Cansados de que les impongan la explotación petrolera, los ambientalistas llaneros caminarán hasta Bogotá en defensa del agua

La noche del pasado 23 de diciembre de 2014, a vísperas de la llegada del niño Dios, los grupos ambientalistas del Meta recibieron una noticia no tan buena. Les llegó envuelto en papel de regalo el decreto 2691, que promulgaba que las medidas de protección del ambiente y el desarrollo económico y social de las zonas con actividad minera quedaban en las manos del Ministerio de Minas y Energía. En otras palabras, el Gobierno sacaba del parche al Ministerio del Medio Ambiente, a quien realmente le corresponde este tema.

La fachada con la que este mandato navideño buscaba esconder sus crudas intenciones consistía en que los concejos municipales o distritales podían solicitar medidas de protección de ambiente sano al Minminas. Sin embargo, las propuestas tenían que ser avaladas por un estudio de terreno que tenían que pagar los mismos municipios; se tenían que gastar nada más que de dos mil a cinco mil millones de pesos, además de un año de trabajo de campo, para cumplir con estos requisitos.

"Además de pretender que los pueblos gastaran casi el 25 por ciento de su presupuesto, Minminas pedía un plazo de noventa días, que empezaba el 23 de diciembre. Aquí en los pueblos pequeños los concejos sesionan desde febrero, así solo quedaba la mitad del tiempo para mandar la solicitud", nos contó, con indignación, Édgar Cruz, director de la Corporación Ambiental y Turística CORPOHUMADEA.

Para muchos de los ambientalistas de la región, parecía que el decreto hubiera sido escrito por un asesor jurídico de ECOPETROL, o cualquier multinacional extractora asociada con el Minminas. Si se vencían esos noventa días, las multinacionales petroleras entraban a hacer de las suyas; tenían voz y voto y, básicamente, podían decidir a qué territorio entrar con sus retroexcavadoras. Todo con el respaldo del Ministerio.

"Este decreto es inconstitucional, nos ultraja y pone todo a disposición de las empresas extractoras. Pero ya no tenemos miedo de manifestarnos y denunciar estos descaros y complicidades del Estado y las petroleras", asegura Julián D. Villa, quien participa en la Mesa Hídrica del Piedemonte Llanero, un grupo de amigos ambientalistas de Acacias, Meta, que se reunieron hace cinco años preocupados por la problemática ambiental en su zona.

Los activistas llaneros no son los únicos que piensan que el "decreto navideño" es arbitrario e irrespetuoso con la autonomía de los habitantes de cada municipio. Dos prestigiosos centros de estudios jurídicos en Bogotá demandaron esta semana el decreto, según informó la periodista Angélica Cuevas en El Espectador. El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y el Observatorio de Justicia Ambiental (OJA) interpusieron la demanda ante el Concejo de Estado por considerar que este "subordina el sistema nacional ambiental al Ministerio de Minas, otorgándole funciones de las entidades que tienen el deber de proteger el medio ambiente o la salud pública, como el Minambiente, el Minsalud y las corporaciones autónomas regionales", según resumió Cuevas.

La inconformidad con los proyectos de hidrocarburos y las políticas petroleras del Gobierno en este territorio ya lleva tiempo acumulándose. Como apuntan diferentes estudios de la Universidad Nacional, desde hace más de diez años, el deterioro del suelo y la contaminación de las cuencas son el resultado de un modelo de explotación petrolera que ha perjudicado especialmente a la región del Orinoco. Tanto así que el bagre rayado, especie de pez del río Meta, está contaminado por hidrocarburos de petróleo.

Según un informe trimestral del Minminas, en 2013, cuando los precios del petróleo no se habían desplomado y la locomotora minera del presidente marchaba a todo dar, se intervinieron 97 millones de hectáreas para exploración y producción y se produjeron, en promedio, 518. 291 barriles de crudo al mes. El departamento aportaba entonces poco más de la mitad de la explotación nacional de este hidrocarburo. Los llanos son la principal fuente de petróleo del país.

La escasez de agua en las veredas y la sequía de los ríos llaneros tienen indignados a muchos habitantes del piedemonte. Desde hace ocho años, en Villavicencio, salen a la marcha anual del agua a gritar a todo pulmón: "Preferimos el agua que el petróleo". Con todos estos antecedentes dañinos, el decreto 2691 es la cereza del pastel. Sin miedo a hablar, los integrantes de la Mesa Hídrica de Piedemonte Llanero marcharán este fin de semana desde Villavicencio hasta Bogotá para rechazar las medidas tomadas en diciembre .

Los miembros de la Mesa llegarán a Bogotá para interponer una tutela en contra el Ministerio de Minas y Energía, pues consideran que el decreto es inconstitucional. Piensan presentarlo en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, el martes 24 de marzo a eso del medio día, para obtener una respuesta rápida. "Tienen que bajarle la importancia a la industria de los hidrocarburos en la economía. Con este decreto están pasando por encima de todas las comunidades y sus recursos naturales", dice Julián D. Villa de la Mesa Hídrica.

Agrupaciones como CORPOHUMADEA, uno de los proyectos amigos de la Mesa Hídrica del Piedemonte Llanero, ya han ganado algunas peleas. Hace un año, hicieron que ECOPETROL saliera corriendo de "Lorito 1", un poso de excavación a las orillas del río Humadea en Guamal, Meta. Se pusieron los guantes y pelearon con funcionarios de Coorpmacarena y la petrolera, quienes querían encubrir lo que estaba sucediendo con el agua del río, según cuenta su director, Edgar Cruz.

Esto lo dejaron claro en un mini documental que produjeron en 2013, en el que describen los impactos que ha tenido la explotación petrolera en las zonas cercanas a la cuenca del río Meta. Para sus realizadores, el dilema es uno solo y está contenido el título de su trabajo: ¿Agua o petróleo?

Con la idea de ganar esta batalla con el Estado, aproximadamente cincuenta mil llaneros acabarán las suelas de sus zapatos, caminando desde Villavicencio hasta la Plaza de Bolívar con el propósito de decirle al Estado que no apoyan las Locomotoras santistas ni sus políticas abusivas. El movimiento partirá el sábado 21 de marzo en la mañana y llegará a la Plaza de Bolívar, en Bogotá el 24 de marzo, a almorzar y luego a pelear pacíficamente. Cuatro días de 'echar pata' para mantener vivas las cuencas cristalinas del Orinoco y evitar que cualquier camioneta de ECOPETROL entre y seque sus tierras.

Para ver la segunda parte de ¿Agua o petróleo? Haz click aquí.

Sigue a Camila Tovar.