Lo que ahora son tres bloques de escombros vallados que se encuentran un poco más abajo de la barcelonesa calle Puigcerdà, fue, hasta el pasado mes de agosto, el asentamiento ocupado ilegalmente más grande de Barcelona. Alrededor de 300 personas, la mayoría africanos subsaharianos, vivían en esta antigua fábrica, y cada día unas 500 personas pasaban a través de sus puertas. Cal África, que es como llegó a conocerse, no era simplemente una nave ocupada, era una comunidad en pleno funcionamiento, con tiendas que vendían productos africanos, un restaurante comunitario y con varios negocios en funcionamiento, siendo el más importante y provechoso el comercio de chatarra. Durante el día, las calles que rodeaban el complejo eran testigos de un flujo constante de carritos de la compra, ya que los chatarreros traían a la nave todo lo que habían recolectado para ser pesado y vendido. Pero allí no todo era legal –la primera vez que entré, con un amigo que también trabaja como chatarrero, fui rápidamente expulsado de una esquina del patio donde cinco hombres estaban, metódicamente, desvalijando un coche deportivo rojo.
Hay un dicho senegalés, “Barcelona o muerte”, que debe ser de una ironía bastante amarga para esos africanos del oeste que consiguen llegar a la ciudad. La crisis económica ha marginado aún más a los inmigrantes que llegan a la ciudad de forma ilegal, abriéndose paso por la costa desde el cruce con Marruecos. No hace falta decir que la falta de oportunidades, o servicios sociales, ha obligado a esta gente a llegar a fin de mes de cualquier forma posible. Cal África fue el ejemplo perfecto de esto –imperfecto, seguramente, pero al menos ofreciendo cobijo, comunidad y trabajo a los inmigrantes más vulnerables, los que acababan de llegar.
Después de casi tres años de existencia, el pasado junio un juez dio la orden de desalojo, provocando una feroz oposición por parte de los grupos comunitarios locales como la Red de Apoyo de Asentamientos de Poble Nou, dirigida por Carlota Falgueras, una profesora del barrio. Incluso la juez era consciente de los problemas que causaría desalojar a tanta gente al mismo tiempo, señalando que, a pesar de que cerrar la nave ocupada podría provocar una “grave situación humanitaria”, con un gran número de inmigrantes quedándose tirados en la calle, tenía las manos atadas. “El edificio no les pertenece” dijo la juez, “la ley es clara”.
Sin embargo, la ley fue menos clara en referencia a cómo tratar con los habitantes una vez fueran desalojados. Mientras que el consejo dejó muy claro que nadie sería mandado al CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) de Zona Franca, no sería demasiado cínico sugerir que esto fue debido más bien al enorme coste que supondría mandar tantos inmigrantes a un centro ya de por sí atestado de gente que no a una decisión de cariz humanitario. Incluso servicios de emergencia simbólicos como la Cruz Roja solamente lograron encontrar 49 sitios temporales en hostales para los más vulnerables.
Si existe una gran ironía por encima de todas las otras en el manejo de Cal África, es el hecho de que, en muchos aspectos, la nave ocupada era la manifestación perfecta del capitalismo neoliberal que CIU aparentemente apoya. Como ha pasado a lo largo de la historia, una comunidad inmigrante aprovechó un espacio vacío en un emplazamiento post industrial donde ni la gentrificación funcionó, y se organizó de una forma que, lejos de ser ideal, proporcionó a sus miembros las necesidades básicas que el estado no les podía proveer. Una cosa es acusar a los inmigrantes de sangrar al estado, pero otra muy distinta es penalizarlos cuando no lo hacen.
