Los expedientes secretos de Enrique Peña Nieto

Artículo publicado por VICE México.

Mientras Andrés Manuel López Obrador se debatía entre “perdonar” o no actos de corrupción de administraciones pasadas, diversas dependencias bajo el mando de Enrique Peña Nieto clasificaban archivos con frenesí: sólo de julio a noviembre de 2018, el gobierno actual puso bajo reserva, es decir, a salvo de ojos fisgones, 3 millones 776 mil asuntos, lo que bloquea el acceso a datos públicos que supuestamente deben estar al alcance de todos, de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia.

Esa misma ley, sin embargo, permite ocultar información, por lapsos de cinco años o más, a sujetos obligados (dependencias públicas), si consideran que su divulgación pone en riesgo la seguridad nacional o investigaciones de la autoridad, entre otras salvedades.

Ese criterio le da manga ancha a organismos del gobierno para salvaguardar expedientes que consideran sensibles, como el caso Odebrecht o el espionaje telefónico del Cisen que, por cierto, desaparecerá con el nuevo régimen.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se reservaron más de ocho millones de asuntos, el doble que su antecesor, Felipe Calderón, lo que pone trabas al “escrutinio ciudadano” que inspira esta ley.

Así, se pasó de 12 millones 333 mil que había en julio, cuando se efectuaron las elecciones, a los 16 millones 109 mil de ahora; es decir, en sus cuatro últimos meses de gobierno, la administración de Peña Nieto aumentó los expedientes reservados en 23 por ciento, según un monitoreo realizado por VICE en la montaña de asuntos catalogados de esta forma.

En septiembre de 2012, en una reunión previa al cambio de poderes, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se reunieron en Los Pinos. El mandatario saliente puso en las manos de Peña Nieto un diagnóstico de la seguridad del país titulado “Panorama Nacional”. ¿Cuál era el diagnóstico del país después de seis años de guerra? ¿Por qué Peña Nieto siguió con la estrategia? Ni siquiera hoy puede saberse, porque la Presidencia de la República reservó hasta 2024, tanto el documento como lo que se dijeron esa vez los dos políticos.

Al inicio de su gobierno, Felipe Calderón le declaró la guerra al crimen organizado y hasta se vistió de militar para reforzar su mensaje. Su estrategia de combate frontal, en los hechos, elevó las cifras de homicidios dolosos a niveles nunca antes registrados: de inicio a fin de su mandato, 102 mil 859 personas perdieron la vida de ese modo, de acuerdo con datos recopilados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El balance para Peña Nieto, al mes de octubre de este año, ya lo supera, pues es de 121 mil 948 asesinatos, de acuerdo con la misma fuente. Según una proyección del periódico Reforma, que analizó los registros más recientes (22-11-18), el mandato de Peña Nieto podría terminar en 125 mil homicidios dolosos, si se mantiene la tendencia en noviembre.

Este diferencial negativo podría ser analizado para un diagnóstico más certero, si se contara con ese misterioso documento que Felipe Calderón entregó a Enrique Peña Nieto.

Capa caída. La ‘ley antiexpresidentes’ le pegó duro a Felipe Calderón.

Petróleos Mexicanos (Pemex) reservó hasta 2023 todos los datos sobre las negociaciones detrás de un contrato otorgado a Odebrecht por mil 811 millones de pesos para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería de Tula, Hidalgo.

En testimonios protegidos en Brasil, funcionarios del gigante de la construcción admitieron haber pagado casi 800 millones de dólares en sobornos a lo largo de América Latina para ganar contratos públicos. México no estuvo exento de estos pagos. Las consecuencias de las investigaciones afectaron a todas las naciones donde operaba la empresa, con presidentes enjuiciados, funcionarios arrestados y vuelcos políticos desde Perú hasta Panamá. ¿Y en México? Los presuntos involucrados, como Emilio Lozoya, director general de Pemex en 2013, navegan en aguas tranquilas. Y al parecer así seguirán, pues nuevas solicitudes de información prolongaron la reserva hasta 2023, un año antes de que concluya el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Cuando fue canciller, de diciembre de 2012 a agosto de 2015, José Antonio Meade Kuribreña gastó 165 millones de pesos con LavaTap para la limpieza de las oficinas de la dependencia. Esta empresa se encargó del aseo de varias secretarías de Estado mediante contratos millonarios.

Hoy no es posible conocer si ese dinero público fue bien empleado, pues con el argumento de “seguridad nacional”, la Cancillería reservó la parte técnica del contrato hasta 2021. En el Índice de Expedientes Reservados de la SRE quedó escrito que quienes se encargaron de la limpieza tuvieron acceso a las instalaciones estratégicas de la dependencia, un hecho que podría poner en riesgo a los servidores públicos, los inmuebles y a terceros.

Con esta reserva que protege a la cancillería quedaron también guardadas las condiciones en que el personal de limpieza –un ejército de miles de trabajadores– trabajaron para el gobierno bajo el esquema de la subcontratación.

El 2 de septiembre de 2014, cuando Enrique Peña Nieto dio un mensaje a la nación con motivo de su segundo informe de gobierno, la plaza de la Constitución –el epicentro social del país– fue usada como un gran estacionamiento para los invitados. Políticos, empresarios y actores de televisión estacionaron unos 250 vehículos cuyo costo promedio –la camioneta Suburban– era de un millón de pesos.

Alguien, en el Estado Mayor Presidencial, dio la orden para que ello ocurriera; pero la Presidencia de la República clasificó ese nombre como reservado hasta 2026. Para ese entonces, Peña Nieto cumplirá ocho años de haber dejado la Presidencia y Andrés Manuel López Obrador, dos.

Bye bye pensión. Vicente Fox hizo berrinche por perder una bicoca de su fortuna.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, informó que durante su gobierno desaparecerá el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y, con ello, el espionaje telefónico. Pero tras de sí, ese legendario centro dejará muchos secretos. Los contratos Cisen 128/13 y Cisen /020/15 con los que adquirió “Galileo” –un spyware– de la empresa The Hacking Team quedaron reservados hasta 2027. Con él, no sólo se espió para resolver asuntos de interés nacional; sino a periodistas, activistas y políticos.

El INAI instruyó al órgano de inteligencia modificar la justificación de la reserva. Le pidió que no se basara en el artículo 14 de la antigua Ley Federal de Transparencia –como lo había hecho–, sino en el 13 de la misma ley, en aras de dejar claro que la revelación de la información de Galileo podría conllevar riesgos. Con ello, el candado quedó más seguro.

Gobiernos sucesivos han acudido al recurso de la reserva de manera sistemática, a pesar de un robusto marco jurídico que se inició en 2001, con la promulgación de la primera Ley General de Transparencia. En el supuesto, en México hay pleno acceso de los ciudadanos a información relacionada con el desempeño de la administración pública, desde el presidente de la República hasta el último funcionario público. Además, a partir de 2015, se añadieron a esta obligación, los partidos políticos y los sindicatos que reciben recursos públicos.

En la transparencia mexicana la opacidad se impuso y fue en aumento. Vicente Fox Quesada (2000-2006) concluyó con 3 millones 839 mil carpetas reservadas y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) con ocho millones. Enrique Peña Nieto (2012-2018) lo hará con 16 millones 109 mil 762. Es decir, Calderón Hinojosa sumó 4 millones 161 mil expedientes al montón que había dejado Fox Quesada. Y Peña Nieto aumentó el cúmulo con 8 millones 109 mil 762.

Con la sombra de corrupción sobre su gobierno, después de los escándalos de la Casa Blanca y Obrascón Huarte Lain (OHL), en 2015 Enrique Peña Nieto promulgó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En ese nuevo orden legal quedó claro que los documentos cerrados podrán abrirse cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación, expire el plazo de la reserva o exista una resolución de una autoridad competente. En enero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que abroga la anterior y desde entonces la misma ha sufrido cambios y adecuaciones en cámaras legislativas.

En esas montañas de carpetas hay asuntos cruciales para el rumbo que tomará México por tratarse –en muchos casos– de tramas de corrupción. O las razones que originaron la guerra en contra del narcotráfico, que desató una etapa histórica de violencia en el país, con miles de muertes violentas, desaparecidos y desplazados, en un fenómeno que aún no ha sido remediado, pues la escalada continúa. Nadie podrá acceder a estos expedientes antes de 2021, 2023, 2024 o 2027, los años marcados para la desclasificación.

Linaloe R. Flores en Twitter: @Linaloe_RF

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