Estuvimos en un juicio indígena contra guerrilleros de las FARC

Antes de que se ejecutaran las sanciones, la mujer pidió hablar. Había soportado en silencio todo el juicio, había callado con cada uno de los detalles del asesinato y hasta se comió las palabras cuando escuchó que los dos menores de edad, acusados de participar en la muerte de dos guardias indígenas, de dos miembros de su propia comunidad, iban a recibir en sus pantorrillas veinte golpes del látigo de cuero como castigo.

Y uno de ellos era su hijo.

La multitud calló mientras la mujer contó la triste historia: es madre cabeza de familia que trabaja hasta el cansancio para sostener a ese hijo allí sentado, con las manos atadas, y a sus hermanos. Les contó a todos que no puede verlo mucho durante el día o la noche por su trabajo, y por esa razón no tenía idea alguna del camino que había elegido.

Mientras se hizo un recuento de lo sucedido, el silencio de los asistentes se alargó. Los acusados, entre ellos los dos menores de edad, todos atados a una silla, bajaron la cabeza. Todos menos un hombre de casi cuarenta años, piel acaramelada, ojos indígenas y el cabello cubierto por una gorra negra bordada con la imagen de una hoja de mariguana.

La suya era una mirada fría, vacía, ni siquiera había rencor en ella. Como si no le importaran los sesenta años a los que la comunidad acababa de condenarlo y que tendría que pagar en una cárcel colombiana. El guerrillero era conocido en la zona como Fercho, el mismo que había aceptado que de su fusil salieron los disparos asesinos. Miraba distraído.

El juicio había comenzado el domingo 9 de septiembre muy temprano, después de que el día anterior la comunidad sepultara los cuerpos sin vida de sus guardias. "Es que no puede ser que en un lado se hable de paz y en el otro nos maten", dijo, a manera de introducción, un gobernador indígena. Con esa referencia a los diálogos de paz que la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Colombia celebran en estos momentos en La Habana, comenzó la Asamblea de aplicación de remedio, la ceremonia en la cual harían justicia.

Esa ceremonia, consagrada en la justicia indígena y legalizada en la Constitución colombiana, definiría el correctivo (los fuetazos o latigazos) y la sanción (desde trabajos forzados a "penas en calidad de guardados", o cárcel) para los culpables del asesinato de Manuel Antonio Tomiyá, coordinador de la Guardia Indígena de Toribío, y de Daniel Quelque, guardia del resguardo de San Francisco.

Su triste final quedó registrado en el informe oficial del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), ese que reproduce todo lo sucedido el pasado miércoles 5 de noviembre cuando ambos guardias atendieron un llamado de la comunidad en la vereda Cesteadero para encontrarse pasacalles, pendones, además de folletos y CD's  a favor de las FARC.

El relato narra cómo los guardias cruzaron el río y les exigieron a los guerrilleros armados que retiraran todas las piezas. A las 11 am la comunidad escuchó los disparos y encontró a los dos indígenas sin vida. La rabia los impulsó a perseguir a los culpables quienes, tras tres horas, fueron apresados y entregaron las armas. "Es en este momento cuando ellos, al verse acorralados, pidieron dialogar con las autoridades", se lee en el informe de los hechos.

Para mayor tristeza de la comunidad, los siete jóvenes —porque el mayor y asesino material no superaba los 24 años— resultaron ser también indígenas nasa. Indígenas guerrilleros, armados y entrenados matando a guardias indígenas, sin armas, portando sólo el bastón de mando y la palabra.

Guardia, autoridades tradicionales, hombres, mujeres y niños miraban ansiosos a través de los celulares a los apresados expuestos frente a la comunidad. Estaban escoltados por guardias y con sus muñecas atadas con cuerdas a manera de esposas. Se dio a conocer el informe de los hechos y se concedieron algunos pocos minutos a los acusados para que hablaran.

En la audiencia, mientras unos lloraban a los muertos y otros a los hijos vivos convertidos en asesinos, se escuchó a cada uno confirmar los hechos del informe. Estas son las palabras de alias Fercho, autor material del doble homicidio.

"… Lo único que les digo es que las cosas se hicieron porque yo tenía autorización de los altos mandos, de mis jefes que me mandan, y tampoco nunca se pensó hacer eso, o sea, siempre con el respeto que allá nos inculcan a las comunidades, porque por ahí decían que nosotros nos encontramos a los guardias y fuimos disparando sin mediar palabra. Yo me encontré dos guardias que llegaron a donde yo casi estaba, con ellos estuvimos hablando, pues prácticamente tuvimos un alegato, igual yo ya había comunicado a mi jefe que ya los cabildos me habían quitado las vallas… Por eso yo iba derechito para mi casa ya, mejor dicho, iba ya yendo cuando me encuentro aquí con los guardias. Pues prácticamente ellos me atacaron. Por ahí llegó un guardia que llegó con el fin de 'vamos a hablar' pero el otro sí cogió el bastón y se me vino encima. Pues como ustedes bien saben, nosotros tenemos autorización de que no nos vamos a dejar coger ni dejar quitar las cosas; entonces yo prefiero responderle a mi organización a la que pertenezco y no a otra autoridad".

Las demás intervenciones estuvieron llenas de "todo eso es cierto" y, sobretodo, "yo estaba cumpliendo ordenes".

La audiencia acalorada decidió con el poder de sus manos levantadas que Carlos Iván Silva, alias Fercho, pagará sesenta años "en calidad de guardado". Los otros cuatro mayores de edad que también dispararon (Arsenio Vitonas Ramos, Roberto Pequi Pavi, Eduardo Emilio Tenorio y Jhon Freiman) recibirán también cuarenta años que purgarán en una cárcel. "Si les damos menos luego salen y se vuelven asesinos", gritó una mujer entre el gentío.

Frente a la comunidad, la ONU y el ICBF, también estaban los dos menores de edad que confesaron haberle disparado a la Guardia. Esa condición los salvó, de momento, de la cárcel, pero no de su correctivo:  veinte fuetazos a cada uno además el traslado a un centro de rehabilitación mientras cumplen la mayoría de edad.

Aunque se trata de una justicia especial, el Estado colombiano dispone en sus cárceles un pabellón para que los condenados por la justicia indígena (que pueden ser personas externas a la comunidad que hayan delinquido en sus territorios) cumplan las penas impuestas en asamblea aun cuando superen las que aplicaría la justicia ordinaria.

A regañadientes se apagaron todas las cámaras y las pantorrillas de los niños empezaron a recibir la flagelación con fuete (látigo para arriar ganado) hasta amoratar y romper la piel. "Recuerden que esto no es para que sufran dolores, es para sacar el mal que tienen dentro. Es curativo", dijo el Consejero de la Guardia. Los niños soportaron en pie cada uno de los golpes. "Si aguantaron tienen posibilidad de curarse", dijo alguien del público mientras pasaban a ser auxiliados por asistentes de salud. Mientras tanto, a unos metros, se preparaba el último punto de la asamblea, la destrucción del material bélico incautado.

Siete camuflados completos, un canguro, una carpa, siete chalecos, 167 cartuchos AK 47, 120 cartuchos M16, 12 vainas, un revólver 38 especial, cuatro cartuchos para revólver, una pistola con proveedor, siete cartuchos para pistolas, dos radios de comunicación, un teléfono celular, tres granadas de mano de fabricación industrial, unos binoculares, siete proveedores para AK 47, 16 para M16, tres fusiles M16, tres AK 47 y un R15. Incluso algún cepillo de dientes se veía en la montaña de objetos lanzado al suelo por la Guardia en una cancha de basquetbol rodeada por la comunidad que, celulares en mano, esperaba la destrucción. Acomodados en escaleras, sobre el techo de las chivas y colgando de los árboles, la gente esperaba para ver el espectáculo.

Con una cortadora industrial se redujeron a pedazos las armas y cargadores que terminaron en la hoguera hecha con los uniformes y material propagandístico. La llama ardió hasta que quedaron algunos escombros y cenizas, mientras los culpables eran secretamente trasladados a otro lugar hasta que las autoridades entregaran al INPEC a los mayores de edad; y los menores a centros de rehabilitación.

Después de ser cortados y picados con una sierra industrial, los restos de los fusiles son incinerados por la Guardia Indígena.

Indígenas ven destrucción del armamento.