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Chile reabre el caso de los dos jóvenes quemados vivos durante la dictadura de Pinochet

La rectificación de la declaración de un testigo permite la reapertura del denominado "caso quemados". La justicia interroga a los ex militares presuntamente involucrados en los hechos acaecidos en 1986.
23.7.15
Carmen Quintana en 1987. Imagen por Gregg Newton/Reuters

Chile avanza en la investigación de los casos aún impunes ocurridos durante la dictadura de Augusto Pinochet [1973-1990]. El miércoles comenzaron los interrogatorios a siete militares retirados implicados en la quema de dos jóvenes que protestaban contra el gobierno del general golpista Pinochet en 1986. Se trata del denominado "caso quemados".

El 2 julio de 1986, en medio de una huelga nacional, una patrulla militar comandada por el que fuera teniente del ejército chileno, Pedro Fernández Dittus, detuvo al fotógrafo Rodrigo Rojas y a la estudiante Carmen Gloria Quintana, que entonces tenía 18 años. Posteriormente aparecieron quemados y con vida.

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La versión oficial de la dictadura fue que los cócteles molotov que los jóvenes portaban les estallaron y se quemaron por accidente.

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El proceso judicial ha podido ser reabierto gracias a la declaración del entonces recluta Fernando Guzmán, que en noviembre aportó nuevos detalles sobre el caso. La corte de apelación de Santiago de Chile, con el juez Mario Carroza a la cabeza, ordenó la detención de los siete ex militares ante las nuevas pruebas testificales.

"A su pregunta, lo primero que debo indicar es que todas las declaraciones dadas en la Segunda Fiscalía Militar, son todas mentiras, porque me obligaron a aprenderme esas declaraciones", empieza tajante la nueva declaración de Guzmán ante el juez.

Según su rectificación, en aquel momento existió un "pacto de silencio" entre militares de alto rango y conscriptos [reclutas de la población civil que servían al ejército de manera obligatoria]. Mediante este "pacto" los reclutas habrían sido obligados a declarar bajo amenaza para dar una versión falsa y unificada ante los juzgados.

'Yo tenía tanta rabia que le digo a la policía: tíreme un balazo por favor, para no seguir sufriendo'.

La versión de Carmen Quintana, la única víctima que sobrevivió, es muy diferente: los militares dieron una paliza a Rodrigo Rojas, rociaron a los dos con gasolina y les prendieron fuego. Cuando la patrulla apagó las llamas fueron subidos a un vehículo y luego abandonados agonizando en un camino en las afueras de Santiago. Rojas y Quintana lograron pedir ayuda, pero el fotógrafo falleció horas más tarde a causa de las heridas. Testigos presenciales ratificaron esta versión."Yo estaba de pie contra la pared. Me empieza a echar bencina [gasolina] desde la cabeza y a Rodrigo lo rocía como a una planta, porque él estaba tendido en el suelo sangrando", cuenta la entonces estudiante en una entrevista para la BBC.

"En esos momentos yo no pensé que la idea era quemarnos. Se me pasó por la mente que era como una burla, que nos iban a soltar y me iba a poder bañar", sigue Quintana. Pero no fue así: "Repentinamente ellos nos tiran un aparato incendiario que explota y yo me convierto en una antorcha humana. Y Rodrigo también".

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Carmen Quintana, según su relato, estuvo inconsciente en un camino campestre hasta que su acompañante le despertó. Caminaron hasta encontrar una patrulla de la policía, a la que no contaron la verdad por "miedo a que los desaparecieran". "Yo tenía tanta rabia que le digo a la policía: 'Tíreme un balazo por favor, para no seguir sufriendo'", recuerda Quintana.

Fueron trasladados a un consultorio cercano para luego acabar en la Posta Central, el hospital más grande de urgencias del país. Ella cayó en coma, y Rodrigo Rojas no lo consiguió. El joven tenía el 70 por ciento del cuerpo quemado.

Dos meses y medio después, Quintana viajó a Canadá para recibir un tratamiento de recuperación.

'Los familiares tienen derecho a la verdad a pesar del tiempo que haya ocurrido, y es un deber del Estado hacer todos los esfuerzos necesarios para alcanzarla'.

Después de más de 40 operaciones, volvió a Chile en 1988 para contar lo que le sucedió y viajó por todo el mundo para difundir las vulneraciones de los derechos humanos que sufrían en su país. "La fuerza me la dio la rabia, saber que tanta gente había muerto y no tenía voz para denunciar lo sucedido. Yo me sentí una portavoz de toda esa gente", cierra la entrevista con estas palabras la estudiante.

En 2011, la Comisión Presidencial Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, llamada Comisión Valech, presentó un informe que cifraba en 3.065 los muertos y desaparecidos desde 1973 a 1990 durante la dictadura de Pinochet.

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La comisión eleva la cifra de víctimas a más de 40.000, un dato que incluye detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, víctimas de violencia política, torturados y presos políticos durante los 17 años de la dictadura.

"Esta realidad reafirma que el país sufrió entre 1973 y 1990 una política de Estado en materia de violaciones de derechos humanos. Esta constatación refuerza la responsabilidad del Estado de Chile en relación con el reconocimiento y reparación de las víctimas", se lee en el documento.

El gobierno chileno fue obligado en 1999 a pagar 470.000 dólares a Quintana en concepto de reparación.

Esta es la cuarta comisión de la verdad creada en Chile tras el retorno de la democracia. Según las organizaciones de las víctimas, la comisión anterior rechazó más de 20.000 denuncias. La actual comisión comenzó a operar durante el final del primer mandato de la presidenta socialista Michelle Bachelet, y presentó las conclusiones durante el gobierno de centroderecha del expresidente Sebastián Piñeira.

"La sociedad chilena ha madurado. Ha habido una profunda reflexión respecto a los crímenes y a la brutalidad de los hechos acontecidos durante la dictadura. Hoy la sociedad asume que estos hechos no pueden jamás estar justificados" dice a VICE News el abogado Rodrigo Lledó, jefe del Área Jurídica del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

"Hoy tenemos un ambiente propicio para hacer justicia y buscar la verdad. Ya hubo un gobierno de derechas democrático [Piñera, 2010-1014] el cual se desvinculó del golpe militar, y mantuvo los programas estatales de derechos humanos. No hubo siquiera un intento de ley de amnistía. Finalmente la derecha se desmarcó de la dictadura militar", agrega el abogado.

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"Chile ha asumido compromisos internacionales que lo obligan a continuar con estas investigaciones. Los familiares tienen derecho a la verdad a pesar del tiempo que haya ocurrido, y es un deber del Estado hacer todos los esfuerzos necesarios para alcanzarla. Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, esas son las obligaciones del Estado. El 'nunca más'. Cuando Chile no cumplía con estas obligaciones fue condenado y perjudicado", resalta Lledó.

El jueves terminó la ronda de interrogatorios a los detenidos, y comenzaron los careos entre el conscripto y los oficiales y suboficiales, que continúan detenidos.

El viernes, el juez debe decidir si los deja en libertad sin cargos, o si los somete a proceso, y los encausa. En este último caso seguirán detenidos unos días más, pero recuperarían su libertad bajo fianza, mientras la causa avanza.

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