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Puerto Rico desea declararse en bancarrota — pero no puede

Puerto Rico no puede apelar al Capítulo 9, o sea, a la bancarrota por ser territorio estadounidense, una alternativa de la que sí disponen las municipalidades norteamericanas. Ciudades como Detroit o Stockton se han acogido a ella en los últimos años.
Imagen por Alvin Baez/Reuters

Puerto Rico empieza a luchar por los pasos que, según su gobernador, Alejandro García Padilla, necesita dar para salvarse de la ruina económica que tiene ahora mismo. El recorte de los gastos y detener el reembolso de la deuda se antojan necesarios. El país sigue a la espera de saber qué medidas tomará el gobierno norteamericano para ayudar a los 3.5 millones de atormentados ciudadanos estadounidenses que siguen considerando como hogar a la isla caribeña.

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En una entrevista televisiva emitida el pasado lunes por la noche, García Padilla aseguró que tanto los puertorriqueños como los dueños de los casi 72 mil millones de dólares (65 mil millones de euros) que acumula el país en deuda pública tendrán que "asumir sacrificios conjuntos hoy mismo".

"Es hora de que aquellos que nos prestaron también se sienten a la mesa en la que ya estamos sentados nosotros para hacer sacrificios. De tal manera, más adelante podremos saborear los frutos de ese sacrificio". Padilla habló como si esperara poder persuadir a sus acreedores de alterar los términos de sus préstamos. Su idea sería la de bajar los intereses, o conseguir extender el plazo de Puerto Rico para pagar lo que debe.

Los comentarios de García Padilla han enturbiado las relaciones mercantiles de Puerto Rico. Los inversores se están volviendo locos intentando calibrar cuál es el valor actual de sus parcelas.

Puerto Rico dice que su deuda es impagable mientras otros afirman que la crisis se avecina. Leer más aquí.

Comoquiera que Puerto Rico está considerado legalmente como un territorio asociado y no como un municipio norteamericano, no dispone de la posibilidad de ampararse en el capítulo 9 de la Ley de Quiebras - una opción al alcance de los municipios estadounidenses y a la que, en los últimos años, se acogieron ciudades como Detroit, Michigan y Stockton, en California.

Así que si bien Puerto Rico no puede acudir a los tribunales de quiebra, sus bonos pertenecen a la jurisdicción norteamericana, lo que significa que sus acreedores pueden demandar fácilmente a Puerto Rico cuando incumpla con los pagos de su deuda. Dada tamaña y única desventaja, García Padilla proclamó que los legisladores estadounidenses y la Casa Blanca tienen que hacer más por ayudar a los puertorriqueños.

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"Es hora de que pidamos el apoyo de Washington", afirmó el gobernador. "Una acción que nos permita saber de qué manera podemos, finalmente, ampararnos en el capítulo 9, para que Puerto Rico pueda contar con la misma protección que el resto de jurisdicciones".

Un hombre observa al gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, emitir su discurso por televisión el pasado 29 de junio. La preocupación sobre el derrumbamiento del país caribeño escalaron después de que García Padilla asegurara que su país sería incapaz de pagar una deuda que asciende a los 72 mil millones de dólares. (Imagen por Jorge Muñiz/EPA)

En febrero, Pedro Pierluisi, miembro puertorriqueño sin derecho a voto en la Cámara de los Representantes, propuso una ley que permitiera a las empresas públicas de la isla, como las suministradoras de la electricidad, el gas y el agua, que reestructuraran su deuda a la luz del capítulo 9. Una ley similar será introducida en el senado por el senador Richard Blumenthal, de Connecticut y por el senador Charles Schumer, de Nueva York. Un portavoz de Blumenthal dijo que esperaba que la ley entrara en vigor la semana que viene.

Las corporaciones públicas de Puerto Rico acumulan una deuda de unos 25 mil millones de dólares a sus acreedores. Una de las primeras pruebas para sopesar la nueva postura de García Padilla sobre la deuda era el pago de los 400 millones de dólares que adeudaba su compañía eléctrica nacional, PREPRA, el pasado miércoles. Según las informaciones la deuda fue saldada, pero solo después de que las autoridades obtuvieran 128 millones de dólares como deuda a corto plazo, por parte de compañías aseguradoras. Claro que estas solo vendieron sus pólizas sobre sus bonos y pagarían a sus inversores en caso de impago. La administración de García Padilla también consiguió hacer un pago de 645.2 millones de dólares de su deuda el miércoles. A pesar de que ambos movimientos han eludido el incumplimiento, es improbable que el gobierno de Puerto Rico - y PREPRA en particular, que debe más de 9 mil millones de dólares a sus acreedores - no pueda hacer frente a sus futuros pagos si no hay una reestructuración mediante.

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Por su parte, la Casa Blanca anunció el lunes que no contempla ningún rescate venidero para Puerto Rico. Sin embargo, invitó al Congreso a que aceptara la propuesta de Pierluisi de que se extienda la protección por bancarrota a las compañías públicas de la isla. La postura fue proclamada por Nancy Pelosi, la líder minoritaria de la Cámara de los Representantes. Pelosi emitió un comunicado en el que decía que "Los republicanos de la Cámara deberían de someter la legislación a voto tan pronto como se celebre la siguiente reunión de la Cámara".

'Tenemos que solucionar la situación de alguna manera, de modo que necesitamos la bancarrota para ayudar a la gente de Puerto Rico'.

Gregory Serb, presidente de la compañía de asesoramiento Lebenthel Municipal Asset Management declaró a VICE News que en situaciones como la de Puerto Rico, la bancarrota podría ser la opción más justa - pese a que no la contempló ni de lejos.

"El capítulo 9 es muy serio pero es la única manera en que se puede obligar a todo el mundo a sentarse y a los tribunales a ayudar a resolver una situación que es extremadamente confusa", dijo Sherbe. "Puede que los obligacionistas pueden salir ganando o pueden perder, pero se trata, probablemente, de la manera más limpia de hacerlo. Y también es la más completa".

Respecto a la bancarrota, Sherbe dijo que la solución más probable requeriría "un cambio en las tasas de interés [ de sus bonos], un cambio en la madurez, y un recorte de la cantidad que deben". Claro que tales serían medidas desalentadoras para los inversores, que compraron bonos en obligaciones generales. La Constitución garantiza que tales bonos sean empleados para pagar a los funcionarios públicos, los pensionistas y a todos los destinatarios de prestaciones sociales. El lunes García Padilla subrayó que esos bonos tienen que estar incluidos en los planes de reestructuración. Dar cualquiera de esos pasos implicará muy probablemente un enfrentamiento la oposición de los acreedores.

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En imágenes: Protestas masivas en Puerto Rico contra los recortes del Gobierno en la enseñanza universitaria. Ver aquí.

Los puertorriqueños han padecido durante años los estragos de la austeridad. Su gobierno ha intentado congelar una deuda total que empequeñece cualquier otra conocida en suelo norteamericano. La cantidad total de lo adeudado es la mitad de la que acumulaba California, un estado 11 veces más poblado que Puerto Rico.

Las raíces del declive económico de Puerto Rico son profundas. Sin embargo, un informe auspiciado por el gobierno de García Padilla y cuyo borrador redactó un equipo de antiguos funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), contemplaba la expiración en 2006 de varias desgravaciones fiscales para algunas corporaciones. La medida era consecuencia de la caída en picado de la manufactura en el país. El informe también advertía de la elevada energía, los costes laborales, el precario mercado inmobiliario y de la disminución de la población, como factores de ese declive.

A pesar de las señales de advertencia, los bonos de Puerto Rico fueron tasados muy elevadamente por las agencias durante años - su deuda solo fue reducida por debajo del grado de inversión en 2014. Los bonos atrajeron a muchos compradores porque están libres de impuestos. Claro que la deuda total de la isla se triplicó desde 2000. El informe consideraba que el gobierno de Puerto Rico estaba siendo "exageradamente optimista", en sus estimaciones fiscales y en sus presupuestos. Su Oficina de Administración del Presupuesto "no dispone de ningún poder para supervisar los recortes" en gastos, advertía el informe. Por su parte, su departamento de Tesorería se acostumbró a ofrecer amnistías fiscales y a negociar descuentos con quienes practicaban la evasión fiscal.

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(Imagen por Joe Shlabotnik)

Los despidos, la subida de los impuestos y los recortes en las pensiones de los últimos años solo han hecho que estimular la escalada del histórico éxodo de la isla. A lo largo de la última década, debido a su negativa a detener la emigración, la población de Puerto Rico ha disminuido, al menos, en un cinco por ciento. El miércoles los puertorriqueños despertaron a una nueva subida de sus impuestos. En esta ocasión se encontraron con que el impuesto sobre las ventas en la isla había subido de un 7 a un 11.5 por ciento.

Los republicanos del Congreso, apoyados por grupos conservadores bien financiados, han presionado en contra de que Puerto Rico pueda comparecer ante el tribunal de quiebras. Uno de los grupos que se opone con más vehemencia a que ello suceda se llama 60 Plus Association, que se autoproclama como "centro imparcial de asesoramiento para veteranos" y como "la más grande organización de centroderecha para el asesoramiento de veteranos". El portavoz nacional de la organización es el ultra conservador cantante de pop Pat Boone. Y su presidente es el longevo representante republicano James Martin. El martes, horas después de las declaraciones de García Padilla, Martin emitió un comunicado que criticaba duramente que la Casa Blanca hubiese sugerido que el Congreso considerara que Puerto Rico se acogiera al capítulo 9.

"Seamos claros", proclamó. "La protección para la bancarrota contemplada en el capítulo 9 es un rescate financiero".

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Entre julio de 2008 y junio de 2013, el grupo fue financiado por cinco grupos distintos vinculados a los hermanos billonarios Charles y David Koch. Según el Centro de Integridad Pública, su capital ascendía a casi 42 millones de dólares.

En la página web nobailout4pr.com (no al rescate a Puerto Rico.com), 60 plus apoyaba la propuesta del republicano Jeff Duncan de instituir un gabinete de control financiero para Puerto Rico. Los gabinetes de control financiero habían sido antiguamente utilizados en Estados Unidos, especialmente durante la mitad de los 70, cuando el estado de Nueva York creó uno para administrar una crisis financiera en la ciudad de Nueva York.

Los observadores claman que sería más adecuado comparar la situación con el gabinete que, básicamente, dirigió el gobierno de Washington DC entre 1995 y 2001. El cuerpo, como el que Duncan y los otros han propuesto, era controlado federalmente. Muchos en Puerto Rico, donde el movimiento de independencia sigue avanzando sigilosamente, ven la propuesta como un regreso al colonialismo.

Richard Ravich, antiguo teniente gobernador de Nueva York, explicó que la propuesta de Duncan conferiría al gabinete más autoridad de la que tuvo Nueva York hace 40 años. Entonces Duncan trabajó como asesor. Sería un caso parecido al del gabinete actual de Detroit, que fue formado después de que la ciudad se declarara en bancarrota y del el conservador también es consejero.

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"En Nueva York y Detroit el gabinete se formó para asegurarse que los funcionarios electos cumplían con el plan aprobado", señaló Ravitch a VICE News. El gabinete propuesto por Duncan y los otros, dijo, "sería un gobierno de-facto - se anticiparía a los funcionarios locales".

Quiénes se oponen a las medidas para auxiliar a Puerto Rico, se refieren frecuentemente a lo que describen como "una corrupción endémica en la isla. Cuando VICE News visitó Puerto Rico a principios de año, muchos de sus residentes se reían de su clase política, que lleva años repartiendo fondos entre asesores bien conectados y operadores políticos. Otros se quejaban de estar abandonados por Washington.

Los bonos de Puerto Rico están ampliamente sostenidos por fondos de inversión, personas privadas y, cada vez más en los últimos años, por fondos de cobertura. Estos últimos son los que, probablemente, más preocupan a la administración de García Padilla, dada su voluntad de enzarzarse en un litigio interminable con sus deudores. Los fondos de cobertura se pagan para obtener grandes beneficios que deberían de ser reembolsados a 100 céntimos por cada dólar, y que es muy probable que apoyen la propuesta de crear un gabinete de control financiero.

Ravitch, que ha consultado con el gobierno de García Padilla y con otras entidades pro bonos, señaló que la bancarrota era la mejor alternativa para Puerto Rico.

"Tenemos que solucionar la situación de alguna manera, así que necesitamos la bancarrota para ayudar a la gente de Puerto Rico", comentó.

Ravitch se acordó del discurso televisivo del presidente Gerald Ford en 1975, cuando dijo que Washington no rescataría a Nueva York. Su postura provocó un legendario titular del semanario Daily News: "FORD A NUEVA YORK: MUÉRETE".

Dos meses después, advierte Ravitch, Duncan estaba en el despacho oval y Ford le extendió más de dos mil millones de dólares para la ciudad. Sin embargo, Ravitch considera que parte del problema de Puerto Rico, a diferencia del de Nueva York, es la poca atención mediática de la que está siendo objeto, a pesar del apuro en que se encuentran sus residentes.

"Nadie sabe qué es lo que harán si se desatan serios problemas sociales y humanitarios", apuntó. "Las consecuencias potenciales son muy tristes".

Sigue a Samuel Oakford en Twitter: @samueloakford