Este fue el año de los LGBT en Colombia

Podríamos definir 2015 como el año en que las personas LGBT al fin pudimos echarle piso a la casa. Ya podremos construirla. De a pocos se va alcanzando la tan esquiva igualdad de derechos, así sea para estar a nivel con el resto de ciudadanos colombianos que, si bien no gozan de una buena salud, educación o empleo, y a quienes quizá también les discriminen sus hijos en razón de su orientación sexual o identidad de género, por lo menos no pierden la fila en la EPS cuando el portero les dice que su apariencia no coincide con el sexo de la cédula, ni deben pelearse la pensión de sobrevivencia porque su matrimonio no es considerado un estado civil.

Claro que falta mucho por hacer. Pero este año deja grandes avances: derechos de los menores a tener una familia (independientemente de que esté conformada por personas del mismo sexo), reconocimiento del efecto que ha tenido el conflicto armado en los sectores LGBT, autonomía de los menores a decidir sobre su identidad de género y orientación sexual sin que los colegios o los padres se involucren y el reconocimiento de las identidades transgénero a través de los documentos de identidad.

Hablamos con algunas figuras del movimiento de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero en Colombia para hacer un balance de lo que fue este 2015 e intentar vislumbrar las rutas de acción de estos sectores para 2016. Y aunque falta que nos acepten la suegra, deja cosa buena el año viejo.

Por lo menos en enero el año pintaba feo para los sectores LGBT. Sobretodo cuando la opinión pública conoció el concepto negativo, enviado por la Universidad de la Sabana a la Corte Constitucional, que en ese momento discutía el tema de adopción por parte de parejas del mismo sexo. Hubo un pequeño suspiro y un sabor amargo cuando, en febrero, a través de la sentencia C-071, la Corte declaró que las parejas del mismo sexo podían adoptar sólo cuando la solicitud recayera sobre el hijo biológico del compañero o compañera permanente: mejor dicho, adoptar el hijo de la pareja siempre y cuando fuera biológico. Pero al llegar noviembre, apareció la C-683 que completó el conjunto: la Corte había decidido a favor del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Esto es, el derecho a tener una familia.

Para Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, este fallo "significa protección de nuestros propios hijos, significa avanzar hacia la igualdad y dejar atrás esas distinciones entre seres humanos, que redunda en menos derechos para unos. No sólo es un reconocimiento y protección de familias ya conformadas, sino también respeto a las decisiones de gays y lesbianas frente a temas reproductivos, de conformar o no una familia. Yo creo que el Estado no puede estar por encima del deseo autónomo de formar familia, eso es un derecho humano que el Estado debe reconocer".

Con esta decisión, la Corte dejó sin base uno de los mayores argumentos de los sectores conservadores que se oponen al tema de matrimonio y la conformación de familias por parte de las personas LGBT: eso de que no pueden criar hijos. Por eso, se espera que el tema del matrimonio –el último que falta por aclararse plenamente– se resuelva más pronto que nunca: "Los opositores a los derechos tienen más miedos y prejuicios que argumentos en contra de la igualdad y la protección", opina Marcela.

El matrimonio igualitario en Colombia existe, gracias a la sentencia C-577 de 2011, sólo que hay un pequeño obstáculo que es necesario superar: queda bajo reserva del juez o notario utilizar el término "matrimonio". Marcela, por ejemplo, goza del estado civil de casada, pero anda dándose la batalla en la Corte Constitucional porque la Procuraduría instauró una acción de tutela contra la jueza que tomó la decisión de casarla con su pareja. "Que sea esta una oportunidad para aclarar este tema", me dice Marcela, "el matrimonio está reconocido en Colombia y la gente ya se está casando. Lo que pasa es que estamos supeditados a la decisión de cada juez y sí sería bueno que la Corte aclarara el tema".

Hay rumores de que nuevamente en el Congreso de la República entrará a debate un proyecto de ley de matrimonio igualitario que sería presentado por el senador Armando Benedetti, algo que ya había sucedido en 2013, pero que resultó en un debate aireado y que en poco resolvió el problema. Para Marcela, "a lo que nos ha tenido acostumbrados el Congreso es a ese bochornoso debate que siempre se ha dado. Entonces uno no puede ser muy optimista. Pero el Congreso tiene la competencia, lo puede hacer, ojalá nos dieran la lección de democracia que en 18 años no ha dado".

Por su parte, el abogado e investigador de DeJusticia Mauricio Albarracín ve la resolución del problema en las Altas Cortes: "La controversia está jurídicamente abierta: sí hay matrimonio pero depende de cada juez, existe una posibilidad interpretativa de la sentencia de la Corte. Es muy complejo tener esta situación y más cuando tienes una autoridad como la Procuraduría con ese poder y ese nivel de influencia oponiéndose. La verdad es que muy pocos funcionarios se van arriesgar. La Corte tiene que cerrar la controversia, tiene que decir que todos los jueces y notarios deben casar a las personas". Algo que posiblemente tenga lugar entre febrero y marzo de 2016.

Para Diana Navarro, mujer transgénero que dirige la Red Nacional de Mujeres Transgénero, y es asesora del Ministerio del Interior en temas de acceso a derechos de la población LGBT, 2015 dejó pocos avances jurisprudenciales pero muchos en el terreno práctico.

En Bogotá, por ejemplo, se avanzó en la creación de un servicio amigable para personas transgénero que han padecido dificultades a causa de las transformaciones corporales legales o artesanales. Sin embargo, este es un asunto que debe ser afinado con avances en temas de salud que reconozcan este tipo de intervenciones como algo que trasciende lo meramente estético.

Por otro lado, en junio de este año, apareció el decreto 1227 que permitió desde entonces corregir la casilla sexo en el Registro del Estado Civil para los hombres y mujeres transgénero del país. Algo que, según Marcela Sánchez, representa un avance importante en el reconocimiento y visibilización de estas personas.

Aun así, más importante que este decreto que tiene demandado el procurador Alejandro Ordoñez ante el Consejo de Estado, es la sentencia T-099 que le dio base. El fallo de la Corte es mucho más grueso y ambicioso que el decreto, en cuanto a que ordena al Ministerio de Defensa y al Comando General de las Fuerzas Armadas a que desarrollen un protocolo y campañas pedagógicas dirigidas a la población transgénero para que esta conozca las limitaciones de la Ley 48 de 1993 que reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización en el país. Estos límites apuntan a que no se realicen procedimientos que vulneren la dignidad, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad e igualdad de las mujeres trans que están exentas de presentar el servicio militar. En el caso de los hombres transgénero, pueden estar sujetos a cumplir dicha ley, por lo que estas instituciones deben definir un mecanismo de reclutamiento diferencial.

Esa misma sentencia exhortó al Congreso de la República para que, en el menor tiempo posible, promulgue una Ley de Identidad de Género dirigida a la protección de los derechos fundamentales de los hombres y las mujeres transgénero. Algo en lo que ya están trabajando algunas organizaciones sociales, según me cuenta Diana Navarro: "Tenemos en perspectiva un encuentro nacional para la validación de un documento final porque estamos a la espera de la Política Pública LGBT, que está un poco demorado el proceso. A la luz de todos los avances jurisprudenciales que se han tenido y los avances jurídicos que permite la sentencia, miraremos a ver cómo presentamos un proyecto de Ley de Identidad de Género con perspectiva trans. Ha habido dificultades en la articulación entre el movimiento social de hombres transgénero y el movimiento de mujeres transgénero, pero esta Ley es una necesidad". Una ley que, según me explica Diana, debe ser transversal a varios temas: salud, educación, acceso al trabajo digno…

Sin duda alguna el caso de Sergio Urrego reaviva un debate de largo aliento: los manuales de convivencia, la educación confesional y la libertad de expresión y de respetar la decisión de los menores de edad sobre su construcción identitaria y su orientación sexual.

"No es la primera vez que la corte manda a cambiar manuales de convivencia, llevan haciéndolo hace más de 20 años porque hay casos que hemos documentado y denunciado", me dice Marcela Sánchez. "Los colegios se han hecho los de la vista gorda para cumplir esas sentencias y tuvimos que esperar un caso dolorosísimo de suicidio, al menos conocido, porque no creo que sea el único, para que vuelvan a reconocer esa obligación"

En agosto de este año, la Corte Constitucional falló a favor de la familia de Sergio Urrego, luego de revisar la tutela presentada por su familia y que anteriormente había declarado improcedente el Consejo de Estado. A través de la T-478 de 2015, la Corte Constitucional también ordenó al Ministerio de Educación Nacional que, en un plazo máximo de 6 meses, se implementaran acciones tendientes a la creación de un Sistema Nacional de Convivencia Escolar, algo que ya debería estar listo, porque en Colombia existe una ley (la 1620 de 2013) que crea este sistema y exige a los colegios tomar medidas dirigidas a la convivencia y formación en el ejercicio de derechos humanos, educación para la sexualidad y prevención de la violencia en los planteles educativos.

"Creo que esta respuesta de los grupos religiosos y de los colegios confesionales frente a no cumplir las sentencias es porque no la entienden, porque creen que los obligan a hablar de diversidad y en realidad los están obligando a respetar a los seres humanos", opina Sánchez, "no es promoción de la homosexualidad como ellos creen. Que esto sea una oportunidad para aclarar y que no nos dejamos confundir frente a estos discursos que tratan de malinterpretar las sentencias de la Corte y generar pánico y miedo entre los padres y madres de familia. 2016 debería ser el año en que el gobierno nacional cumpla todas las órdenes que la Corte le ha dado en este sentido".

Por último, y quizá un tema que renueva la agenda de los sectores sociales LGBT, es el de una mirada diferencial al conflicto armado colombiano. 2014 había cerrado con la noticia de que la Sala de Justica y Paz del Tribunal Superior de Bogotá había emitido un fallo histórico en el caso de Botalón y otros paramilitares en el que se reconocía su responsabilidad en crímenes cometidos contra las personas LGBT de Puerto Boyacá.

Este año, la subcomisión de género de la mesa de negociación de La Habana, invitó a representantes de los sectores LGBT para que dieran sus aportes en todos los puntos negociados. "En principio eran organizaciones mayoritariamente de mujeres, pero en la segunda ronda incluyeron a Caribe Afirmativo y en la tercera a Colombia Diversa", me explica Mauricio Albarracín, quien visitó La Habana en representación de Colombia Diversa. "La idea era enriquecer el mandato de la subcomisión de género en todos los acuerdos".

Por esto, 2016 es un año que se anuncia como el primer escalón en la construcción de una paz sostenible, que por parte de los LGBT ya comienza a tener sus primeras bases con los informe de Derechos Humanos lanzados este año por Colombia Diversa, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Defensoría del Pueblo.

Para el investigador del CNMH, Pablo Bedoya, este año fue fundamental en la apropiación del tema conflicto por parte de los sectores LGBT. "No podemos seguir pensando en procesos de reparación y posconflicto sin tener en cuenta una dimensión muy importante que tiene que ver con la reconstrucción y la reflexión de cómo nuestro país ha construido órdenes morales y cómo hay unos sujetos que quedan excluidos de los proyectos de nación".

En ese mismo sentido, advierte el investigador, este nuevo enfoque en el conflicto implica repensar transversalmente todo lo planteado hasta ahora en temas de reparación y justicia para que haya un posconflicto incluyente: "La reparación todavía está muy pensada desde la idea del núcleo familiar, pero qué hacemos con sujetos donde por razones sociales, subjetivas, comunitarias, de vínculo, no se pueda hacer la reparación desde un núcleo familiar: las personas trans, las personas LGBT, los habitantes de calle ¿a qué familia los adscriben?".

Por su parte, Mauricio Albarracín opina que el tema de conflicto no se agota en la paz firmada en La Habana, porque "lo que ocurre es que hoy la mayoría de violencia contra población LGBT es por parte de grupos herederos de los paramilitares o bandas criminales, ellos son los mayores responsables de varios de esos crímenes".

Otro tema que está pendiente de ser revisado, y que según Albarracín es algo que no parece mejorar, es el de los abusos por parte de la policía contra población LGBT, a propósito de la muerte en sospechosas circunstancias de Paula Torres al interior de una UPJ en Bogotá hace unos días.

El terreno está abonado para un año nuevo que promete grandes avances y concreciones en temas de derechos para las personas LGBT. Logros que lejos de ser conquistas, como dice Marcela Sánchez, "realmente representan lo mínimo que una sociedad debería tener desde siempre por el simple hecho de ser humanos… pero en el juego de la democracia desafortunadamente así es".