El gobierno mexicano reabre la investigación de los 43 estudiantes tras ser acusado de cerrarla en falso

Este artículo fue publicado originalmente en VICE News, nuestra plataforma de noticias.

El gobierno mexicano aceptó reabrir la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos el año pasado en la ciudad de Iguala. El ejecutivo ha reconocido que las pruebas recabadas hasta la fecha están desprovistas de credibilidad.

El anuncio fue realizado durante la celebración de una sesión especial sobre el caso sostenida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, el martes pasado.

"Será un nuevo equipo que relanzará la investigación", explicó Eber Betanzos, asistente del fiscal general para los derechos humanos, durante la sesión. "La investigación no se cerrará hasta tener al último culpable en las cortes".

Los estudiantes desaparecieron tras ser atacados el pasado 26 de septiembre en la ciudad de Iguala. El asalto habría sido perpetrado conjuntamente por la policía y una pandilla de narcotraficantes locales. El incidente desencadenó una oleada de clamor popular cuyos ecos siguen sonando mientras la investigación continua sin resolverse.

La imagen del gobierno en el ámbito internacional ha quedado seriamente perjudicada. El ejecutivo mexicano se ha mostrado más preocupado por eludir la flagrante culpa de sus instituciones federales que en averiguar qué les sucedió a los estudiantes.

"Hasta ahora el gobierno mexicano se ha mostrado incapaz de llevar a cabo una investigación seria, rigurosa y creíble", sentencia ante VICE News José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch (HRW) en todo el continente americano. Para Vivanco el reinicio de la investigación es un "cambio positivo". Claro que también considera que "veremos si el nuevo acuerdo se va a concretar en acciones que demuestren que la investigación sigue los mínimos estándares".

El anuncio forma parte de un acuerdo más amplio suscrito entre las autoridades mexicanas y un grupo de expertos internacionales. Los especialistas fueron reunidos por la CIDH a principios de este año para investigar el caso.

El informe de los especialistas fue publicado el mes pasado y puso en el disparadero, todavía más, la ya de por sí sospechosa investigación gubernamental. Los expertos expusieron meticulosamente la falta de evidencias y de fundamentos en las que se basaron las conclusiones del ejecutivo mexicano. La primera investigación concluyó que los estudiantes fueron atacados al ser confundidos con una banda de narcotraficantes enemiga. Según esta primera sospechosa aproximación los estudiantes habrían sido incinerados en un basurero.

El acuerdo también garantiza que los especialistas seleccionarán rigurosamente a los nuevos investigadores, así como las pistas que deban de seguir. También se ha decidido que los expertos participarán tanto en el reinicio de la investigación como en la búsqueda de los estudiantes y que utilizarían tecnología de punta para hacerlo. Además, se contratará a un nuevo técnico para que valore hasta qué punto la precaria hipótesis de que fueron incinerados en un vertedero tiene o no algún fundamento científico.

"El grupo espera que este trabajo sea visto por el estado como una oportunidad para la lucha contra la impunidad y provea elementos para muchos otros casos en México que esperan avanzar hacia la justicia", comentó sobre el acuerdo Carlos Beristain, uno de los expertos convocados.

La delegación del gobierno presente en la sesión especial no dejó de insistir que la Comisión Interamericana está comprometida en el caso y que no descansará hasta llegar al fondo del asunto. También elogió la aportación del grupo de expertos.

Pese a todo, durante la pequeña sesión de preguntas y respuestas que se abrió al terminar la reunión, salió a la luz otro asunto comprometido. Se habló de la incomodidad de los expertos ante el hecho de que no se les permita hablar con el personal militar de Iguala, el cual estaba supervisando el ataque a los estudiantes.

Roberto Campa, subsecretario de derechos humanos del Ministerio del Interior, intentó responder. Lo hizo de manera larga y confusa. Se le preguntó si la nueva investigación podría ignorar la última declaración que había salido del secretario de defensa. Según esta, no se permitiría a los expertos interrogar a los soldados. La presidenta de la Comisión Rose-Marie Belle Antoine intentó facilitarle las cosas a Campa e insistió en que se limitara a responder con un sí o con un no. Sin embargo, el subsecretario no logró esclarecer nada.

La ahora desacreditada investigación gubernamental había desembocado en la imputación y encarcelamiento de 111 individuos. Ahora también habrá que decidir qué se hace con ellos. Será, de hecho, una cuestión especialmente relevante para los presuntos narcotraficantes locales implicados. Estos fueron los mismos que confesaron haber incinerado a los estudiantes en un vertedero. Claro que, desde entonces, han denunciado que su confesión fue obtenida bajo tortura.

El gobierno mexicano prometió que la nueva investigación será más rigurosa. Y que permitirá que el grupo de expertos de la CIDH tenga una participación directa en la investigación. Claro que siguen siendo todo promesas precisamente proclamadas en un momento en que el ejecutivo mexicano ha padecido un criticismo internacional sin precedentes debido a las constantes violaciones de derechos humanos que se registran en el país.

Entre los casos más controvertidos están los crímenes del ejército cuando presuntamente se dedica a combatir a los violentos cárteles que operan en el país. Como sucedió en junio del año pasado en Tlatlaya, cuando un grupo pistoleros que se había rendido fue abatido por las fuerzas de seguridad.

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El departamento de Estado de Estados Unidos ha revelado esta semana su preocupación por la sistemática violación de los derechos humanos en México. Tanto es así que ha retenido 5 millones de dólares contemplados en un paquete de ayuda en la lucha contra el narcotráfico bautizado como Iniciativa Mérida.

Se trata de la primera vez que Estados Unidos retiene su ayuda a México. Y eso que, en el pasado, numerosos activistas pro derechos humanos habían exigido a los estadunidenses que retuvieran el dinero destinado a México. El mensaje de la administración Obama es claro.

"El departamento de Estado acostumbraba hacerse la vista gorda", afirmó para Radio Fórmula Jorge Castañeda, quien era secretario de relaciones exteriores cuando se suscribió el acuerdo en 2007. "Es un cambio histórico de postura".

Castañeda también advirtió que el gobierno mexicano no solo ha recibido las reprimendas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del departamento de Estado. Hace unas semanas, el Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, también mostró sus preocupaciones durante su visita al DF. Castañeda ha vaticinado que la siguiente llamada de atención la dará la Unión Europea.

"Ahora mismo hay dos opciones", explica Castañeda. "O se detienen las violaciones a los derechos humanos, o el mundo entero se dedicará a seguir criticando a México".

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