¿Cómo llegamos a esto?: Cronología de una década de guerra (Segunda parte)

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¿Cómo llegamos a esto?: Cronología de una década de guerra (Segunda parte)

La violencia y las muertes en estos diez años son resultado de las fallidas políticas de drogas adoptadas por el gobierno mexicano; este es un recuento año por año de cómo llegamos este punto.

1. Diciembre 2011- diciembre 2012

Para febrero de 2012, tras cinco años de guerra, el estado de Michoacán recibiría un reabastecimiento de las fuerzas de seguridad en personal, armamento, vehículos y apoyo logístico. Para entonces los Caballeros Templarios se habían consolidado y se disputaban el territorio con Los Zetas y el Cártel del Golfo.

Durante la campaña presidencial, tanto el PAN como la alianza PRD, PT y Movimiento Ciudadano denunciaron el financiamiento ilegal por medio de tarjetas de débito emitidas por Grupo Financiero Monex. Pero al profundizarse la investigación —según muestran los documentos oficiales del entonces IFE— se encontró que Grupo Comercializador Cónclave, encabezada por un operador financiero del Cártel de Juarez, Rodolfo David Dávila Córdova, realizó aportaciones por casi $700,000.00 pesos al fondo de las tarjetas Monex. César González Rodriguez, socio del Grupo Cónclave, también figura como socio de Akrópolis, la cual realizó depósitos a estas cuentas por 1 millón 409 mil pesos. Grupo Cónclave y Prodasa, representada por Roberto Javier Dávila Córdoba, cobraron mediante contratos con el gobierno federal 396 millones de pesos para la Cruzada contra el hambre por servicios que nunca realizaron a través de sus empresas "fantasma".

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Ante su próxima salida del poder, en septiembre de 2012 Felipe Calderón reconoce ante la ONU que los países de producción y tránsito estamos pagando las muertes del sistema prohibicionista de drogas y propone que se pongan en balance los alcances del mismo para transformarlo si es necesario. México, Colombia y Guatemala fueron los países convocantes a la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas para evaluar el actual sistema internacional de control de drogas, celebrada el 20 de abril de 2016.

Cómo una de sus acciones finales, Felipe Calderón adelantó la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) con la intención de probar la necesidad de atender urgentemente el consumo de drogas y declarar una guerra al narcotráfico. Además de cambiar la periodicidad de 6 a 3 años sin un sentido claro, la ENA tiene carencias metodológicas. Por una parte, el indicador de prevalencia de consumo que se utiliza es el resultado de preguntar si ha consumido alguna sustancia alguna vez en la vida, lo cual no da información real sobre las tendencias y patrones de uso de la población. Por otra parte, la selección de la muestra y la forma de realización resulta excluyente de poblaciones especialmente relevantes para este tema.

2. Diciembre 2012 - diciembre 2013

El 1 de diciembre, Enrique Peña Nieto asumió la presidencia entre protestas y cerco policíaco. El primer día de gobierno terminó con casos de tortura, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza pública que derivó en la muerte de Juan Francisco Kuykendall tras un año y un mes de permanecer internado por un impacto de bala de goma de la Policía Federal.

En una de sus primeras acciones de gobierno y quizá la más simbólica, aprobó la Ley General de Víctimas construida en el contexto del MPJD y los diálogos; sin embargo la Ley y los órganos derivados de ella se quedarían inoperantes por falta de presupuesto y trabas burocráticas. En la actualidad, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México se ha convertido en un referente en esta batalla legislativa por la reparación, la verdad y la memoria.

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En el mismo 2013 el capo del extinto Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, fue liberado de prisión por medio de un amparo. A pesar de que en una entrevista niega su involucramiento en el mundo del narcotráfico, la DEA ha difundido reportes sobre las alianzas que ha construido a raíz de la posterior reaprehensión del Chapo.

En febrero de 2013 en Michoacán varios municipios se levantaron en armas para defenderse del cártel de Los Caballeros Templarios ante la colusión y vacío de las autoridades estatales y federales. Los grupos de autodefensa, compuestos en buena medida por productores locales de aguacate y limón, lograron recuperar poblados de manos de los grupos de narcotráfico. Michoacán se volvió un punto geopolítico estratégico por su conexión por el Puerto de Lázaro Cárdenas hacia China, y hacia Estados Unidos con el tren Kansas City Southern México, en Nuevo Laredo, así como su amplia producción de hierro y aguacate. El control territorial originalmente vinculado al narcotráfico en las zonas cercanas al puerto se expandió al control de las rutas de comercio internacional legal.

El 20 de mayo se presentó el Plan Nacional de Desarrollo, con 5 ejes: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero, México con Responsabilidad Global. El cambio de discurso en cuanto a las atribuciones y deberes del gobierno federal fue absoluto; de la guerra abierta al discurso de la construcción de paz militarizada. Sin embargo, la ejecución de las políticas económicas y de seguridad se mantuvieron en el mismo sentido.

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Poco después se presentó el Programa de Acción Específico "Prevención y Atención Integral de las Adicciones", que establece líneas generales de vinculación de la Comisión Nacional contra las Adicciones con dependencias como la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa y Pemex, más allá de delinear acciones específicas. Además mantiene la evaluación de las políticas de drogas a partir del recuento de acciones realizadas y no del impacto de dichas acciones.

3. Diciembre 2013- diciembre 2014

En febrero de 2014, el gobierno federal logró la captura de Joaquín Guzmán —que había escapado de la prisión de Alta Seguridad de Puente Grande, Jalisco, en 2001—. Con la detención del narcotraficante más buscado se avecinaba un nuevo reacomodo en las alianzas, territorios y dinámicas de las organizaciones criminales.

El mismo año la Comisión Federal de Seguridad en Michoacán negoció con algunos grupos de autodefensas el registro de armas y la operación coordinada. Esto significó la disolución de grupos de autodefensa bajo la figura de Fuerza Rural coordinada por el comisionado Alfredo Castillo. En los próximos meses se detuvo a Manuel Mireles y cientos de miembros de las autodefensas que no quisieron alinearse en la Fuerza Rural, por el delito de portación de armas (incluso cuando ya habían pasado por el proceso de registro). La Fuerza Rural y los grupos de autodefensas permanecieron en el frente de batalla sin financiamiento o apoyo del gobierno, aun bajo la nueva alianza.

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En junio, 22 personas fueron encontradas muertas en una bodega en Tlatlaya, Estado de México. El informe que elaboró la Comisión Nacional de Derechos Humanos reporta que el ejército ejecutó por lo menos a 15 de las 22 personas una vez que se habían entregado, a pesar de que la versión de los gobiernos estatales y federales difundieran que murieron en un enfrentamiento entre los militares y grupos de narcotráfico. Este se convirtió en uno de los casos emblemáticos del sexenio en términos de ejecuciones extrajudiciales e impunidad por parte del ejército.

En julio de 2014 se anuncia el Programa Frontera Sur en el que se plantean acciones con el objetivo de proteger a los migrantes que atraviesan el país. Una de las principales iniciativas fue evitar que las personas migrantes utilizaran el tren de carga que es, al mismo tiempo, un riesgo y la única opción de movilidad para muchas personas. Esto las obligó a buscar y construir nuevas rutas, exponiéndose a nuevos riesgos frente a las organizaciones criminales que controlan las rutas de tráfico de mercancías y personas.

La noche del 26 de septiembre de 2014 marcó al país entero por la brutalidad de los sucesos. Esa noche estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa fueron atacados por policías: 6 murieron esa noche (3 no eran normalistas), 43 fueron detenidos, entregados a un "grupo criminal" y desaparecidos a partir de ese momento.

El 4 de octubre se destaparon seis fosas clandestinas cerca de Iguala en las que se hallaron 28 cuerpos. La Procuraduría General de la República se hizo cargo de la investigación diez días después de la desaparición. El 6 de octubre fue la primera vez que Peña Nieto habló sobre el caso:

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"Lamento de manera muy particular la violencia que se ha dado y, sobre todo, que sean jóvenes estudiantes los que hayan resultado afectados y violentados en sus derechos en el municipio de Iguala".

Además de llamar a la desaparición forzada de 43 personas una "afectación", no habló de buscar a los jóvenes desaparecidos, que es la principal demanda de los padres y madres. Esto marcaría la línea de la investigación cuya versión final dependerá de testimonios de los supuestos responsables y obtenidos mediante tortura. La tortura fue reconocida como una práctica generalizada en el país por el relator especial de la ONU.

El mismo día la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó medidas cautelares en favor de los estudiantes normalistas al Estado mexicano. La ONU y la OEA, Amnistía Internacional y el Papa también se pronunciaron por una búsqueda efectiva.

Después de revelarse que los restos hallados en las fosas no correspondían con los normalistas, surgió la pregunta: ¿quiénes estaban en las fosas y qué tantas fosas hay por todo el país? El 12 de noviembre la CIDH formalizó un acuerdo para dar asistencia técnica en el caso.

El 27 de noviembre, tras dos meses sin otra respuesta, Peña Nieto anunció 14 medidas en seguridad, justicia y desarrollo económico que incluyen expedir leyes generales en materia de derechos humanos entre los que se incluye crear el reglamento de la Ley General de Víctimas creada dos años antes.

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4. Diciembre 2014 - diciembre 2015

En diciembre de 2014 se confirmó la identificación de restos humanos pertenecientes a Alexander Mora Venancio, uno de los 43 desaparecidos.

El 27 de enero de manera muy fría, frente a medios y familiares de los desaparecidos, Murillo Karam —entonces Procurador de la República— narró su versión de los hechos a partir de los testimonios de los supuestos perpetradores diciendo que fueron calcinados en el basurero de Cocula y posteriormente arrojados al Río San Juan. En seguimiento al acuerdo firmado por el gobierno y la CIDH, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que se asignó al caso determinó que la llamada "verdad histórica" no tenía bases científicas y no era verosímil. También encontraron un quinto autobús involucrado en la noche del 26 de septiembre, vinculado a una cadena de tráfico internacional de heroína con aparente complicidad de autoridades civiles, policíacas y militares. La PGR lo había omitido de su expediente. La investigación del GIEI también mostró que el Ejército estuvo al tanto de todo lo que sucedió desde horas antes, durante y después de la desaparición y los homicidios mediante un sistema de comunicación coordinado con otras instancias de seguridad.

En el mismo mes de enero de 2015 la Policía Federal —entonces bajo mando del Comisionado Federal de Seguridad de Michoacán Alfredo Castillo— perpetró la masacre de Apatzingán. En la madrugada del 6 de enero, policías federales irrumpieron a balazos en un plantón de integrantes y simpatizantes de la Fuerza Rural afuera del Palacio Municipal de Apatzingán porque su grupo de autodefensa había sido disuelto por Castillo sin recibir los sueldos acordados y sin cumplir su objetivo de sacar a los Templarios. El saldo son 16 ejecuciones extrajudiciales, decenas de heridos y un comisionado que reportó 8 heridos en fuego cruzado y un atropellado.

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En abril del 2015 el GIEI presentó sus conclusiones de la investigación, y publicaron un video en el que Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal, realiza una diligencia no acordada un día antes de que la PGR reportara el hallazgo de restos óseos identificados con Jhosivani Guerrero y Alexander Mora, en el mismo lugar. Sin embargo, ninguna de las partes coadyuvantes en la investigación pudieron acreditar el momento o lugar del hallazgo, por lo que se iniciaron investigaciones por posible alteración de la evidencia hacia Tomás Zerón.

El 11 de julio, Joaquín Guzmán se escapó nuevamente de una prisión de máxima seguridad, la del Altiplano en el Estado de México. Su fuga la logró mediante un túnel que iba del baño en su celda a un terreno en obra a 1,500 metros de distancia.

A partir del descubrimiento de las fosas clandestinas en las que no estaban los 43 de Ayotzinapa, diversos colectivos de familiares de personas que han sido desaparecidas decidieron emprender su propia búsqueda y salieron a los cerros a buscar y escarbar más fosas hasta encontrar la identidad de las personas ahí enterradas. Además del movimiento en solidaridad con Ayotzinapa y sus víctimas, la evolución natural del MPJD en este contexto condujo a que los colectivos de familiares de personas desaparecidas emprendieran sus propios procesos organizativos y se constituyeran en una fuerza política importante y necesaria.

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En cuanto a la atención a las drogas desde la perspectiva de salud pública, en julio de 2015 el CONADIC junto con la Semar y Sedena firmaron un convenio de colaboración bajo el nombre Súmate ENFA, Esfuerzo Nacional Frente a las Adicciones, en el que se establece que diseñarían campañas de prevención de uso de drogas y que las implementarán las fuerzas armadas. Con la militarización de la salud pública en la atención a las adicciones, redujeron el tema a una falsa dicotomía de adicción o abstinencia que les permite mantener los incrementos presupuestales a las fuerzas armadas justificándolo en la expansión de sus funciones. Esta campaña, con su metodología, alcances, mensaje y estrategia no son aún de conocimiento público y la página y redes sociales de Súmate ENFA están congeladas desde su lanzamiento.

Con el caso Ayotzinapa se abrieron procesos de observación internacional en México, y los relatores especiales para tortura y desaparición forzada, así como diversos Comisionados de la CIDH emitieron recomendaciones especiales para el Estado mexicano en por lo sistemático de las violaciones. La respuesta fue de negación absoluta, acusando a los organismos internacionales de ser parte de un esfuerzo orquestado por dañar la imagen de México y su gobierno, marcando una distancia muy grande en términos de cooperación.

Ante el contexto de distanciamiento de los organismos internacionales y con UNGASS acercándose, el gobierno federal en su mas alto nivel se vio forzado a participar del debate sobre la necesidad de cambiar la política de drogas a un enfoque no prohibicionista ni de guerra. El Secretario de Gobernación fue el encargado de representar al Estado ante la ONU en las reuniones preparativas en las que hablaba del costo social de la prohibición.

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5. Diciembre 2015 - noviembre 2016

Empezando el 2016, el Gobierno Federal logró localizar y detener nuevamente al Chapo, quien sigue preso hasta el momento en espera de un proceso de extradición a los Estados Unidos. El reacomodo criminal ya estaba operando y según la agencia de investigación InSight Crime, Caro Quintero había reconstruido alianzas y se preparaba para retomar el poder que tenía el Cártel de Sinaloa.

Previo a la UNGASS, EPN presentó una iniciativa de descriminalización de cannabis hasta 28 gramos para consumo individual, que le permitió dar una imagen progresista. Para esta iniciativa no logró convencer ni a su propio partido y no tuvo ningún avance. Peña Nieto se presentó y fue aplaudido por funcionarios de todo el mundo al pronunciar un discurso absolutamente distinto a las políticas que implementaba. La UNGASS al final fue una oportunidad desperdiciada por los países para empezar un cambio de paradigma necesario.

Mientras tanto, la implementación real de la política de drogas siguió y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México le hizo frente al miedo y al olvido creando la primera Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos con su primera encomienda en el estado de Veracruz. Cientos de familiares de personas desaparecidas y activistas de todo el país estuvieron escarbando, buscando y encontrando restos óseos para informar a las autoridades sobre su ubicación para que realicen las diligencias necesarias y no estropear la escena. Después de Veracruz, la brigada fue a la fosa clandestina de Tetelcingo en Cuautla, Morelos, y ahora prepara una tercera Brigada de Búsqueda para 2017.

En agosto en Puerto Vallarta, el Cártel de Jalisco Nueva Generación levantó a dos hijos del Chapo. Además, Tijuana entre grupos del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, lo que hace evidente una ruptura anunciada y un cambio en la repartición del territorio y las dinámicas de control del mismo.

Entre los resultados más evidentes de estos diez años de guerra podemos contar que el consumo de drogas aumentó menos de 1% y que al año 2016 la principal causa de muerte en personas jóvenes es el homicidio, que el grado de inversión en educación, salud o políticas de generación de empleo es mucho menor al que se dedica a las políticas de seguridad militarizada, y que la represión, oficial y para-oficial, hacia quienes ejercen el periodismo es cada día mayor. Casos como el multihomicidio en la Narvarte, las distintas agresiones a Carmen Aristegui y su equipo, las amenazas constantes al Semanario Zeta y otros en el norte, así como los homicidios a periodistas en Veracruz y todo el país, dan cuenta de la mezcla de fuerzas que ejercen en la práctica la represión.

Durante todo el sexenio la impunidad a nivel federal y estatal se ha mantenido como uno de los ejes transversales, y este recuento sólo nos permite recorrer algunos sucesos simbólicamente para reconocer la diversidad de consecuencias de la llamada Guerra contra el narco. Sin embargo, la violencia ha cobrado miles de víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, y han aumentado delitos como el homicidio, la trata de personas, el feminicidio y la violencia sexual que hacen parte del contexto generalizado de impunidad que se refleja en que el 99% de los delitos no tienen castigo.

Miguel Villegas forma parte de ReverdeSer Colectivo.