de los Rastrojos. "Ellos dicen a veces que somos idiotas útiles", me dijo con amargura. "Es tan así, que tú podrías casi decir que les estamos dando este territorio a los Urabeños", agregó.

Tal vez respaldando una milicia sedienta de sangre para servir a sus propios fines, los Serafines no eran mejores que Hugo. O tal vez, fue un poco ingenuo creer que cualquiera en Segovia tenía el lujo de no escoger un bando. Tratar de pasar por encima de un conflicto cuando el poder se mueve tan caprichosa y violentamente como lo hizo en Segovia, era algo imposible. Como me dijo uno de los comandantes de los Rastrojos, sólo había una regla que contaba en el pueblo: "El pez más grande se come al más pequeño".