Así es como Argentina salió a la calle para mantener en prisión a cientos de torturadores

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Los argentinos tienen fama de vivir en una sociedad polarizada. La política, el futbol, la música, hasta el Papa Francisco, suele dividirlos en acaloradas discusiones. Sin embargo, esta semana sucedió algo inusual. La mayoría de sus 43 millones de habitantes se pusieron de acuerdo en un mismo tema: los torturadores de la dictadura que gobernó entre 1976 y 1983 deben quedarse en prisión hasta el fin de sus días.

Ese tácito acuerdo nacional, presente desde hace décadas, estuvo a punto de romperse por un fallo de la Suprema Corte de Justicia, conocido coloquialmente como 2×1, que amenazaba con abrir la puerta de la cárcel a cientos de personas que mataron y desaparecieron a ciudadanos que peleaban por la democracia.

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El 2×1 —o ley 24.390— fue un ordenamiento que se creó en Argentina en 1994. La ley ordenaba a los jueces que, después de los primeros dos años de prisión sin sentencia, los días de la condena de los internos se debían contar doble. El objetivo era reducir la sobrepoblación carcelaria y liberar a aquellos que estaban encerrados sin ser hallados culpables, pero no funcionó. Y la norma fue derogada en el 2001.

Pese a que el 2×1 ya no está vigente, el pasado 3 de mayo la Suprema Corte de Justicia usó esa ley a favor de Luis Muiña, un civil detenido en 2007 y condenado en 2011 a 13 años de prisión por torturar y desaparecer a personas que peleaban contra el dictador Jorge Rafael Videla.

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Aquella fue una decisión dividida: tres de los cinco ministros argumentaron que el exrepresor Muiña debía beneficiarse de una ley derogada hace 16 años gracias un principio legal llamado “la ley más benigna”, que establece que si la ley vigente al tiempo de la comisión de un delito fuera distinta a la que existía al momento de la sentencia, siempre se aplicará la más benévola.

Ese tecnicismo hizo que la mayoría de los magistrados considerara que, dado que la desaparición forzada de personas es un delito que no prescribe, a Muiña se le debía aplicar “la ley más benigna” existente entre el año que cometió sus crímenes —1976— y 2017. Y esa ley es el 2×1.

De ese modo, los días del exrepresor en la cárcel se contaron al doble y automáticamente se volvió elegible para una preliberación.

De inmediato, otros torturadores pidieron que se les aplicara la misma regla. Entre ellos, estaba el genocida Miguel Etchecolatz, a quien la justicia argentina señaló como responsable directo del operativo conocido como la Noche de los Lápices, que concluyó en el secuestro y homicidio de diez estudiantes de entre 17 y 19 años.

Según un informe de la fiscalía general del país, publicado por medios locales, cerca de 300 genocidas estaban destinados a una especie de cadena perpetua, por lo largo de sus condenas y su avanzada edad. Pero el fallo de la Corte los podía dejar en libertad.

Los argentinos lo encontraron inaceptable y se movilizaron. Entre el martes y miércoles, entre 200.000 y 400.000 ciudadanos tomaron las calles, principalmente las de la capital, Buenos Aires, para exigir que los sentenciados por crímenes relacionados con la dictadura no pudieran ser beneficiados del principio “la ley más benigna”.

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Argentina, considerado un ejemplo mundial sobre cómo se persigue y condena a militares y civiles que reprimen durante las dictaduras, convocó a las abuelas, estudiantes, amas de casa, obreros y empresarios a una numerosa protesta este miércoles en la Plaza de Mayo para gritar a los ministros y al presidente que no habría perdón, olvido ni benevolencia para los represores.

“Estamos aquí porque tenemos memoria”, “No más privilegios para los criminales de lesa humanidad”, “Los genocidas a prisión, toda Argentina a la calle”, fueron los gritos de los manifestantes en una de las protestas más emotivas de los últimos años, ya conocida como “La multitud de los pañuelos blancos”.

La presión ciudadana fue de tal tamaño que el presidente Mauricio Macri, quien suele tomar con respeto y distancia los fallos del Poder Judicial, tuvo que pronunciarse y reprobar el fallo de los ministros.

“Siempre estuve en contra (del 2×1) porque estoy en contra de cualquier herramienta que está a favor de la impunidad y más aún cuando se quiere usar para delitos de lesa humanidad”, afirmó el mandatario.

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La combinación de la revuelta callejera más la desaprobación del presidente, del gabinete y de todos los partidos políticos surtió efecto 24 horas después, cuando el Congreso aprobó unanimemente una ley que prohibía el beneficio de “la ley más benigna” a presos por delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, dejando fuera a los representantes de la dictadura.

Así, los argentinos convirtieron la indignación en una protesta y la protesta en una victoria. El jueves, las primeras planas de los periódicos daban cuenta del revés a los ministros. Y este viernes, todo ha vuelto a la normalidad: la política, el futbol, la música, hasta el Papa Francisco, les seguirá dividiendo.

Pero el castigo a los represores les seguirá uniendo.

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