Ayotzinapa está en AMLO. Estos son los últimos lances por enterrar el expediente
Integrantes del equipo de Andrés Manuel López Obrador han sostenido reuniones con los abogados de los padres de los estudiantes de Ayotzinapa. Fotografía: Cuartoscuro.com
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Ayotzinapa está en AMLO. Estos son los últimos lances por enterrar el expediente

Luego de que Peña Nieto lanzara una ofensiva jurídica con más de 100 acciones para defender su “verdad histórica”, los padres de los 43 desaparecidos comenzaron a tejer lazos con el próximo gobierno.

Artículo publicado por VICE México.

A casi cuatro años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las madres y padres de los normalistas ya no tienen expectativas de que el esclarecimiento del caso se realice bajo la administración de Enrique Peña Nieto. Los ojos de familiares, abogados y activistas están puestos en las acciones que pueda emprender el próximo gobierno, que será encabezado por Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre.

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Un documento del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., consultado por VICE, detalla que “el gobierno de Enrique Peña Nieto comenzó una ofensiva jurídica inédita […] En total, se han presentado más de 100 recursos y escritos jurídicos contra el fallo [de un juez de Tamaulipas, quien ordenó crear una Comisión de la Verdad]. Es decir, se ha dedicado más energía institucional a pelear contra la sentencia que en esclarecer el caso. Las autoridades que no se coordinan para buscar desaparecidos se coordinaron para combatir la sentencia”.

Vidulfo Rosales, abogado de los padres de Ayotzinapa, comenta en entrevista que “el nuevo gobierno tienen toda la voluntad de avanzar en la integración de la Comisión de la Verdad, ya nos hemos estado reuniendo con ellos y han mostrado mucha disposición para poder ahondar en estos temas, sin embargo, el problema que tenemos es con el gobierno actual”.

El jurista alerta que “la pelota está en la cancha del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tanto del nuevo gobierno. Si la Suprema Corte fallara en contra [de crear la Comisión de la Verdad], no dudamos que el nuevo gobierno vaya a retomar esta demanda y llevaría a crear esta Comisión, pero eso representa otras complejidades, hay que buscar su génesis legal, su fundamento legal, su mandato y eso pasa por las discusiones que se puedan dar en el Congreso y eso retrasaría la comisión”.

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El subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., Santiago Aguirre, asegura que “los padres y madres advierten que, más allá de esta discusión jurídica, la esperanza de que haya esclarecimiento en el caso hoy por hoy pasa por la salida de este gobierno, que una y otra vez ha obstaculizado el acceso a la justicia. [Hay] la esperanza de que el próximo gobierno pueda tomar cartas en el asunto y finalmente dar con la verdad del caso, sea cual sea”.

Aguirre añade que “se vuelve aún más relevante esta sentencia porque ocurre cuando ya está concluyendo la investigación de Peña Nieto; estamos en la inminencia de la llegada de un nuevo gobierno, se vuelve relevante la sentencia en ese contexto porque el nuevo gobierno puede encontrar en la sentencia del tribunal colegiado elementos muy relevantes para la creación de un mecanismo extraordinario de investigación, en los términos en que el tribunal colegiado ha dispuesto”.

El juez que devolvió la esperanza

La respuesta sobre lo que ocurrió en Iguala, Guerrero, aquella noche del 26 de septiembre de 2014, parecía estar más cerca de los familiares luego de que el Primer Tribunal Colegiado, asentado en Reynosa, Tamaulipas, ordenara el 4 de junio crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, al considerar que solo así se podría componer una averiguación tan manoseada.

El abogado de los padres de Ayotzinapa señala que la sentencia resultó trascendental porque “rebasa la interpretación tradicional y restrictiva a la que están acostumbrados los jueces mexicanos, entonces no acaba de gustar a los sectores poco progresistas”, además de que el fallo incorporó la visión de los tratados internacionales de derechos humanos.

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Este dictamen no solo es determinante para resolver el caso que cimbró el sexenio de Peña Nieto y lo puso ante la mirada internacional, sino que además pone en entredicho las pesquisas de la Procuraduría General de la República (PGR) y la “verdad histórica”, relatada por su entonces responsable, Jesús Murillo Karam, y repetida por sus sucesores.

Esta comisión, conformada por víctimas, Ministerio Público (MP) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), funcionaría como un mecanismo extraordinario en el que el MP seguirá a cargo de la investigación penal, pero con el contrapeso de la CNDH y las víctimas. Además, contaría con asistencia técnica internacional, por ejemplo, el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI).


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Sin embargo, a raíz del fallo en el tribunal tamaulipeco, cuya sentencia fue declarada inatacable, el gobierno de Enrique Peña Nieto orquestó una embestida jurídica que incluyó quejas presentadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Como pocas veces se ha visto, instituciones públicas de alto nivel como Presidencia, la Cámara de Diputados, la PGR, la Policía Federal (PF) y las secretarías de Gobernación, Hacienda, Salud, Defesa y Marina se movilizaron para presentar más de 70 recursos de revisión extraordinaria con el fin de bloquear el establecimiento de la Comisión de Investigación.

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“Las dependencias no se coordinan para buscar los desaparecidos, súbitamente sí se coordinan para impugnar una sentencia innovadora e independiente, pues da cuenta que toda la administración federal de EPN se ha volcado en la defensa de la versión oficial del caso Ayotzinapa, una versión que carece de pruebas científica”, explica el subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.

En suma, la ofensiva del peñanietismo conforma un tutorial de cómo asediar una sentencia jurídica de este calibre, ya que presentaron más de 100 recursos legales y escritos que buscan impugnar la sentencia, incluidas diversas aclaraciones de sentencia, incidentes de nulidad de notificaciones o de regularización de procedimiento. De acuerdo con el Centro Prodh, quienes documentaron las anomalías, hubo incluso militares que impugnaron la sentencia individualmente con el apoyo de abogados del Ejercito mexicano.

Operación Tamaulipas

Con el fallo a cuestas y la “verdad histórica” sobre la desaparición de los normalistas tambaleándose, el Tercer Tribunal Unitario ubicado en Reynosa, Tamaulipas, recibió más de 30 recursos de revisión extraordinaria firmados por dependencias como la PF, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y la Comisión Ejecutivo de Atención a Víctimas (CEAV), revela el informe del Centro Prodh.
Otras instituciones que también articularon la defensa de la verdad oficial con sendos amparos de revisión fueron las secretarías de Defensa ( SEDENA), la Marina-Armada de México ( SEMAR), Hacienda y Crédito Público ( SHCP) y de Salud ( SS).

La ofensiva no terminó ahí, pues diversas oficinas apelaron ante el Primer Tribunal Colegiado, el mismo que dictó la sentencia histórica. En primera instancia, el presidente y los diputados solicitaron una aclaración de sentencia que se declaró improcedente, pero después promovieron incidentes de nulidad de notificaciones para entorpecer y retrasar el acatamiento del fallo.

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En el Tribunal Colegiado también se presentaron 40 oficios por recursos extraordinarios de revisión, principalmente enviados por la PF, el Ejercito, la Marina, la CEAV, el OADPRS, Hacienda, Secretaría de Salud y la Secretaría de gobernación (SEGOB), sumados a los que presentaron militares por separado. En total, 43 recursos que no procedieron pero que han obstaculizado el cumplimiento de la sentencia.

El Centro Prodh también documentó que la Suprema Corte fue el tercer frente de batalla jurídica donde el gobierno mexicano exhibió su músculo. Ahí llegaron quejas contra el Primer Tribunal Colegiado frente a las cuales se declaró incompetente. Además, recibieron solicitudes de ejercicio de facultad de atracción, las cuales fueron admitidas.


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Por su parte, la PGR, que al ser la instancia responsable de investigar el caso quedó exhibida con el fallo histórico, se inconformó y presentó amparos tanto como pudo. Su primera respuesta fue presentar un incidente de regularización de procedimiento que no prosperó. De igual forma, como también lo hizo la cámara de diputados, se pronunció por incidentes de imposibilidad de cumplimiento de la sentencia, es decir, que no se podía cumplir la sentencia por cuestiones materiales y jurídicas.

Este recurso fue aceptado el pasado 18 de julio por el Tercer Tribunal Unitario, al considerar que había imposibilidad para crear la Comisión de Investigación, por lo que su creación está en riesgo.

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“Nos parece lamentable esta posición, que en la última recta del gobierno de Peña Nieto haya desplegado cuantiosos recursos y todas las energías para evitar una investigación, creo que es grave”, comenta el jurista Rosales.

Respecto a las motivaciones del gobierno federal por actuar así, el representante del Centro Prodh indica a Vice que, si bien no cuenta con evidencia suficiente, le parece muy claro que el gobierno mexicano tomó la determinación de generar una explicación donde afirmaron que los estudiantes habían muerto incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, cuando carecías de pruebas científicas.

“Cuando esa versión se cayó por el escrutinio internacional, en lugar de abrir una investigación seria sobre lo ocurrido, el gobierno federal siguió defendiendo esa versión, eso explica que cuando un tribunal mexicano también ha encontrado grandes irregularidades de investigación la respuesta de la administración sea seguirse cerrando en torno a la defensa de esa versión”, detalla Santiago Aguirre.

Fallo histórico

El fallo del Tribunal Colegiado es considerado histórico por especialistas ya que además de ordenar la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, se pone del lado de las víctimas luego de observar que la investigación del Caso Ayotzinapa no había sido inmediata, efectiva, independiente, ni mucho menos imparcial.

Desde que se iniciaron las investigaciones en torno a la desaparición de los normalistas en 2014, la PGR ha acusado a más de 130 personas por ser parte de la estructura de Guerreros Unidos en Iguala. No obstante, solo 65 han sido señalados por delitos contra los estudiantes: 30 policías de Iguala, 20 policías de Cocula y 15 civiles a quienes acusan de secuestro.

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Argumentando que por la peligrosidad de los implicados el caso no podía permanecer en Guerrero, las acusaciones de la Procuraduría, dependencia que ha cambiado cuatro veces de titular desde entonces, fueron hechas ante juzgados federales del estado de Tamaulipas.

En la entidad fronteriza, el Juez Primero de Distrito del Décimo Noveno Distrito, con sede en Ciudad Victoria, dictó formal prisión contra los acusados. Nueve de ellos, quienes eran representados por defensores públicos federales, apelaron la sentencia e interpusieron amparos, aludiendo actos de tortura, principalmente.


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El Tercer Tribunal Unitario, ubicado en Reynosa, les otorgó el amparo por considerar que las víctimas no habían sido llamadas al juicio. En respuesta, la PGR se inconformó en el Primer Tribunal Colegiado, también con sede en Reynosa, alegando que las víctimas no tenían porqué ser llamadas.

El mismo tribunal colegiado consideró que la sentencia contra los acusados debía ser revocada debido a irregularidades como detenciones arbitrarias, retención ilegal, posible tortura o la ausencia de una defensa adecuada, y aunque no los dejó libres, ordenó que se investigara si fueron torturados antes de anunciar un nuevo veredicto.

A decir de Aguirre del Centro Prodh, por la mediatización del ‘Caso Iguala’ y la envergadura de la investigación, es muy probable que termine siendo analizado por la SCJN, aunque no sabe qué cara del poder judicial mexicano esperar, la que se anima a dictar una sentencia innovadora y se pone en perspectiva de las víctimas o la que pliega al poder y continúa con el encubrimiento.

“La sentencia llega en un momento muy relevante y termina por ser una valoración reprobatoria del desempeño que tuvo esta administración en la investigación del caso de la violación de los derechos de los normalistas, que terminó marcando este sexenio”, dijo Aguirre a Vice.

A la espera de un nuevo fallo judicial, los padres y madres de los normalistas desaparecidos hicieron un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que actúe con seriedad, independencia e imparcialidad. Aunque a decir de los especialistas, las esperanzas de los familiares recaen en lo que pueda encontrar el nuevo gobierno.

Enrique Alvarado en Twitter: @kikin_agz

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