Desapariciones forzadas, las sombras que persiguen el gobierno de EPN

Fotos por Estefanía Camacho.

Sandra Luz Hernández de 50 años fue asesinada el 12 de mayo en la calle y a plena luz del día. Con 15 balazos, el cuerpo de la mujer activista yacía frente al palacio de gobierno de Culiacán, Sinaloa.

Su hijo de 25 años trabajaba en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Sinaloa. En 2012, fuerzas armadas entraron a su casa y se lo llevaron. Desde entonces, Sandra Luz se dedicó a buscar a su hijo y se unió al colectivo de Madres de Hijos Desaparecidos.

Sandra Luz habría ido ese día a la Procuraduría para reunirse con funcionarios y posteriormente se vería con alguien que la contactó para supuestamente proporcionarle información sobre la ubicación de su hijo. Sin embargo se encontró con su asesino, quien le disparó en la cabeza. Más tarde los peritos recogieron 15 casquillos de pistola calibre .9 milímetros.

La ocupación de Sandra no era precisamente una amenaza para nadie: vendía planes de telefonía celular y cosméticos por catálogo.

Desde agosto de 2013, Sandra Luz se dedicó a recolectar pistas e información que la llevaran a su hijo. Y también denunció la omisión por parte de las autoridades y sobre todo del gobernador Mario López Valdez por no cumplir sus promesas. El gobernador, Malova, le dijo al colectivo que les ayudaría en la búsqueda, pero les echó en cara que como padres "tenían culpa".

Según narró Sandra a una reportera del diario Noroeste de Sinaloael 8 de agosto de 2013, ella no se quedó callada ante el juicio del funcionario y le respondió: "Aquí no estamos para que usted nos diga cómo debemos de ser como padres, porque en todo caso yo le diría a usted cómo debiera ser como gobierno y que no ha hecho nada".

"Ya no sé qué es mejor pensar: vivir con la esperanza de que él está vivo o hacerme la idea de que él ya está muerto", declaró Sandra en 2013 al diario sinaloense.

Según la prensa local, la mujer de 50 años era quien movía a los funcionarios en la búsqueda, ya que ella misma se convirtió en la investigadora. Así funciona en México; sabes que no puedes contar demasiado con las autoridades y que lo mejor será, si es que quieres avanzar en tu caso, hacerlo por ti mismo.

De hecho, el subprocurador general de Justicia de Sinaloa anunció que la investigación del asesinato de Sandra se investigaría a partir de documentos que ella misma presentó durante su búsqueda.

Inevitablemente el caso evoca otro similar, pero en 2010 y en Chihuahua, cuando asesinaron a la activista Marisela Escobedo Ortiz, justo cuando protestaba por el asesinato de su hija Rubí Marisol, ocurrido en 2008. El cuñado de Marisela, Manuel Monge, también fue secuestrado y asesinado. Además, otros hijos y una sobrina de la activista tuvieron que pedir asilo en EU tras recibir varias amenazas de muerte.

Desapariciones forzadas

El problema de las desapariciones forzadas en México comenzó a ser latente desde el 2006, el año en que también el entonces presidente Felipe Calderón declaró hacer frente a la delincuencia organizada. En seis años, se registraron más de 26 mil personas desaparecidas, según un informe de Amnistía Internacional, de las cuales varias son víctimas de desapariciones forzadas en las que hay funcionarios implicados.

Una desaparición forzada, según el mismo informe, es el arresto, detención, secuestro u otra forma de privación de libertad obra de agentes del Estado o personas que actúan con la autorización de éste. Además, se caracterizan por la negativa en reconocer tal privación de libertad o el paradero de la víctima.

Las desapariciones forzadas en México datan desde la "guerra sucia" que empezó con los movimientos estudiantiles en la década de los 60s, en donde Amnistía registra 700 casos aún no resueltos de personas detenidas por policías o fuerzas de seguridad durante operaciones lanzadas contra pequeños grupos.

Asimismo, en 2003, Amnistía Internacional inició la documentación de las desapariciones y feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La magnitud de las cifras ha sido tal, que el propio secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, le envió recientemente una carta al presidente Enrique Peña Nieto en la que pide que se adopten medidas efectivas y duraderas para abordar los actuales patrones de desapariciones, tortura y detenciones arbitrarias.

Además destacó como una "medida crucial" la determinación del gobierno para garantizar que las fuerzas de seguridad y otros funcionarios públicos implicados en violaciones graves de derechos humanos, como desapariciones forzadas, comparezcan ante la justicia y que las víctimas reciban una reparación de daños.

Lamentablemente los avances han sido pocos para celebrar; la organización internacional también señaló que desde la reunión que mantuvo Salil Shetty con EPN en febrero, que duró aproximadamente 40 minutos, notaron que su gobierno ha sido “reacio” a asumir claros compromisos públicos sobre derechos humanos.

El mensaje que dan las autoridades desde finales de los años 60s es que no hay repercusiones como tal; que las desapariciones forzadas y los peligros que corren los familiares de las víctimas son sucesos cotidianos y que si desaparecen a tu hijo, hermana, esposo, padre e intentas investigar, te van a asesinar. Ese es el mensaje del gobierno y por el que siguen sin responder.

Sigue a estefanía en Twitter:

@unaestefania