La Ola Roja: un tsunami antiapocalíptico o cómo el activismo menstrual está cambiando la política en todo el mundo

Este artículo fue publicado originalmente por el medio argentino Economía Femini(s)ta.

El activismo menstrual no nació ayer. A lo largo de las últimas décadas existieron avances en materia legislativa y judicial impulsados por distintos grupos activistas en todo el mundo que se proponen sacar la menstruación del clóset y comunican la preocupante carga económica que representa el gasto en productos de gestión menstrual (PGM) para las personas menstruantes. 

En este sentido, las iniciativas suelen tener dos ejes: la provisión gratuita de productos de gestión menstrual y la reducción o exención impositiva de estos productos. De esta manera, podemos mencionar el concepto de “impuesto rojo”, que diferencia al problema de justicia tributaria vinculado a la menstruación con respecto al del “impuesto rosa”. Este último hace referencia a los precios diferenciados sobre bienes con diseños especiales para mujeres en relación a productos con la misma función pero dirigidos a un público masculino. Si bien muchas veces se piensa que los impuestos sobre los productos de gestión menstrual son un ejemplo de “impuesto rosa”, esto no es completamente adecuado, ya que no tienen un equivalente directo pensado para varones. 

A continuación, haremos un recorrido de la ola roja por distintas iniciativas alrededor del globo.

Norteamérica alberga varias campañas que luchan por la justicia menstrual. En Estados Unidos se conformaron campañas como Free The Tampons y Tax Free. Period, que buscan que el Estado lleve adelante políticas públicas que mejoren el acceso a los productos de gestión menstrual en dicho país.

Free The Tampons es una organización constituida en 2013 que busca la provisión gratuita de estos bienes. En su sitio web se habla de restroom equality (igualdad de aseo en español) y se visibiliza el carácter necesario de estos productos, contra las etiquetas de “lujo” o “comodidad” que suelen tener. Según la organización, el costo anual de proveer productos de gestión menstrual en las escuelas estadounidenses es de 4,67 USD por alumnx.

Por otro lado, el activismo anglosajón ha popularizado el término tampon tax (impuesto al tampón en español), que hace referencia al impuesto incluido en el precio de estos productos descartables (más allá del nombre, se incluye también a las toallas dentro de dicho impuesto). 

En este sentido, también existe en Estados Unidos un movimiento por la exención o rebaja impositiva. La organización Period Equity, de la que Jennifer Weiss-Wolf es cofundadora, creó la campaña Tax Free. Period con el objetivo de exigir la exención impositiva de los tampones y toallas en todo el territorio nacional de Estados Unidos. En su sitio web se presenta un mapa que señala cuáles son los estados que aún cobran impuesto a las ventas (sales tax) pero eximen de este tributo a otros bienes que podrían estar gravados: Virginia, por ejemplo, cobra impuesto “al tampón” pero no cargan con este tributo los bálsamos labiales. En el estado de Idaho los tampones tienen impuestos, pero los tratamientos para la pérdida del cabello no. Se pone en duda así cuáles son los gastos que consideramos “obligatorios”, esenciales o necesarios, y cuáles lujosos y optativos.

Son 20 los estados de dicho país que, según la organización, ya tienen la exención impositiva aprobada. Además, cinco estados han logrado la provisión gratuita. Period Equity escribió una carta para presionar a los estados que aún no se acoplaron al camino de las políticas públicas por la equidad menstrual. La organización eligió como fecha límite la próxima declaración de impuestos individuales estadounidenses (coloquialmente llamado Tax Day), que será en abril de 2021, para lograr su objetivo de que todos los estados tengan impuesto cero para tampones y toallas. En su carta sostienen que su campaña se construyó sobre un argumento revolucionario: al recaer el impuesto al tampón solo sobre quienes menstrúan, este constituye un factor de discriminación basado en el sexo y, como tal, es ilegal e inconstitucional.

Por otro lado, en Canadá, la rebaja impositiva se logró por unanimidad en el Parlamento a través de una campaña que recaudó casi 75 mil firmas virtuales. La campaña Canadian Menstruators, bajo la consigna #NoTaxOnTampons (no más impuesto al tampón) y la producción de un vídeo humorístico al respecto, tuvo un éxito rotundo en 2015 cuando luego de once años desde que se presentó por primera vez el proyecto, los productos de gestión menstrual pasaron a la lista de bienes esenciales en lugar de la de productos de lujo, en la que se encontraban desde 1991. En su sitio web, señalan que en 2014 el gobierno recaudó aproximadamente $36.398.387 dólares canadienses en impuestos a productos de gestión menstrual. “Nuestro Estado ganó dinero con nuestros úteros” señalan.

Por razones históricas que van más allá del objetivo de este artículo, en el continente africano existen numerosos programas con presencia de organismos multilaterales para la promoción de la higiene, el acceso al agua potable y la infraestructura sanitaria. En ellos se encuentran muchas veces objetivos de salud menstrual que apuntan a mejorar la calidad de vida de niñas, adolescentes y mujeres de la región y que, por lo tanto, tienen influencia sobre las políticas públicas.

En esta línea, Botswana, Uganda y Zambia son algunos de los países que lograron la provisión gratuita, aunque con algunas dificultades de implementación. A su vez, Ruanda eliminó el IVA para los productos de gestión menstrual en 2019. Sudáfrica, cuyo IVA es del 19%, también logró la exención impositiva junto a un programa de provisión gratuita en escuelas. Recientemente Etiopía anunció una reducción impositiva del 30% al 10% para este tipo de productos.

Además, muchos países africanos llevan adelante políticas públicas enmarcadas en dichos programas que mejoran el acceso a la salud menstrual pero no pueden ser catalogadas como provisión gratuita ni rebaja o exención impositiva. Algunos ejemplos son programas educativos, de salud, de acceso al agua potable, legislación sobre menstruación en espacios de trabajo y estándares de producción.

El caso que vale la pena mencionar con más detalle en el continente es el de Kenia, país que desde el año 2004 abolió los impuestos de toallas y tampones, lo que constituye uno de los primeros hitos en la lucha contra el impuesto al tampón. El compromiso del gobierno de este país con el derecho a la salud menstrual incluye programas nacionales para garantizar su cumplimiento en áreas como Salud y Educación, y la sustitución de importaciones para la producción de toallas, algo que hizo bajar considerablemente su precio.

Esta experiencia señala que la provisión gratuita de PGM sucedió antes en África que en Europa, algo que a veces parece no estar claro en los titulares que informan sobre las políticas públicas del Reino Unido, Estados Unidos o Nueva Zelanda como “el primer país en atender la pobreza menstrual”. Reconocer los hitos del activismo menstrual como tales sin una mirada blanco-céntrica es una tarea importante a la hora de construir esta historia en curso que es la ola roja.

La Unión Europea resolvió hace cuatro años conceder libertad a los estados miembros para bajar el IVA al 0% en productos sanitarios, aunque desde entonces ningún país miembro avanzó en dicho sentido. 

Las experiencias con las que cuenta el continente son de rebaja impositiva del 20% al 5,5% en Francia en 2015 y del 20% al 6% en Bélgica en el año 2018. En España está aprobada una quita del 10% al 4% de la alícuota, pero los productos no gozan del IVA superreducido en la práctica. En Alemania, por su parte, los productos de gestión menstrual pasaron del régimen tributario para productos de lujo, de 19%, a la alícuota para productos de necesidad diaria, de 7%, luego de cuatro años de activismo y 190.000 firmas recolectadas. Recientemente se conoció la noticia de que Francia proveerá de PGM gratuitos a todas sus estudiantes a partir de septiembre. Un estudio en dicho país sugiere que un tercio de las futuras beneficiarias de la política requieren de esta ayuda.

Vale la pena mencionar las experiencias del Reino Unido aparte. En Escocia, la región de Aberdeen, entrega desde 2018 productos de gestión menstrual de manera gratuita a personas en situación de vulnerabilidad. En el 2019 la provisión gratuita pasó a los espacios educativos del resto del país y durante el 2020 el parlamento escocés aprobó una ley por unanimidad que estipula la provisión gratuita de estos productos a nivel general para mujeres de todas las edades. 

Por su parte, Irlanda cuenta con la exención impositiva sobre los productos de gestión menstrual y el Reino Unido estipuló que desde enero de 2021 se eximirá a los productos de gestión menstrual del IVA en todo el territorio.

La única experiencia de política pública nacional en materia menstrual que tenemos en la región latinoamericana es la de Colombia. Si bien en Argentina durante el 2020 se aprobaron seis ordenanzas municipales y, más recientemente, un proyecto provincial, la experiencia colombiana es la única que logró un proyecto de ley a nivel nacional. A través de una campaña llamada “Menstruación Libre de Impuestos” organizada por el Grupo Género y Justicia Económica Colombia, que incluyó eventos, recolección de firmas y movilizaciones, entre otras acciones, se consiguió la rebaja impositiva del IVA del 16% (alícuota para productos de lujo en Colombia) al 5% en el marco de una Reforma Tributaria que se dio en dicho país en 2016. En 2018 se denunció el 5% como arbitrario con el fin de lograr la exención impositiva y en marzo de 2020 la Corte determinó como inconstitucional dicho impuesto.

En Colombia los PGM tienen 0% de impuesto al valor agregado, pero en la práctica no se logró regular y monitorear los precios para constatar un verdadero efecto a la baja. El efecto que se observa es que los bienes mantienen su precio a pesar de la exención impositiva, lo que significa que los fabricantes aprovechan la medida para extraer más ganancia de cada producto vendido, mientras les consumidores no obtienen beneficio alguno. Las activistas del país sostienen que el Estado colombiano no las provee de esta información pero que ellas creen que los precios no han bajado aún. Esto marca un claro desafío a la hora de la implementación de estas políticas y el rol central que juega el activismo menstrual para garantizar que la conquista de una norma se traduzca en derechos efectivos.

El continente asiático quizás sea, después de Latinoamérica, la región con menor trayectoria en la temática en materia de políticas públicas. Sin embargo, activistas de la India lograron en 2018 reducir el IVA de 12% que pesaba sobre toallas y tampones a 0%. La campaña que lo consiguió se llama #LahuKaLagaan (impuesto a la sangre en español). El logro se obtuvo un año después de que el gobierno introdujera el impuesto para todos los bienes. Sin embargo, la provisión de estos productos sigue siendo un problema importante en la India: más del 40% de las mujeres de entre 15 y 24 años no tiene acceso a productos de gestión menstrual.

Otro país asiático con exención impositiva es Malasia. Existe en el país una campaña que juntó firmas bajo las etiquetas #NoGSTforPeriods (no más impuesto a las ventas para los periodos) y #NoTaxforPeriods (no más impuestos al periodo). Hasta 2018, el estado malayo cobraba un impuesto a las ventas del 6%. Desde entonces, dicho impuesto fue eximido para productos de gestión menstrual mediante un cambio de categoría de dichos productos. 

Chipre y Bután también tienen alícuotas diferenciadas para los PGM. Recientemente, Sri Lanka anunció la provisión gratuita de estos productos a niñas en edad escolar. En algunos países, como China y Bangladesh, existen campañas activas en busca de la justicia menstrual.

En 2018 el estado australiano removió el impuesto rojo que controversialmente se había introducido en el año 2000. Según el New York Times, el ministro de salud de aquella época señalaba que “todo lo que no prevenga enfermedades debe ser gravado”, motivo por el cual los preservativos estaban libres de impuestos, pero los productos para gestionar la menstruación no. En los 18 años que siguieron hasta conseguir la victoria existió una gran presión activista y varias propuestas fueron presentadas a fin de lograr el objetivo de la exención impositiva. Un impuesto a las ventas del 10% regía sobre estos artículos por ser considerados no-esenciales.

Por su parte, la Primera Ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern anunció en junio de 2020 que se entregarán productos de gestión menstrual a niñas y adolescentes que asisten a espacios educativos. Según la mandataria, son 90.000 las mujeres jóvenes que en su país se ausentan de la escuela debido a la falta de acceso a estos productos. El programa se volverá de carácter nacional a partir del 2021.

A partir de esta revisión no quedan dudas: la menstruación es una problemática más que relevante alrededor del globo. Los distintos grupos activistas feministas fueron poniendo el foco sobre ésta en las últimas décadas y los distintos Estados presentan diferentes niveles de avance. Mientras tanto, el Estado argentino se encuentra aún en deuda con las personas menstruantes de su territorio. 

La campaña #MenstruAccion lleva cuatro años de militancia y construcción de información confiable con el fin de cambiar la realidad de las personas menstruantes. En el último año, seis municipios argentinos aprobaron ordenanzas municipales por la provisión gratuita de PGM y más recientemente, la provincia de Tucumán se convirtió en la primera en aprobar una ley provincial en este sentido. Ojalá podamos sumarnos pronto como país al mapa rojo.