Los banqueros ya están preparando la próxima crisis económica

Este artículo se publicó originalmente en VICE US.

Ahora es muy buen momento para ser banquero en Estados Unidos. El año pasado se aprobaron recortes fiscales que beneficiaban de forma desproporcionada a los ricos y permitían que el 1 por ciento —en su mayoría perteneciente al sector financiero— gastara su riqueza más fácilmente en viajes de lujo y mansiones o simplemente acumulara dinero en cuentas offshore. Los bancos disfrutaron del trimestre más rentable de su historia. Y la Administración Trump ha ido erosionando la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés), la agencia que se creó tras la última crisis financiera con el fin de proteger a la gente de a pie de los comportamientos abusivos de bancos y otras instituciones financieras.

Sin embargo, el pasado martes, el Congreso de los Estados Unidos al parecer decidió que Wall Street necesitaba que le echaran un cable y aprobó una significativa reducción de las regulaciones bancarias que se aprobaron tras la crisis, bajo el mandato de Obama. La medida, tomada por legisladores de ambos partidos, según los expertos en normativa financiera, aumenta considerablemente la posibilidad de que se produzca una nueva crisis y hace que sea más difícil anticiparnos al desastre antes de que sea demasiado tarde.

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La propuesta de ley ya ha sido aprobada por ambas cámaras del Congreso y está pendiente de la firma de Trump. Curiosamente, ha contado con el apoyo de demócratas moderados que han ganado fortunas del sector bancario, como los senadores Heidi Heitkamp, en Dakota del Norte, y Tim Kaine, en Virginia. Quienes la defienden, consideran que se trata de una medida razonable que aligera la “carga” que pesa sobre las instituciones bancarias medianas y pequeñas y no supone ningún riesgo para la economía, al menos no como lo fue JP Morgan en su día.

Concretamente, la medida reduce la frecuencia con la que se realizan pruebas de solvencia —comprobaciones que lleva a cabo el Gobierno federal para verificar si los bancos estarían preparados para soportar grandes pérdidas, como ocurrió durante la crisis financiera— a los bancos medianos y las elimina por completo en el caso de las pequeñas instituciones.

Sin embargo, tal como informaba el New York Times, incluso los grandes bancos están hoy menos sometidos al escrutinio de los gobiernos federales respecto a su contabilidad interna y su carga de deuda. Básicamente, se está incentivando a los bancos de todo tipo a que sean más temerarios a la hora de hacerse con activos dudosos, como la hipotecas de alto riesgo que causaron la crisis anterior, los cada vez más populares planes de renovación de la vivienda con energías limpias que llevaron a los prestatarios al borde de la ejecución hipotecaria o algún que otro producto financiero “innovador” que todavía no ha pasado el filtro regulador.

No es moco de pavo. ¿Recordáis que unos cuantos de los grandes bancos del país desaparecieron o tuvieron que ser adquiridos por otros para evitar un descalabro bursátil total? La ley Dodd-Frank, de 2010, obligó a los bancos a, como mínimo, prepararse para evitar ese tipo de catástrofe financiera. Si bien la supresión de esa norma solo se aplica a bancos con activos inferiores a 250.000 millones de dólares, en 2007 y 2008 ese umbral incluía a algunas de las instituciones que también acabaron sucumbiendo, como Countrywide e IndyMac.

“Una de las lecciones que aprendimos con la crisis financiera e inmobiliaria es que no recibimos ninguna señal que sirviera de advertencia de que la cosa se iba a poner muy fea tan rápido”, señaló en una entrevista el excongresista democrático de Carolina del Norte Brad Miller, quien colaboró en la elaboración de las reformas financieras de Dodd-Frank de 2010. “La próxima crisis podría originarse a partir de prácticas de las que nos han dicho que no debemos preocuparnos. Hace una década también nos dijeron que no nos preocupáramos prácticamente de nada”.

Estos cambios no han cabreado y preocupado solo a progresistas y a gente que odia el propio concepto de los bancos. Cuando la versión del Senado de la ley estaba a punto de aprobarse en marzo, el mismísimo Wall Street Journal, a duras penas un bastión del sentimiento de la izquierda, advertía en su editorial de que, si bien podía entenderse que se suavizaran las medidas para los pequeños bancos, relajar “los estándares de capital y liquidez para los gigantes dejará al sistema financiero en una posición más vulnerable en caso de pánico”.

“Esto forma parte de una tendencia generalizada”, me explicó Sheila Bair, expresidenta de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), en referencia a los peligros que supone permitir endeudarse a los bancos.

“Esto llega en muy mal momento”, señaló Bair, y añadió que las deudas estudiantiles, las de las tarjetas de crédito y otras deudas similares estaban entrando en una zona preocupante. “No hay razón alguna para hacerlo. Los bancos tienen las arcas llenas y están felices. No hay prueba alguna que apunte a una escasez de crédito; al contrario, los criterios de aprobación de créditos son ahora más laxos, algo que suele ocurrir al final del ciclo [de crecimiento]… Por tanto, deberían prepararse para la próxima crisis”.

Tal como informaba la revista Times, la nueva ley facilitará a los prestamistas turbios realizar sus operaciones lejos del escrutinio del gobierno federal. Esto es importante porque Estados Unidos tiene un extenso historial de prácticas discriminatorias con las personas de color por parte de bancos y otras instituciones prestatarias, consistentes en rechazar o dificultar la concesión de préstamos a personas en barrios de riesgo (léase “no blancos”).

No resulta sorprendente, pues, que el presidente Trump, al que han acusado, junto a su padre, de prácticas discriminatorias en la venta de sus edificios, apoyara la medida. Lo que sí es chocante es que los demócratas se sumaran a la aprobación de la medida, sobre todo teniendo en cuenta que, de forma simultánea, persiguen la reforma del Gobierno, anticipándose a las elecciones de mitad de mandato de este año.

“Supuso una extinción masiva para la clase media afroamericana”, me dijo Miller en referencia al colapso de la burbuja inmobiliaria entre 2006 y 2008. “Cuando eres propietario de tu hogar, estás en la clase media. Cuando pierdes tu hogar por una ejecución hipotecaria, dejas de pertenecer a esa clase media. El efecto sobre la clase media afroamericana, y en menor medida sobre la clase media de origen latinoamericano, fue absolutamente catastrófica. La nueva medida ha eliminado muchos de los requerimientos con los que se pretendía evitar la desigualdad racial”.

No es nada nuevo que el sistema jurídico y financiero estadounidense —y en general de todo el mundo— está hecho para que los ricos sean más ricos a costa de los demás, pero ahora el riesgo de que una nueva crisis afecte a todo el mundo está creciendo a pasos agigantados.

“Hemos vuelto a 2006”, me dijo Bair, y añadió: “No hace tanto tiempo que pasó pero la gente parece haberlo olvidado. Supongo que las donaciones de campaña nublan la memoria”.

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