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El gobierno de México y los cárteles son acusados de actos de lesa humanidad

La organización Open Society Justice Initiative publicó un informe llamado "Atrocidades innegabiles: Confrontando crímenes de lesa humanidad en México" que equipara lo sucedido en la última década en el país con delitos como el genocidio.
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Imagen por Spencer Platt/Getty Images.
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En un país sumergido en la guerra contra las drogas como México, los asesinatos, las desapariciones y los secuestros se cuentan por miles. Los cárteles del narcotráfico y la mayoría de los funcionarios públicos, que han sido señalados, continúan impunes. Mientras, las víctimas siguen esperando justicia.

Ahora, por primera vez, un informe realizado por cinco organizaciones — una de ámbito internacional —, demuestra que existen "fundamentos razonables" para considerar que las fuerzas gubernamentales de México y el cártel del narcotráfico de Los Zetas han cometido, a lo largo de la última década, crímenes de lesa humanidad contra la población civil.

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Este informe titulado "Atrocidades innegabiles: Confrontando crímenes de lesa humanidad en México" fue presentado el pasado martes en la Ciudad de México por Open Society Justice Initiative y cinco de sus asociados en este país, después de tres años de trabajo.

El estudio, acusa a los distintos gobiernos "de ser prácticamente incapaces de garantizar la rendición de cuentas por crímenes atroces, como resultado de la obstrucción política primordialmente". Por ello, exhorta a México a crear un organismo de investigación internacional con el poder para investigar los crímenes atroces y la corrupción.

Las cifras de este informe son bestiales. Entre diciembre de 2006 [fecha en la que el gobierno declaró formalmente la guerra contra el narcotráfico] y diciembre de 2015 se habían asesinado a por lo menos 150.000 personas en el país. Mientras que el número oficial de personas desaparecidas en el mismo periodo es de alrededor de 26.000: tan sólo en 2014 hubo 5.194 casos. En ese mismo año se registraron 103.000 secuestros.

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La investigación destaca que las últimas dos administraciones en el país — la primera a cargo del expresidente Felipe Calderón entre 2006 y 2012, y la segunda encabezada por el actual presidente Enrique Peña Nieto de 2012 a la fecha — han fracasado rotundamente a la hora de establecer las responsabilidades por las atrocidades cometidas por actores federales y estatales, o por el crimen organizado.

"El obstruccionismo político, iniciado por la negación del gobierno respecto a la magnitud y naturaleza del problema, es el motivo fundamental de este fracaso", señala el documento.

Sólo trece condenados por desaparición forzada

Una cifra que resalta es la de las desapariciones forzadas, llamadas así porque han sido cometidas por policías, fuerzas armadas o por algún agente del Estado. Hasta 2015 se tenían 313 investigaciones federales por ese motivo, pero sólo en 13 casos hubo algún condenado.

El documento señala que "aunque se han documentado muchos casos de desapariciones forzadas cometidas por las fuerzas militares, no fue sino hasta agosto de 2015 cuando se condenó a un soldado por este delito".

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La fundación asegura que las desapariciones por motivos políticos u otros pueden ser mucho más, pero las familias de las víctimas no denuncian por temor a represalias o porque temen por su propia seguridad.

Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos del país ha recibido 9.401 denuncias por tortura en los últimos nueve años. El informe menciona que los funcionarios responsables de los casos sobre tortura y malos tratos, incluidos los fiscales y la policía, han estado muy vinculados a estos delitos en calidad de autores materiales.

"Estas cifras y muchos otros casos que han sido documentados por organizaciones de la sociedad civil sugieren que se trata de prácticas generalizadas, que incluyen el uso rutinario de torturas y malos tratos por parte de la policía, las fuerzas armadas y los fiscales, a fin de obtener confesiones y testimonios bajo coerción que ellos mismos y muchos jueces mexicanos aceptan como evidencia", advierte Open Society.

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No sólo los ciudadanos mexicanos padecen esta situación de violencia, e impunidad, también los migrantes centroamericanos que pasan por el país para poder llegar a Estados Unidos sufren día a día este problema. Por lo menos 580.000 fueron secuestrados entre finales de 2006 y 2014.

El informe, señala algunos casos conocidos como el de Ayotzinapa, en el que la policía municipal de Iguala, junto con el cártel de los Guerreros Unidos, mató a seis personas, y presuntamente desapareció a 43 estudiantes; o el de Apatzingán, donde policías federales asesinaron a 16 civiles.

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De la misma forma hace evidente el caso de Tanhuato donde también policías federales asesinaron a 42 civiles supuestamente armados; el de Tlatlaya en donde soldados abatieron a 22 personas en un presunto enfrentamiento; y el de Atenco donde fuerzas estatales y federales mataron a dos jóvenes y presuntamente violaron de manera tumultuaria a 26 mujeres.

Pero no son los únicos: también resalta el caso de Javier Arredondo y Jorge Mercado dos estudiantes del Tec de Monterrey (campus Monterrey), una de las escuelas más caras y con mayor prestigio del país. Ellos fueron asesinados en febrero del 2010 por elementos del Ejército mexicano a las afueras del instituto y presentados como sicarios. Ese mismo año, pero en octubre, el Ejército entró a una vivienda habitada por campesinos en el estado de Jalisco, sacó a seis personas y hasta la fecha se desconoce su paradero.

Son miles de casos de personas víctimas de la violencia generalizada en México, la cual parece que no acabará pronto. No obstante, Open Society, finalmente, recomienda investigar los grandes casos de corrupción, y presentarlos ante los tribunales. Además de aprobar leyes para regular el uso de la fuerza, que cumplan con los parámetros internacionales y reformar el sector judicial.

'El obstruccionismo político, iniciado por la negación del gobierno respecto a la magnitud y naturaleza del problema, es el motivo fundamental de este fracaso'

Asimismo explica que "dada la falta de voluntad política para terminar con la impunidad, resulta necesario adoptar otras medidas, y una serie de cambios institucionales, entre los que destaca la creación de un organismo internacional de investigación, con sede en México, investido con las facultades para investigar y perseguir de forma independiente los crímenes atroces".

Las cinco organizaciones mexicanas independientes de derechos humanos que trabajaron con Open Society en este informe son la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC).

El gobierno asegura que lucha por mejorar

Tras la publicación del informe, el gobierno mexicano emitió un comunicado conjunto entre Secretaría de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Marina y la Procuraduría General de la República en el que asegura que México es tradicionalmente un país comprometido con los derechos humanos y con liderazgo internacional en su defensa y promoción.

"Es importante destacar que en México la inmensa mayoría de los crímenes violentos han sido cometidos por organizaciones criminales. La misión protectora de las fuerzas armadas ha sido reconocida continuamente por la población", agrega el comunicado.

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Señala además que las Fuerzas Armadas cuentan con protocolos y manuales para el uso de la fuerza que son acordes con los derechos humanos; y se destaca que, en caso de excesos, el Estado tiene un compromiso sólido de esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables.

El gobierno fderal asegura que el trabajo que ha realizado en coordinación con los estados y con las autoridades locales, ha arrojado resultados positivos.

"En los últimos tres años, los homicidios dolosos se redujeron en 22 por ciento y en los estados de la frontera norte, que en el pasado eran los más violentos, el índice se redujo hasta en 45 por ciento. El secuestro muestra una reducción del 27 por ciento; y la extorsión, del 30 por ciento".

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