Masacres, desapariciones y asesinatos: una década de crímenes impunes en México

Artículo publicado por VICE México.

México es el país número uno en impunidad en América, y el cuarto a nivel mundial. Aquí, cometer un delito lleva aparejada una probabilidad del 96 por ciento de que el agresor no reciba castigo en caso de que el hecho se denuncie. Pero eso casi tampoco ocurre. Sólo 7 de cada 100 delitos llega a manos y oídos de las autoridades, según el último Índice Global de Impunidad, que anualmente publica la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

En la última década hemos sido testigos de múltiples crímenes atroces, que no han trascendido más allá de la apertura o clasificación de expedientes, juicios a medias o en stand by, y “verdades históricas” que han hecho desconfiar a más de uno.

El tiempo ha pasado, pero las cuentas pendientes con la justicia, la reparación a los deudos y la serie de consecuencias que la impunidad le carga al país siguen ahí. Estos son sólo algunos de los casos más graves y que siguen sin resolución ni esclarecimiento.

Todo comenzó cinco años antes, cuando el entonces presidente panista Vicente Fox Quesada, anunció que el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México iba a ser construido en terrenos ejidales de Texcoco, San Salvador Atenco y Chimalhuacán. Desde ese momento, los habitantes de la zona se opusieron y conformaron el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), en nombre del que realizaron muchas manifestaciones de repudio a lo dicho por el mandatario.

La mañana del 4 de mayo del 2006, un grupo de vendedores de flores —que eran simpatizantes de la FPDT— fue desalojado del mercado de Texcoco por la policía. Esto derivó en una batalla campal en la que la fuerza pública hizo gala de su capacidad de represión y a la que los inconformes repelieron con machetes.

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Ese día fallecieron dos personas, fueron detenidas 207 y cerca de 26 mujeres refirieron haber sido víctimas de violaciones sexuales por parte de los agentes policiales, en el trayecto hacia el penal de "Santiaguito", en Almoloya de Juárez.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que ese día, las autoridades incurrieron en detención arbitraria, trato cruel e inhumano, allanamiento de morada, retención ilegal, tortura, abusos sexuales y violación al derecho a la vida. El organismo giró una serie de recomendaciones al Estado mexicano, pero no fueron acatadas. Luego el caso escaló a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ahí sigue.

El ejido El Huizachal, al norte de la entidad, fue la sede del horror. Ahí, en un baldío cercado por cuatro paredes, fueron encontrados los cadáveres de 58 hombres y 14 mujeres. Eran 72 migrantes de centro y Sudamérica. A todos les dispararon por la espalda, luego apilaron sus cuerpos y los abandonaron.

Según contaron dos sobrevivientes a la matanza, los responsables eran miembros del cártel de los Zetas. Secuestraron a los migrantes y les pidieron números de teléfono de sus familiares. Ellos se negaron. Luego los invitaron a ser parte de su organización criminal. Se volvieron a negar. Entonces los asesinaron.

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Aunque al día de hoy hay ocho supuestos responsables detenidos, no hay sentenciados. La CNDH ha pedido al gobierno esclarecer y transparentar todas las pruebas del caso, que sigue abierto en dos instancias de la Procuraduría General de la República (PGR): la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y la Subprocuraduría de Derechos Humanos.

Un conteo de la Secretaría de Gobernación (Segob) sostiene que, por cada 100 mil mujeres, se asesinan a cerca de 4 por día. Estas son cifras oficiales. Las no oficiales insisten en que podrían ser hasta más de 7 por jornada. Lideran la lista negra el Estado de México, seguido de Veracruz, Nuevo León y Chihuahua. Y las cifras van a la alza en todo el país.

La crisis de feminicidios en México es tal, que la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha externado su preocupación mediante la petición de que se tipifique el delito en todo el país. A su vez, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ha declarado que los asesinatos suelen ser cada vez más crueles y con más saña.

Decenas de miles de casos están en el anonimato. Decenas de miles más aún no tienen siquiera delineados a los culpables. Hay un mundo entero por hacer al respecto y, mientras tanto, cientos de organizaciones civiles y activistas en solitario hacen su labor todos los días, intentando que algo cambie pronto.

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Aunque las aristas de este caso aún son confusas, se trata posiblemente de la mayor cuenta pendiente y reclamo más importante que se le hace al aún presidente priista Enrique Peña Nieto.

La noche que marcaría todo un sexenio comenzó en la ciudad de Iguala. Ahí, un grupo de normalistas se apoderó de autobuses de transporte. Pretendían utilizarlos para viajar a la marcha por el aniversario de la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968, que se celebraría en la Ciudad de México. La policía se los impidió, disparó contra ellos. Incluso se habla de la participación de miembros de un cártel de drogas, los Guerreros Unidos, quienes habrían confundido a los estudiantes con integrante de la banda rival, los Rojos.

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El saldo del enfrentamiento fue de cinco muertos, 43 normalistas desaparecidos y 27 heridos. La “verdad histórica” que hizo circular la Procuraduría General de la República, dice que los estudiantes fueron entregados por la policía local y estatal a los Guerreros Unidos. Que ellos los mataron e incineraron en el basurero de la ciudad de Cocula, y que los restos calcinados y triturados fueron arrojados al río del mismo nombre.

El gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre, renunció. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa, se fueron a la cárcel por sus supuestos nexos con los Guerreros Unidos. No obstante, una investigación alterna llevada a cabo por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) aseguró que, según la ciencia y los peritajes que hicieron durante meses, la reconstrucción de hechos que hizo la PGR era incorrecta.

Por eso mismo los padres de los 43 desaparecidos le siguen exigiendo al gobierno que clarifique las dudas, que les devuelvan a sus hijos. Pero vivos.

Fue un enfrentamiento entre un convoy de soldados y un presunto grupo de narcos que estaba dentro de una bodega, en San Pedro Limón, al sur del Estado de México. Según las declaraciones que ha dado a la prensa Clara Gómez, una de las tres supervivientes a la matanza, el fuego lo empezaron los militares, quienes aprovecharon que sus contrincantes ya estaban desarmados y rendidos. Según cuenta ella, los asesinaron a sangre fría.

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El saldo fue de 22 muertos. La versión oficial insiste en que el fuego fue cruzado. Pero quienes salieron vivos de la bodega aseguran que no fue así. Las evidencias científicas incluso demostraron que a uno de los cadáveres lo desnucaron, así como que varios otros fueron brutalmente golpeados.

Aunque hasta el momento van ocho uniformados detenidos, aún hay dos juicios abiertos al respecto. Sólo hay cuatro policías sentenciados.

México también es el segundo lugar más letal para ejercer el periodismo en el mundo, sólo detrás de Siria, que está en guerra. De acuerdo con el último reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en nuestro país han sido asesinados más de 140 reporteros de enero del 2000 a la fecha.

En el mismo documento se registra que, desde 2005, hay 21 oficiantes desaparecidos y que dos son mujeres. De igual forma, de 2006 al día de hoy han ocurrido 52 atentados en contra medios de comunicación; todos ellos publicaron temas de denuncia en contra de las autoridades o del crimen organizado en algún momento.

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Todos los crímenes en contra de periodistas han sido igual de lamentables. Pero por su impacto mediático fueron muy sonados el de Rubén Espinosa, el 31 de julio de 2015, en la CDMX; el de Regina Martínez, el 28 de abril de 2012, en Veracruz; el de Miroslava Breach, el 23 de marzo de 2017, en Chihuahua, y el de Javier Valdez, el 15 de mayo de 2017, en Sinaloa.

Según la CNDH, de 176 averiguaciones previas relacionadas con distintos delitos contra periodistas, sólo en 10 por ciento de los casos hubo sentencia condenatoria. El 90 por ciento restante sigue impune.

En este caso, también hay dos versiones encontradas. Por una parte, el gobierno asegura que se trató de intercambios de disparos entre elementos de la Policía Federal y miembros de autodefensas michoacanas, en los que murieron ocho de éstos últimos y resultaron detenidas 44 personas.

Lo que testigos de los hechos y sobrevivientes aseguran, es que los civiles no tenían más armas que palos y piedras, así que no tuvieron forma de repeler el ataque. Una de las balaceras ocurrió a las 2:34 horas de la madrugada; la otra, a las 7 de la mañana.

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Una investigación a cargo de Univision Investiga, la revista Proceso y el portal Aristegui Noticias, realizada a tres meses de ocurridos los hechos, reveló y comprobó con material gráfico que los uniformados dispararon y posteriormente le ‘sembraron’ armas a los cadáveres. Las imágenes que se difundieron mostraban a los cuerpos al lado de cargadores y armas no compatibles, cartuchos de escopetas sin detonar y de calibres diferentes a las armas.

A casi cuatro años de distancia, no hay detenidos por la masacre.

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