Este artículo hace parte de ¡PACIFISTA! Una plataforma para la generación de paz: un proyecto de VICE enfocado en contenidos sobre la terminación del conflicto armado y la construcción de paz en Colombia.

El gobierno de Colombia y las Farc acordaron la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que servirá para darle fin a 50 años de conflicto armado. El anuncio, hecho por el presidente Juan Manuel Santos y el máximo comandante de la guerrilla, Rodrigo Londoño, Timochenko, es un signo contundente de que las negociaciones que se desarrollan en La Habana (Cuba) llegaron a un punto de no retorno. Tan es así que, según anunciaron las partes, en los próximos seis meses se llegará al acuerdo final y dos meses después, a más tardar, la guerrilla iniciará la dejación de las armas.

Han pasado más de tres años desde aquel 4 de septiembre de 2012 en el que sendas declaraciones de Santos y Timochenko le anunciaron al país la instalación de una mesa de conversaciones. Hoy, reunidos en La Habana, los mismos protagonistas superaron el más complicado de los escollos que afrontaba este proceso de negociación. La creación de un sistema de medidas judiciales para los máximos responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, en el marco del conflicto, es la noticia más importante para la paz de Colombia en muchos años.

El anuncio esperado, un nuevo escenario de debate

Con la creación de esta jurisdicción para la paz se sigue materializando la promesa que hicieron las partes desde el inicio del camino: que las víctimas y sus derechos serían el centro de la negociación. En este caso, el derecho garantizado es a la justicia. Penas de entre 5 y 8 años de restricción efectiva de la libertad para los guerrilleros, policías, militares y civiles que reconozcan sus responsabilidades (quienes lo hagan tardíamente deberán pagar ese tiempo en cárceles convencionales), y de máximo 20 años de cárcel para quienes no las reconozcan y sean derrotados en un juicio, son la nuez de los anuncios que venía esperando el país.

Los colombianos ya tienen la certeza de que los máximos responsables de delitos tan atroces como el secuestro, el genocidio, las ejecuciones extrajudiciales, el reclutamiento de menores o los delitos sexuales, entre otros, serán sancionados con la privación de su libertad. Y, así, el principal argumento de los críticos del proceso de paz, ese que decía que el proceso de La Habana es un intercambio de impunidades, quedó en buena medida desvirtuado. Sin embargo, las críticas a los diálogos no desaparecerán, como en efecto ya ocurrió.

El Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, no dejó pasar mucho tiempo para hacer públicos sus nuevos reparos. Que el acuerdo igualó a los militares y a los civiles con los miembros de la guerrilla, que abrió la posibilidad de que el narcotráfico y el secuestro sean considerados conexos al delito político, o que es inaceptable mantener a Venezuela como país facilitador de las conversaciones, fueron algunas de las críticas que leyó a los medios de comunicación el jefe de ese partido. Pero, si bien estas observaciones enriquecerán el debate democrático y representan el pensamiento de miles, ahora las discusiones deberán darse sobre la base de que el fin del conflicto dependerá de un sistema judicial estructurado y exigente en términos de derechos para las víctimas.

Los nuevos retos de la mesa y de los colombianos

Tras este anuncio, las partes deberán definir las medidas de reparación y las garantías de no repetición para terminar el punto de víctimas, que ya cuenta con acuerdos en la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad (pactada en junio pasado). Luego, solo faltarán por definir dos puntos de la agenda que ya están siendo discutidos: el primero, el fin del conflicto; que no es otra cosa que la dejación de las armas y la reintegración de las Farc, así como las medidas que deberá implementar el Gobierno para garantizar el proceso de terminación del conflicto. Y, segundo, el punto de implementación, verificación y refrendación, en el que se discutirá cuál será el mecanismo para que los colombianos aprueben o desaprueben los acuerdos a los que se llegue en Cuba. Acuerdos que se conocerán, a más tardar, el 23 de marzo de 2016, como anunció el presidente Santos.

No va a ser una tarea fácil, pero está claro que, en su mayoría, se trata de discusiones centradas en los procedimientos, en lo técnico. El punto que más ampollas está levantando, por lo dicho por fuentes cercanas a la negociación, tiene que ver con las garantías de seguridad. Las Farc insisten constantemente en que para hacer el tránsito a la vida política es necesario el desmonte del paramilitarismo. Y el Gobierno, en cambio, no estaría dispuesto a reconocer plenamente la existencia de ese fenómeno como una amenaza sistemática a la reintegración de la insurgencia. A esa discusión se suman otras igualmente complejas, como la definición de los mecanismos de implementación y verificación del cese bilateral al fuego y de la dejación de armas por parte de la guerrilla.

Ahora, con los puntos del agro, las drogas, la ampliación democrática y las víctimas (la mitad) ya resueltos, comienza un periodo de por lo menos ocho meses que estará marcado por la agitación política de cara a la refrendación de los acuerdos. Los defensores de la negociación y los críticos buscarán conquistar el voto de los colombianos para que aprueben o desaprueben el acuerdo final que salga de Cuba.

De igual forma, vendrá una dura puja en el Congreso, pues son necesarias varias reformas y leyes para poder acudir a las urnas y luego poner en marcha todos los acuerdos que han construido el Gobierno y las Farc. La principal gresca, que quedó clara hoy, será la que se dará por cuenta de la creación de una ley que defina los límites del delito político y los casos en que los excombatientes podrán ser amnistiados.

Los anuncios de este miércoles abren el espacio para que la sociedad civil se vuelva protagonista de la solución judicial a medio siglo de guerra. Primero, en el funcionamiento de la Comisión de la Verdad, que servirá de insumo para los procesos judiciales, y después en las salas y el Tribunal Especial para la Paz. Aunque por ahora está claro que en todas las instancias del sistema integral de justicia será clave el papel de las víctimas, de las organizaciones defensoras de derechos humanos e, incluso, de los civiles que hayan cometido o participado de delitos de lesa humanidad y quieran colaborar con la verdad y la reparación para beneficiarse de los instrumentos de justicia transicional.

Otro de los grandes debates que deberán dar los colombianos apunta a la imagen y la efectividad de las instituciones. Si bien las investigaciones y los procesos judiciales que se han desarrollado a lo largo de la guerra servirán como base para la Jurisdicción Especial para la Paz, el descrédito del sistema judicial en su conjunto es una preocupación. Desde la Fiscalía hasta las altas cortes, la Justicia está atravesando por escándalos y cuestionamientos que ponen en riesgo la legitimidad de lo acordado y será una tarea gigantesca construir la letra menuda del nuevo modelo. Dónde van a funcionar las salas y el tribunal, quiénes serán los magistrados, de dónde va a salir la plata para montar este aparato judicial, cómo se articulará esta jurisdicción con la justicia ordinaria, son preguntas puntuales que están por resolver.

El acuerdo al que llegaron el Gobierno y las Farc deja una mezcla de esperanzas e incertidumbres que hace apenas unos años, cuando la guerra no daba tregua, era impensada. ¿Quién, de los millones de colombianos que no hemos vivido un solo día de paz, habría pensado en ver al Estado y a las Farc reconocerse como victimarios? ¿Quién habría sido capaz de decirle a todas las víctimas que la posibilidad de gozar de sus plenos derechos a la justicia, a la verdad, a la reparación y a la no repetición era inminente? La mesa de conversaciones nos ha llevado a la puerta de un universo inexplorado. Dentro de poco, estará en nuestras manos elegir entre abrirla y empezar a construir un país diferente; o, por el contrario, invalidar el camino que nos trajo hasta acá.