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COLOMBIA

Colombia se encamina hacia la paz, pero los sindicalistas siguen muriendo

Desde 1977, se han asesinado a 3.089 sindicalistas en Colombia y 6.744 han sido amenazados. Su papel como agente social ha puesto a los sindicatos en el punto de mira de los distintos actores del conflicto colombiano.
17.12.15
Toma a la ciudad de Cali por parte de los sindicatos del sector del azúcar y la panela el 30 de noviembre de 2015. (Imagen vía CUT)
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Alexandra Bermúdez vio como se le truncaba la vida. Primero, cuando salió a la calle a reclamar que se investigara la muerte de Carlos Alberto Pedraza, dirigente de varios movimientos de defensa de los derechos humanos. Su cadáver apareció en extrañas circunstancias en Gachancipá, una localidad cercana a Bogotá, el pasado enero tras varios días desaparecido.

Más tarde, cuando 13 de sus compañeros del Congreso de los Pueblos, entidad que engloba a defensores de derechos humanos, sindicalistas y líderes campesinos, fueron detenidos tras una manifestación en Bogotá. Los acusaron de ser miembros de la guerrilla del ELN escudándose en que hicieron explotar varios petardos durante la marcha.

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A ella no se la llevaron; pero hacía días que se había percatado de que la seguían. "No me pareció algo inusual. Al final naturalizas estas acciones. No las aceptas; pero sabes que así funciona el Estado en Colombia", dice a VICE News Bermúdez, que trabajaba en el centro de formación de la Unión Sindical Obrera (USO) en Bogotá, uno de los mayores sindicatos del país.

"Eran policías, algunos de civil y otros uniformados. Me seguían a mí y también a mi esposo cuando llevaba a nuestra hija a la guardería. O cuando estábamos en el parque, con la familia. Se dejaban ver. Se paraban cerca de nosotros y nos hacían fotos. Querían que les viéramos", explica la joven desde Logroño, donde vive bajo un programa de acogida a defensores de derechos humanos de Amnistía Internacional.

El día que entraron a su casa, revolvieron su biblioteca y esculcaron su ordenador, decidieron que se irían a vivir a un hotel. "No tenían pruebas de nada, pero eso en Colombia no importa", señala. Más tarde se daría cuenta de que su teléfono estaba intervenido. También su correo electrónico. "Así que nos fuimos a Ecuador".

Hubieran vuelto a Colombia si días antes de la fecha de regreso otro colega no hubiera sido retenido. "Lo metieron en un carro y durante cinco horas circularon por la ciudad mientras lo interrogaban. Muchas de las preguntas tenían que ver conmigo. Entonces decidimos que nos íbamos para España", concluye.

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"Dejé atrás toda mi vida", lamenta.

El colectivo LGTBI en el punto de mira de los grupos armados en Colombia. Leer más aquí. 

Lejos de ser el único, el de Bermúdez es un caso "modelo" en la violencia contra los sindicalistas en Colombia. Violencia que la Escuela Nacional Sindical (ENS) de este país tilda de sistemática.

"Es diferente a otros lugares de Latinoamérica donde las amenazas a los sindicatos iban de la mano de una dictadura. Aquí se ha dado siempre. Y desde los años 80 los asesinatos de dirigentes son frecuentes", asegura a VICE News Eugenio Castaño, investigador de la ENS.

Desde 1977, se han asesinado a 3.089 sindicalistas en Colombia. Es decir, más de 80 por año. Las cifras de la ENS también señalan que 6.744 han sido amenazados en los últimos 38 años, 1.890 se han desplazado internamente, se han producido 736 detenciones arbitrarias y hay 236 desaparecidos.

En este año, los homicidios de trabajadores sindicados suben hasta los 18. Las amenazas llegan a las 83 y hay dos desaparecidos.

'Los sindicatos además de reivindicaciones gremiales proponen un nuevo modelo de sociedad. Por ello nunca han sido reconocidos como un interlocutor válido por el Estado'.

Mientras Colombia se encamina hacia la paz en La Habana, los sindicalistas siguen muriendo. "El 60 por ciento de las agresiones a sindicalistas en todo el mundo se producen en Colombia", apunta Castaño.

El director del departamento de Derechos Humanos y Solidaridad de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Domingo Tovar, apunta a las décadas de conflicto en Colombia. "La lucha armada se da por parte de varios actores: guerrillas, paramilitares y fuerza pública del estado", explica a VICE News.

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"Pero también hay lucha social y el sindicalismo es un actor político con cada vez más posiciones. Y con cada posicionamiento uno de los actores del conflicto sale lacerado. Y así ese actor lacerado termina por atacar al sindicalismo", explica el dirigente de la CUT.

Muestra de ello son, según los sindicatos, las medidas coercitivas por parte del Estado contra el movimiento social como la ley 1453 de Seguridad Ciudadana, que prohíbe las marchas y manifestaciones.

"Los sindicatos además de reivindicaciones gremiales proponen un nuevo modelo de sociedad. Por ello nunca han sido reconocidos como un interlocutor válido por el Estado. Cuánto más reclaman lo sindicatos, más duro les dan. Porque el establecimiento se ve amenazado por esa nueva propuesta social", argumenta Castaño.

No obstante, no sólo del Estado o los poderes económicos viene esa violencia. El informe Nos hacen falta de la ENS observa otras amenazas.

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Por ejemplo, las que reciben los líderes sindicales de ciertos municipios cuando tratan de impedir que guerrillas o paramilitares, hoy reconvertidos en las BACRIM (bandas criminales), ocupen y tomen el control de esos territorios.

Los paramilitares atacaron no pocas veces a los sindicatos bajo el pretexto de que en ellos había guerrilleros infiltrados.

Las FARC y ELN llevan a cabo lo que el informe recoge como violencia en forma de "instrumento de corrección ideológica". Las guerrillas consideran que el movimiento sindical debe moverse entre unos parámetros políticos determinados. Si según los insurgentes esos ideales son traicionados, asesinan al líder responsable de esa supuesta traición, señala el documento.

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Este último ejemplo echa por tierra la idea asentada en ciertas clases dirigentes de que guerrilla y sindicalismo caminan juntos.

"Cuando usted denuncia y acusa, entonces empiezan las persecuciones", dice a VICE News Edgar Páez, portavoz del área internacional del sindicato de la industria de alimentos Sinaltrainal, que sindica a trabajadores de Nestlé y Coca Cola, entre otras compañías.

Los operarios de la planta de Nestlé en Bugalagrande (Valle del Cauca, suroeste de Colombia) iniciaron una huelga de hambre en octubre de 2013 para reclamar ciertas mejoras laborales. La amenazas de Los Rastrojos, una de las BACRIM que operan en el país, llegaron a los pocos días:

"DECLARATORIA DE EXTERMINIO. Guerrilleros malparidos hijos de putas sigan camuflados en Sinaltrainal como brazo ideológico de la subversión (sic), las protestas en la empresa NESTLE DE BUGALAGRANDE, no las compartimos, como tampoco el maltrato a directivos de NESTLÉ y la constante calumnia a una empresa buena que brinda desarrollo social… de Los Comandos Urbanos de los Rastrojos"

Días después el trabajador y sindicado a Sinaltrainal Óscar López Triviño fue asesinado tras 25 años trabajando para la multinacional suiza. "Pero nos tuvieron que matar a 13 compañeros, dos más jubilados y la esposa de uno de ellos para que finalmente se sentaran a hablar con nosotros", asegura Páez.

"Así no es extraño que tan sólo el 3 por ciento de los trabajadores estén sindicados", añade.

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Nestlé Colombia ha remitido su posición oficial ante estos hechos a VICE News. El comunicado es similar al que se hizo público tras el asesinato de López Triviño. En el documento los responsables de la empresa condenan "este acto de violencia" e instan a las autoridades a iniciar una investigación que permita "identificar y arrestar al responsable de este crimen".

Nestlé ya había pasado por otro episodio similar con el asesinato de Luciano Romero, sindicalista de Sinaltrainal, en 2005. Y otras compañías como Coca Cola, Chiquita Brands o la minera Anglogold Ashanti también se han visto envueltas en escándalos por vínculos con el paramilitarismo.

Javier Orozco llegó a España desde Bogotá hastiado de ver como "asesinaban a compañeros". Él trabajaba en la dirección general de la CUT en Bogotá y decidió acabar con los riesgos afincándose en Asturias, donde coordina el Programa Asturiano e Derechos Humanos.

"De los más de 3.000 asesinatos, 500 se les atribuye a la policía, unos 100 a la Fiscalía… ¡A la fiscalía!. Y unos 2.000 a los paramilitares, según cifras del CINEP", explica a VICE News. "Y de todos ellos, el 97 por ciento quedan sin investigar".

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El gobierno de Juan Manuel Santos ha dado un tímido viraje para acabar con la impunidad de estos crímenes. El Ejecutivo ofrece seguridad a víctimas del conflicto amenazadas a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entre ellas, los sindicalistas.

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También la Ley de Victimas contempla vías de reparación a los sindicatos. Aunque de manera colectiva, y no por agrupaciones sindicales. Incluso se han desarrollado varias campañas mediáticas tratando de sensibilizar ante la violencia sindical.

"Reconocimos a los líderes sindicales como un grupo social que ha estado expuesto a riesgo en el marco del conflicto armado y, de hecho, hemos fortalecido los mecanismos de protección y garantía de sus derechos", señaló Santos durante el Congreso de la Confederación de Trabajadores de Colombia, el pasado agosto en Cali (Valle del Cauca).

Pero a todas luces esto no es suficiente, las amenazas aumentan, según la ENS, y los sindicalistas siguen siendo asesinados.

Para Alexandra Bermúdez la solución pasa por un cambio de modelo social y económico. "Hay que ir más allá de la consecución de la paz en La Habana. Acabar con el conflicto armado; pero también con el conflicto social. Hay que consultar y tener en cuenta a los movimientos de base para la construcción de un nuevo modelo de país".

Orozco añade que también son necesarias la explicaciones de las multinacionales europeas y estadounidenses que trabajan en Colombia. "Deben una explicación de porque en una relación laboral normal se han asesinado a miles de trabajadores".

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