Como las fiestas buenas, duró más de una semana. Como el aniversario de una escuela herida pero de pie, los festejos mantuvieron el reclamo por justicia para sus 43 compañeros desaparecidos, los tres asesinados y los dos heridos de gravedad que marcaron su historia para siempre el 26 de setiembre de 2014. No fueron ellos, sin embargo, los únicos. También recordaron a otros estudiantes asesinados por balas policiales en un desalojo en Chilpancingo, el 12 de diciembre de 2011; y a los otros dos arrollados por un tráiler, en la carretera de Coyuca de Benítez, en enero de 2013. También a Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, del último año de la carrera, que siete meses atrás, en octubre de 2016, fueron asesinados en el transporte público mientras iban camino a la Normal, de regreso de sus prácticas como maestros. La investigación catalogó el hecho como un atraco, pero en la comunidad estudiantil lo sienten como un ataque a la Escuela. Los normalistas cuentan que a Ayotzinapa —sin contar las víctimas de Iguala— le han asesinado 12 estudiantes desde 1988; siete de ellos por policías.
“Ayotzinapa siempre ha sido combativa”, dice sentado en su silla de ruedas el profesor Sergio Moreno de León, que aunque nació en Coahuila, hace ya muchos años que Iguala, Guerrero, se volvió su tierra por adopción. “Cuando logramos que el Colegio del Estado se convirtiera en la Universidad Autónoma de Guerrero, a fines de los años sesenta, Ayotzi estuvo presente. Fue una conquista histórica para este país obtener la representación pareja tanto de estudiantes como de maestros, en todos los ámbitos de decisión. Hasta hoy es una de las pocas, sino la única, que es cogobernada”.
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El profesor Moreno, que da clases en la Prepa número 10 de Iguala, dice que desde el ataque a los normalistas sucedió en esa ciudad chiquita —que tiene unos ciento veinte mil habitantes— el pueblo convive con el estigma, además de con el miedo. “La burguesía le echa la culpa a los narcos, pero ellos también son parte de los criminales y explotadores. Nos obligan a administrar la miseria, el atraso, la injusticia. Tenemos grandes recursos minerales explotados por trasnacionales; hay material de uso militar en estas montañas, y tienen razón en que los narcos son un poder de facto: hay miles de desplazados por su avance en las zonas donde crece la amapola. Trabajarla es una de las pocas opciones para las comunidades rurales. El pueblo se ha vuelto apático porque los han aplacado, los han matado. Mucha gente tiene miedo de la violencia ancestral y económica que se vive en este estado, que a pesar de todo, siempre ha sido combativo”.
Sin más demoras: bienvenidos a Guerrero. Bienvenidos a Ayotzinapa, cuna de la conciencia social.
De este lado de la cancha de básquetbol, que funciona como centro de la vida de la Escuela, un grupo de estudiantes de la Normal de Teteles, Puebla, ensaya el baile que presentará esa noche durante los festejos. Hay también estudiantes de otras Normales Rurales como la de Tamazulapan, Oaxaca; están las chicas de Amilcingo, en Morelos, una Normal de puras mujeres; en los días previos estuvieron también los de San Marcos, Zacatecas, y los normalistas de Michoacán. Más allá de los danzantes que ensayan, están las 43 sillas de clase, en una instalación que funciona como un altar permanente, con las fotos de los que faltan, velas, flores, incienso.
La mitad de los estudiantes de Ayotzi, en realidad, no están aquí. Casi al unísono del anuncio de sus actividades para festejar los 91 años, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos se instalaron, desde el 20 de abril, en un plantón permanente frente a la Procuraduría General de Justicia, en la Ciudad de México. Lo que reclaman es que se sigan las cuatro líneas de investigación que marcó, hace ya más de un año, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a las que la justicia encargada ha hecho caso omiso, dado sus nulos avances. Investigar al Ejército Mexicano; seguir la línea de los autobuses de pasajeros que trasladan drogas de Iguala a Chicago; los registros de más de mil teléfonos celulares identificados con la causa que no han sido pesquisados; y Huitzuco como uno de los posibles destinos de, al menos, 25 de los 43 muchachos desaparecidos, son las cuatro líneas claras planteadas desde buen tiempo.
En ese peregrinar, se manifestaron frente a las oficinas de la Secretaría de Gobierno, donde exigieron una reunión con Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de estado. La respuesta recibida fueron gases lacrimógenos enviados del otro lado del vallado permanente que las oficinas centrales de esta dependencia del gobierno central tienen en la calle Bucareli. Cuando la noticia llegó a este punto de Guerrero, los normalistas viajaron a Chilpancingo, la capital del estado, y tomaron dos estaciones de radio para denunciar lo que estaba ocurriendo con los padres en México. Como la policía los seguía de regreso a la Normal, prendieron fuego un camión de Coppel en la ruta para detenerlos.
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El Chinche tiene 22 años y es de nuevo ingreso. Habla bajito y pausado: es uno de los encargados de prensa del Comité Estudiantil “Ricardo Flores Magón”. “Esta no es una normal común”, explica. “Se destaca por su capacidad de acción política histórica”. Pasear por la escuela es viajar un poco en el tiempo, con sus decenas de murales combativos, sus retratos de Marx y del Che Guevara, sus lemas combativos, y también los rostros de los estudiantes. Julio César Mondragón Fontes, a quien habían apodado “El chilango”, uno de los estudiantes asesinados el 26 de septiembre, quien además fue brutalmente torturado, se deja ver sonriente y rodeado de color sobre el muro a un lado del comedor. Adentro, por si quedaba duda, está pintada la leyenda “por la liberación de la juventud y la clase explotada”. En el centro de las mesas hay flores, porque esto es una fiesta. El menú también se mejoró y alimentó a los estudiantes y a todos los invitados con los 85 pesos por día que el Estado brinda como pago por el alimento de cada estudiante. Son magos de la economía doméstica los normalistas.
La Chinche dice que se metió en Ayotzinapa porque ya tenía otro amigo decidido a ir. Y como él también viene de una comunidad rural, pero de Oaxaca, y su familia no tiene dinero para enviarlo a estudiar cualquier otra carrera —las normales rurales funcionan en régimen de internado, dónde los estudiantes reciben tres comidas al día, la estancia y un uniforme de gala—, aquí está.
“No todos aguantan, no a todos les gusta la escuela y después del 26 de setiembre, muchos quedaron con miedo. Ya había entrado una generación en medio antes que nosotros. Me estoy acostumbrando pero al principio sí, me costó adaptarme a todo lo que se hace aquí. A veces extraño mi casa”, dice. Los estudiantes de primer y segundo año asumen, desde que entran, responsabilidades dentro de la estructura estudiantil. Y es que, de hecho, son los estudiantes los que mantienen la escuela.
La Chinche, que en realidad se llama Ángel, oficia de guía en el recorrido por un conjunto de edificios construidos hace poco y que ya se usan, a pesar de no tener agua corriente en los baños, por ejemplo.
Este conjunto de construcciones, explica uno de los estudiantes, fue edificada con dinero enviado por el gobierno federal luego de los ataques, para reforzar una infraestructura que ya era hostil para los estudiantes, dónde tenían que dormir en el suelo y bañarse con agua fría. Sin embargo, se presentó como la última obra del ahora ex director, José Luis Hernández, quien renunció públicamente el 1 de mayo, a un cargo que había ostentado por los últimos cinco años.
“Echar a Hernández fue una decisión tomada por toda la escuela en febrero. Incluso ya hay un nuevo director, Víctor Gerardo Díaz, desde hace dos o tres semanas. A Hernández se le acababa su mandato y sabemos que desvió fondos que vinieron para la construcción de la escuela. De por sí, no podemos comprobar exactamente cómo desvía, pero cuando lo propusimos, él se negó a que se le hiciera una auditoria de los recursos públicos de la escuela, diciendo que él no tenía las cuentas, aunque la dirección tiene sus propios contadores. El comité estudiantil en pleno promovió la salida del director. El día que fueron a notificarle la decisión y pedirle que sacara sus cosas, nos dijo que iba a llamar a sus abogados porque no se quería ir. Pero en eso la decisión que vale más es la de los estudiantes, incluso más que la Secretaría de Educación Pública”, explico uno de los integrantes del Comité Estudiantil de Ayotzinapa.
El edificio que está a la izquierda, señala Ángel, fue destinado a los dormitorios de la generación a la que le faltan 43. De frente a dónde estamos fueron construidas aulas nuevas, algo pequeñas, pero nuevas al fin. Esa es la zona que decoran distintos artistas plásticos que respondieron al concurso de murales que organizaron los normalistas como parte de los festejos. Axel vino de Puebla con otros dos compañeros, Said y Charly, todos plásticos independientes, que llegaron hasta ahí pidiendo ride.
“Estudio arte en Puebla y no me gusta que no haya espacios para este tipo de cosas. Sí lo hay para figurones y cosas bonitas, que está bien para quien tiene el gusto por pintar, pero sólo eso. Aquí los compas de la Normal nos pidieron que incluyéramos al socialismo en nuestros diseños y es una oportunidad que no podía desaprovechar. Con mis compañeros ya hemos estado en otras normales y ahora somos los primeros en pintar estos edificios en una escuela que está llena de murales. Estamos aprovechando el aniversario de la escuela para dejar huella en este espacio. Y además, todo lo que se haga con otras personas es político”.
En una de las canchas, del otro lado de los edificios nuevos, hay una conferencia sobre la historia de las normales rurales. Hablan de cómo el gobierno de Díaz Ordaz cerró la mayoría —15 de las 29 existentes— en 1969, de cómo a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México —la FECSM es la organización estudiantil más vieja del país que actualmente vive y lucha— le tomó hasta 1973 poder reorganizarse y hacer frente a la estocada que venía desde la cabeza del Ejecutivo federal.
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El ataque contra las normales rurales no es nuevo, dicen: “¿por qué tanto ataque contra este sistema educativo? Porque tiene un filosofía diferente a cualquier otra, porque nos forma en el pensamiento crítico y nos lleva a infundirlo en el salón de clase, pero el sistema no quiere pobres críticos y educados”. Y también comentan que cómo, de a poco, lo que se ha querido modificar es el tipo de estudiante que entra en la escuela.
Jonathan, que es de tercer año y trabaja armando el castillo de fuegos artificiales que se prenderá un rato más tarde, piensa que lo que no lograron mediante la ley, lo lograron con la represión. Es uno de los sobrevivientes del 26 de setiembre.
“Ha sido muy estresante para nosotros estudiar pensando en las actividades para buscar a nuestros compañeros. La escuela cambió mucho porque antes todos los chavos entraban con ilusión y afán, porque era muy duro entrar aquí. Actualmente ya no. Les entró miedo a los chavos y ya no quieren. Eso va a cambiar a la gente de la escuela, que la gente con conciencia social, como dice a la entrada de la Normal, ya no quiera venir a estudiar aquí”.
Siente que la gente ya es mucho muy diferente, dice, que las generaciones nuevas ya no son iguales a las anteriores. “La versión del gobierno siempre distorsiona las cosas, pero desde hace tres o cuatro años tenemos estudiantes muertos cada seis meses; los últimos fueron en octubre. Sí, ha cambiado la escuela, la base estudiantil está cansada, pero este festejo ha sido una buena manera de levantarle el ánimo a los chavos. Nadie está preparado para algo tan difícil, pero a mí me enseñaron que dónde la muerte nos encuentre, bienvenida sea. Y aquí en la escuela, estamos a un paso de la vida y la muerte”.
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Dieciocho días de movilizaciones diarias se tardó el gobierno federal en otorgar a los padres una reunión de alto nivel. El martes 9 de mayo, el Subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, atendió personalmente a una pequeña delegación de las 43 familias —unas ocho personas— en las instalaciones de la calle Dinamarca, cerca del metro Chapultepec. Allí llegaron marchando los normalistas que están en México apoyando al resto de los padres del plantón frente a la PGR, el que comenzó el 20 de abril.
Días antes, en un mitin en las afueras del Senado de la República, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, normalista desaparecido, explicaba que fueron los nulos avances en la investigación oficial durante el último año lo que los obligó a movilizarse, porque entienden que del otro lado sólo reciben largas, cuando ellos tienen cuatro caminos definidos a priorizar en la búsqueda de sus hijos. Que están algo hartos, porque llevan 31 meses de espera y aunque pobres, no son tontos.
De la reunión con Campa también participaron dos funcionarios de la Procuraduría General de Justicia: la subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías Guerra, y el fiscal del caso, Alfredo Higuera Bernal. Los tres dieron una conferencia de prensa una vez que los padres terminaron la suya. Campa se comprometió a gestionar una reunión entre los padres y el Secretario de Gobernación, el que no los recibió la semana anterior, dónde fueron gaseados afuera de las oficinas de la calle Bucarelli. También respondieron algunas preguntas de la prensa.
¿Puede comentar cuánto se ha avanzado durante el último año en las cuatro líneas de investigación que reclaman los padres? ¿Es posible que la PGR priorice estos puntos en la investigación oficial?, se les interroga.
Responde Higuera Bernal: “Entendemos la necesidad de informar a la sociedad pero en la investigación de delitos y según lo determinado por ley, debemos guardar reserva de lo actuado. Sobre las cuatro líneas de investigación, el mecanismo de seguimiento del caso planteado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos planteó 9 puntos entre los que esos coinciden, pero tenemos que seguir todas las líneas de investigación”.
Indicaron que de las 129 personas detenidas por el caso Ayotzinapa, ninguna está acusada por el delito de desaparición forzada, a pesar de los 31 meses que los 43 llevan sin regresar a casa. De lo que se les acusa es de “secuestro”, una figura penal que convenientemente deja de lado la responsabilidad del Estado mexicano en lo sucedido.
Mientras tanto, para terminar el festejo, en la escuela hubo fuegos artificiales y baile al caer la noche, un pequeño descanso a la cotidiana dura que se vive entre esas paredes viejas que han visto cómo, generación tras generación, los futuros maestros entienden, de una vez y para siempre, que todavía tienen posibilidad de ser protagonistas de la historia.