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La muerte de tres sindicalistas en Colombia y los presuntos nexos entre la Drummond y las AUC

Hace 20 años, tres líderes sindicales colombianos fueron asesinados y ahora, el Gobierno de Colombia ha acusado a dos ejecutivos de una compañía minera estadounidense por presuntamente haber financiado el crimen.
28.4.21
Víctor Orcasita (izquierda), Valmore Locarno (centro), y Gustavo Soler (derecha) fueron los tres miembros del sindicato que trabajaban para la Drummond en su mina en Colombia. Fueron asesinados por los paramilitares.
Víctor Orcasita (izquierda), Valmore Locarno (centro), y Gustavo Soler (derecha) fueron los tres miembros del sindicato que trabajaban para la Drummond en su mina en Colombia. Fueron asesinados por los paramilitares. en 2001.  Foto cortesía de Sintramienenergética 

VALLEDUPAR, Colombia - En la tarde del 12 de marzo de 2001, paramilitares colombianos a bordo de dos camionetas interceptaron un bus lleno de trabajadores que regresaban a casa luego de terminar su turno en una mina de carbón perteneciente a la multinacional Drummond Company, oriunda de Alabama, EE.UU. Los paramilitares les ordenaron a los trabajadores bajar del bus con sus documentos en la mano y arrodillarse haciendo una fila.

Luego, agarraron a Valmore Locarno, el presidente del sindicato de trabajadores de las minas, y lo ejecutaron frente a sus compañeros.

“Lo cogieron por la cintura y bajándolo del carro lo asesinaron”, recuerda Juan Carlos Rojas, quien acompañó al equipo periodístico de VICE World News al lugar exacto donde sucedió el asesinato hace veinte años. Rojas era uno de los trabajadores que iba en ese bus, junto con Locarno.

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Juan Carlos Rojas asumió la posición de presidente local del sindicato Sintramienenergética después de que tres de sus compañeros de trabajo fueran asesinados. Foto por Ramon Campos Iriarte para VICE World News.

Luego de asesinar a Locarno, los paramilitares identificaron a Víctor Orcasita, el vicepresidente del sindicato, lo subieron a una de las camionetas y se lo llevaron.

“Y ellos lo que argumentaban era que eso le pasaba a la gente que se metía en cosas que no tenía que meterse”, dice Rojas.

Los paramilitares iban armados con fusiles, y los trabajadores estaban tan aterrorizados que emprendieron la huida inmediatamente, sin atreverse a levantar el cuerpo de Valmore Locarno, que quedó tirado a un lado del camino.

“Pudimos haberlo recogido y lo pudimos haber llevado pero no: nos dio temor, nos ganó el pánico y nos ganó el miedo”.

Al día siguiente, el cadáver de Orcasita apareció con signos de tortura y con un disparo en la cabeza.

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Pocos meses después, el líder sindical Gustavo Soler, quien había asumido la presidencia del sindicato después de las muertes de Locarno y Orcasita, fue secuestrado por un comando paramilitar mientras viajaba en un bus de pasajeros. También encontraron su cuerpo días después, con dos disparos en el cráneo.

Hace dos décadas, en el departamento del Cesar, al norte de Colombia, ocurrió esta serie de asesinatos. Y desde entonces, varios procesos en cortes civiles de Estados Unidos han intentado resolver el porqué de los crímenes y definir quiénes fueron los responsables.

En diciembre de 2020, la Fiscalía General colombiana acusó formalmente a dos ejecutivos de la minera estadounidense Drummond Company Inc. de haber financiado y promovido el grupo paramilitar que asesinó a los tres sindicalistas.

Los ejecutivos, el antiguo presidente de la Drummond en Colombia, Augusto Jiménez y el actual presidente, José Miguel Linares, fueron imputados por presuntamente financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el grupo paramilitar de extrema derecha más numeroso y sanguinario de la guerra civil colombiana. Durante décadas, los paramilitares y el Estado se enfrentaron contra múltiples grupos guerrilleros de izquierda, lo que se convirtió en el conflicto armado más largo de América Latina.

El caso de los sindicalistas asesinados hace parte de un nuevo esfuerzo por aclarar el nivel de responsabilidad que tuvieron algunas compañías nacionales y extranjeras en el recrudecimiento del conflicto armado en el país. La iniciativa surgió de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, firmados en 2016. Este tratado estableció un sistema especial de justicia tradicional facultado para investigar y procesar a los actores directamente implicados en las hostilidades, pero también a terceros civiles —como empresarios y políticos— que podrían haber participado en la guerra con la colaboración o financiación de alguna de las partes.

Entre 1996 y 2006, el Frente Juan Andrés Álvarez —una facción de las AUC que operó en el área de las minas de Drummond— fue responsable por  lo menos de “2600 asesinatos selectivos, matar a unas 500 personas en masacres, y por la desaparición forzada de más de 240 personas”, según un reporte de la organización holandesa de derechos humanos PAX, publicado en 2014. La violencia paramilitar causó el desplazamiento de casi 60.000 personas en la región minera donde Drummond aún opera, de acuerdo al reporte

Desde hace varios años se han hecho acusaciones y demandas civiles contra compañías multinacionales como Drummond, Dole Food, Del Monte y Chiquita Brands por supuestas financiaciones a grupos paramilitares alrededor de sus centros de operación en Colombia. En 2017, la Fiscalía General de Colombia anunció que las empresas y terceros civiles que hubieran financiado a estos grupos armados podrían juzgarse por “crímenes de lesa humanidad”. Luego, en 2018, la Fiscalía hizo acusaciones a 13 ejecutivos de Chiquita y la empresa se declaró culpable de haber realizado pagos a una organización terrorista, por lo cual aceptó pagar una multa de 25 millones de dólares.


Más recientemente, en julio de 2020, el Grupo de Análisis Financiero y Contable de Justicia Transicional de la Fiscalía colombiana presentó ante un juez penal una auditoría que alega que Drummond pagaba a los paramilitares por medio de un contratista que prestaba el servicio de alimentación en la cafetería de la mina. El juez aún no ha publicado su veredicto, pero el caso podría sentar un precedente para el juzgamiento de compañías que participaron indirectamente en la guerra civil colombiana. El expediente argumenta que la Drummond estaría vinculada -por medio de sus ejecutivos- con los asesinatos de sus trabajadores a manos de los paramilitares que la misma empresa había patrocinado. 

Al ser consultada por VICE World News, Drummond Company, la compañía con sede en Alabama que es objeto de la investigación criminal, respondió que los alegatos “no son nada nuevo” y que espera que tanto Jiménez como Linares sean declarados inocentes. “En el sistema judicial colombiano, al igual que en el estadounidense, las personas son inocentes hasta que se pruebe lo contrario”, escribió la compañía en una de sus misivas a VICE World News.

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Drummond Company abrió su primera mina de carbón en el departamento del Cesar en 1995 y el proyecto se mostró ante la opinión pública como una gran oportunidad,  tanto para la empresa, como para el país y la región: Drummond comenzó a pagar impuestos y regalías al Estado colombiano y se crearon miles de empleos en su área de influencia. Entre 1995 y 2015, la compañía estadounidense pagó cerca de 4.000 millones de dólares en obligaciones fiscales en Colombia, según sus propios informes financieros.

Sin embargo, la segunda mitad de los años 90 y los primeros años de la década del 2000 fueron el punto más álgido de la guerra civil colombiana. El conflicto entre el Estado —que por lo general gobernó para la clase terrateniente y las élites urbanas— y las organizaciones guerrilleras —que proponían cambios estructurales en el sistema político y económico del país— desbordó su violencia a niveles insospechados.

Los insurgentes persiguieron políticos tradicionales, terratenientes ricos y compañías multinacionales; cobraron impuestos de guerra, dinamitaron oleoductos, sabotearon algunas industrias y secuestraron ejecutivos de empresas extranjeras.

En 1994 y como respuesta, el Gobierno del entonces presidente César Gaviria reglamentó temporalmente la creación de grupos privados de autodefensa que podían combatir las guerrillas a la par que las fuerzas armadas. Sin embargo, en medio de abusos y violaciones de derechos humanos, la legalidad de las “Convivir” —como bautizaron a estos grupos— fue anulada por la Corte Constitucional en 1997, y en ese momento, muchos de sus líderes e integrantes pasaron a formar parte de ejércitos paramilitares abiertamente criminales. Estos continuaron recibiendo el apoyo secreto de los más altos estamentos políticos, económicos y militares colombianos.

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Decenas de miles de personas, muchas de las cuales nunca hicieron parte del conflicto, fueron asesinadas y desaparecidas, y desplazaron a la fuerza de sus tierras a pueblos y comunidades enteras. Los paramilitares desataron su violencia en contra de cualquiera que pudiera ser visto como simpatizante de las guerrillas: maestros, activistas, estudiantes, defensores de derechos humanos y, particularmente, sindicalistas.

Las operaciones mineras de Drummond crecieron y se expandieron en medio de este caos.

Entre 1995 y el 2000, de acuerdo con varios antiguos trabajadores de Drummond, el ferrocarril que transportaba carbón, desde la mina de la empresa hasta el puerto de la compañía en la costa Caribe, fue dinamitado docenas de veces. Las guerrillas se adjudicaron varios de los atentados y, de acuerdo también al testimonio de un supervisor norteamericano que trabajaba en la mina, algunos ejecutivos y administrativos de Drummond sospechaban que los miembros del sindicato estaban vinculados con los grupos guerrilleros.

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El carbón extraído en la mina de Drummond se envía a todo el mundo. Foto de Ramón Campos Iriarte para Vice World News

En 2007, un supervisor de personal testificó ante una corte en Alabama que los jefes en la mina de Drummond, incluido el superior de Locarno decían, “que el sindicato y las guerrillas eran prácticamente lo mismo y que, además, eran responsables del sabotaje al ferrocarril..”

El jefe de seguridad de Drummond en ese entonces, el exagente de la CIA Jim Atkins, también aseguró que existía esa conexión. En una entrevista exclusiva de enero de 2021 con VICE World News, Adkins dijo que seguía considerando que los ataques contra los trenes estaban ligados a las tensiones en las negociaciones entre el sindicato y la compañía.

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“Las negociaciones se estancaban y de repente nos reportaban un atentado contra los trenes” dijo Atkins, quien sostuvo —sin aportar ninguna prueba— que los grupos guerrilleros apoyaban los intereses del sindicato. VICE World News entrevistó a Solis Almeida, el excomandante encargado del Frente 41 de las FARC, que operó en el mismo periodo de los hechos en el área de las minas de carbón del Cesar. Almeida aceptó que sus unidades saboteaban con frecuencia los trenes de la Drummond, pero negó categóricamente que las FARC hubieran tenido vínculo alguno con Sintramienergética, el sindicato que representa a cientos de trabajadores de la compañía estadounidense en Colombia.

En el 2000, la rama local de Sintramienergética sostuvo reuniones con representantes de la Drummond para negociar términos sobre los contratos laborales y sobre la seguridad en el lugar de trabajo, tema prioritario puesto que, ese año, cuatro trabajadores murieron durante un derrumbe dentro de la mina. Los sindicalistas también manifestaron su descontento con la calidad de la comida que servían en la cafetería de la mina, donde todos los trabajadores recibían casi toda su alimentación. Juan Carlos Rojas recuerda que era “una alimentación que no traía nada bueno al organismo”, que “el arroz venía de pronto sucio, con piedras, no lo lavaban”, o que “la carne llegaba en mal estado”. Él y otros miembros del sindicato denunciaron que, además, el personal de la cafetería portaba armas de fuego.

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“Yo nunca había visto que a uno le fuera a servir un plato de comida una persona armada, con una pistola”, dijo Rojas.

Para ese momento, los líderes del sindicato, Valmore Locarno y Víctor Orcasita, ya recibían amenazas de muerte. Ante el peligro inminente, el sindicato pidió a la empresa que otorgara a sus líderes un lugar para pernoctar en el recinto de la mina —como lo hacían los empleados estadounidenses de la compañía—, con el fin de evitar transitar de noche por las zonas aledañas, controladas por los paramilitares. El sindicato también se reunió con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) —la extinta agencia de inteligencia colombiana— para solicitar un “estudio de seguridad” que estimara el nivel de riesgo que corrían Locarno y Orcasita. De correr peligro, el Gobierno estaría obligado a tomar medidas para protegerlos, poniendo a su disposición guardaespaldas y autos blindados.

Sin embargo, de acuerdo con el testimonio del mismo Augusto Jiménez, Drummond negó la solicitud de alojar a los sindicalistas en el recinto de la mina y el DAS determinó que el riesgo que corrían era “medio o bajo”,  por lo cual no se acordó ninguna medida de protección.

El 12 de marzo del 2001, después de pocas semanas de la negativa, Valmore Locarno y Víctor Orcasita fueron asesinados. Gustavo Soler, quien los reemplazó a la cabeza del sindicato, también cayó muerto pocos meses después: el 6 de octubre de ese año.

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Después de estos asesinatos, la esposa de Locarno, Yaneth Baloco, empezó a recibir llamadas intimidantes en nombre de miembros de los paramilitares. Baloco denunció las amenazas ante el DAS, pero esto desembocó en más amenazas.

“La persona dijo que dejara de hacer lo que estaba haciendo, que ellos sabían quién era yo. Sabían dónde ubicarme y dónde estudiaban mi hijo y mi sobrina. Me dieron un plazo de un mes para salir”. 

Baloco huyó con sus dos hijos hacia El Salvador, y luego se asiló en Canadá.

En 2007, un equipo legal que representaba a Sintramienergética y a las familias de las víctimas —incluyendo a Baloco—, denunció a Drummond ante una corte civil en los Estados Unidos. La demanda alegaba que el presidente de Drummond en Colombia, Augusto Jiménez, con el beneplácito de los ejecutivos de la compañía en EE.UU., habría pagado a los paramilitares de las AUC para asesinar a los tres líderes sindicales.

El jurado de Alabama falló en favor de Drummond. Sin embargo, Terry Collingsworth, el abogado que dirigió el equipo legal, persistió en buscar acciones legales en contra de la empresa minera. Collingsworth demandó de nuevo en nombre de los hijos de las víctimas y en representación de las familias de otros asesinados por los paramilitares en el Cesar. Ninguno de sus casos prosperó y la empresa Drummond contra-demandó a Collingsworth por calumnia, en un proceso cuya resolución sigue pendiente.

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Desde entonces, nuevas informaciones han surgido, las cuales han renovado el caso. Entre el 2002 y el 2006, el Gobierno colombiano negoció el desarme de los paramilitares de las AUC, apoyado en una figura jurídica llamada la “Ley de Justicia y Paz”. El proceso permitió que los miembros de las AUC entregaran sus armas y confesaran sus crímenes, a cambio de penas reducidas a un máximo de 8 años en prisión. Miles de paramilitares se desmovilizaron formalmente y varios de ellos han confesado su responsabilidad en los crímenes de los sindicalistas de la Drummond.

Gracias a dichas confesiones una persona se perfiló como la mente detrás de los asesinatos: Jaime Blanco Maya, el contratista de la cafetería de la mina.

En 2013, Blanco fue hallado culpable de homicidio agravado y concierto para delinquir por las muertes de Víctor Orcasita y Valmore Locarno, y por ello fue condenado a 38 años de cárcel. Blanco, a su vez, señaló a los ejecutivos de Drummond cómo los responsables de haber financiado el grupo paramilitar a través de su empresa de alimentación. Acusó particularmente a Jim Adkins de estar involucrado en el plan para atentar contra los sindicalistas. 

En su entrevista con VICE World News, Adkins negó haber tenido conexión alguna con las muertes de los tres trabajadores.

Durante el juicio en Alabama, se supo que Blanco y algunos miembros de los paramilitares que accedieron a testificar en contra de Drummond, habían recibido pagos de parte de Terry Collingsworth, el abogado de las víctimas. Collingsworth argumentó que esos dineros tenían como propósito proteger a sus testigos de posibles represalias en Colombia, pero el juez de la corte no estuvo de acuerdo con su explicación. Finalmente, los pagos enredaron aún más el proceso que, de por sí, ya era bien complicado. En todo caso, los elementos cruciales de los testimonios cuestionados han sido corroborados por otros testigos y respaldados por documentos judiciales en ambos países.

Hoy por hoy, el informe financiero de la Fiscalía colombiana probó que Drummond en efecto pagó sobrecostos a la empresa de alimentación de Blanco, lo cual levanta sospechas sobre quienes autorizaron esos desembolsos, es decir, sobre Jiménez y Linares. Los sobrecostos estaban ligados al plan para financiar ilegalmente a las AUC, razón por la cual es estimable asumir que los directivos de la compañía estaban informados del destino de esos dineros. Así mismo, ya que los paramilitares reconocieron el haber asesinado a los líderes sindicales, el dinero de la Drummond, por extensión, habría pagado también por sus muertes.   

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Ilustración por Dani Elisa para Vice En Español.

El caso, que ha tardado más de dos décadas en definirse, hoy está en manos de un juez penal colombiano. Su veredicto podría sentar un precedente crucial respecto de la manera cómo las compañías multinacionales son juzgadas por su responsabilidad en crímenes ambientales y violaciones a los derechos humanos a nivel global —y de paso, la clausura del proceso permitiría remitir finalmente algunas respuestas a las familias de Locarno, Orcasita y Soler. 

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