Así han aumentado los desalojos violentos en el corazón de la Ciudad de México

El aumento del precio de las rentas es el costado soft del silencioso proceso que desplaza gente fuera de la zona central de la ciudad. La gentrificación también se vale de un mecanismo duro, violento y aún más invisible: los desalojos.

Más de 2 mil desalojos se denuncian año con año en la Ciudad de México según cifras oficiales, pero desde 2016 perdieron legalidad: empezaron a hacerse sin aviso previo, sin que los desalojados hayan sido vencidos en un juicio y sin respuesta oficial para la gente que, de un momento a otro queda en la calle gracias a procedimientos viciados; son promovidos por intereses privados pero llevados a cabo por la autoridad que deja a la gente desamparada y tuerce la balanza en pos de una de las partes, sin requerirle prueba fehaciente de su propiedad de estos predios.

Los relatos de los vecinos afectados trazan invariablemente el mismo modus operandi: los despierta el sonido seco de los golpes en la puerta de la casa, es la policía, y la orden de lanzamiento la trae un supuesto actuario que se esconde tras los policías. A veces ni eso. Si el actuario está de malas, no habrá negociación posible.

Entre el forcejeo la puerta se abre y una primera camada de hombres jóvenes entran a la casa y sacan las sábanas y vuelcan la mesita de noche. Son los cargadores. Hacen lo mismo con el mantel y los restos de la comida que quedó de la cena. Todo mezclado. Mueven muebles que llevan meses ahí, décadas. Sacan las cosas a la calle. En ocasiones hay 200, 300 hasta 800 efectivos según el tamaño del lugar y la zona de la que vayan a realizar el operativo.

Cuando intentan denunciar el abuso policial frente a la instancia que juzga servidores públicos o a la comisión local de derechos humanos, suelen responder que es un problema entre privados y ellos no pueden meterse. Los intentos de denunciar naufragan.

Junto a GeoComunes —un colectivo independiente de geógrafos— mapeamos 63 casos así ocurridos en la Delegación Cuauhtémoc, el corazón de la Ciudad de México, entre 2014 y agosto de 2018.

Gracias al mapa —que en este artículo se publica por primera vez—: pudimos ver cómo en el año 2016 los casos registrados se dispararon y allí se han mantenido.

Los predios desalojados llevaban tiempo en pleito y aunque la mayoría de sus ocupantes precarios no tenía títulos de propiedad (una persona gana el derecho a pelear legalmente una casa a los 5 o a los 10 años de ocuparla) quienes querían sacarlos tampoco lograban vencerlos en la justicia.

Aunque la precariedad jurídica sea la norma en el Centro Histórico, fue dejando de lado las garantías del proceso (como la notificación previa a la gente que va a ser expulsada) y echando mano a la fuerza y el atropello, la forma en que se resolvieron estos conflictos.

Los despliegues policiales con helicópteros, gases lacrimógenos y armas de fuego (en al menos 2 de los casos registrados en el mapa, uno en la Colonia Morelos y otro en la Guerrero) demuestran el tamaño de la fuerza pública destinada “a un conflicto entre privados”.

Así, se desalojaron edificios enteros con órdenes para una fracción de los departamentos del lugar, obtenidos de distintos juzgados a cargo de varios jueces.

También —cómo se verá más adelante en el estudio de caso que se presenta— fue notorio que las “órdenes de lanzamiento” que les enseñaban a los vecinos llegaban a nombre de personas que no vivían en los edificios desalojados.

La mayoría de estas familias no había podido ser expulsada del Centro hasta ahora, cuando las garantías del derecho civil que antes los protegían mutaron por madrugarlos. Sacarlos por la fuerza y sin aviso de allí.

Caso a caso, el volumen de información, contactos y casos se hizo tan grande que era imposible presentarlo en un solo artículo, hasta que dimos con los GeoComunes: ocho geógrafos que durante los últimos tres años se dedicaron a la investigación y elaboración de cartografías sobre conflictos de defensa territorial y bienes comunes en las zonas rurales de México.

A partir de bases de datos oficiales e información sobre proyectos mineros, energéticos y de hidrocarburos, trabajaron en un proceso colaborativo para llevar esa información a los territorios, y contrastarla con lo que la gente está viendo.

Para los desalojos fue más difícil, porque no hay disponible una base oficial que los registre. Tomaron como punto de partida el trabajo de otro colega, Jerónimo Díaz, que mapeó los inmuebles que Carlos Slim compró en el centro de la Ciudad. A partir de eso, hicieron nueve talleres colaborativos con organizaciones urbanas (el Movimiento Urbano Popular (MUP), la Asamblea de Vecinos del Centro Histórico y la Plataforma y Observatorio vecinal de la Colonia Juárez) para elaborar conjuntamente un mapa que evidenciara y visibilizara el proceso de desalojos que está impulsando el “tsunami inmobiliario” en la Ciudad de México.

Cruzamos su base con la nuestra y corregimos la información recogida, que se presenta en el mapa en su versión final en este artículo. No fuimos los únicos que notamos esta tendencia.

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (en conjunto con la organización Habitat International Coalition y el MUP, alarmados por la situación registrada) organizó un taller de capacitación ciudadana contra los desalojos forzosos, para difundir lo atrasado que está México frente a los derechos reconocidos internacionalmente para los vecinos.

Hoy sólo se cuidan los derechos de los expulsores.

Nuestra parte en el mapa comenzó a construirse dos años atrás, cuando dimos con el primer caso: 500 granaderos al mando de Hiram Almeida, el jefe de policía de la Ciudad, fueron enviados a la Colonia Morelos con el propósito de desalojar un solo apartamento.

Lo que jaló nuestra atención fue el comunicado posterior de la Secretaría de Seguridad Pública que admitía el uso inapropiado de armas de fuego en Granadas 130. Habían detonados sus armas dos veces durante el desalojo, además de tirar gas lacrimógeno en los pasillos de la vecindad.

Llegamos y hablamos con las vecinas: el desalojo lo había promovido Banorte, que compró la cartera de deudas de esas casas de interés social construidas en 1995 por el Instituto de Vivienda del Distrito Federal. Ellas nos señalaron cómo el despliegue policial tenía un componente expresivo: era un mensaje para los otros 99 apartamentos de la vecindad que miraban el operativo de expulsión.

Luego vino la seguidilla de la calle Argentina, que nos depositó en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México. Los vecinos desalojados de los 42 apartamentos del número 96 habían dejado sus muebles en la calle como forma de protesta por el abuso sufrido. Eran ineludibles porque achicaban el magro espacio de paso que queda entre los puestos del tianguis, tan ineludibles como el relato de la violencia con la que despertaron a las familias ese día, mayormente comerciantes del Centro de la Ciudad que llevaban entre 15 y 35 años viviendo allí.

Fueron sacados a jalones y depositados fuera del cerco policial que aprovechó que los martes no se arma el tianguis del Centro. Incluso ancianos enfermos sin alternativa o familia a la que recurrir. Dora, una de las vecinas de Argentina 96, recuerda como un señor mayor regresó por las tardes durante varios días después del desalojo, a mirar la puerta tapeada y asegurarse que ya no podía entrar. Aunque mantuvieron durante meses la protesta, las negociaciones con las autoridades locales no les devolvieron el predio que lleva un año remodelándose, tras haber sido parcialmente demolido al día siguiente del desalojo.

El número 99 también fue desalojado parcialmente y el 94 había sido vaciado por completo en el año 2010. Hoy, este último está en la lista de demoliciones tras el sismo del 19 de Setiembre, porque fue abandonado, vacío, tras el desalojo.

Este proceso subterráneo emergía cada tanto, de manera imprevista, en algún punto de la ciudad. Nos concentramos en la zona céntrica. Armamos poco a poco una red de contactos y fuentes que nos avisaba cuando algún desalojo cortaba la mañana. Madrugamos bastante, intempestivamente.

Era imposible saber previamente dónde serían, ya que la cantidad de lugares que tienen una tenencia precaria —sin papeles de propiedad— es abrumadora en la zona central de la ciudad. Fue evidente cómo todos se hacían sin aviso previo, como manda el Código Civil.

Las imágenes del desconcierto en que quedaba la gente chocaba con las escenas familiares retratadas en las fotos que quedaban tiradas por la calle, o con la mochila perdida de un niño que al ratito tendría que ir a clase, a contarle a la maestra cómo se había quedado sin casa. Y nadie tenía ni recibía explicaciones.

Los primeros casos nos marcaron las preguntas: ¿cómo se desalojan edificios enteros si las causas judiciales civiles se llevan por cada apartamento individualmente?, ¿por qué la gente no era avisada previamente de la fecha del desalojo como lo establece la ley?, ¿a dónde irían ahora aquellos que habían vivido toda su vida en el centro de la ciudad y el desalojo los dejaba sin casa y sin garantías de reubicación?

El modus operandi se nos aclaró —y algunas de estas preguntas— cuando llegamos a Zapata 68.

La calle Zapata es la continuación de Moneda y el número 68 está a cuatro cuadras del Zócalo de la Ciudad de México. Tiene 24 apartamentos, construidos en la década de 1940.

A Rufina la trajeron desde Santa María Tecomavaca, en la zona norte del estado de Oaxaca, cuando era una niña de cuatro años y su mamá había fallecido. Sus tíos y su abuelita, que vivían en el edificio, se hicieron cargo de ella. Allí se casó y tuvo a sus hijas, sus nietas y ahora, sus bisnietos. Ella estaba en el techo del edificio el día que les llegó el primer desalojo.

Antes de las siete de la mañana del miércoles 13 de julio de 2016, 800 granaderos cortaron el paso en las calles aledañas. Los vecinos trataron de retardar el ingreso de la policía atravesando vigas de acero de un vecino constructor por dentro de la puerta de calle. No lo lograron: habían traído helicópteros y escaleras para trepar por el frente del edificio.

Rufina recuerda cómo levantaba las manos en el aire pidiendo que se detuvieran. No la escucharon. Los policías se deslizaron con cuerdas desde el helicóptero hasta la azotea y así entraron al edificio y abrieron por dentro la puerta que los vecinos resguardaban. Les gritaban que era un operativo y qué dónde estaban las armas y las drogas.

Ese día, desalojaron diez apartamentos con ocho órdenes judiciales.

Los demás vecinos se negaron a salir de sus casas y aguantaron, de manera inédita, el saqueo total del lugar. Zapata 68 es el único de todos los casos mapeados que logró resistir el aparatoso operativo inicial. Desde ese día a hoy, Zapata 68 ha sufrido ocho desalojos más.

La pelea de estos vecinos por el edificio lleva más de 20 años. En el 2000, lograron que fuera expropiado por el gobierno de la Ciudad por causas de utilidad pública, junto a otra decena de inmuebles que se dañaron en el sismo de 1985.

En ese momento, la dueña del lugar, Rosario Fernández, una mujer mayor nacida también en el Centro, hija de una pareja de asturianos, se inconformó con el decreto de expropiación, pero falleció durante el proceso. En 2004, la justicia resolvió a su favor pero la dueña ya no estaba para que le devolvieran el inmueble.

Años más tarde, apareció un hombre, Ricardo Piñeyrúa, anunciando ser heredero de Fernández. Hasta ahora, no ha logrado probar fehacientemente ante la justicia civil ser el heredero de la antigua dueña. Piñeyrúa tiene un poder notarial que dice que el testamento de la señora dice que él es el “heredero y albacea”, pero nunca ha presentado el documento original.

Los vecinos creen que es falso y que los desalojos los ha logrado pagando funcionarios judiciales.

Ninguna de las órdenes de los desalojos que se han hecho allí hasta ahora venía a nombre de los vecinos del edificio, sino de antiguos inquilinos, que tienen una década fuera de allí. Cuando los vecinos intentaron revisar los expedientes judiciales que atañen a sus casas, no se les permitió porque ellos nunca fueron demandados y no son parte del juicio.

Fueron expulsados demandando a otras personas, sin tener acceso a esos procedimientos legales ni a los expedientes.

Dos abogados, Mario Platas Pacheco y José Antonio Vargas, representan a Piñeyrúa en la justicia. Los pleitos judiciales de cada apartamento se llevan por separado, así como los juicios de prescripción que empezaron los vecinos que aún quedan en Zapata.

Es un mecanismo civil previsto para cuando los dueños abandonan sus obligaciones y los ocupantes permanecen 5 o 10 años de corrido en él, asumiendo su administración. Los vecinos de Zapata fundaron una asociación en el año 2002, que prueba el tiempo que llevan peleando por un lugar dónde vivir.

Lo medular que enseña este caso, y que nos fue confirmado por fuentes vinculadas a otros durante el mapeo, es que aún sin que los promotores de los desalojos presentaran prueba concluyente de la propiedad de estos predios (nadie la tenía) los jueces involucrados emitieron las órdenes de desalojo en su favor.

Una de las últimas veces que vimos a Rufina durante una audiencia del juicio de prescripción que lleva adelante para mantener su casa, nos dijo que puede que logren sacarlos a todos. Que aunque los vecinos están dispuestos a ser parte de la “modernización” del Centro Histórico, no les han dado esa posibilidad: los han tratado como a perros que hay que correr, como si sus vidas y sus historias personales y familiares no valieran para nada.

La conquista del terreno central de la ciudad por poderes económicos y capitales anónimos recrudeció durante los últimos dos años de manera evidente y violenta. Eso presenta el mapa: es una guía de la expulsión, de la pérdida a cuenta gotas de lo que hace a la Ciudad ser lo que es.