El pasado 28 de abril de 2021 comenzó en Colombia el paro nacional, convocado por sindicatos, estudiantes, defensores de derechos humanos y diferentes colectivos sociales que se manifestaban en contra de la reforma tributaria que quería implantar el Gobierno de Iván Duque.
El plan de reforma planteaba gravar impuestos a bienes de consumo básicos, alimentos, servicios públicos, incluso servicios funerarios. Esto en un país golpeado duramente por la pandemia, y que históricamente ha sido de los más desiguales de América Latina. La reforma, era un golpe a las clases trabajadoras y clase media de Colombia en medio de una crisis social sin precedentes.
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El estallido social se venía alimentando desde el 2019, cuando el paro nacional se tomó las calles de las ciudades de Colombia para manifestarse en contra de una reforma laboral y pensional, el asesinato de líderes sociales que ya suman más de 900 desde la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP en 2016, y un bombardeo por parte de las fuerzas armadas colombianas que había terminado con el asesinato de 8 menores de edad, que se encontraban en un campamento de un grupo de disidencias de las FARC. Las movilizaciones solo pararon entrado el 2020 con la llegada de la pandemia.
En 2021 las protestas antigubernamentales continúan, entrando ya en su cuarta semana de operaciones. Manifestaciones que tienen como parte de la agenda ponerle freno a la represión policial que, según la ONG Temblores, ha cobrado, al 9 de mayo de 2021, la vida de más de 47 personas, presuntamente asesinadas por la Policía Nacional de Colombia, y que lleva la cifra de desapariciones en un número cercano a los 379. Además se han documentado 12 casos de violencia sexual contra mujeres. Cali y pueblos cercanos como Buga, se han vuelto el epicentro de las movilizaciones sociales y de la violación de derechos humanos por parte de la Policía.
En Popayán, una pequeña ciudad al occidente de Colombia, a tres horas en coche de Cali, Alison Meléndez, una menor de 17 años, fue detenida por el ESMAD y trasladada a la URI (unidad de reacción inmediata de la fiscalía). Después de ser liberada, Alison publicó en sus redes sociales que había sido víctima de agresiones sexuales por parte de policías del ESMAD. Meléndez se quitó la vida después de esa publicación.
Sebastián Quintero, un joven universitario de 28 años de Popayán, es la última víctima de la represión policial. Fue impactado presuntamente por una granada aturdidora lanzada por miembros del ESMAD que le destruyó la carótida. Sebastián había salido a protestar por la agresión y muerte de Alison.
El Paro Nacional continúa, los enfrentamientos registrados en Buga entre el 13 y 14 de mayo, por el control de la vía panamericana, que conecta el centro con el sur del país, podrían repetirse. En Cali, el epicentro de las protestas y de la violencia policíal, las barricadas se han convertido en puntos de encuentro social y cultural. Y allí entre las negociaciones fallidas y las advertencias del Gobierno de “tomar las medidas necesarias para poner fin a los bloqueos” las vías parecen convertirse en el punto clave en el desarrollo de este paro que ha puesto nuevamente a Colombia en el centro de las noticias mundiales.
