Condenado Uribe Noguera: ¿cuándo condenaremos al resto?

El pasado 5 de diciembre, el país se enteró de que Yuliana Samboní, una niña de siete años, había sido secuestrada, violada y asesinada en un apartamento de Chapinero. Hoy, casi cuatro meses después, el país amaneció con la noticia que había estado esperando desde ese funesto domingo: la condena del agresor y asesino de Yuliana, Rafael Uribe Noguera: 51 años y 10 meses de cárcel y una multa de 100 salarios mínimos vigentes por secuestro agravado, acceso carnal violento y feminicidio.

La sentencia de Rafael Uribe Noguera llega en tiempo récord para estándares colombianos en respuesta judicial. Según una nota de El Espectador, la juez que leyó el fallo destacó eso mismo subrayando que, en Colombia, de 122 casos de feminicidio, menos del 10% de los agresores ha sido condenado. La rapidez del proceso se debe en gran parte al hecho de que el agresor haya confesado el crimen ante la Fiscalía a mediados de diciembre. Pero, sobre todo, se debe a la presión que recibieron el acusado y el sistema judicial por parte de los medios y de los miles que convocaron marchas y movilizaciones pidiendo justicia.

A minutos de haberse difundido la noticia del crimen, ya era gigante el número de escandalizados que se habían tomado las redes sociales para manifestar su rechazo y repudio frente al asesinato de Yuliana. Los medios tampoco tardaron mucho en publicar un artículo tras otro con los detalles y pormenores del crimen y de su perpetrador ––desde el colegio del que se había graduado hasta la actividad económica del resto de su familia––. El escándalo mediático pronto pasó a ser una furia colectiva que se volvió masiva en redes sociales y se expandió a plantones que, en algunos casos, se tornaron terriblemente agresivos.

Paralelamente, el caso reavivó las discusiones sobre la pena adecuada para violadores de menores: según el diario El Espectador, al Congreso llegaron, a raíz del caso de Yuliana, tres proyectos de ley sobre el tema, uno sobre castración química y otros dos que proponen la cadena perpetua para violadores de menores, una petición que además ha sido impulsada por Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Aunque las peticiones han surgido en gran parte por el caso de Yuliana, todas buscan atacar un problema que de enero a septiembre de este año había afectado a 2.302 niñas menores de 17 años en Bogotá, examinadas en Medicina Legal por presunto delito sexual.

Y el problema es grave. Recientemente VICE solicitó información a la Fiscalía sobre el número de denuncias recibidas por acto sexual abusivo en los últimos diez años: esto es, actos en los que se fuerza a la víctima a involucrarse en una actividad de tipo sexual pero en las que no hay penetración. Mientras las víctimas de este delito, mayores de 18 años, eran un poco más de 30.000, el número pasa las más de 105.000 denuncias en víctimas entre los 0 y 13 años.

Y esos números son solamente de casos denunciados. Muchos de la totalidad, de los que ocurren en la cotidianidad, ni siquiera alcanzan esa instancia. En total, según Medicina Legal, cada hora dos niños son abusados en el país, y según ONU Mujeres cada día a 16 niñas se les practica un examen médico legal por presunto delito sexual. En 2015, según la misma organización, 6.000 niñas fueron víctimas de agresión sexual y más de 20 fueron asesinadas.

Yuliana es una de las niñas en el país que después de haber sido abusada sexualmente fue asesinada por su agresor. Sin embargo, no todas ellas llegan a primera plana ni se vuelven motivo de indignación y preocupación colectiva, y mucho menos logran que la justicia sea tan efectiva como lo fue en el caso de Yuliana.

¿La diferencia? El agresor de Yuliana parece ser el tipo de persona que por su apellido, profesión y procedencia socieconómica despierta más cubrimiento mediático: a pocas horas de conocerse la noticia, las notas que abundaban, al menos en medios como Las2Orillas, Publimetro y Semana, eran las que ahondaban en detalles de la vida del agresor de Yuliana.

Y si bien el caso provocó que el alcalde Enrique Peñalosa y hasta el presidente Juan Manuel Santos se pronunciaran sobre un problema que demanda atención urgente, y que de paso la justicia aplicara efectivamente la Ley de Feminicidio, causa malestar que un solo caso, y no tal vez una conducta sistemática, sea el que despierte la indignación. Son muchos. El problema es grande.

Los casos de niñas abusadas sexualmente abundan en el país, y abundan incluso en los medios. A sólo unas horas del caso de Yuliana, El Espectador publicó otro caso de una niña de 13 años en el Cauca que fue abusada y golpeada en la vereda Lomitas. Sin embargo, muchas otras noticias no han logrado el eco y la fuerza en redes sociales que sí ha tenido el caso de Yuliana, un fenómeno mediático en el que han pasado a segundo plano las razones estructurales que legitiman y posibilitan este tipo de agresiones para dar protagonismo al agresor, su pasado, su personalidad y hasta su Twitter.

Como forma de mostrar que las niñas como Yuliana son más de las que la indignación actual alcanza a ver, y que el escándalo y la urgencia debe sentirse en todos los casos en función de la importancia de la vida de las niñas y no de la de sus agresores, VICE recopiló otros casos de niñas que, tras ser abusadas sexualmente, fueron asesinadas en 2016.

El cuerpo de una niña de 12 años fue encontrado por varias personas de El Carmen de Bolívar, en los Montes de María, en un sector apartado del municipio. La niña presentaba marcas de maltrato y violación.

A Erika Beltrán, de 16 años, la encontraron estrangulada y con signos de abuso sexual en una zona de monte la mañana del domingo 24 de enero en el municipio de Soledad, Atlántico. La última vez que la habían visto, había sido el sábado en la noche cuando salió a un bazar con dos amigas. Lo siguiente que supo su familia de ella fue que había sido encontrada muerta, semidesnuda y con restos de arena y hojas en sus genitales. Hasta donde cubrieron los medios el caso, el CTI de la Fiscalía, quien se hizo cargo de la investigación, tenía a dos sospechosos de la muerte de Erika: un vecino que por mucho tiempo la estuvo acosando y un mototaxista con el que intercambió un par de llamadas antes de su muerte.

Kendry Mercado, una niña de 15 años que vivía en el barrio Don Jaca al sur de Santa Marta, murió después de recibir varias puñaladas al parecer por parte del papá de su pareja. El hecho sucedió presuntamente después de que el hombre de 60 años se acercara a tocarla con intenciones sexuales y de que ella se negara y gritara pidiendo ayuda. El hombre, que amenazó a otros tres menores de edad que se encontraban en la misma casa para guardar silencio y que luego de asesinar a Kendry huyó, fue denunciado por los familiares de la niña. Hasta la fecha de la publicación de la noticia, la coronel Sandra Vallejos Delgado, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, explicó que unidades de la Sijín habían iniciado operativos de búsqueda para dar con Ángel Martínez Mesa, el presunto agresor.

Raquel Camila, de 11 años, falleció después de estar en coma por 19 días debido a los golpes que recibió por parte de un sujeto que la atacó y la violó después de interceptarla camino a una tienda. El ataque tuvo lugar en el barrio Villa Diana de la localidad de Usme, en el sur de la ciudad, donde según el general Hoover Pinilla, de la Policía Metropolitana de Bogotá, se estaba ofreciendo una recompensa de 30 millones de pesos para cualquiera que ofreciera pistas que dieran con el agresor, cuya identidad seguía siendo desconocida.

En la vereda de San Luquitas, al sur del departamento de Bolívar, fue hallada muerta una niña de seis años con signos de violación y de asfixia mecánica. Horas antes la niña había salido de su casa a la tienda y cuando no volvió su mamá alertó a la comunidad que inmediatamente empezó la labor de búsqueda. Según una declaración que le dio la mamá de la niña al diario La Vanguardia, varios mototaxistas, que gritaban el nombre de la niña cerca a una zona montañosa, vieron salir corriendo por el monte a un hombre que hace poco había llegado a la vereda y que huyó del lugar donde luego fue encontrado el cuerpo de la niña.

Cuatro días después, Luis Agámez, el hombre de 27 años a quien la comunidad señaló como el presunto agresor y quien según el diario El Universal tenía una relación cercana con la niña, fue encontrado muerto a 15 minutos de donde se encontró el cuerpo de la niña. Dentro de las versiones que circulaban entre la comunidad, y que estaban siendo recogidas por la Policía del Magdalena Medio, varios miembros de la vereda aseguraban que el agresor, quien fue encontrado con tres impactos de bala, había sido ajusticiado por miembros de la guerrilla del ELN.

Una pareja llevó a su hija de dos años al Hospital de Suba el 15 de noviembre en la tarde, alegando que sufría de ataques de epilepsia. Según le contó la Policía Metropolitana de Bogotá al periódico El Tiempo, la mamá de la niña afirmó que durante varias horas antes la niña había tenido fiebre, por lo que decidieron llevarla al hospital. Después de algunas horas de intentar estabilizarla, en la que los médicos encontraron secuelas de más de un año de maltrato físico y de abuso sexual, la niña murió. Los padres, quienes luego fueron identificados como habitantes de calle, huyeron antes de que el personal médico pudiera informarles de la muerte de su hija. La investigación y la búsqueda de la pareja que llevó a la bebé al hospital quedó a cargo del CTI de la Fiscalía.

Una niña de cuatro años falleció en el Hospital El Tunal luego de haber ingresado el fin de semana anterior con signos de maltrato y de abuso sexual. La niña llegó al hospital luego de que su padrastro, quien luego fue detenido por ser el principal sospechoso, llamara una ambulancia el sábado anterior afirmando que había encontrado a la niña inconsciente sobre la cama. El coronel Óscar Rojas, oficial de la Policía Metropolitana, afirmó entonces que la niña sufría un trauma craneoencefálico severo. Aparentemente, la niña había estado el fin de semana al cuidado de su padrastro en la localidad Rafael Uribe Uribe, al sur de la ciudad, mientras que de su madre sólo se supo cuando las autoridades la buscaron como parte de la investigación, ya que nunca estuvo presente en el hospital durante el tratamiento de su hija.

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Si usted sabe de otro caso puede hacerlo llegar al correo tania.tapia@vice.com.

Nota del editor: Este artículo fue publicado el 6 de diciembre de 2016 y adaptado por la noticia de la condena a Rafael Uribe Noguera.