¿Por qué siguen en Guantánamo los reclusos cuya liberación está autorizada?

Ramzi Kassem es profesor de derecho de la Universidad de Nueva York. Dirige la Clínica de Derechos de Inmigrantes y No Ciudadanos, que representa a los prisioneros de la Bahía de Guantánamo, el Centro de Internamiento de Bagram y otros lugares. Uno de sus clientes es Shaker Aamer, quien ha contribuido a escribir esta serie de VICE, Tras los Barrotes.

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Para los profanos, puede parecer incomprensible que la mayoría de los 148 prisioneros que quedan en la Bahía de Guantánamo hayan sido puestos en libertad por el Gobierno estadounidense hace años y, sin embargo, continúen languideciendo, retenidos indefinidamente sin los debidos cargos o procesos judiciales.

Sin embargo, para aquellos que han seguido el desarrollo de los hechos en Guantánamo, con un interés distante pero juicioso, y para aquellos que conocen el asunto profundamente, como mis alumnos y compañeros, o las decenas de abogados que han representado a los prisioneros voluntariamente durante años, esta aparente paradoja simplemente se ha convertido en costumbre.

Por lo general, lo que sucede en Guantánamo tiene más de percepción y política que de sustancia. La existencia de la prisión es posiblemente la más poderosa ilustración de ese principio. El presidente Obama no quiso gastar su escaso capital político cerrando Guantánamo, ni quiso exponer su flanco a las críticas de los adversarios políticos. Para el Congreso, Guantánamo es muy lucrativo como símbolo político como para renunciar a él. Así que el Congreso montó las barricadas mientras la Casa Blanca vacilaba.

La difícil situación de los presos de Guantánamo cuya liberación ha sido aprobada no escapa a esa regla de oro del universo de Guantánamo que antepone la política a las regulaciones razonables, dejando que la percepción triunfe sobre la esencia. Y, bajo esa luz, la aparente contradicción planteada por el destino de la mayoría de los prisioneros de Guantánamo comienza a desvanecerse.

Para apreciar plenamente esta realidad, es necesario algo de trasfondo histórico. Para empezar, la revisión de procesos no es nueva en Guantánamo. Desde la creación de la prisión en 2002, ha habido una especie de sopa de letras en los mecanismos diseñados para evaluar los "archivos" de los prisioneros.

Bush, por ejemplo, tuvo sus Juntas Administrativas de Revisión (ARB, por sus siglas en inglés). Las ARB eran juntas militares encargadas de revisar la mayoría del material clasificado para determinar si los reclusos podían ser liberados. Las juntas también interrogaban a cualquier prisionero que estuviera dispuesto. Muchos no lo estaban, porque rápidamente corrió la voz de que las ARB eran una farsa. De hecho, antes de las ARB, a los prisioneros no se les permitía conocer plenamente las acusaciones que se les imputaban, y mucho menos las pruebas clasificada que supuestamente justificaban su detención, y no tenían el apoyo de un abogado.

Sin embargo, muchos prisioneros fueron puestos en libertad por las ARB. Entre ellos está Shaker Aamer, quien ha colaborado con esta serie y a quien mis alumnos y yo representamos. Fue puesto en libertad por las ARB en 2007 y es el último residente británico que permanece en Guantánamo.

Con Obama llegaron los Grupos de Trabajo para la Revisión de Guantánamo (GRTF). A las GRTF les fue encargada una revisión exhaustiva de todos los presos, y la mayor parte del trabajo se llevó a cabo en 2009. Una vez más, Aamer fue puesto en libertad, como otro de mis clientes, el sirio Abdelhadi Faraj, junto a otros dos detenidos que han contribuido a esta serie, Amad Hassan y Younous Chekkouri. Al final, una gran mayoría del total de prisioneros de Guantánamo fue puesta en libertad.

Esas autorizaciones llevan el peso de todo el aparato de seguridad nacional de Estados Unidos. Decir que fueron absueltos significa que cada instancia del Gobierno de Estados Unidos con participación en asuntos de seguridad nacional ha firmado su liberación. Esto incluye al Departamento de Justicia (que supervisa al FBI), el de Estado, el de Defensa y Seguridad Nacional, junto a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (que cubre la CIA) y los jefes del Estado Mayor Conjunto.

Pero muchos de estos hombres liberados permanecen en Guantánamo hasta hoy.

Conciliar estos dos hechos requiere un escrutinio atento a la política que llevó a la creación –y a la delimitación– de estos mecanismos de revisión.

Tanto las ARB de la era Bush como las GRTF de Obama se establecieron para proyectar la apariencia de un proceso en plena vorágine de acusaciones por parte de los organismos de control de los derechos humanos y la comunidad internacional de que Estados Unidos había estado reteniendo hombres en Cuba durante años sin procesos judiciales justos. Además de la cortina de humo que ambos entes querían crear, los grupos de trabajo de Obama también tenían el objetivo de encubrir la liberación de reclusos. Un preso liberado por una GRTF acarreaba el sello de todo el aparato de seguridad nacional. Por lo tanto, no debería prestarse a segundas interpretaciones partidistas.

Pero el defecto fatal del esquema era que ni las ARB ni las GRTF tenían el poder de liberar prisioneros. Fueron creadas, en principio, para aliviar o desviar la presión política, para aplacar a varios opositores y críticos, pero no para implementar la regulación.

No resultó difícil aprovechar el vacío de poder resultante –creado por órganos de revisión desdentados–. Aunque las GRTF tenían autoridad para liberar prisioneros, su incapacidad para efectuar sus propias investigaciones cedió el control de los resultados a los imperativos políticos del momento.

Por ejemplo, Aamer es un prisionero doblemente liberado sobre quien no pesa ningún cargo. El Gobierno del Reino Unido, a través de sus sucesivos Primeros Ministros y ministros de Asuntos Exteriores, ha exigido oficialmente su repatriación y la reunificación con su familia en Londres. No estamos hablando de cualquier país, sino del aliado más antiguo, cercano y fiable de los Estados Unidos de América. Seguramente, los EUA pueden confiar en Reino Unido para mitigar cualquier preocupación que tenga respecto a la liberación de Aamer.

Pero debido a que la decisión de las GRTF de liberarlo es meramente una aspiración no vinculante, las fuerzas políticas ocultas tienen rienda suelta para sabotearla, pasando sobre las regulaciones de ambos países. Entre tales fuerzas pueden encontrarse funcionarios del aparato de seguridad del Reino Unido que no tienen interés en el regreso de Aamer a casa, donde dispondrá de mayor libertad para revelar lo que conoce de primera mano sobre la participación británica en los interrogatorios abusivos en Afganistán.

Emad Hassan y otros yemeníes liberados son víctimas de otra especie de política perniciosa. Las preocupaciones sobre las fallas de seguridad en Yemen, puestas de manifiesto por el caso de Umar Farouk Abdulmutallab en 2009, rápidamente se transformaron en una suspensión de las transferencias de prisioneros a Yemen justificada con una retórica alarmista esgrimida por elementos de las esferas políticas y de seguridad. Incluso, desde que la moratoria ha sido levantada, la percepción de que ningún prisionero de Guantánamo debería regresar a Yemen bajo ninguna circunstancia permanece vigente.

No parece importar que dos prisioneros yemeníes –incluyendo a uno de mis clientes, Amin al-Bakri– fueran repatriados a mitad de año del hermano menos conocido de Guantánamo, la prisión militar de Estados Unidos en Bagram, Afganistán. Al momento de escribir este artículo, no ha habido consecuencias para Yemen o Estados Unidos.

Con las elecciones a mitad de mandato de 2014, que dan el control a los republicanos de ambas cámaras, podría sellarse el destino de los esfuerzos por reducir la población de prisioneros en 2015.

Los próximos dos años constituirán la prueba de fuego para la determinación de Obama de cerrar Guantánamo. Ante una posible oposición, tendría que seguir los pasos de su predecesor, quien abrió la prisión y posteriormente puso en libertad a la mayoría de los 800 prisioneros. Obama tendría que actuar –audaz y unilateralmente– vetando la legislación obstruccionista y tomar medidas legítimas para promover sus tradicionales objetivos políticos. Es decir, si a Obama de verdad le preocupa el cierre de Guantánamo, tendrá que arriesgar.