Podrías ser terrorista y no saberlo

Corría el año 2015 y Europa entera se estremecía. Unos fanáticos asesinos acababan a tiros con media redacción del semanario satírico francés Charlie Hebdó. Las calles de París se inundaban de líderes mundiales manifestándose en defensa de la libertad de expresión y en las redes sociales todos éramos, sin dudarlo, Charlie. Hace tres años de aquello. Toda una vida. Cuando aquellos dirigentes acabaron la vistosa manifestación en defensa de las libertades, se subieron a sus aviones y volvieron a sus respectivos países a seguir recortándolas con más fuerza que nunca.

Mientras tanto, esos mismos líderes seguían cultivando, como siempre, excelentes relaciones diplomáticas y económicas con los países que, precisamente, son señalados por financiar el terrorismo. Uno de los asistentes a aquella foto fue nuestro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Cuando mi perro no consigue alcanzar la pelota que se ha metido bajo el mueble del salón, da vueltas sobre su rabo intentando morderse la cola, a ver si la pelota sale. La estrategia nunca le funciona. Cuando un político no puede solucionar un problema, propone un Pacto Anti-El Problema y llama a los periodistas para que hagan fotografías del instante en el que se estampan las firmas.

Aquellas fotos de 2015 muestran que quienes se giraban intentando morderse la cola eran Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Los líderes de PP y PSOE sellaban sus firmas sobre un pacto antiterrorista que, en la España que al fin se liberaba del terrorismo de ETA, decidía ampliar el concepto de terrorismo a una infinidad de ámbitos. Un pacto que derivaba en una reforma de la ley que convertía el ser terrorista o no serlo en un asunto absolutamente subjetivo que se decide, normalmente, por motivos políticos. Sí, como suena.

Si antiguamente el hecho de cometer un delito terrorista tenía que ver con pegar tiros en la cabeza o poner bombas siendo miembro de una organización considerada terrorista por su historial delictivo, hoy puede ser considerado delito de terrorismo cortar una carretera en protesta por las detenciones de líderes políticos catalanes. Le ha pasado a Tamara Carrasco, líder del Comité de Defensa de la República (CDR).

La cara de esta joven “terrorista” la conocíamos estos días y era nueva para todos. No la habíamos visto nunca antes en aquellos míticos tablones de los más buscados o en blanco y negro en el telediario. Básicamente porque nadie la buscaba hasta que decidieron detenerla.

Aquello de ser terrorista le pilló en casa una buena mañana de esta semana. Un operativo policial con todos los condimentos —metralletas y pasamontañas incluidos— la detuvo y la puso a disposición de la Audiencia Nacional, lugar muy venido a menos por el que antiguamente pasaba lo más granado del crimen sanguinario y que hoy es destino de tuiteros, raperos o activistas sociales como Tamara.

Entre las detenciones de los líderes de ETA y la de Tamara o los jóvenes de la pelea de bar de Alsasua no hay diferencia estética —las metralletas y los pasamontañas de la policía y las peticiones de décadas de prisión de la fiscalía son idénticas— pero sí conceptual. Una diferencia conceptual muy evidente: los primeros pertenecían a una organización que asesinaba y los segundos son víctimas de un código penal que, a falta de terrorismo real en España, ha decidido dar a luz un nuevo concepto de terrorismo cogido con pinzas.

La matrona fue aquella reforma del código penal en 2015, aprovechando la consternación por los atentados yihadistas —con la consternación la cucharada de recorte de libertades siempre sabe riquísima—, impulsada por los dos principales partidos del país que decidieron que terrorismo, como en el poema de Gustavo Adolfo Bécquer, "eres tú".

O podrías serlo, si eres sometido a la interpretación adecuada en un nuevo concepto de ley que deja la decisión de si algo es o no terrorismo en un limbo subjetivo en el que no tiene por qué haber sangre de por medio.

El mismo corte de carreteras puede ser considerado un delito de terrorismo en la Cataluña de hoy o una simple protesta si el corte lo provocan los astilleros de Cádiz, los mineros de León o el dirigente del PP Pablo Casado, que cortaba el tráfico en 2007 en protesta contra una sentencia del Tribunal Supremo y el Gobierno de Zapatero. Todo depende de la interpretación que tribunales cuyos miembros son nombrados por los poderes políticos quieran darle al asunto.

Si algo ha preocupado a los legisladores históricamente es acotar las normas de tal forma que no quepa interpretación subjetiva posible. No ha sido el caso del artículo 573 del código penal español que regula qué es terrorismo. Tan subjetivo como una canción. La norma podría haberla escrito Café Quijano o Macaco. Ahí va la letra.

Se considerarán delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, previstos en el presente Código.

Juguemos a ser la Audiencia Nacional. Si atentar contra la vida es terrorismo, ¿no es fácil que se nos ocurran mil formas distintas de hacerlo por parte de nuestros propios gobernantes? Si atentar contra los recursos naturales o el medioambiente es terrorismo, ¿por qué no interpretar que son terroristas los responsables de grandes empresas que contaminan el aire? Si atentar contra la salud pública es terrorismo, ¿quién evita que señalemos como terroristas a quienes cierran hospitales o quienes ponen precios abusivos a medicamentos?

Si atentar contra el patrimonio es terrorismo, ¿qué impide que en un futuro un nuevo Gobierno nombre nuevos jueces que consideren que Ana Botella cometió un acto terrorista malvendiendo patrimonio público a un fondo buitre? Sigamos leyendo la letra y jugando. También es terrorismo, según la norma en España:

Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. Alterar gravemente la paz pública. Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional. Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.

Si es terrorismo desestabilizar el funcionamiento de las instituciones, ¿por qué no aplicarle ley antiterrorista a los jóvenes del 15M que en aquellos días de 2011 rodearon el Congreso en Madrid o el Parlament en Cataluña? Hoy, no hay duda, así sería.

En España tenemos hoy una regulación contra el terrorismo que se ocupa de perseguir delitos o acciones de protesta pacífica. Tenemos también a responsables políticos llamando terrorismo a lo que no es terrorismo real. Una situación tan delirante como peligrosa. Y dolorosa. Algunos que sí saben diferenciar lo que es y no es terrorismo, no salen de su estupor estos días tras las detenciones de miembros de estos movimientos de protesta catalanes.

Uno de ellos es Roberto Manrique, víctima del atentado de ETA en Hipercor en 1987, quien en unas declaraciones recientes decía: "Me parece una absoluta exageración, y una forma de usar el terrorismo para tapar otras cosas. No puedo llegar a entender que levantar las barreras de un peaje o cortar carreteras sea equivalente a poner una bomba en un supermercado o matar a alguien de un tiro en la nuca. No tiene sentido. He hablado con muchas víctimas estos días y estamos flipando. El ministro Zoido debería saber que hay víctimas de atentados terroristas reales que son miembros de los CDR. ¿Les va a llamar terroristas también?".

La separación de poderes deja de existir cuando la ley es interpretable y el encargado de interpretarla lo hace bajo connotaciones políticas. En España tenemos un grave problema y no es, por suerte, el terrorismo.