Foto: Cortesía de a Flip
La semana pasada, en San José de Costa Rica, el Estado colombiano se enfrentó a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y al grupo Robert F. Kennedy Human Rights por el homicidio del periodista huilense Nelson Carvajal.Esto sucedió en la sala de audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual decide si Colombia es responsable, según ese tribunal internacional, por el asesinato del comunicador. La representación del Estado actuó de forma vergonzosa, ofendió a las víctimas, mintió y obró de mala fe.'Off the record' es el espacio quincenal de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) en VICE Colombia. Vea todos los contenidos aquí.
La Corte Interamericana podría condenar a Colombia por este caso. La decisión obligaría a la mayor parte de los Estados de América Latina y del Caribe a cambiar la manera en que investigan y sancionan los crímenes contra la prensa para reducir la impunidad de estos delitos en toda la región.Nelson Carvajal fue un periodista radial que denunció actos de corrupción administrativa que involucran a políticos y empresarios del Huila. "Existen dos tipos de periodistas: los que cubren los hechos y los que los descubren. Nelson pertenecía al segundo tipo", dijo Ricardo Trotti, director de la SIP en la audiencia.El 16 de abril de 1998, a la salida del colegio del cual también era director, Carvajal fue abordado por sicarios que le dispararon en siete oportunidades. "Toda la evidencia disponible indica que fue asesinado por su labor como periodista de investigación," dijo a la corte Edison Lanza, relator especial de Libertad de Expresión de la CIDH.
Desde entonces, la familia de Carvajal ha sufrido numerosas amenazas de muerte que forzaron a diez de sus miembros a huir del país. La Fiscalía archivó los procesos por esas amenazas sin arrojar ningún resultado. Tampoco ha investigado con diligencia el homicidio de Carvajal. Durante 19 años, el proceso ha saltado de fiscal en fiscal como una papa caliente. De hecho, una de las fiscales fue amenazada y un testigo del proceso fue asesinado después de haber señalado a reconocidos políticos de la región y a un empresario como los autores intelectuales del crimen cometido en contra del periodista. Siete meses después, la Fiscalía archivó también la investigación para identificar a quiénes mataron al testigo."Existen dos tipos de periodistas: los que cubren los hechos y los que los descubren. Nelson pertenecía al segundo tipo", dijo Ricardo Trotti, director de la Sociedad Interamericana de Prensa
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En sus alegatos finales las abogadas Juanita María López y Ángela María Ramírez dijeron que Colombia sí cumplía con su obligación de prevenir la violencia contra la prensa puesto que el país cuenta con una política pública de libertad de expresión. La realidad es que la política pública de libertad de expresión es una promesa incumplida del gobierno Santos anunciada en el 2012 y que hoy se está pudriendo en archivos olvidados en el Ministerio del Interior.También mintió el Estado al querer mostrar que lucha contra la impunidad presentando como prueba la existencia de una mesa de trabajo con la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip). La verdad es que la mesa fue una iniciativa en que la Flip participó con cifras e información que el Estado no tiene, esperando contribuir a mejorar el acceso a la justicia. Pero "esta instancia, en sí misma, no valida que el Estado sea diligente en investigar crímenes", dice Pedro Vaca, director de la FLIP en una carta abierta al presidente Juan Manuel Santos. "Todo lo contrario, si lo fuera, dicha mesa sería innecesaria".Edison Lanza dijo que el caso Carvajal Carvajal y Otros Vs. Colombia es una oportunidad para toda América para avanzar en el desarrollo de jurisprudencia en materia de libertad de expresión. Los países del continente necesitan contar con estándares que les permitan orientar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevenir la violencia, de proteger a los periodistas amenazados y de investigar y sancionar a quienes usan la violencia como un arma de censura.En el ambiente quedó la idea de que el Estado, en el fondo, sí tiene una idea clara de quiénes podrían ser los autores intelectuales del crimen, pero o no ha podido o no ha querido actuar
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* Sebastián Salamanca es el coordinador de Defensa y Atención a Periodistas de la Fundación Para la Libertad de Prensa (Flip). @jssalamanca
* Este es un espacio de opinión. No representa la visión de Vice Media Inc.
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