Si usted hubiera caído en coma en mayo de 2014 y se hubiera despertado el lunes de esta semana, habría encontrado que muchas cosas cambiaron en dos años: la guerrilla se ha comprometido a dejar las armas, James usurpó el lugar de Radamel Falcao en la selección y ahora Justin Bieber es chévere y bien criticado por su música.Pero el pulso entre las autoridades colombianas y Uber sigue siendo el mismo: han sido 25 meses en los que el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte y la Policía de Tránsito se han cansado de afirmar, a través de comunicados, resoluciones, declaraciones y multas, que Uber es ilegal. Sin embargo, la aplicación sigue funcionando y la gente sigue sin convencerse de que es ilegal ir del punto A al punto B en un carro blanco.La primera vez que una autoridad colombiana se pronunció en contra de Uber fue en mayo de 2014. Por ese entonces, la aplicación ya llevaba ocho meses funcionando en Bogotá y ya se hacían sentir las primeras señales de inconformidad de los taxistas.
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El 5 de mayo, Martha Coronado, secretaria de Movilidad de la Alcaldía de Bogotá, afirmó en La F.M. que "solo los taxis están autorizados para prestar el servicio de transporte individual". Coronado, sin embargo, se abstuvo de afirmar que Uber era ilegal y se limitó a decir que esperaba que el Ministerio de Transporte se pronunciara al respecto. Ese mismo día, el comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, coronel John Rodriguez, le dijo al diario El Tiempo que la Secretaría de Movilidad le había ordenado "interceptar este tipo de carreras, bajar a los pasajeros y proceder a la inmovilización".El pronunciamiento del Ministerio, por ese entonces encabezado por Cecilia Álvarez, no se hizo esperar: a la mañana siguiente, el viceministro de transporte, Nicolas Estupiñan, le dijo a los micrófonos de Blu Radio que "Uber no está habilitada para prestar el servicio de transporte".Al día siguiente, el mismo viceministro le dijo a Semana que el sevicio que Uber pretendía prestar a través de los carros blancos no era legal y anunció la conformación de una mesa de trabajo para ajustar la normatividad del país al servicio que presta la aplicación. El 15 de julio del 2014, EL Espectador publicó un artículo titulado "Se acabará el limbo para los "taxis" UBER", en el que el viceministro Estupiñan afirmó que la nueva normatividad estaría lista en dos semanas.
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Mientras la normatividad seguía cocinándose, el Ministerio, ahora encabezado por la actual ministra, Natalia Abello, emitió el 2 de octubre de 2014, una circular dirigida a las empresas que prestan el servicio de transporte especial acerca de la "Prestación de servicios no autorizados a través de la plataforma Uber". En ella, "teniendo en cuenta las constantes quejas presentadas por las empresas de servicio individual", el Ministerio recordaba que "la utilización de ayudas tecnológicas para la celebración de contratos solo podría servir como herramienta de utilización directa por parte de las empresas de transporte" y que estas debían cumplir con requisitos como un contrato escrito.A renglón seguido, el Ministerio aclaraba que "no son legales las aplicaciones tecnológicas que faciliten la celebración de contratos de transporte con empresas que no cuenten con habilitación o autorización de la autoridad competente (léase Uber)".Tan solo unas semanas después, el día 22 de noviembre, la ministra reitero su posición en un comunicado dirigido a todo el país en el que le recordaba a todo el país que "las tecnologías que faciliten la prestación del servicio de transporte individual de pasajeros con vehículos de servicio público especial no son legales".
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Mientras el Ministerio recordaba por tercera vez que el servicio prestado por Uber era ilegal, la aplicación seguía creciendo. En enero de 2015, Uber llegó a Medellín en medio de caravanas de taxistas que protestaban el anuncio. En abril de ese año, durante el día sin carro de Bogotá, Uber hizo su agosto, multiplicando su cantidad de usuarios por cinco y agregando una franja blanca a los trancones amarillos de la capital.En aquella ocasión, VICE le preguntó a Adriana Garzón, vocera de Uber, cómo una aplicación que había sido declarada ilegal meses atrás podía hacer su agosto en la narices de todo el mundo y esto fue lo que nos contestó: "Hasta el momento, nuestra plataforma no ha sido declarada ilegal por ningún acto administrativo de una institución competente". En otras palabras: Perro que ladra…¿Y la normatividad? En el horno.En noviembre de 2015, en una ceremonia a la que asistieron el presidente y el vicepresidente de Colombia, además de Michael Shoemaker, presidente de Uber en Colombia, se presentó el decreto que acabaría con la incertidumbre, con las cacerías organizadas por taxistas y con las inmovilizaciones de camionetas blancas. Su nombre, decreto 1079 de 2015. La regulación incluía una serie de normas nuevas para el "transporte terrestre automotor individual de lujo", entre ellas, una que enunciaba que debería ser prestado por carros negros con un distintivo en la puerta, que su tarifa mínima estaría regulada y que nunca estaría por debajo del precio del transporte básico.
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Hoy, casi ocho meses después de la expedición del decreto, Uber sigue funcionando con carros blancos, sus tarifas siguen siendo reguladas por la oferta y la demanda y no es inusual que estén por debajo de las de los taxis amarillos.Estas fueron las razones que llevaron a la Superintendencia a multar a Uber ahorita, en marzo del 2016. En el comunicado oficial la Superintendencia dijo que, tras 18 meses de investigación, encontró que: "El servicio prestado por los socios y conductores adscritos a la plataforma (Uber) es, efectivamente, no autorizado". Por eso, le impuso a una compañía avaluada en 62 billones de dólares una multa de 451 millones, de pesos.Ya que la multa, el decreto y los anuncios en medios no han logrado frenar el crecimiento de Uber, que funciona en 14 ciudades colombianas, el Ministerio de Transporte anunció esta semana, a través deAida Lucy Ospina, directora nacional de Tránsito y Transporte, que buscará una orden judicial para bloquear la aplicación, algo así como cortar el problema de raíz. Sin embargo, el ministro de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, David Luna, salió a desinflar el anuncio incluso antes de que Uber lo hiciera.Luna le recordó al Ministerio de Transporte que en el país existe un principio llamado "neutralidad de la red", el cual establece que, salvo la pornografía infantil, el contenido que circula en Internet no puede ser bloqueado.Así las cosas, el anuncio de esta semana parece ser un strike más en la lucha, larga, tibia e inútil de las autoridades colombianas contra Uber.
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El 5 de mayo, Martha Coronado, secretaria de Movilidad de la Alcaldía de Bogotá, afirmó en La F.M. que "solo los taxis están autorizados para prestar el servicio de transporte individual". Coronado, sin embargo, se abstuvo de afirmar que Uber era ilegal y se limitó a decir que esperaba que el Ministerio de Transporte se pronunciara al respecto. Ese mismo día, el comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, coronel John Rodriguez, le dijo al diario El Tiempo que la Secretaría de Movilidad le había ordenado "interceptar este tipo de carreras, bajar a los pasajeros y proceder a la inmovilización".El pronunciamiento del Ministerio, por ese entonces encabezado por Cecilia Álvarez, no se hizo esperar: a la mañana siguiente, el viceministro de transporte, Nicolas Estupiñan, le dijo a los micrófonos de Blu Radio que "Uber no está habilitada para prestar el servicio de transporte".Al día siguiente, el mismo viceministro le dijo a Semana que el sevicio que Uber pretendía prestar a través de los carros blancos no era legal y anunció la conformación de una mesa de trabajo para ajustar la normatividad del país al servicio que presta la aplicación. El 15 de julio del 2014, EL Espectador publicó un artículo titulado "Se acabará el limbo para los "taxis" UBER", en el que el viceministro Estupiñan afirmó que la nueva normatividad estaría lista en dos semanas.
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