El espacio público privatizado por el gobierno

Fotos por Alejandro Mendoza.

¿A quiénes pertenecen las plazas, calles y parques de nuestras ciudades? ¿Qué se puede y qué no se puede hacer en estos espacios?

La administración del espacio público en las ciudades es otorgada a una autoridad democráticamente electa, aunque predomine la idea que sobre la calle y las plazas quien manda es tal o cual funcionario. En teoría, los servidores públicos se rigen por el principio de autoridad que establece que no pueden hacer algo que no esté expresamente previsto en una ley. En sentido inverso, la ciudadanía puede hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido bajo alguna disposición.

Estas nociones teóricas cobran relevancia práctica en los meses recientes, donde la ciudad de México ha vivido momentos de efervescencia callejera. Desde las multitudinarias marchas del periodo electoral, pasando por los enfrentamientos del 1 de diciembre de 2012 o del 10 de junio de este año, hemos llegado a momentos de tensión social nunca antes vistos en el DF, desde el periodo del movimiento estudiantil de 1968.

Enfrentamientos violentos con los granaderos, murallas metálicas que impiden la circulación de personas y vehículos, bloqueos de avenidas y del aeropuerto, daño a propiedad pública y privada, detenciones arbitrarias motivadas por el aspecto de las personas o por grabar la actuación de la policía, barricadas y campamentos entre otras, forman parte del nuevo escenario citadino.

¿Cuál es el origen del conflicto de nuestro espacio público?

El sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos ha propuesto la idea de espacio común como aquel que no pertenece al gobierno o a un particular, sino que pertenece a todos por igual. De Sousa propone el espacio común como el momento a la política en clave democrática. Contra la idea de espacio público como lugares sobre regulados, sujetos a la voluntad y capricho de un gobernante, propone recuperar el sentido de las plazas y las calles lugares cívicos propicios para la igualdad y la libertad, para el intercambio y la cohesión social.

Independientemente que las demandas de los movimientos que  concurren en las calles sean de oposición al gobierno en turno (#1DMx), de recuperación de la memoria y exigencia de justicia histórica (10 de junio) o sobre asuntos magisteriales (#1SMx y #13SMx), es claro desde mi punto de vista, que en el origen del conflicto están las diversas concepciones del espacio público y sus posibilidades democráticas.

Sostengo que ante los hechos recientes ocurridos en el DF, vemos que nuestro espacio público está sujeto a la voluntad de la autoridad, en contraposición a la idea de espacio común señalada por De Sousa Santos.

Como evidencia de mi afirmación está el fundamento que esgrimieron las autoridades para el desalojo del Zócalo y que han sostenido para evitar el regreso de los maestros a la plaza de la Constitución.

El operativo del Zócalo fue ordenado "para defender la voluntad de la mayoría”, sostuvo el Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong. Esta afirmación es preocupante por las siguientes razones:

Que la mayoría de las personas decidan algo, no significa que sea válido en una democracia. Importa que las propuestas se discutan ampliamente mediante un proceso de reglas previamente establecidas y que, ante una decisión, se respeten los derechos de las minorías. Para modificar un derecho o para crear uno nuevo normalmente se necesita de una mayoría calificada, es decir, que un número elevado de ciudadanos apoyen esa decisión. Cuando se vota elegimos a personas que toman decisiones en nuestra representación, pero sus decisiones tienen como límite las reglas establecidas, como señalamos antes, están sujetas por el principio de autoridad.

No paso por alto que la ciudad de México lleva semanas complicada por las movilizaciones de los maestros. La CNTE decidió un curso de acción que no le ha traídos muchos aliados en una metrópoli cuyos habitantes, normalmente estarían dispuestos a apoyar las demandas sociales. Los bloqueos pasan por encima de los derechos de otros y afectan no sólo a los automovilistas, sino a quienes tienen menos recursos.

A lo anterior se sumó una campaña bien orquestada para hacer del magisterio el enemigo público número uno, que recurrió a la construcción discursiva de la CNTE, como foco de infección. El extremo de este discurso se expresaba en una falsa conciencia ambiental que ante la posibilidad de usar agua contra los mentores, pedía se buscara otro método porque los “mantos se agotan”.

Las autoridades federales que intervinieron, no han ofrecido hasta el momento el fundamento legal de haber paralizado el Zócalo. Todo esto fue justificado por el reclamo de una supuesta voluntad mayoritaria que pedía desalojar el Zócalo. En primer momento defender a una mayoría contra los caprichos de una minoría, suena bien pero detengámonos un poco en lo que esto implica.

Con sus protestas lo maestros llegaron muy lejos al violar la ley

Incluso si esto es cierto, hay que aclarar que en las acciones de violencia, como daño a la propiedad pública privada o agresiones a los policías, la responsabilidad siempre será individual. La legislación penal en todo el mundo, está diseñada para sancionar las acciones individuales y colectivas de manera objetiva y directa. De los actos ilegales de uno o varios maestros, no se pueden desprender castigos a todos los maestros por el simple hecho de serlo.

Ocupar la plaza del Zócalo es ilegal

Una cosa es que exista un bloqueo en una vía de comunicación y otra muy diferente es que un grupo de personas acampe en una plaza como señal de protesta. Recordemos que existe una protección constitucional prevista en el segundo párrafo del artículo 9 que conviene recordar:

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.

Que un grupo ocupe una plaza pública no sólo no es un delito sino como vemos, un derecho siempre y cuando en esa ocupación no se cometan delitos o mientras no exista una razón prevista en una ley para su retiro. La conmemoración del grito de Independencia no es razón suficiente ya que es una costumbre que no está prevista en ninguna disposición, tan es así que se ha celebrado en diferentes lugares.

La violencia, las amenazas y la intimidación no son conductas cubiertas para protesta legal, en eso estamos claros. Suponiendo que en otros días, algunos integrantes de la CNTE hayan ejercido violencia, amenazas o injurias contra las autoridades para  intimidarles, debieron haber sido detenidos en flagrancia o denunciados ante las autoridades correspondientes.

De actos anteriores no se desprende que la autoridad pudiera actuar sobre el Zócalo solo porque ahí había maestros. Insistimos, la responsabilidad penal es individual y no colectiva. El gobierno no argumentó algún abuso en el derecho de la protesta o que en el Zócalo se estuvieran cometiendo delitos. Adicionalmente, si el objetivo era desalojar la plaza ¿Por qué fueron perseguidos por varias cuadras?

Los maestros no pueden regresar al Zócalo

A partir del desalojo y de la intención de la CNTE por regresar a la plaza de la Constitución, las autoridades han establecido que esto no será posible. Si nos fijamos a detalle, tampoco existe una justificación razón legal al respecto. A voluntad del Jefe de Gobierno, Miguel Mancera, se ha determinado que se realizarán otras actividades.

Contrario al discurso oficial de “la mayoría” como justificación, los hechos demostraron que el día del grito el Zócalo se seccionó para que un grupo de personas transportadas en autobuses desde el Estado de México e identificadas con el PRI, pudieran ocupar un lugar privilegiado. Estos simpatizantes priístas son mexicanos, ¿pero no lo son también los maestros disidentes? ¿La plancha de la Constitución era para todos los mexicanos o sólo para los que simpatizan con el presidente? ¿Es un espacio común o un espacio público privatizado por las actuales autoridades?

Aunque no comulguemos con sus propuestas, ni con sus métodos, aunque pensemos que el desalojo era lo mejor y que apoyemos se impida el regreso de los maestros, debemos preocuparnos que se use como argumento la voluntad de la mayoría. Una extraña mayoría podría ser el pretexto para detener a quien a los policías les plazca o que decidan a capricho desalojar una reunión pública, evento cultural, concierto o partido de futbol, por ejemplo.

Si creemos que la disputa por este espacio simbólico es reciente, deberíamos leer “La Batalla por el Zócalo” de Pablo Gómez, del 28 de agosto de 1968, que detonó una década de persecución política, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Las calles ya no son más espacios de libertad ni de encuentro, sino de miedo y regulación. No son más un espacio común. Las señales son preocupantes. El jueves 19 de septiembre varios jóvenes que difundían información sobre las llamadas reformas estructurales, fueron detenidos y desalojados del Metro. No hubo justificación. Al parecer los espacios para expresar nuestras opiniones se estrechan, sobre todo si las expresiones no concuerdan con los gobiernos en turno. Ese camino es una peligrosa pendiente resbaladiza que lleva a una sociedad gris e uniforme, sin libertades plenas.