Campesinos colombianos pelean en corte británica contra la empresa petrolera BP

Los colombianos Rogelio Vélez y Rodrigo Mesa, recién llegados a Londres.

Nunca habían pisado Inglaterra y no hablan una sola palabra de inglés. Aun así, el lunes se presentaron en una corte inglesa, para presentar evidencias en contra de la multinacional petrolera British Petroleum (BP), acusada de causar daños ambianteles a tierras aledañas al oleoducto Ocensa, construido por esta empresa a mediados de los 90.

El caso, que se abrió el pasado miércoles en la corte de Tecnología y Construcción de Londres, es uno de los pleitos medioambientales más grandes en la historia legal del Reino Unido.

El caso fue presentado ante la corte por Rogelio Vélez y Rodrigo Mesa, representates de otros 71 agricultores colombianos. Los abogados de la firma Leigh Day, que están representándolos, argumentaron que la compañía británica Equinion Energía, formalmente conocida como British Petroleum Exploration (Colombia Limited), causó daños a sus tierras por negligencia en el manejo de la construcción del oleoducto, que tiene una extensión de 830 kilómetros, atravesando los pozos petroleros de Cusiana y Cupiagua hasta el puerto de Coveñas. Los campesinos le están pidiendo a la compañía 29 millones de dólares en compensación.

BP, por su parte, se está defendiendo. La compañía emitió un comunicado en el que se mostró confiada en su posición legal y aseguró que la construcción del oleoducto se llevó acabo con altos estándares.

En la víspera del caso, Rodrigo Mesa León dijo estar seguro de los argumentos de los 71 demantantes, aunque el proceso lo tiene muy nervioso. “Solo somos campesinos”, dijo. “Estamos en un país extranjero, lejos de nuestro hogar, en donde no hablamos el idioma y vamos enfrentarnos a abogados profesionales de una compañía grande”.

Rodrigo y los otros campesinos involucrados en el caso alegaron que la constricción de Ocensa causó erosión y sedimentación severa del suelo, y bloqueó las fuentes hídricas fundamentales para la productividad de los agricultores.

Por su parte, Rogelio Vélez Montoya es un campesino analfabeto de 54 años que ha vivido siempre en Segovia, Antioquia. Su padre era dueño de 47 hectáreas que le heredó y hoy, él y su hijo trabajan y dependen de ellas para subsistir. Vélez reclama que, desde que el oleoducto fue construido, el suministro de agua para su finca fue afectado por causa de sedimentación.

“Tenemos una cantidad de agua muy reducida. Muchos de los peces de los pozos se han muerto”, dijo. “No tenemos suficiente agua para los cerdos y las gallinas”.

A pesar de estos daños, Vélez no puede abandonar la finca.

“Amo esta tierra”, dice “es parte de mi identidad”.

Para BP, el proceso tuvo una amarga antesala, después de que una corte en Estados Unidos dictaminó que la compañía estaba “cometiendo graves negligencias” en sus procesos productivos, incluyendo el desastre del Golfo de México en 2010, en el que millones de galones de crudo se derramaron en la cuenca oceánica.

Este también es el segundo caso que involucra a la BP con campesinos colombianos. En 2006, un grupo obtuvo una suma multimillonaria al ganar un acuerdo extrajudicial contra la compañía, después de que esta fuese acusada de beneficiarse de un régimen de terror impuesto por grupos paramilitares, que habrían prestado servicios de protección del oleoducto Ocensa.

Rodrigo y Rogelio dijeron que por su caso nunca han sido amenazados. Pero ambos saben lo que es estar entre guerrillas y grupos narcotraficantes, ya que Antioquia ha sido una de las zonas más afectadas por el conflicto.

Rodrigo tiene 63 años y es dueño de una finca a las afueras de Caucasia, en donde la violencia ha estado presente.

“Al principio, las FARC dominaban la zona, luego surgieron las autodefensas y, durante el gobierno de Uribe, las bandas criminales rodearon la zona”, dijo. “A uno lo pueden asesinar por la boca, por los chismes. Si no ha sido amenazado, lo mejor es quedarse callado”.

Aunque Rodrigo recomienda el silencio respecto a la violencia, argumenta que frente al daño medioambiental el silencio no es una opción. El caso contra la BP durará cuatro meses.

“Esperamos que todos los campesinos que trajeron el caso obtengan justicia”, dijo. “Tenemos fe”.