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Un juicio contra la alimentación forzada en Guantánamo

Hace dos semanas, el personal médico de la Bahía de Guantánamo le dijo a VICE que los nuevos protocolos de alimentación forzada en Guantánamo son particularmente abusivos, y específicamente diseñados para disuadir a los detenidos de participar en...

Hace dos semanas, el personal médico de la Bahía de Guantánamo le dijo a VICE que los detenidos en huelga de hambre son alimentados de manera similar a los pacientes en hospitales estadunidenses que requieren tubos de alimentación.

Pero ahora, los abogados de Abu Wa’el Dhiab, un ciudadano sirio de 43 años que está preso en Guantánamo desde 2002 y ha sido considerado para ser transferido fuera del centro desde 2009, discuten en la Corte del Distrito de Washington D.C. que los nuevos protocolos de alimentación forzada en Guantánamo son particularmente abusivos, y específicamente diseñados para disuadir a los detenidos de participar en huelgas de hambre.

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Es un caso histórico que podría obligar a los oficiales militares a cambiar radicalmente la manera en que se trata a los detenidos que participan en protestas.

Las raíces del desafío legal se remontan a casi 13 años atrás. Semanas después de que los acusados de la primera Guerra contra el Terrorismo fueran transferidos a Guantánamo en enero de 2002, algunos hombres se rehusaron a comer, alegando que estaban en huelga de hambre para protestar contra la quema de un Corán por parte de un guardia.

Para finales de febrero, dos tercios de los trescientos reclusos que fueron retenidos en jaulas al aire libre en el campo X-Ray pusieron en marcha otra huelga de hambre para protestar en contra de una norma que prohibía a los detenidos usar turbantes. Fue la primera vez que los oficiales militares en el centro de detención declararon que no permitirían que los detenidos de Guantánamo murieran de hambre y que los forzarían a alimentarse por vía intravenosa de ser necesario.

Las huelgas de hambre persistieron. Así que las autoridades militares de Guantánamo implementaron un nuevo protocolo, aunque grupos de derechos humanos afirman que tiene el objetivo de romper la voluntad de los detenidos de seguir protestando.

En diciembre de 2005, un psiquiatra forense y tres asesores de la Agencia Federal de Prisiones (BOP) viajaron a Guantánamo y recomendaron a los funcionarios de detención cambiar sus procedimientos operativos habituales para hacer frente a las huelgas de hambre. La BOP sugirió el uso de sillas de retención de cinco puntos, descritas por el fabricante de la compañía, un sheriff retirado, como una “celda acolchada sobre ruedas”.

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Según el nuevo protocolo, un manifestante en huelga de hambre que se reuse a beber voluntariamente un suplemento nutricional líquido sería retirado de su celda y atado a una silla dos veces al día, por cerca de dos horas, mientras una enfermera le introduce una sonda nasogástrica por la nariz hasta el estómago.

Cinco sillas de retención fueron enviadas a Guantánamo a comienzos de diciembre de 2005, otras veinte llegaron un mes después. Los oficiales militares negaron vehementemente que las sillas fueran usadas como una forma de castigo para acabar con las huelgas de hambre e insistieron en que su uso era “seguro”, “humano” y “legal”, tres de las cuatro palabras que componen el lema oficial de Guantánamo.

Pero casi una década después, una poderosa legisladora demócrata puso en tela de juicio la ética médica de los procedimientos que los militares aseguraron adoptar directamente de la Agencia Federal de Prisiones. La senadora Dianne Feinstein, presidenta del Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, envió una carta al secretario de Defensa, Chuck Hagel, el 19 de junio de 2013, después de recorrer el centro de detención durante una huelga de hambre masiva. Ella dijo que las prácticas de alimentación forzosa por parte de los militares no sólo estaban “fuera de sincronía con las normas internacionales”, sino que también se desviaban de las prácticas de la BOP. Las sillas de retención raramente son utilizadas en las cárceles federales.

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“Dentro de la Agencia Federal de Prisiones, la alimentación forzada es extremadamente rara”, escribió Feinstein. “Nos han dicho que cuando ocurre, cerca del 95 por ciento de las veces se hace con un interno totalmente obediente que no opone resistencia. Por otro lado, en la Bahía de Guantánamo todos los detenidos que son obligados a alimentarse —independientemente de su nivel de cooperación— son ubicados en sillas donde son cohibidos por la fuerza”.

Hace dos semanas, el gobierno presentó documentos judiciales que incluían una versión no clasificada de sus recientes protocolos para sillas de retención y huelgas de hambre, y algunas declaraciones juradas de los funcionarios médicos de Guantánamo, que revelan por primera vez que el uso de las sillas no tiene ningún propósito médico, lo que contradice los alegatos iniciales de los militares.

Katherine Hawkins, la investigadora principal junto al Grupo de Trabajo para el Trato a los Detenidos del Proyecto Constitucional, dijo que las nuevas revelaciones son “especialmente importantes”.

“Esto confirma lo que los abogados de los detenidos han alegado desde 2005, cuando fueron introducidas las sillas de sujeción, y lo que el informe del Proyecto Constitucional y la investigación por parte del Comité de Inteligencia del Senado dieron pruebas el años pasado: el uso de sillas de sujeción para forzar la alimentación no es una decisión médica, y no está en línea con las prácticas generales del BOP”, explicó Katherine Hawkins a VICE. “No está ni siquiera en línea con la política general de uso de la fuerza para utilizar las sillas de sujeción de Guantánamo. Están siendo usadas para castigar las huelgas de hambre”.

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La introducción de sillas de sujeción a inicios de 2006 parecía conducir al final de una huelga masiva de hambre que comenzó un año antes. Siete años después, los guardias fueron instruidos para inspeccionar varios libros del Corán de los detenidos para asegurarse de que no estuvieran guardando medicamentos u otros contrabandos. El manejo de los libros sagrados condujo a una pequeña huelga de hambre que, rápidamente, se transformó en una manifestación en la que participaron más de cien detenidos.

Las autoridades militares se abastecieron de más de cien mil latas de Ensure y otros suplementos líquidos nutricionales al tiempo que negaban la existencia de una protesta masiva. Los militares también reescribieron en secreto sus protocolos de huelgas de hambre y sillas de sujeción en marzo de 2013; fue la primera vez que la política fue cambiada desde 2005. Dos meses después, la publicación del documento no editado de treinta páginas puso al descubierto los procedimientos de alimentación forzada, que incluían el uso de drogas altamente controversiales utilizadas para tratar el ardor del estómago causado por el reflujo de ácidos. La droga, Reglan, es conocida por causar el desorden neurológico irreversible de discinesia tardía.

Las autoridades militares de Guantánamo, en un esfuerzo por cumplir con el lema del centro de reclusión de ser “transparente”, le proporcionó a los medios de comunicación un recuento diario del número de detenidos que se negaban a comer, así como el número de reclusos que estaban siendo alimentandos a la fuerza, lo que llevó a un torrente de noticias.

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Mientras tanto, estalló una feroz batalla entre los abogados de los detenidos y las autoridades militares sobre el control de lo narrado sobre las huelgas de hambre. Los detenidos, con ayuda de sus abogados, publicaron artículos de opinión en los principales periódicos, describiendo la alimentación forzada como algo inhumano y como una violación al Convenio de Ginebra. Las autoridades militares, en declaraciones emitidas a la prensa, afirmaron que los detenidos eran mentirosos que estaban intentando atraer la atención de los medios de comunicación, una táctica común entre “los terroristas de Al Qaeda”, y que la alimentación forzosa, a este punto descrita como “alimentación enteral” por los militares, era un procedimiento relativamente sencillo que causaba solo molestias menores.

Las autoridades militares también acusaron a los abogados de los detenidos de incitar a sus clientes. (Las diapositivas de PowerPoint publicadas a principios de este año, revelaron que el personal militar de Guantánamo instruía a las celebridades que visitaban las instalaciones sobre que las huelgas de hambre llevada a cabo por los detenidos no son una forma de protesta contra su retención indefinida y el trato que reciben, sino una de las seis “tácticas ofensivas que utilizan para atacar al gobierno de los Estados Unidos).

Las versiones opuestas —y el secreto que rodea a las huelgas de hambre— entre los militares y los abogados, subrayan la imposible tarea de llegar a alguna verdad fiable sobre el asunto, sobre todo cuando se prohíbe el acceso a los detenidos.

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Los abogados de Dhiab y otros cautivos, demandaron al gobierno en la Corte Federal en julio de 2013, en un esfuerzo por poner fin a la alimentación forzada. Pero el juez que preside el caso de Dhiab, Gladys Kessler designada por Clinton, se negó a emitir un fallo en ese momento, argumentando que estaba inhibida debido a la legislación que aprobó el Congreso que prohibía a los jueces tomar decisiones sobre el tratamiento de los detenidos en Guantánamo. Sin embargo, cuando emitió la orden, anotó que el presidente Obama podría terminar con lo que para ella era claramente “un humillante, doloroso y degradante proceso”.

Los abogados apelaron a la decisión de Kessler.

En diciembre de 2013, las autoridades de Guantánamo tenían la suficiente cobertura de noticias negativas. Dijeron que eso estaba interfiriendo con el cuidado “seguro, legal y transparente” de los detenidos. Así que adoptaron nuevas políticas, incrementando el nivel de confidencialidad. Los portavoces de Guantánamo dijeron que ya no ofrecerían a los medios de comunicación más detalles diarios de los detenidos que participaban en huelgas de hambre o era alimentados a la fuerza. Tampoco iban a discutir las huelgas de hambre en términos generales.

“Ha sido una historia autoperpetuada”, dijo el comandante John Filostrat, director de asuntos públicos de la Fuerza de Tarea Conjunta de Guantánamo, en una entrevista desde la base en diciembre pasado. “Es el deseo [de los huelguistas] de llamar la atención sobre ellos, y no vamos a ayudarles en eso”.

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Las huelgas de hambre, y Guantánamo en general, desaparecieron en gran parte de los titulares. Para entonces, la mayoría de detenidos habían vuelto a comer alimentos sólidos.

El silencio de los medios coincidió con la reescritura, una vez más, de los protocolos de huelgas de hambre y alimentación forzada, que designó de nuevo a las huelgas de hambre como “ayunos no religiosos a largo plazo”. Pero gran parte de los procedimientos operativos habituales, obtenidos por VICE en marzo en respuesta a una demanda de la FOIA (Ley por la Libertad de Información), fueron redactados.

Jon Eisenberg, un abogado del equipo legal de Dhiab, dijo que las partes tachadas de los procedimientos operativos habituales contenían información oculta perteneciente a la cantidad y la velocidad de la alimentación forzada. Esta información, según Eisenberg, era crucial, porque demostraría que los nuevos procedimientos son una “forma de tortura coloquialmente conocida como ‘la cura del agua’”.

“La cura del agua se remonta a la Inquisición española y fue utilizada por el Ejército Imperial japonés en contra de los Estados Unidos y los prisioneros de guerra de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial”, escribió Eisenberg en un artículo de opinión publicado en The Hill. “En la Bahía de Guantánamo, los médicos militares y las enfermeras, han medicalizado la cura del agua. Ahora están usando sondas de alimentación nasogástrica excesivamente gruesas para forzar más de dos tercios de un galón de líquido a los detenidos en huelga en tan solo veinte minutos, dos veces al día, mientras están fuertemente atados a una silla de sujeción especial”.

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En febrero, la conservadora Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, envió el caso de Dhiab de vuelta a Kessler, afirmando que los jueces “tienen el poder para supervisar las quejas de los detenidos sobre las condiciones de su reclusión en la prisión militar”, como parte de su competencia de habeas corpus.

Se espera que el volumen de los suplementos líquidos con los que se alimenta a los detenidos durante las sesiones de sondas nasogástricas, sea discutido en estas semanas, en la primera imputación legal sobre las prácticas de alimentación forzada en Guantánamo.

La administración Obama, que afirma ser “la administración más transparente de la historia”, intentó alejar al público y a los medios del juicio. Los abogados del gobierno dijeron a través de documentos judiciales que debido a que el caso refiere información clasificada y no clasificada, la sala debía estar cerrada para evitar “deslices” que podrían dar lugar a una divulgación no autorizada de información.

Históricamente, los jueces federales que supervisan los casos de Guantánamo, en secreto han dado al gobierno el beneficio de la duda. Pero el 2 de octubre, Kessler denegó la petición del gobierno, precisando en un fallo que con “el gran entendimiento e interés público de lo que está en juego, sería particularmente grave impedir al público observar la credibilidad de los testigos vivos, la sustancia de su testimonio, si se siguen todos los procedimientos adecuados y si la Corte está tratando a todos los participantes de manera justa”.

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Al día siguiente, Kessler emitió otro fallo. Dijo que los 28 videos en los que se mostraba como Dhiab era llevado por la fuerza desde su celda durante el apogeo de la huelga de hambre de 2013 y trasladado a una silla de sujeción donde era alimentado a la fuerza, podrían ser mostrados a más de una docena de organizaciones de medios de comunicación que intervinieron en el caso.

El gobierno había argumentado que los videos debían ser ocultados al público, ya que perjudicarían la seguridad nacional y podrían ser utilizados por los enemigos de Estados Unidos como una herramienta de propaganda.

Kessler dijo que los argumentos de la administración Obama eran “simplemente inverosímiles”.

Es la segunda vez este año que un juez federal se ha negado a ceder a las demandas del gobierno de mantener en secreto las imágenes del tratamiento de los cautivos de la guerra contra el terrorismo. En agosto, el juez del tribunal de distrito de los Estados Unidos, Alvin Hellerstein, dijo a los abogados del gobierno que él podría ordenar la liberación de fotografías de más de una década de antigüedad sobre los detenidos que eran abusados por los militares estadunidenses en Irak y Afganistán, las que el gobierno argumenta que deben permanecer en secreto.

En un comunicado emitido a través de sus abogados de la organización internacional Reprieve, Dhiab dijo que quería que las cintas de video sobre su alimentación forzada fueran mostradas públicamente.

“Quiero que los estadunidenses vean lo que está sucediendo en la prisión hoy en día, así entenderán por qué estamos en huelga de hambre, y por qué la cárcel debe ser cerrada”, dijo Dhiab. “Si los estadunidenses reclaman libertad, deberían ver estas cintas. Si de verdad creen en los derechos humanos, tienen que ver estas cintas”.

Dhiab, uno de tantos detenidos que esperan ser transferidos a Uruguay, dijo estar dispuesto a ser alimentado a la fuerza de una manera más huamana.

“La ley estadunidense dice que los prisioneros pueden ser alimentados a la fuerza si están en riesgo inminente de muerte o lesiones personales graves, pero la alimentación forzada no se puede hacer antes de que sea necesario o de manera abusiva”, dijo a VICE el abogado de Dhiab, Eisenberg. “Lo que queremos que haga la jueza Kessler, es que ponga en línea la alimentación forzada de la Bahía de Guantánamo con las exigencias de la ley, y prohíba las prácticas abusivas de alimentación forzada, y que permita [a los detenidos] utilizar el único medio que tienen de protestar en contra de su detención indefinida y sin un juicio”.