Las barreras que hay en Colombia en torno al cannabis medicinal

El cannabis medicinal fue regulado en Colombia el año pasado a través del decreto 2467 de 2015. Esta normatividad establece las condiciones que deben cumplir quienes estén interesados en poseer semillas, cultivar, transformar y comercializar derivados terapéuticos de la planta. De esta forma, Colombia entra a una de las industrias más rentables de los últimos años, al sumarse a los países que permiten el comercio de cannabis con fines medicinales.

Toda la felicidad que trae para muchos el inicio de una política de drogas más amplia tiene un sabor amargo cuando se estudia en detalle el decreto. El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia, ha regulado las medicinas hechas a base de cannabis por medio de altos requisitos que no benefician ni a los pacientes ni a las empresas nacionales, ni a los campesinos.

Quienes padecen de cáncer, epilepsia, esclerosis múltiple, artritis y otras enfermedades se encuentran desamparados ante una regulación que no facilita el acceso a su medicina. Me explico: la burocracia paquidérmica, los requisitos estrambóticos y la falta de un régimen de transición que permita a las empresas cannábicas nacionales (las que ya existen) ingresar a la regularidad, representan un riesgo para la salud de los colombianos que han confiado en la planta de cannabis.

Para distinguir a las personas dedicadas a los negocios legales de aquellas involucradas con el narcotráfico, el Gobierno ha optado por una estrategia absurda. El cultivo y fabricación de cannabis con fines medicinales se debe realizar bajo condiciones de seguridad propias de un centro penitenciario: el artículo 30 del decreto regulatorio establece que los cultivos y centros de transformación de cannabis medicinal deben contar con esquemas de vigilancia las 24 horas, circuitos cerrados de televisión y barreras de acceso, entre otras condiciones de infraestructura.

Los altos requisitos de seguridad se suman a la prohibición expresa de dedicar las plantas de autocultivo para atender pacientes. De igual forma, existe una imposibilidad para regular las que ya existen.

Mejor dicho: todo el cannabis medicinal que exista con anterioridad a la expedición de esta norma no está cobijado por ella. Los pacientes deben esperar a que las nuevas plantas crezcan "tras las rejas" para poder acceder a un producto legal. Muchos pacientes no cuentan con ese tiempo. No pueden esperar.

El decreto, por el contrario, beneficia a las industrias farmacéuticas y excluye los procesos 'artesanales' que hasta el momento han dado excelentes resultados en miles de personas. Así, los pacientes se enfrentan a la siguiente realidad: el tratamiento suministrado por una pequeña o mediana empresa nacional tiene un costo cercano a los 70.000 pesos al mes, mientras que el Sativex (producto a base de cannabis de GW Pharmaceuticals) tiene un costo aproximado de 400 euros.

Además, el decreto establece que la distribución de los productos que contengan cannabis medicinal se realizará conforme a lo establecido en la resolución 1478/06. Esto significa que solamente las farmacias inscritas y autorizadas por el Fondo Nacional de Estupefacientes podrán realizar su venta y previa prescripción médica en recetario oficial.

De esta manera, quien desee utilizar un ungüento a base de cannabis para aliviar un dolor común deberá acudir a su médico por la autorización necesaria para su compra.

Por otra parte, el Gobierno Nacional debe comprender que el cultivo legal de cannabis medicinal es una gran posibilidad de crear paz, procesos productivos inclusivos y aprovechar los conocimientos de muchos campesinos que se han dedicado a este por las razones erradas.

En Colombia las políticas de droga se han centrado en la guerra contra las plantas: se han fumigado las selvas con glifosato y se han gastado millones en perseguir vegetales. Los altos requisitos y trámites no son la mejor invitación al mercado formal ni tampoco la manera de eliminar los estigmas errados que se han creado alrededor de las plantas estupefacientes.

Estas barreras de acceso a los medicamentos hechos a base de cannabis van a ser ampliadas próximamente por el proyecto de ley que cursa actualmente en el Congreso de la República. En los próximos días, la Cámara de Representantes discutirá el proyecto de Ley 80, presentado por el senador Juan Manuel Galán, que en mi opinión aumenta la burocracia alrededor del cannabis medicinal y no atiende las necesidades de los pacientes.

Al parecer, quienes elaboran las políticas públicas, temerosos de los males que puede causar una planta que crece en muchos jardines, consideran que trámites, comités y licencias han de facilitar el uso del cannabis medicinal. Sin embargo, cada artículo, trámite y requisito que se le añade a las licencias necesarias para ingresar a esta industria, aleja a los pacientes de su medicina y la calidad de vida que esta representa.

* Camilo Carlos es un abogado con maestría en historia y experto en derecho cultural, derechos humanos y política de drogas.