¿Por qué Obama no ha cerrado Guantánamo?

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Un mes antes de su toma de posesión, uno de los asesores más influyentes del Presidente Obama en temas de seguridad me dijo que durante su mandato en la Casa Blanca encontraría la manera de reparar el daño hecho por George W. Bush a la autoridad moral de Estados Unidos. Según el asesor, lo haría sin comprometer su capacidad de perseguir activamente las amenazas terroristas. En el centro de esa ambición estaba el cierre inmediato de la prisión de Guantánamo. El mundo nos odia, razonaba, por lo que representa Guantánamo: torturas, Abu Ghraib, guerras innecesarias, detenciones sin juicios e instintos imperialistas desenfrenados.

Prohibiría la tortura, me aseguró, y no codificaría la detención indefinida en forma de ley. Nunca. No dejaría que el Congreso determinara las condiciones del cierre de Guantánamo. Dedicaría todo su capital político a luchar junto al fiscal general Eric Holder, quien pasaba 16 horas al día ideando maneras de repatriar a la mayoría de los detenidos y de llevar a otros tantos a los Estados Unidos para su enjuiciamiento.

Le pregunté al asesor por qué estaba tan seguro de que Obama haría algo así, ya que me imaginaba que era algo complejo. No recuerdo sus palabras exactas, pero dijo algo como: "Por su legado, porque no quiere ser recordado por eso".

Pero cinco años después, a poco más de dos años de terminar su mandato, las posibilidades de que la prisión cierre con Obama parecen cada vez más reducidas. Pasará a los anales de la historia que el Congreso consiguió doblegar a la Casa Blanca.

Lo más interesante es que Obama no ha hecho nada para evitar que el próximo presidente pueda ampliar la prisión, o incluso crear un nuevo Guantánamo en algún lugar en medio del mar. (Mitt Romney, en un arranque de orgullo desmedido y geográficamente imposible, prometió duplicar su tamaño durante su fallida campaña presidencial en 2012). Un gran número de prisioneros probablemente morirá entre sus muros. Y el Presidente Clinton o Paul dispondrán de un sólido precedente para realizar muchas más detenciones (sin juicio previo), si deciden que deben hacerlo para proteger al país.

Quizás el Presidente y sus asesores pecaron de ingenuos, quizá subestimaron el deseo del Congreso de recuperar su influencia en temas de seguridad nacional. Tal vez la crisis económica atestó la mente del Presidente y le impidió pensar con claridad, o pudo ser que Obama simplemente cedió al establishment de la seguridad nacional.

Sin embargo, yo creo que el Presidente se dio cuenta, muy pronto, de que el cierre de Guantánamo y el rechazo a las detenciones indefinidas eran promesas que debía romper con el fin de darle aire al resto de su política antiterrorista.

Nadar a contracorriente siempre es arriesgado, pero creo que Obama pudo haber cerrado Guantánamo si hubiera querido. ¿Cómo? Declarando que las hostilidades que motivaron la autorización al uso de las fuerzas militares (AUFM) tras el atentado del 11 S ya no existían. Eso le habría permitido hacer lo que quisiera con los prisioneros, incluso llevarlos a Estados Unidos. Y entonces, claro, habría tenido que negociar con el Congreso una nueva autorización para luchar contra el terrorismo, una nueva AUFM, lo que habría supuesto una propuesta muy arriesgada. Pero tenía la opción. En cambio, decidió mantener en vigor las AUFM de 2001 (Afganistán) y 2002 (Irak), y con ellas sus instituciones, de las cuales Guantánamo es la más infame.

Con el fin de librar su masiva guerra de drones, ampliar sus poderes de vigilancia y sacar a los asociados de Al Qaeda del campo de batalla en Irak y Afganistán, Obama tuvo que descartar el cierre de Guantánamo, a sus detenidos y todo lo que ese lugar representa.

Aunque aún hoy la Administración continúa diciendo que el Presidente puso todo su empeño en cerrar Guantánamo y que debería atribuírsele el mérito de haberlo intentado; en mi opinión, hace mucho que Obama se desengañó sobre la posibilidad de que existiera una solución fácil para estos problemas. Por ello, creo, eligió el camino de la menor resistencia y la buena voluntad.

El efecto de todo esto, como ​dice el exoficial del Departamento de Defensa de la administración Bush ​Matthew ​Waxman, es que Obama, básicamente, institucionalizó las comisiones militares para los sospechosos de terrorismo. Esto se logró al hacerlas "un instrumento más legítimo", al añadir (ciertas) protecciones a los prisioneros, al cambiar la manera en que se revisaban las pruebas de los casos de los reclusos, y al permitirles disponer de abogados no militares. Obama también respondió de manera constructiva a las sugerencias del Poder Judicial sobre cómo un presidente podría, con la ley en la mano, aplicar estas normas "más allá del actual conflicto armado con Al Qaeda para futuros beligerantes carentes de privilegios". Esto incluye una cesión de autoridad específica por parte del Congreso y la posibilidad de que los detenidos de larga duración soliciten una revisión de su caso en el futuro.

Pero al descartar un enfoque de "aplicación de la ley" o puramente "militar" en la lucha contra el terrorismo, Obama ha confundido nuestros esquemas mentales, generalmente basados en nuestra fe en uno de esos extremos, sobre la dimensión legal de la lucha contra el terrorismo.

Eso significa, en la práctica, que mientras a un prisionero de Guantánamo se le otorga el derecho de presentarse ante un juez, puede que no se le permita hacerlo con el beneficio del consejo sin restricciones de un abogado, cuyas conversaciones, por supuesto, serían supervisadas por la inteligencia, porque al beligerante aún se le considera como tal.

La política de Obama no agrada a nadie, a excepción de los abogados conservadores bienintencionados que utilizaron el segundo mandato de Bush para comenzar a limpiar el primero de Obama. Pero sirve a los intereses del Presidente, y por eso creo que la historia debería otorgar a Obama algo de mediación en esto. Él pudo haber luchado por cerrar Guantánamo, pero escogió no hacerlo.

Marc Ambinder es periodista y vive en Los Ángeles. Es excorresponsal de la Casa Blanca para National Journal, editor político de The Atlantic y jefe consultor político para CBS News. Síguelo en ​Twitter