Las cinco deudas del conflicto con el medio ambiente

Las actividades de los grupos armados ilegales y del mismo Estado han dejado daños irreversibles en los ecosistemas de muchas regiones del país. Ilustración: Liév

Los atentados guerrilleros contra la infraestructura petrolera han dejado consecuencias difíciles de dimensionar sobre las comunidades y el medio ambiente. Un explosivo instalado por hombres del ELN en un tramo del Oloeducto Central de Colombia en Machuca, corregimiento de Segovia, Antioquia, dejó 84 personas muertas en 1998. Ese es un episodio emblemático sobre el conflicto en Colombia e ilustra bien las consecuencias que pueden tener ese tipo de acciones de saboteo.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, ataques de esas características no dejan víctimas humanas, pero sí daños irreversibles en los ecosistemas. El caso más reciente es el de la voladura del Oleoducto Trasandino en el departamento de Nariño a manos de las Farc. El derrame de petróleo se extendió a una quebrada, luego llegó al río Mira y finalmente al océano Pacífico.

Más de 150 mil personas permanecen sin agua potable porque el crudo llegó hasta la bocatoma del acueducto de Tumaco. Las actividades agrícolas y de pesca alrededor de la zona del derrame también se han visto afectadas.

Según afirmó el Ministerio de Ambiente, se trata de la peor tragedia ambiental de los últimos 10 años en Colombia.

El herbicida agrícola más utilizado del mundo llueve sobre las montañas de Colombia desde 1994. El glifosato, que se distribuye con el nombre comercial de Rundup, es el principal insumo de las fumigaciones aéreas sobre cultivos ilícitos en el país. Según los campesinos, ha acabado no sólo con coca y amapola, sino con miles de hectáreas de cultivos legales de pancoger, alimento de las mismas comunidades rurales.

El Plan de Manejo Ambiental del programa de fumigación contempla aspectos como la altura de los vuelos, el tamaño de las gotas, la temperatura y las condiciones climáticas en las cuales se debe hacer la aspersión para garantizar la menor afectación sobre el medio ambiente. Sin embargo, denuncias reiteradas desde hace más de una década sostienen que los daños en cultivos legales y fuentes hídricas son frecuentes.

Además, el impacto de las aspersiones aéreas con glifosato sobre la salud humana quedó finalmente en evidencia en marzo pasado, cuando la Agencia Internacional para el Estudio del Cáncer (Irac), presentó las conclusiones de un estudio según el cual el químico producido por la multinacional Monsanto tiene propiedades cancerígenas.

Luego del debate que generó ese concepto, el Consejo Nacional de Estupefacientes decidió en mayo suspender las fumigaciones que en los últimos meses se han concentrado en los departamentos de Nariño y Caquetá. Si bien la decisión está tomada, la suspensión no se ha hecho efectiva.

Así como las fumigaciones tienen efectos, el cultivo mismo de la hoja de coca también. Según cálculos de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, cerca de 112 mil hectáreas se encuentran sembradas con esa planta en Colombia.

¿Cuál es su efecto? Tal y como ocurre con los crecientes monocultivos de palma de aceite que implican la deforestación de grandes extensiones de tierra, en el caso de la coca, la persecución contra la siembra ha hecho que se transforme en una práctica que cambia de lugar con frecuencia.

En consecuencia, los cultivadores de coca modifican los ecosistemas generando afectaciones para la flora, la fauna y las especies nativas de esos territorios. Según un análisis de la Vicepresidencia de la República presentado en 2008, por cada hectárea de coca cultivada cerca de tres hectáreas de bosque son taladas.

La gasolina, el amoniaco y el ácido sulfúrico, productos químicos de uso frecuente para el procesamiento de narcóticos también tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente.

En la mayoría de los casos, el uso de esos materiales ocurre en zonas selváticas y en medio de procesos artesanales que difícilmente consideran medidas para mitigar los impactos de esas actividades en los ecosistemas.

Según datos de la ahora liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes, cerca de ocho mil hectáreas de bosques fueron afectadas por el procesamiento de drogas durante las últimas dos décadas.

Según la Fiscalía General de la Nación, 21 departamentos de Colombia sufren los impactos sociales y ambientales de la minería ilegal. El caso del Chocó ilustra el tamaño del problema: según la Corporación Autónoma Regional de ese departamento, el 90% de las explotaciones en su territorio no tiene títulos. Además, dependiendo de la zona, la actividad es coordinada, o por lo menos extorsionada, por guerrillas o bandas criminales.

El uso de mercurio y cianuro en las actividades de separación de los metales es uno de los principales problemas. En varios municipios de Antioquia, Caquetá y Nariño, entre otras regiones del país, se han disparado las alertas por supuestas contaminaciones de fuentes hídricas y alimentos con los químicos que son utilizados en la minería ilegal.

A eso se suma el deterioro en los ecosistemas, principalmente en los ríos, por cuenta del uso de dragas que absorben toneladas de arena que luego son filtradas en busca de metales preciosos. Junto con la arena, la maquinaria capta todo lo que encuentra a su paso. En muchas ocasiones, el material sobrante es devuelto a los ríos contaminado por las sustancias que se usan en el proceso de extracción.

Se calcula que el negocio de la extracción ilegal de oro en el país puede mover alrededor de 45 mil millones de pesos mensuales.

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Este artículo hace parte de ¡Pacifista! Una plataforma para la generación de paz: un proyecto de VICE enfocado en contenidos sobre la terminación del conflicto armado y la construcción de paz en Colombia.