La demanda que Alejandro Ordóñez interpuso para que no podamos cambiar el sexo en nuestra cédula

El decreto 1227, que permite desde junio pasado la corrección de la casilla sexo en el Registro del Estado Civil (esto es: que uno pueda cambiar la F por la M en la cédula) está en la cuerda floja por culpa de una demanda de nulidad (esto es: contra la validez del decreto mismo, su legalidad) presentada por el procurador general Alejandro Ordoñez ante el Consejo de Estado.

Este decreto abrió las puertas para que, a través de una simple declaración realizada bajo "la gravedad de juramento", cualquier persona solicitara modificar una formalidad (que a la larga no lo es tanto), argumentando su "construcción sociocultural" de identidad de género. Y es precisamente allí donde radica la gastritis del procurador: para él, esa gabela dada por el Gobierno, viraba de una definición "biológica" del "sexo" hacia una definición "identitaria".

En la demanda de nulidad simple que presentó, el procurador arguye que con este acto administrativo el Gobierno desbordó sus funciones reglamentarias al desconocer que "la Ley ha dotado al estado civil de un carácter de indisponibilidad". Más fácil: que no le corresponde al ciudadano (o ciudadana) modificar a su antojo los elementos consignados en el estado civil, porque lo allí estipulado responde a los "hechos, actos y providencias que lo determinan".

¿Pero qué carajos determina el sexo? Ordoñez, defensor de las buenas costumbres y ahora del castellano puro, cita entonces en su demanda a la Real Academia de la Lengua cuando define sexo como una "condición orgánica", dividido exclusivamente en un "sexo masculino, femenino", a partir de unos "órganos sexuales".

El gran problema de ese argumento es que, a pesar de que el procurador sea amante de la aplicación irrestricta de la ley, ni siquiera en el campo de la biología hay un todo dicho para las cuestiones de sexo. Basta revisar las investigaciones realizadas por Anne Fausto-Sterling, doctora en filosofía y profesora de biología y estudios de género en la Universidad Brown, para entender el truco tras las mañas biológicas de la sexualidad: "Simplemente -dice, en su famoso libro Cuerpos Sexuados- , el sexo de un cuerpo es un asunto demasiado complejo. No hay blanco o negro, sino grados de diferencia".

En este libro, la bióloga expone el caso de la atleta española Maria José Martínez Patiño, quien fue expulsada del Equipo Olímpico español en 1986 por no haber pasado las pruebas de verificación de sexo que avalaran su "feminidad", realizadas con rigor por el Comité Olímpico Internacional (COI). El examen consistía en raspar unas cuantas células de su mejilla interna para determinar que era una mujer. Extrañamente, y aunque Martínez contara con lo que todo notario esperaría para adjudicarle una F (esto es una vagina), el examen reveló que la atleta tenía un cromosoma Y. Exámenes posteriores revelarían que los labios vulvares de Martínez ocultaban unos testículos, y, además, que no tenía ovarios ni útero. Sin embargo, la insensibilidad a los andrógenos que le diagnosticarían a la atleta, impedía que sus células reconocieran la testosterona y por eso no generaba ningún cambio físico en su apariencia femenina.

El caso, que se repetiría años después con la sudafricana Caster Semenya, sería una desgracia para la carrera de Martínez, quien recuperaría su "feminidad" gracias a la ayuda de la International Amateur Athletic Federation (IAAF), y un golpe en la cabeza para el COI, que tendría que inventarse nuevas formas para determinar el sexo de los atletas más allá de los cromosomas.

Básicamente, lo que nos pone la bióloga Fausto-Sterling en frente, es que existen distintos caminos para definir el sexo, pero que todos pueden derivar en respuestas totalmente contradictorias: existe un sexo cromosómico, determinado al momento de la concepción de acuerdo a la carga genética del óvulo y el espermatozoide; uno gonadal (ovarios o testículos); uno que se asigna (por un médico, de acuerdo a los genitales visibles); uno fenotípico (basado a los rasgos físicos); otro más de crianza, de acuerdo a las experiencias aprendidas en la familia… y la lista podría continuar.

Es precisamente el eterno dilema con las personas intersexuales, a quienes la legislatura colombiana no les ha dado cabida en el binarismo de "sexo" y la medicina moderna las ha tratado como "anormales" e intentado "curar".

La medicina tampoco escapa a las taras y "construcciones socioculturales" a las que alude el decreto. Cuando un médico, por ejemplo, recibe un parto de un bebé cuya entrepierna no está bien definida a la hora de determinar si se trata de un pene o un clítoris más grande de "lo normal", la solución arbitraria, comúnmente, es una cirugía de "reasignación", para que la pobre criatura ­–incapaz de utilizar su libre albedrío– quepa dentro de las casillas únicas: M/F. Algo sobre lo que la Corte Constitucional ha tenido que decidir en una profusa jurisprudencia (sentencias T-912/08, T-551/99, T-962/99 y T-477/95) para garantizar la autonomía del individuo de determinar su sexo, su libre desarrollo de la personalidad, y no que los padres o los médicos lo dictaminen.

Etiquetar a alguien dentro del binarismo macho/hembra es una decisión social, una "construcción sociocultural", como dice el decreto, y sea que lo decida el individuo, el médico o el notario, continúa siendo eso: una decisión.

Queda entonces en manos del Consejo de Estado determinar si le apuesta a la posición dogmática y reduccionista en términos biológicos del procurador, o a la garantía de derechos que pretendía brindar el decreto 1227 a las personas transgénero del país.

Hoy jueves 29 de octubre, se realizará una jornada de rechazo a la demanda del procurador organizada por varias organizaciones sociales de sectores LGBTI, al frente de la Procuraduría General de la Nación. Ya que el procurador se metió en nuestra casa, en nuestras decisiones y en nuestros calzones, dicen los organizadores del evento, llevemos una pijama y "arrunchémonos" con él.