​Saluda al gran hermano escondido en tu celular

La hipervigilancia es un estado de sensibilidad exagerada desatado por algún episodio traumático que te lleva a parecer un idiota. Todos tus comportamientos están encaminados a un único objetivo: detectar amenazas. Eso, normalmente, no te hace más atento a los peligros, sino un sujeto un poco más irritable, estresado y atemorizado de lo normal.

Cuando Edward Snowden, el culpable del "robo" más grande de secretos en la historia de Estados Unidos (según lo calificó el Pentágono), reveló los datos de vigilancia mundial de las agencias de inteligencia de ese país, lo hizo con conocimiento de causa. Él mismo estuvo entre las filas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). Por algo tenía conciencia de que los sistemas de vigilancia masiva que han venido invadiendo el planeta con la consigna de la seguridad han hecho del mundo un lugar más hipervigilado pero no por eso más tranquilo e inmune a las amenazas.

Snowden aseguraba que a pesar de la capacidad de estos sistemas, el gobierno estadounidense no actuó para prevenir el que se ha calificado como el mayor atentado terrorista en la historia del mundo. Ni siquiera los de la maratón de Boston de 2013. "¿Es esa realmente la mejor manera de proteger a nuestro país?", preguntó Snowden en una entrevista que le hizo el periodista Brian Williams para la cadena NBC.

Conspirador o no, Snowden representó una gran amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Pero él no ha sido el único escéptico a la tendencia mundial de los sistemas de vigilancia masiva. El historiador de las ideas Michel Foucault, ya había hablado de la vigilancia como instrumento de control político y social. Y un poco antes estuvo Orwell, quien debería pasar de los estantes de ficción distópica a los de las artes adivinatorias.

La hipervigilancia a escala global tiene serias consecuencias sobre los derechos humanos y las libertades de los civiles. A Estados Unidos, el trauma que supuso el 9/11 le sirvió para justificar su miedo, invadir países, propiciar las dos grandes guerras con las que inauguramos el siglo XXI y ponerse en alerta perpetua contra cualquiera que pudiera parecer una amenaza. Menos mal hay corporaciones listas para resolver tus problemas, prestas para la guerra y la vigilancia, que han demostrado ser negocios bastante rentables, verdaderas locomotoras para la economía mundial.

Colombia no es ajeno a esta tendencia mundial de los sistemas de vigilancia masiva. Nuestro trauma puede resumirse en 60 años de conflicto armado, con más de 220.000 vidas perdidas, otros tantos millones de desplazados y más de 25.000 desaparecidos. Nuestra amenaza ha sido puesta en las guerrillas, los grupos paramilitares y el narcotráfico, y nuestro sistema ha invertido gran cantidad de dinero en tecnología para chuzar comunicaciones. Nadie niega los grandes golpes a estas estructuras, pero tampoco los graves atropellos sobre la intimidad, la libre asociación y la libertad de expresión, todos derechos fundamentales protegidos por la Constitución.

Hace unos días, la organización Privacy Internacional publicó un informe acerca de la capacidad de inteligencia sobre las comunicaciones privadas de los ciudadanos que se ha venido expandiendo por cerca de dos décadas en Colombia. El problema, es que estos sistemas están sobrepasando lo permitido por la Constitución, y las leyes regulatorias de la inteligencia son a menudo ambiguas y permisivas.

Según el informe, en Colombia existen tres grandes sistemas de vigilancia masiva: Esperanza, manejado por la Fiscalía General de la Nación y al que tienen acceso su Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía y el DAS (cuando estaba activo). El segundo es la Plataforma Única de Monitoreo y Análisis (PUMA), manejado por la Dirección de Investigación Criminal y la Interpol de la Policía (DIJIN), y bajo la supervisión administrativa de la Fiscalía. Y el último es el Sistema Integral de Grabación Digital (SIGD), manejado por la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL).

Quizá el más apegado a la legislación que existe en Colombia sobre actividades de inteligencia es Esperanza, un sistema desarrollado en colaboración con la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos y que funciona desde 2005 en el país. Este sistema permite captar comunicaciones de manera selectiva: sin intervenir otras líneas de personas que no están siendo investigadas, a través del proveedor de servicios de telecomunicaciones. Sí, cada uno de nuestros números de celular y de teléfono puede ser intervenido. Pero para garantizar que no se nos viole el derecho a la intimidad, estas interceptaciones sólo pueden ser realizadas con una autorización judicial.

Sin embargo, esto no ha evitado que algunos agentes de inteligencia presenten solicitudes fraudulentas de interceptación para conseguir acceso ilegal a comunicaciones de particulares. Basta mencionar las revelaciones de 2009 sobre las chuzadas del DAS contra periodistas, magistrados de la Corte y funcionarios del Estado. O un poco antes, entre 1997 y 2001, la intercepción ilegal que se hizo a los miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), en la que el Gaula falsificó las firmas de los fiscales para poder chuzar cerca de 1.800 líneas telefónicas en Medellín. Un caso que a pesar de ser revelado por la misma Fiscalía cuando estaba investigando las desapariciones de Ángel Quintero y Claudia Patricia Monsalve, miembros de Asfaddes, ha quedado impune hasta el momento.

Y con todo, Esperanza es el sistema que menos debe preocuparnos según Privacy International. Las limitaciones que tiene Esperanza para algunos entes policiales llevó a la creación del PUMA en 2007. Se trata de un sistema que está instalado en la infraestructura de red de todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones y que lleva la información directamente de tu boca a los oídos de las autoridades policiales, ahorrándole a la policía la previa autorización judicial y el paso de contactar a Tigo o a ETB para interceptar y almacenar potencialmente todas las comunicaciones.

Porque a diferencia de Esperanza, que permite interceptar de manera selectiva una línea, el PUMA tiene el potencial de almacenar y recopilar datos de manera masiva. Es decir, aunque no seas sujeto de investigación tus mensajes pueden estar siendo analizados por un robot o algún agente, una acción que se pasa por alto la presunción de inocencia y el derecho a la intimidad.

"La interceptación sólo es legal en Colombia si se realiza en virtud de una orden judicial y tras las formalidades que establece la ley. En casos excepcionales, la Fiscalía puede proceder a interceptar las comunicaciones sin orden judicial, pero se requiere entonces autoridad judicial ex post para utilizar los datos", explica el informe de Privacy International. "La interceptación masiva o automatizada de las comunicaciones con fines de recopilación de información de inteligencia no está contemplada ni autorizada expresamente en la legislación colombiana, sin embargo la DIJIN afirma que la adquisición de PUMA —que permite la interceptación masiva y automatizada de las comunicaciones— es legal".

Estas irregularidades llevaron en 2014 a que el proyecto PUMA se congelara y los equipos fueran empacados en cajas de cartón. El fiscal Eduardo Montealegre aseguró que "ningún otro organismo del Estado [diferente de la Fiscalía] está facultado para ordenar la interceptación de comunicaciones o administrar los equipos que sirven para esto". Sin embargo, Privacy International asegura que hay varios contratos nuevos para la instalación de salas para PUMA en varias oficinas regionales de la Policía, y que según el director de la policía, Rodolfo Palomino, el sistema entrará en funcionamiento a finales de 2015. De ser así, explica la organización, PUMA podría convertirse en el sistema más potente de monitoreo masivo de las comunicaciones en Colombia.

El tercero y más oscuro programa de vigilancia es el SIGD, creado en 2005. Este sistema monitorea el tráfico masivo de comunicaciones y es controlado por la DIPOL. Hay sondas instaladas en todo el sistema de telecomunicaciones, que llevan datos a un centro de monitoreo que los recibe, los procesa y los retiene. "Una vez recopilados, estos datos son analizados por potentes ordenadores que muestran conexiones entre personas, sus conversaciones y eventos, y elaboran perfiles de las personas y sus contactos", explica el informe.

Estas capacidades tecnológicas han sido adquiridas por organismos de Estado al margen del conocimiento público, pero también sin autorización legal clara. Según explica Privacy International, el PUMA y el SIGD no están facultados para interceptar sin una previa autorización judicial ni funcionar por fuera de lo establecido por la ley. "El Código de Procedimiento Penal dispone que la interceptación de las comunicaciones sólo puede efectuarse por orden del fiscal, en el marco de una investigación judicial y con el fin de buscar elementos probatorios. La Ley de Inteligencia de 2013 confiere amplios poderes de monitoreo del espectro electromagnético, pero tales poderes no autorizan el tipo de interceptación masiva y automatizada de las comunicaciones que efectúan PUMA y el SIGD".

Entre las conclusiones del informe, es claro que la mayor preocupación reside en las consecuencias de la extralimitación de la vigilancia de las comunicaciones sobre la privacidad de los ciudadanos. Algo en lo que países como Brasil, o el mismo Estados Unidos, han dado pasos importantes al crear marcos legales que garanticen los derechos civiles de los ciudadanos a la hora de utilizar internet.

"La protección efectiva del derecho a la privacidad ha de provenir en cierta medida de la existencia de mejores leyes", concluye en su informe Privacy Internacional, "que no concedan a las autoridades policiales facultades de vigilancia masiva en virtud de una interpretación deficiente del proceso técnico de vigilancia".