FYI.

This story is over 5 years old.

Pase y llore

Pase y llore: “A los desaparecidos, ni los veo ni los oigo”

El gobierno federal respondió en friega al informe de la CIDH sobre Ayotzinapa. Pero ese caso es una excepción: el resto de las desapariciones deja indiferentes a los funcionarios.

Ilustración por Mario Flores, síguelo en @mareoflores

.

El montaje del informe que presentan nuestros presidentes cada año, desde la época del PRI medieval, es tan ridículo que ya ni siquiera importa lo absurdo (y caro) que resulta. Podemos verlo así: durante varias semanas, la gente cercana al presidente (asesores, coordinadores de asesores, asesores de secretarios y sobre todo, achichincles de asesores, entre otros), anda en friega para encontrar las cifras que más le convengan al gobierno federal; no importa si se trata de algo relacionado con su labor o no tanto. También pueden buscar la mejor forma de disfrazar esas cifras, de distorsionarlas o de plano, modificar los criterios de trabajo durante el año anterior para presentar los datos de la manera que les dé la gana. Y así, cada primero de septiembre, al señor presi le llenan el Palacio Nacional con la gente más lambiscona del país, para que se dedique a decirle (a ella y a las cámaras) lo afortunados que somos por tenerlo.

Publicidad

El miércoles pasado, Peña Nieto presentó su tercer informe. El mayor suspenso consistía en anticipar cómo le iba a hacer para decir que el país está en las mejores manos. Es un decir. La verdad es que a ninguna persona digna de respeto puede haberle emocionado lo que pasara durante su larguísimo, interminable, "mensaje a la nación" o lo que dijeran las líneas de su informe. Pero es solo para dar una idea de lo idiota, y aburridísimo, que resulta el resto del asunto, por contraste.

No es necesario hacer una investigación doctoral para darse cuenta que el país anda malito. Malito al nivel de un perro atropellado en viaducto (con moquillo y sarna). Según números del Coneval, hasta el año pasado había dos millones más de pobres que cuando llegó Quique y el salario mínimo, que es un valor de referencia, tiene cada vez peor poder adquisitivo. Con el dólar tan esponjado como anda últimamente, la caída en ingresos petroleros, el crecimiento del subempleo y demás, no parece que la cosa vaya a mejorar pronto. Esto es solo por mencionar lo que pasa con la economía, el área en la que el presi y su equipo habían puesto todas sus canicas por la enorme confianza que tenían en las reformas estructurales, que han valido pito a lo grande.

Podríamos entrar también en el tema de la reforma administrativa disfrazada de educativa (uno de los muchos pasos hacia la privatización del sistema escolar), que no han podido aplicar, o el hecho de que cada vez se recorte más el presupuesto de cultura y el destinado a las universidades, mientras que el de propaganda (comunicación social, le dicen) aumenta. Pero creo que los ejemplos sobran a estas alturas. El área que pone mejor al descubierto, más que la ineptitud, el desprecio del gobierno federal por la amplia mayoría de nosotros, es su política de "seguridad" y los resultados que arroja.

Publicidad

Aunque Calderón quedó marcado de por vida (merecidamente) como el mayor responsable de la ola de violencia que comenzó casi desde el momento que tomó posesión, Peña Nieto parece un poco más a salvo de eso. Como que tiene a su disposición una cantidad enorme de recipientes para distribuir el rechazo que hay hacia él: su fracaso en prácticamente todas las áreas de gobierno, no solo en contención de la violencia (si es que le interesa contenerla, cosa que dudo), además de su lista interminable de evidencias de corrupción y su profunda estupidez. Pero Quique se tendría bien ganado el tener una reputación de criminal, por acción o por omisión, que fuera igual o mayor que la del anterior presi.

Una de las cartas fuertes de su reciente informe es la cifra de que, durante 2014, los homicidios dolosos (intencionales) se redujeron en un 24 por ciento, con respecto a 2012. Como este delito es el dato que más se comenta para dar una idea de los alcances de la violencia (supuestamente) causada por el narco, a Peña y su gente le parece que poner las cosas de esa forma daría la impresión de que está haciendo una tarea impecable y de que está arreglando los problemas que le heredaron. Pero incluso si en la estadística de homicidios terminara todo el asunto, habría un problemita: ese número que nos presume es presi no es cierto ni a medias, y él debe saberlo.


Relacionado: Los 43 que faltan: normalistas desaparecidos

Publicidad

Esas cifras se las pasó (o las mandó hacer con) el Sistema Nacional de Seguridad. La forma en que puedan haberlas arreglado para quedar así es, al final, lo de menos. Si algo le sobra al PRI son los trucos para distorsionar la realidad. El hecho es que año con año se ha documentado que el ritmo con el que suceden ejecuciones y otras formas de homicidios dolosos se ha mantenido por encima del sexenio anterior. Un trabajo reciente que hicieron periodistas del semanario Zeta (y que retomaron otros medios), da el número de 57,410 asesinatos intencionales desde que Peña Nieto tomó posesión. Son alrededor de 10 mil más que durante los últimos tres años de Calderón.

Ese dato bastaría por sí mismo para mostrar que el aparato del estado funciona cada vez peor a la hora de cumplir su tarea básica: garantizar la vida y seguridad de sus habitantes. Pero hay otro índice que puede resultar más grave en ese sentido, y es el que se refiere a las desapariciones. La investigación que aparece en este enlace tiene algunos meses de haberse publicado, pero muestra una tendencia que no parece haberse corregido: durante los dos primeros años de este gobierno, las desapariciones han ocurrido al doble del ritmo que sucedían con Calderón. De acuerdo con el autor, 13 personas diariamente. Si el periodo anterior fue el de las ejecuciones, éste podría ser el de las desapariciones.

La Segob reportó hace poco que en México hay actualmente cerca de 25 mil personas desaparecidas. Pero se trata de un número tomado de las denuncias que se han puesto ante los órganos ministeriales en cada estado. No creo que haga falta aclarar que muchas de las personas que se pierden lo hacen sin dejar rastro legal. El hecho de que no se denuncien puede estar relacionado con la falta de confianza hacia el aparato de justicia. Los familiares no reportan estos hechos debido a que lo sienten como algo inútil o porque tienen miedo. Es difícil no darles la razón.

Publicidad

De todas las personas que están desaparecidas, no hay manera de saber cuántas están muertas o de tener siquiera pistas de cuál puede ser su paradero. Y es en buena parte debido a que la PGR y el resto de las instancias encargadas de investigar este fenómeno lo tratan como si fuera menos importante que un asunto de calcetines perdidos: abandona las indagaciones, confunde evidencias por torpeza o a propósito, esconde información… Hay demasiados casos de desapariciones como para que la prensa difunda todo lo que se hace respecto a ellos, pero ni siquiera cuando el tema se vuelve demasiado visible la procu es capaz de fingir como que trabaja. Lo que sucedió con las multitudinarias fosas de San Fernando, por ejemplo, es un buen indicador de esto. En el archivo de las investigaciones se confundieron expedientes, se ignoraron datos clave y se mintió a los familiares. También, a pesar de que se habían encontrado más fosas mientras más se excavaba en el sitio de las otras, en algún momento dejaron de hacerlo, sin dar explicaciones. Al parecer, la tirada era que el problema no creciera mediáticamente. Algo sobre el desmadre en que se convirtió la investigación de San Fernando puede consultarse aquí.

Un desastre como el que representa la labor de la PGR en relación con San Fernando solo puede explicarse con un gran componente de encubrimiento, además de la evidente incompetencia. Pero su actuación en el caso de casos, el de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, es casi encubrimiento al cien por ciento. Solo habían pasado unos cuantos días del crimen, cuando ya habían aparecido indicios de que la participación de autoridades iba mucho más allá del alcalde Abarca y su esposa. Se acumularon numerosas evidencias de que el ejército había prestado ayuda, por su inacción, a los culpables, o de que ellos habían participado directamente en los hechos. Pero en las indagatorias, la prioridad todo el tiempo ha sido exculpar a los verdes.

Publicidad

Ahora, la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) y el grupo de investigadores que formó para dictaminar lo sucedido la noche del 26 de septiembre, han explicado detalladamente que la principal (y en realidad, única) hipótesis con que trabajó la PGR es una pendejada inverosímil. En particular, ha descartado la posibilidad de que los estudiantes hayan sido incinerados en el basurero de Cocula, y se pronuncia por la necesidad de incluir otras líneas de investigación, a la luz de las pruebas.

La presentación de este informe tuvo una exposición amplia y, a unos días de que se cumpla un año de la noche de Iguala, el trabajo de la CIDH amenaza con jugar un papel en el llamado a nuevas movilizaciones y lo que para varios sectores podría ser la reactivación de la protesta (aunque ésta nunca ha disminuido de intensidad en lo que toca a los alumnos y padres de Ayotzinapa). Peña Nieto, o quien le hace la tarea, seguramente tomó nota de esto y por eso tanto él como la Segob y Arely Gómez (de la PGR) se apresuraron a decir que, cómo no, tomarían muchísimo en cuenta todo lo que dicen estos señores, que qué grave y qué escándalo. La procu federal hasta salió a decir que prácticamente reiniciaría las investigaciones. Con esto, admiten tácitamente que la estuvieron cagando durante un año. (Igual, yo no me emocionaría con la posibilidad de que eso llegue a implicar sanciones para funcionarios de primer nivel, como Murillo Karam).

Pero la atención que merece el tema de Ayotzinapa en los primeros niveles de gobierno es una excepción dentro del mapa de desapariciones. La inmensa mayoría de los casos no se resuelve y para el gobierno federal resulta cómodo que no queden evidencias de lo que sucede con esos miles de personas que caen silenciosamente en el olvido (a excepción de unos cuantos familiares y amigos). Peor, para la gente cercana a la víctima, no queda jamás la certeza de lo que le sucedió, mucho menos la posibilidad de que se haga justicia.

Los pocos hilos que se encuentran, que tal vez podrían llevar a algo, serán casi seguramente abandonados y no llevan a nada bueno. Las más de las veces se trata de fosas clandestinas que parecen extenderse por todo el subsuelo. Tan solo el pasado primero de septiembre, el mismo día que EPN entregaba orgulloso su informe al congreso, el mismo informe en el que presumía la falsa disminución de la violencia, se anunció el descubrimiento de 31 mil piezas de "restos óseos humanos". No se sabe (y falta por ver si se quiere determinar; o si les dé la gana comunicarlo si llegan a saberlo) a cuántas personas pertenecen estas piezas, ni se tienen pistas de qué fue lo que las hizo terminar ahí. Supuestamente, solo hay reportes de 825 personas desaparecidas en ese estado, lo que demuestra lo deficientes que son esas cuentas (como las que canta la Segob). El descubrimiento se hizo no gracias a una ardua labor de investigación, sino a que la lluvia deslavó un terreno y los puso al descubierto. Por accidente, pues.

Sigue a la única gatita que escribe para VICE:

@infantasinalefa