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La privatización deja Madrid con el agua al cuello

Hoy se aprueba la emisión de bonos de 500 millones de euros de la empresa responsable del agua, en medio de enormes diferencias salariales, temporalidad y disminución de las inversiones.

Todos hemos escuchado a esos expertos que sugieren que las guerras del futuro no serán por el petróleo ni otros recursos energéticos, sino por el líquido elemento sin el cual no es posible la vida. La población mundial aumenta y también la demanda de agua potable y, a pesar de que la ONU declaró en 2010 que el agua y el saneamiento son un derecho humano, su escasez la convierte en un bien comerciable.

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No existe un modelo único de gestión del agua. En España hay casi tantos como municipios y los intentos por privatizar el servicio son cada vez más numerosos, como viene sucediendo con el Canal de Isabel II. Por eso es necesario explicarle a los madrileños lo que está pasando con su agua, ese agua de la que siempre se ha dicho que es una de las mejores de España, antes de que sea demasiado tarde. Y demasiado tarde podría ser hoy miércoles 3 de diciembre, cuando se reúne la Junta de Accionistas de Canal Gestión S.A. para emitir bonos en el mercado de valores por un importe de 500 millones de euros. Una iniciativa que da entrada a capital privado por primera vez en la historia del Canal. Pero, ¿qué significa esto exactamente? Empecemos por los inicios.

Historia de una privatización anunciada

Después de muchas idas y venidas, el 1 de Julio de 2012 se creó Canal de Isabel II Gestión, S.A., cuyo 80% pertenece a la Comunidad de Madrid y el 20% restante a los ayuntamientos adheridos (el de Madrid un 10%). Se eliminaron los consejeros incómodos y se dejó solo a los que pertenecían al Gobierno, colocando en el Consejo de Dirección a Salvador Victoria Bolívar (nombrado a dedo por Ignacio González para sustituirle), José Manuel Serra Peris (imputado como consejero de Bankia), José de Cevallos Aguarón (vinculado a una empresa con claros intereses en la proyectada privatización), Antonio de Guindos (imputado por el caso Madrid-Arena) o David Pérez (adalid de Eurovegas).

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En su día, Esperanza Aguirre justificó la privatización diciendo que el Canal necesitaba "inversiones de unos 4.000 millones de euros" para "garantizar el agua a una población que ha crecido de manera enorme, de cinco millones a 6.100.000" y que había que construir nuevos embalses. Ecologistas en Acción respondió entonces que, aparte del impacto medioambiental, las infraestructuras existentes podían abastecer hasta a 9 millones de habitantes, con lo que no eran necesarios los embalses. La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II desmonta hoy el incremento poblacional de Aguirre: "La población sigue siendo prácticamente la misma y la demanda comercial e industrial ha disminuido desde entonces como resultado de la crisis".

¿Por qué se emiten ahora 500 millones de euros en bonos?

De la intención de acudir al mercado de deuda "por necesidades de financiación" se supo a través de los medios. Los bonos se usarán para "cubrir por completo el vencimiento de préstamos del ejercicio 2015 sin acudir a más créditos bancarios que, sin duda, se otorgan a un tipo de interés superior, más caro, para el Canal de Isabel II", según Salvador Victoria. La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, afirma que "esta operación solo beneficia a las multinacionales del sector y a los fondos buitre".

La junta extraordinaria que aprobará hoy la emisión de los bonos, también dará luz verde a que los consejeros (los mencionados antes, imputados varios de ellos en distintas causas) perciban una remuneración por primera vez, como recoge el documento publicado el viernes 31 de octubre en el ​Boletín Oficial del Registro Mercantil. Por su parte, la oposición considera que se emiten bonos para tener liquidez a través del reparto de dividendos, liquidez que puede usarse en temas ajenos al Canal o, lo que es lo mismo, usar el agua de Madrid como excusa para lavar las cuentas públicas.

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"El Canal no tiene competencia, por eso siempre gana bastante dinero", señala Luis Fernando Valdeita, trabajador del Canal y secretario general del sector del ciclo integral del agua de CC.OO., que añade que los contratos temporales se han incrementado hasta suponer el 30% de la plantilla en 2013, siendo el 50% de ellos contratos en prácticas. Además de la congelación salarial impuesta a los empleados públicos, todos los nuevos contratos -"eso cuando se cubren las plazas", recalca Valdeita- son temporales y no superan los dos años de duración.

Imagen ​vía

¿Cómo afecta todo esto al ciudadano?

Todo lo mencionado (trabajadores con enormes diferencias salariales y enorme temporalidad, disminución de las inversiones que sirven para mantener y mejorar las infraestructuras…) puede acabar mermando la calidad del servicio. "Si sigue siendo buena, es en gran parte por el esfuerzo de los trabajadores que, aún con unas condiciones cada vez peores, ponen todo su esfuerzo para mantener el mismo servicio y calidad, aunque están al borde de sus fuerzas", indica Luis Fernando Valdeita.

En segundo lugar, y no menos importante en los tiempos que corren, afecta al bolsillo. En los últimos 4 años, la tarifa ha subido un 10%. "Además, antes de 2004 los recibos eran trimestrales, pasando a ser luego bimensuales, lo que implica que si antes al año pagabas 4 veces esa cuota fija, ahora la pagas 6", recalca Valdeita. Tanto la gestión de la calidad como las variaciones de los precios se hacen a espaldas del ciudadano, que no tiene información de nada de lo que sucede. "No responden ante nadie, al ser una sociedad anónima se rigen por lo mercantil, no por lo público", denuncia.

Movilizaciones por el derecho al agua

La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II se manifestó el pasado domingo al grito de "Ignacio González deja de robar y no nos privatices nuestro canal" y en septiembre presentaron una ​propuesta de acuerdo para la gestión pública del agua en la Comunidad de Madrid. El texto contempla el agua y el saneamiento como un derecho humano, como recoge Naciones Unidas, por lo que añade la garantía de un suministro mínimo por habitante y no cortarlo en casos de "impagos justificados social y económicamente". Izquierda Unida y Podemos han firmado. El PSOE está de acuerdo pero no ha firmado de momento.

La situación recuerda a la de Berlín en 1999, cuando el Gobierno local aprobó la venta del 49,9% de las acciones de la sociedad Berlín WasserBetrieb (BWB) a un consorcio formado por dos multinacionales. Se creó todo un entramado para, mediante artimañas legales, conseguir las ventajas fiscales que tiene una institución pública frente a una sociedad anónima y así evadir impuestos y gravámenes, y garantizar el control total al socio privado. En febrero de 2011 se realizó un referéndum en el que un 98,2% votó a favor de que se acabara con los contratos secretos y se restituyera el agua a los berlineses. Tras varios impedimentos, en 2013 se retrovendieron las acciones y la BWB volvió a ser de propiedad municipal.

Si lo que está pasando con el agua de Madrid no te da suficiente miedito, echa un ojo al corto dirigido por Jason Wishnow, antiguo director de TED, ​'The Sand Storm' (La tormenta de arena). Un mundo sin agua donde la poca que hay es vigilada y que esperamos se quede solo en una historia de ficción.