¿Pueden los indígenas Yanacona juzgar a Rafael Uribe por el asesinato de Yuliana Samboní?

El cuerpo de Yuliana Samboní volvió a Bolívar, Cauca, el municipio donde nació hace siete años. Cientos de caucanos acompañaron el recorrido por la trocha que conduce a la vereda Los Milagros, el lugar del que la familia Samboní se había desplazado. Con banderas blancas, la comunidad rechazó la violación y asesinato de la niña. Se presume que el asesinato lo cometió Rafael Uribe Noguera, un arquitecto bogotano. La vereda Los Milagros está ubicada en mediaciones del resguardo indígena Yanacona. La procedencia indígena de Yuliana hizo que varias organizaciones rechazaran todavía con más fuerza el crimen, que ya tenía el agravante de la edad y el género de la víctima. Una de las reacciones más polémicas la tuvo el congresista Germán Carlosama, de las Autoridades Indígenas de Colombia, cuando dijo a través de un video que si la justicia ordinaria no actuaba con eficacia el caso lo podría retomar la justicia indígena.
El congresista advirtió que un juicio indígena podría tardar alrededor de cinco días. Aclaró también que, contrario a la creencia popular, el castigo no necesariamente serían latigazos ni confinamiento dentro de un resguardo: según él, a Uribe Noguera los indígenas lo podrían condenar a 60 años en los patios de alguna cárcel manejada por el Inpec.

¿Eso es posible?

El artículo 246 de la Constitución de 1991 dice que "las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional".

La Jurisdicción Especial Indígena, en principio, no es lo mismo que la justicia indígena. La justicia indígena es un conjunto de normas y principios basados en valores propios que regulan las sociedades indígenas desde hace cientos de años. Este sistema no es único, sino que varía de acuerdo a la comunidad. En Colombia hay al menos 86 comunidades, que equivalen a 86 sistemas distintos. La Jurisdicción Especial Indígena, en cambio, es el espacio que hay dentro de la ley colombiana para que esas justicias actúen de manera autónoma.

En 2013, la Corte Constitucional dijo que tenían que cumplirse cuatro reglas para aplicar la justicia indígena. Primero, se exige que el acusado de cometer un delito pertenezca a una comunidad indígena. Segundo, que las conductas que tengan ocurrencia dentro de su territorio. Tercero, que existan unas autoridades tradicionales que puedan ejercer funciones jurisdiccionales. Y cuarto, si se trata de un interés de la comunidad indígena o de la sociedad mayoritaria.

Rafael Uribe no pertenece a ninguna comunidad indígena. El crimen no ocurrió dentro del territorio Yanacona. Ese pueblo indígena sí tiene unas autoridades que podrían juzgar. No es claro si un asesinato y violación tiene interés de la comunidad indígena o de toda la sociedad: uno en principio creería que sí. Mejor dicho, al menos dos de esas reglas no se cumplen.

El congresista Carlosama defendió su propuesta con un caso reciente, donde el Consejo Superior de la Judicatura dijo que un caso de la justicia ordinaria debía trasladarse a justicia indígena. Pero todo apunta a que el caso al que se refiere es al del exgobernador de un resguardo índigena en Nariño, quien era procesado dentro de la justicia ordinaria por irregularidades en unas elecciones. En su caso sí se cumplirían las condiciones de las que habla la Corte.

Dos abogados indígenas cercanos a la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), que prefirieron no ser citados, explican exactamente lo mismo: que para ellos no es posible porque, a pesar de haber involucrado a una niña indígena, no fue un asunto "entre indígenas" ni dentro del territorio. Uno de los abogados, sin embargo, dijo que encuentra un desequilibrio entre las dos justicias, porque hay asuntos entre indígenas y "blancos" (como el caso de Feliciano Valencia) que puede resolver la justicia ordinaria, pero no al contrario, como podría ser este caso.

Aunque han existido excepciones de casos que sin cumplir las cuatro reglas de la Corte han sido juzgados por indígenas, hasta ahora nadie más que el congresista Carlosama ha apoyado oficialmente esa propuesta.