Pase y llore: ¿Y si mejor no dejamos que privaticen el agua?

Un día antes de que los diputados la discutieran, se decidió aplazar el "debate" sobre la Ley General de Aguas que mandó Quique por medio de David Korenfeld, su director de la Conagua. La intención es dejarlo para mejor ocasión, porque al parecer, desean hacer una campaña en toda regla para convencer a todo mundo de las ventajas de permitir la inversión privada en los servicios de almacenamiento y distribución de agua potable. O tal vez el problema fue que no lograron plancharla antes de llevarla al pleno (les faltaban votos o anticipaban que se iba a poner medio ruidosa la oposición). Pero como sucede con el resto de las reformas que se tratan de abrir el campo de los negocios a los bienes que deberían ser de uso común, podemos anticipar que tarde o temprano vuelvan a ensartarla, más o menos remixeada.

David Korenfeld explica los beneficios de su ley con metáforas picantes. Foto vía.

En palabras del padrino Beltrones, a cualquiera "que no tenga lento aprendizaje" le debería quedar claro que no se trata de una privatización, sino de una modernización. Lo que en lenguaje grillero quiere decir que, obviamente, se trata de una privatización. Tomando como referencia el ejemplo de la reforma energética, que se promovió con una campaña propagandística en la que se insistía en que el petróleo "seguirá siendo de todos", lo que se plantea en esta ley es básicamente lo mismo: empresas privadas van a poder lucrar con los servicios asociados al uso del agua. Así, en el discurso va a ser lo mismo que decir "el petróleo seguirá siendo de la Nación". Algo que, de cierta forma, es cierto cuando está bajo tierra (es decir, cuando nadie lo usa), pero que pierde su sentido si se permite su extracción, almacenamiento, transporte y venta. Bueno, ya se han repasado muchas veces estos argumentos. En especial, me acuerdo de la vez que alguien lo explicó todo con limones: que si tienes un limonero en tu casa y alguien más quiere hacer negocio con ellos, está bien. Que haga limonada y te la venda. Aunque pagues por ella, siguen siendo tus limones. Algo así, pero con menos lógica.

Tú tienes limonero. Tu vecino, escalera, exprimidor y agua potable. Te propone hacer limonada pa vender. — Yuriria Sierra (@YuririaSierra)August 13, 2013

Entre los problemas de la ley que se quiere pasar, tal como está planteada, se encuentran los siguientes:

-El gobierno deberá respaldar las inversiones particulares, lo que implica que deben garantizar que las empresas que inviertan en el ramo ganen toda la lana que se propongan, aunque eso implique (y seguramente será el caso) indemnizarlas con presupuesto público.

-Los empresarios entrarán al negocio como "concesionarios", lo que les exime de algunas responsabilidades y les libera en varios sentidos para hacer lo que consideren necesario para su bolsillo. Por otra parte, los gobiernos locales estarían obligados a fomentar la inversión privada en ese rubro.

-Se permite dentro del uso "industrial" del agua el destinarla en volúmen esestúpidamente grandes (millones de litros) para el fracking.

-Se autoriza el uso de la fuerza pública para reprimir a quienes se opongan a los proyectos desarrollados en el área. Es previsible que habrá grupos de personas que decidan rebelarse por pequeñeces como la posibilidad de quedarse sin agua o pagarla más cara. Así que se incluye un artículo que permite reventarlos a toletazos para persuadirlos.

Total, una serie de cláusulas que tal vez nos suenen familiares. Y es porque reglas parecidas han sido parte de las iniciativas privatizadoras en muchas otras áreas.

Varios de los medios que cubren el asunto (fuera de aquellos que celebran la propuesta, de manera más o menos disfrazada) hablan de que además de ser privatizadora, la ley puede limitar el acceso al agua. O que los riesgos de privatizarla es que se pague más por el servicio o que pueda llegar a corarse el suministro si alguna empresa llega a considerarlo necesario. Pero se trata de lo mismo: dejar un producto o servicio en manos particulares implica necesariamente que se limitará el acceso a él. Se ha citado con frecuencia el ejemplo de lo que sucedió con la telefonía, los bancos y tantos otros casos: en relación con el resto del mundo, las tarifas son desproporcionadamente altas y esto no se refleja en la calidad. Sobra decir que el caso del agua podría ser mucho más grave porque el agua es, digamos, un poco más necesaria que los teléfonos.

Un mensajero de Mancera mientras trataba de convencer a una habitante de San Bartolo Ameyalco de que las obras hidráulicas se hacían por su bien, en mayo del año pasado. Foto vía.

Como decía, es cuestión de tiempo antes de que se insista sobre la aprobación de esta ley o una parecida. Si llega a aprobarse, es de esperar que conflictos como el de la presa de La Parota o el que vimos el año pasado en San Bartolo Ameyalco se multiplicarán en número e intensidad. Tal vez debemos prepararnos para que este margen de tiempo que se dieron los diputados antes de soltar la ley sea utilizado para lanzar "campañas informativas" que tratarán de vendérnosla con spots inmamables, o que buscarán un momento políticamente estratégico para evitar la resistencia. Pero también podríamos usar ese aplazamiento para obligar a una discusión abierta sobre el tema y, si es el caso, organizar una oposición amplia frente a algo que, aunque suene solemne, debería quitarnos a todos el sueño.

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