Diez años de la guerra contra el narco: cómo hacer frente a una década de violencia

En diciembre de este año se cumple una década desde que fue desatada una guerra en México, la por todos conocida Guerra contra el Narco que inició Felipe Calderón. Esta particular guerra está compuesta por muchas otras, entre las cuales, la que se ha sostenido contra las drogas es uno de los principales elementos legitimadores de la estrategia de militarización en el país y también del gobierno en turno mediante la estrategia de seguridad nacional. A este tipo de guerra se le conoce como guerra de espectro amplio.

Ante este panorama Pablo González Casanova nos invita a reconocer cada uno de esos espectros y plantearnos: "cómo se lucha y gana pacíficamente en una guerra de espectro amplio como la diseñada por el Pentágono. Si uno de los espectros es la guerra violenta y armada, podemos luchar en los otros que comprenden la guerra informática y cibernética, la guerra contra la educación, la guerra contra la cultura, la guerra económica con la deuda externa y derivados, la guerra social que deshace el tejido comunitario, familiar, de clase; la guerra ideológica y seudocientífica neoliberal, cínica, recolonizadora y neofascista: la guerra que destruye la biosfera y la guerra que siembra el terror acompañadas de la guerra inmoral para cooptar, macrocorromper y someter a una humanidad a que se rinda y se venda".

En Estados Unidos la investigadora de la Universidad Estatal de Ohio Michelle Alexander expone en su libro The New Jim Crow cómo la guerra contra las drogas sólo ha sido la última faceta del sistema de exclusión social de nuestro vecino del norte ante diversos sectores sociales. En particular señala cómo en ese país la prohibición fue originada para mantener excluidos a ciertos sectores poblacionales de la posibilidad de ejercer sus derechos políticos o que se incorporaran como ciudadanos en plena igualdad de condiciones. Es por ello que la prohibición y criminalización del opio sirvió para excluir a las comunidades orientales que se asentaban en Estados Unidos; lo mismo sucedió respecto de la cocaína, para excluir a grandes poblaciones de personas negras o afroamericanas, y la prohibición de la mariguana a enormes comunidades de migrantes mexicanos y centroamericanos.

Hay un puente tendido entre el 11 de diciembre del 2006 —el renombrado y solemne día en el que Felipe Calderón declaró su guerra contra el narcotráfico— y noviembre del 2016 por debajo del cual ha pasado mucho agua, tanto que el río se ha desbordado hasta inundarnos de sangre. Por ello es que todos y cada uno de los ejercicios que realicemos para saber quiénes son las llamadas víctimas de la guerra resultan indispensables para nuestro país y, en general, para casi todo el Sur Global.

¿Quiénes son las llamadas víctimas de la guerra ?

Son personas, nombres, historias, testimonios, dolores, ausencias presentes, seres humanos. Son Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado (asesinados fuera del Tec de Monterrey el 19 de marzo de 2010), son Luis Ángel León Rodríguez (policía federal desaparecido en Zitácuaro, Michoacán, hace siete años junto con seis compañeros y un civil), son los hermanos Trujillo Herrera, son Marco Antonio Orgen, son Aguas Blancas, Acteal, Apatzingán, los de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, San Fernando, Ayotzinapa, quienes se encuentran en las fosas de Tetelcingo, Ciudad Victoria, Sinaloa, Veracruz, Guerrero, son las personas que estaban en el Casino Royale y en el Heaven, son las mujeres de Ciudad Juárez, son las y los decenas de miles que aún no tienen nombre.

Son tantos casos, tantas las vidas laceradas por la guerra en este país que requerimos de una Comisión de la Verdad —como la que se instaló en Oaxaca y Guerrero— a nivel nacional para poder hacernos una idea de la dimensión de esta crisis humanitaria, ya que algún día necesitaremos hacer un informe como el Guatemala: Nunca Más, en el cual se recopilaron 5,180 testimonios de víctimas y sobrevivientes así como diversos estudios sobre problemáticas relacionadas con la violencia en nuestro austral vecino hace casi 20 años.

¿De qué son víctimas?

De todos los crímenes catalogados en el Código Penal, de violencias nuevas que rebasan los límites de la imaginación, de crímenes anónimos no porque su perpetrador(a) no tenga nombre, sino porque la acción aún no ha sido catalogada. Son víctimas de la violencia estructural y sistémica ( violencia de género, desigualdad social, carencias extremas, exclusión social, masacres masivas y de la falta de interés histórica por parte del Estado por incluirles política y económicamente); también de la violencia del Estado el cual viola todos y cada uno de los Derechos Humanos de tantísimas personas, como las mal llamadas "asesinadas extrajudicialmente": todo asesinato es extrajudicial en un país que no contempla la pena de muerte al interior de su territorio, como también lo son las desapariciones forzadas y los falsos positivos: aquellos civiles acusados, sin ningún fundamento, de participar en actividades del crimen organizado, a menudo víctimas de tortura para que se autoincriminen o incriminen a otras personas…).

Son pueblos enteros, víctimas de despojo de tierras; criminalización; imposición de megaproyectos sobre sus comunidades; encarcelamientos masivos; asesinatos; violaciones; discriminación; comercialización de sus saberes ancestrales; hostigamiento por parte del crimen organizado y de las fuerzas públicas; feminicidios; fumigaciones aéreas; contaminación por el fracking; asedio permanente de delincuentes; desaparición forzada; ofensas contra radios comunitarias y medios libres y alternativos; saqueo de recursos naturales por parte de sicarios acompañados de policías y militares; militarización y paramilitarización de sus territorios; persecución de líderes comunitarios; invasión de cultivos transgénicos; el terrible maltrato a las personas migrantes; la pérdida de áreas de cultivo para la construcción de carreteras, aeropuertos y gasoductos, los cuales generan ganancias principalmente a capitales extranjeros; la destrucción y privatización de lugares sagrados; la deforestación y saqueo de los bosques operados desde el gobierno en complicidad con grupos narcoparamilitares; la desintegración del tejido social y comunitario, y el secuestro, como expusieron el Congreso Nacional Indígena y el EZLN en su reciente encuentro en Chiapas.

Son personas que han padecido en alguna de sus dimensiones alguno o varios de los 23 Tipos de delitos organizados monitoreados en 107 países.

Son Familiares en Búsqueda, un grupo dedicado a la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos —como Doña María Herrera y los miles de familias y colectivos que conforman la Red de Enlaces Nacionales, la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas—. Son los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa. Son quienes se han reunido bajo la identidad del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos. Son quienes dieron vida junto a Javier Sicilia al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Son quienes marchan en Caravanas por la Paz, la Vida y la Justicia, como la que en estos días recorre Colombia (del 10 al 22 de noviembre) dialogando de manera directa y cotidiana con comunidades que en e se país suramericano han sido víctimas directas de las violencias pero, pese a ello, realizan acciones significativas en favor de la paz y la reconciliación.

Estas son algunas de sus voces:

Video por Luis María Barranco, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

En particular, a las familias de las llamadas víctimas de la desaparición forzada en México, quienes se encuentran en la extenuante e incansable labor de buscar y encontrar a sus seres queridos desaparecidos, se les puede apoyar de una manera muy directa: con información, ya que cualquier dato sobre los lugares donde puedan estar estas personas, ya sea con vida, o sin ella, es invaluable.

A toda la sociedad nos corresponde comprender que en este infierno en el que vivimos el hecho de saber dónde se encuentra el cadáver de tu hijo, madre, padre, hermana, amigo, primo, conocida, persona, es un tesoro de incalculable valor. Cualquier información del paradero de un ser querido — sí, así como suena— , por más atroz que sea (cárcel, fosa común, huesos, zonas de campos en los que haya personas enterradas, casas de secuestro, etcétera), es un bien que no tiene recompensa suficiente y, sin embargo, se paga. Sí, nos tocó vivir este momento de la historia en el que encontrar el cuerpo de tu hijo en una fosa es una buena noticia.

Y la pregunta surge: ¿A quién canalizo esta información? ¿Con quién la comparto? ¿Cómo hacerlo si se oculta de la autoridad —quien suele estar involucrada en alguna medida–?

Y las respuestas las tenemos que construir, ya que no hay una sola.

Por supuesto que tenemos que construir instituciones que funcionen adecuadamente, que busquen a quienes no están, que atiendan sus necesidades y las de sus familias en el proceso, que reparen el daño que han causado, pero, mientras tanto, tenemos que ir juntando y utilizando toda esta información.

¿Cómo? En la medida de lo posible, haciéndola pública. La realidad allí está, esos seres queridos, esos campos sembrados de cuerpos, esas personas desaparecidas están en algún sitio; si lo visibilizamos entre todos se difunde más esta información y se generan herramientas para hacerle frente al monstruo que dicen que tiene forma de hydra (como lo hacen con tanta dignidad y honrosa valentía comunicadores, periodistas, radios comunitarias, medios libres, redes sociales y, a través de todos los medios posibles, muchísima gente, día con día, a pesar de los riesgos que ello implica).

Y si no se puede hacer pública, otra vía es canalizarla directamente a quienes pueden hacer el mejor uso de ella, como a la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en cada zona que recorra, como cuando pasó por Guerrero y por Veracruz: muchísimas personas anónimamente revelaron el paradero de cientos de sitios en los que se encontraron restos humanos, fosas comunes, lugares de detención ilícita y demás espacios donde se encontraban sus familiares desaparecidos, y si no los suyos, los de alguien más.

Firmando sus peticiones, fortaleciendo sus voces, contribuyendo a financiar su loable y nunca deseada labor, que realizan por y para ellas mismas por necesidad y para que deje de ocurrirles… y ocurrirnos.

Las llamadas víctimas de la guerra son incalculables como el dolor, el amor, lo que no son números de toda esta cuenta. Sin embargo, están las cifras, que no dan cuenta de esa realidad pero sirven para dimensionar el tamaño de la crisis humanitaria y de la cantidad de esas violaciones graves a derechos humanos; aún así, esas cifras también son incuantificables.

No obstante, también ya sabemos que no sabemos, sabemos que los mexicanos sólo sabemos una décima parte del terror de la Guerra contra el narco.

Tenemos las cifras de lo que sí sabemos, como por ejemplo las 58,611 muertes por violencia contadas desde el 12 de septiembre de 2010 del conteo nacional que se realiza desde Nuestra Aparente Rendición, las que reportan los informes sobre Violaciones graves a los derechos humanos en la Guerra contra las drogas en México entre las que se incluyen también las de quienes han padecido del desplazamiento interno forzado, de la desaparición forzada, de las ejecuciones extrajudiciales, entre otros.

Conocemos también las cifras oficiales que indican que en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) se reconoce de manera oficial la existencia de 25,918 casos, denunciados ante el fuero común; también que entre diciembre de 2006 y finales de 2015, más de 150,000 personas fueron asesinadas intencionalmente en México según las cifras del INEGI. Y también tenemos las no cifras de la cifra negra, las cuales nos recuerdan que no sabemos más que una ínfima parte de lo que está ocurriendo

A las llamadas víctimas de la guerra contra el narcotráfico no puede negárseles su condición de víctimas de una situación generalizada, de una crisis humanitaria, de un contexto lleno de crímenes de lesa humanidad; y , sin embargo, no quieren ser nombradas así porque suele ser interpretada su condición de víctimas como si implicara lástima, como si requirieran ayuda, lo cual niega la colaboración ante una situación generalizada que requiere de la labor de todos. No ayuda , sino cooperación; no lástima, sino empatía.

No hay palabras suficientes ni completamente adecuadas para describir las consecuencias que las guerras en México, con su brazo legitimador, apodado guerra contra el narco, han tenido. Se podría conocer a esta década, comprendida entre el 11 de diciembre del 2006 y el 11 de diciembre del 2016, como la más sangrienta de la historia contemporánea de México de no ser porque la estrategia de guerra de espectro amplio no sólo no se ha detenido, sino que continúa y, por lo tanto, se agrava.

Ya que la conclusión es que si bien no hay palabras ni cifras adecuadas en este momento para dimensionar lo que significan las llamadas víctimas de la guerra, por lo mismo no podemos darnos el lujo de olvidar, ni de dejar de hablar, de escribir, de organizarnos, de reconocer que Yo Soy el Otro/Yo Soy la Otra —como decía Juan Gelman—, de dejarnos de cuestionar, para luego poder abrir interrogantes: ¿Qué necesitamos hacer para no pasar los próximos diez años contando muertes y ausencias? ¿Cómo transitamos de un mundo prohibicionista a uno donde vivamos en paz con las plantas y sustancias psicoactivas llamadas drogas? ¿Cómo se construye un mundo donde quepamos muchos mundos? Si ya comprendimos que un mundo libre de drogas no es posible ni deseable, ¿cómo hacemos de este un mundo libre de muros? ¿Cómo una política de regulación de mariguana y el resto de las plantas y sustancias actualmente ilícita s puede ser responsable para con las personas usuarias? ¿Cómo el dinero recaudado a partir de la implementación de esta política de drogas puede destinarse a reparar los daños ocasionados por esta guerra? ¿Cómo se repara un daño irreparable? ¿Cómo hacemos que los beneficios de dejar atrás la prohibición no vayan a parar a las manos a las que todo siempre va a parar? ¿Cómo garantizamos que las personas que deseen acceder a un tratamiento para cambiar algunos de sus hábitos o usos específicos de cualquier o sustancia psicoactiva lo hagan en condiciones dignas y de calidad, con pleno respeto a sus Derechos Humanos? ¿Cómo implementamos programas públicos de reducción de daños en el uso de drogas con las condiciones actuales de nuestras instituciones? ¿Cómo generamos un mercado responsable que venda sustancias no adulteradas con dosis claras para cada tipo de uso (medicinal, terapéutico, recreativo u otro)?

Desde nuestra trinchera englobamos esto preguntándonos ¿cómo construimos una perspectiva de Reducción de Riesgos y Daños de Espectro Completo desde y para el Sur Global, que genere estrategias que mitiguen los daños asociados a los usos de plantas y sustancias psicoactivas así como los ocasionados por la estrategia de guerra de espectro amplio legitimada en el marco del prohibicionismo?

@ReverdeSer4_20

A este texto contribuyeron Andrés Hirsch Soler y Jorge Lule de ReverdeSer Colectivo. Corrección de estilo a cargo de Vladimir Zaldivar.