Artículo publicado en colaboración con Volcánicas.Nos vamos quedando cortas de adjetivos para describir la situación de los feminicidios en Colombia. Los listados y conteos anuales también se quedan cortos. No solo porque sabemos que existe un subregistro producto de nuestra incapacidad para nombrar todos los feminicidios por su nombre, sino porque ese corte de calendario gregoriano que supone el reinicio de los contadores cada primero de enero suele darnos una falsa sensación de borrón y cuenta nueva que termina por poner más tierra sobre las mujeres asesinadas en los años anteriores. Los feminicidios deben esclarecerse caso por caso, en toda su singularidad y en toda su dimensión y contexto, pero no son un fenómeno desagregado; son un continuum. El de Lynda Michelle Amaya, de 15 años, así como el de tantas otras mujeres asesinadas el año pasado y los años anteriores no pueden convertirse en un periódico de ayer. No pueden dejarse atrás con un ciclo que se cierra cuando todavía no se han esclarecido, ni se ha hecho justicia, ni se ha reparado a sus familiares, que con frecuencia experimentan la negligencia y revictimización del sistema judicial. Aún si hubiera justicia, el ejercicio de memoria, el duelo público que corresponde a las muertes violentas de mujeres, que son también muertes públicas, no se puede reprimir… y la rabia no prescribe.
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Bajo esa lógica de año nuevo, muertes nuevas en la que tristemente seguimos inmersas, en Colombia asesinaron a 20 mujeres en los primeros 16 días del año, o esos son los casos de los que tenemos conocimiento; podrían ser más. Si bien no todas estas muertes serán tipificadas como feminicidios, la mayoría sí lo son. ¿Qué las hace feminicidios? Que las mataron por ser mujeres. Por ser mujeres en una sociedad patriarcal, en la que las mujeres somos ciudadanas de segunda categoría, supeditadas al poder y control masculino (económico, político, laboral, simbólico, en armas, etc.), por lo que ellos nos pueden violar, poseer, someter, pueden disponer de nuestros cuerpos y, finalmente, quitarnos la vida. Nos matan porque pueden, porque el sistema se los permite. Cada uno de esos casos es la manifestación extrema e irreversible del continuum de violencias que se sostienen en ese sistema de superioridad masculino que llamamos patriarcado. Por eso nos referimos a los feminicidios como la punta del iceberg, la violencia más visible que se levanta sobre todas las demás violencias, tan normalizadas y colectivizadas que pasan imperceptibles a diario frente a nuestras caras y por encima de nuestros cuerpos.Desde que el Observatorio de Feminicidios Colombia de la Red Feminista Antimilitarista empezó a cubrir todo el territorio nacional en sus informes (julio de 2017) a diciembre del 2020, ha registrado 2.140 feminicidios. 274 de julio a diciembre de 2017, 666 en 2018, 571 en 2019 y 629 en 2020, un año en el que estuvimos más tiempo encerradas en nuestras casas que en las calles. Septiembre de 2020 ha sido el mes con mayor cantidad de feminicidios desde que se empezó el registro: 86 feminicidios, casi tres diarios. 2.140 mujeres, 2.140 historias; una suma que solo resta.
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Podemos decir que en Colombia, desde hace por lo menos tres años, hay más muertas por feminicidio que días transcurridos o, lo que es lo mismo, se asesina a por lo menos una mujer a diario por motivo de su género o identidad de género, y nada apunta a que esa tendencia vaya a cambiar. Pero lo más aterrador es precisamente que eso no sea lo más aterrador; nos acostumbramos a esto, quizás porque la mayoría de víctimas de feminicidios son mujeres empobrecidas que no le importan al Estado y a gran parte de la sociedad.Este año cuatro de las víctimas son menores de 15 años, lo que tiene en alerta a organizaciones de mujeres pues, como señala el Observatorio de Feminicidios, refleja que las fronteras sociales del cuidado de la vida se están moviendo muy rápido. La razón por la que los casos de 2021 han alcanzado a rasguñar un poco de atención de los medios masivos de comunicación —además del morbo y amarillismo que hay en los detalles escabrosos de los feminicidios— es precisamente que involucran niñas. Pero como al final del día son mujeres, ciudadanas de segunda categoría, la noticia, sin ir más allá de la narrativa revictimizante, pasó a un segundo plano. Es más importante el nuevo técnico de la Selección de Fútbol que entender a fondo qué hay detrás de los feminicidios y cómo podemos evitar que esto siga repitiéndose con el mismo guion.¿Dónde quedan los aprendizajes de los monitoreos y análisis de feminicidios que ya han arrojado patrones? ¿Alguno ha sido aplicado a políticas públicas y/o campañas de prevención? ¿Qué medidas vienen con las alarmas que los patrones identificados encienden con respecto a los hogares, donde muchas mujeres comparten espacio con sus agresores, particularmente preocupantes ad portas de las nuevas cuarentenas? ¿Sin cambios de fondo en materia de prevención y seguridad, y sin voluntad política para hacerlos, alguien espera realmente que el panorama se torne distinto?
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Quizás acá ya agotamos el “Ni una menos” y el “Ni una más”, porque cada día la violencia machista y los feminicidas se nos llevan a una más y nos dejan una menos. Quizás sea más realista ante la indiferencia e inoperancia del Gobierno, la Fiscalía y sus demás instituciones preguntarnos: ¿cuántas más?
¿Cuántas niñas más como Marbel Rosero, asesinada a sus 15 años en El Tablón de Gómez, Nariño, mientras le llevaba el almuerzo a su papá a la finca donde él trabajaba?¿Cuántas más como Edilma Tenorio Tróchez, mujer Nasa de 33 años presuntamente asesinada por su excuñado en Toribío, Cauca, mientras intentaba defender a su hermana del feminicida?¿Cuántas jóvenes más como Daniela María Isabel Sánchez Rojas, de 22 años, asesinada en su propia casa, en el corregimiento de Rozo, Valle, por Carlos Adolfo Barrera Bravo, su pareja sentimental, que como tantos feminicidas siguió el guion suicida tras cometer el crimen?¿Cuántas mujeres trans más como Sammy, asesinada en Mariquita, Tolima, o como Ericka, asesinada en Ipiales, Nariño, de quienes no sabemos más que sus nombres, porque además de ser mujeres eran mujeres trans con todas las discriminaciones y vejaciones que su identidad de género implica, incluidas la invisibilización de sus transfeminicidios por parte del periodismo patriarcal y la exclusión de otros conteos de feminicidios?
Entonces, ¿cuántas más?
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¿Cuántas mujeres migrantes más como Rosmery Margarita Pérez Torres, de 36 años y nacionalidad venezolana, asesinada en Cartagena delante de dos de sus hijos por su pareja, Carlos Medina Dorantes, tras haberlo denunciado por violencia física y psicológica ante las Fiscalías de Venezuela y Colombia sin respuesta oportuna de las autoridades?¿Cuántas madres e hijas más como María Edith Botina, de 53 años, y Yuri Andrea Bolaños Botina, de 32, quien al parecer era compañera de un miembro de la Policía Nacional, asesinadas en La Unión, Nariño, por sicarios?¿Cuántas más como Marina Cabezas, de 20 años, y Andreína Gómez, venezolana de 25 años, asesinadas en Tumaco, Nariño, de cuyos casos no se sabe nada más?¿Cuántas más como Norvic Yelitza Barrios, asesinada a sus 51 años en Tununguá, Boyacá, a manos de Ángel Tulio Suárez, su pareja, que se suicidó inmediatamente después del crimen? ¿Cuántas niñas más como Adellys Nahomi Camargo López, quien a sus 11 años presenció en su propia vivienda el feminicidio de su madre, Érika López Galán, de 30 años, a manos de su padrastro, Ramiro Atencio Zambrano, en San Alberto, Cesar, y que aunque logró huir y alcanzó a contar lo ocurrido a su madre murió a causa de las heridas que el feminicida le propinó?¿Cuántas mujeres más como Maricel Riascos Andrade, asesinada a sus 29 años por su esposo en Buenaventura, Valle, mientras dormía en su propia casa?
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¿Cuántas niñas más como Mayra Alejandra Orobio Solís, violada y asesinada a sus 12 años en Guapi, Cauca, quien ya había sido antes víctima de violencia sexual y se encontraba en proceso de restablecimiento de sus derechos?¿Cuántas niñas más como María Ángel Molina, de tan solo cuatro años, asesinada en Aguadas, Caldas, al parecer por Juan Carlos Galvis, el exmilitar que la habría secuestrado junto a su hermana de 18 meses? ¿Cuántas madres más como Luz Estela Sánchez, de 50 años, asesinada en Medellín, Antioquia, por su hijo Jhon Fredy Mosquera Sánchez —quien ya había sido sentenciado por violencia intrafamiliar contra una de sus hermanas—, por pedirle que apagara las luces de la casa para ahorrar energía en Medellín, Antioquia?¿Cuántas más como Mildret Xiomara Pedrozo, de 40 años, asesinada en Gamarra, Cesar, por Omar Navarro Salazar, su expareja sentimental, quien a pesar de estar separados no paraba de agredirla?¿Cuántas más como María Camila Núñez, de 25 años, secuestrada en su propia casa en Montelíbano, Córdoba, y dejada muerta días después en un paradero de buses de una carretera intermunicipal? Y aunque el asesinato de Yolanda Zabala Mazo, de 22 años, firmante de la paz que se encontraba en proceso de reincorporación en La Plancha, Antioquia, y de su hermana Reina, de 17 años, podría no ser considerado un doble feminicidio por algunxs: ¿cuántas excombatientes más asesinadas en su propia vivienda por apostarle a la paz? Se firmó la paz, pero la sangre no para y la guerra contra las mujeres tampoco.
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Negación y subregistro
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Efectivamente, pareciera que al Estado no le interesa reconocer las cifras y los niveles de violencia reales. Y es que esas cifras, especialmente las de niñas menores de 15 años en lo que va de 2021 son vergonzosas y ponen en evidencia a un Estado fallido. También hay que tener en cuenta que las cifras “oficiales” que entregan las instituciones gubernamentales solo responden a los feminicidios con condena; no incluyen los que están en procesos de investigación o los que están encarpetados. Considerando el alto nivel de impunidad (más del 75% de casos de homicidios de mujeres —como el Estado los concibe— quedan impunes según ONU Mujeres, y 96% según otras fuentes), podemos decir que el Estado llega a reconocer apenas un cuarto de los feminicidios en el país. Además de que solo reconoció a 143 víctimas de feminicidio entre enero y octubre del 2020, no existe un registro oficial de feminicidios con datos actualizados, en incumplimiento a la Ley Rosa Elvira Cely.“Un año de cuarentena con 626 feminicidios es una emergencia nacional. Ese registro no es un dato que sea fácil de enfrentar, además porque son cuerpos que no les interesan, cuerpos de mujeres empobrecidas. Ahí es importante no solamente mirar en términos del subregistro sino también hacer un análisis de clase social y cuáles son los cuerpos que en realidad importan”, comenta Estefanía. “Hay que evidenciar que se trata de feminicidios porque si no, quedan como homicidios y ahí quedan. Como feminicidios el Estado tiene que hacerse cargo y reconocer que está pasando algo en contra de más de la mitad de la población. Pero no hay un interés político, ni de Estado, ni de Gobierno por visibilizar y desestructurar esa violencia patriarcal y machista que está en esta sociedad”. Pareciera que para lo que sí hay voluntad política es para negar esa realidad que es la de una emergencia nacional y una crisis humanitaria.
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