Salud

¿Cómo sería una 'ciudad santuario' para el aborto?

El modelo de ciudad santuario normalmente utilizado para proteger a los inmigrantes indocumentados podría ayudar a ampliar el acceso al aborto.
20.1.20
Fachada de una clínica para el aborto
Saul Loeb/Getty Images

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Durante el verano, los legisladores locales de Texas pusieron en práctica un nuevo método para prohibir el aborto en sus comunidades: como no tenían la facultad de aprobar prohibiciones y restricciones a nivel estatal como ha sucedido en Alabama y Georgia, aprobaron decretos por toda la ciudad en su lugar, declarando a sus pequeñas ciudades texanas como "ciudades santuario para los nonatos".

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Como la despenalización del aborto en Estados Unidos por el caso de Roe v. Wade sigue vigente, los decretos que prohíben los abortos dentro de los límites de la ciudad son inaplicables. Pero de acuerdo con activistas a favor del derecho al aborto con sede en Texas, lograron sembrar el estigma y la vergüenza en torno al aborto, y engañaron a los residentes sobre si aún podían acceder al procedimiento. "Estos decretos causan confusión e intimidación porque a muchas personas les resulta difícil determinar qué leyes siguen vigentes", contó a VICE Aimee Arrambide, directora ejecutiva de NARAL Pro-Choice Texas.

Los activistas locales siguen luchando contra los decretos antiaborto de las "ciudades santuario" a medida que se extienden por todo Texas, pero también han comenzado a considerar una nueva estrategia: ¿Qué pasaría si los activistas a favor del derecho al aborto se asociaran con legisladores locales para crear sus propias "ciudades santuario"?

La idea surge de un artículo que será publicado en California Law Review, que describe cómo los partidarios del derecho al aborto podrían adoptar el modelo de "ciudad santuario" desarrollado por ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Chicago, que tienen políticas para proteger a los inmigrantes indocumentados de las leyes federales.

Abigail Burman, estudiante de derecho de la Universidad de California en Berkeley, autora del artículo, dijo que este enfoque significaría usar los poderes municipales —a menudo no explotados— para proteger a las personas que buscan realizarse abortos, especialmente quienes manejan sus propios abortos fuera del entorno clínico: una práctica que está explícitamente penalizada en cinco estados: Arizona, Delaware, Idaho, Oklahoma y Carolina del Sur. (Eran siete hasta que Nueva York y Nevada derogaron sus estatutos penales el año pasado).

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"Los conservadores han intentado cooptar el término 'ciudad santuario' en el contexto del aborto", dijo Burman, refiriéndose a la ola de decretos contra el aborto en las ciudades texanas. "Es importante pensar en cómo recuperar ese lenguaje y volver a imaginar las ciudades como lugares que son hospitalarios con las personas que buscan realizarse abortos".

Bajo la concepción de Burman, las ciudades santuario para el aborto proporcionarían al público información y recursos para los abortos autogestionados con las pastillas mifepristona y misoprostol, aprovechando el tipo de estrategias de reducción de daños que los departamentos de salud pública y las organizaciones comunitarias han utilizado para abordar el problema de la crisis de opioides.

Burman imagina que las ciudades publicarían las pautas de la Organización Mundial de la Salud sobre el aborto autogestionado —que confirman que el uso de pastillas abortivas fuera del contexto de una clínica es seguro y efectivo— en los sitios web del gobierno, y establecerían líneas telefónicas directas atendidas por activistas que pueden proporcionar información a los residentes sobre cómo autogestionar un aborto de manera segura y ayudar a las personas que llaman a acceder a la atención médica en una clínica, si prefieren seguir esa ruta.

Las ciudades santuario para el aborto también limitarían las capacidades del personal de atención médica para reportar a las personas que intentan terminar un embarazo por su cuenta: uno de los pocos casos en Estados Unidos en que alguien fue arrestado por la autogestión de un aborto involucró a un médico de Indiana que reportó a una paciente que buscaba atención por un supuesto aborto espontáneo: el médico sospechaba que su hijo había nacido vivo y lo había abandonado, así que legalmente estaba obligado a reportar el caso a las autoridades por sospechas de abuso infantil. La paciente, Purvi Patel, recibió una sentencia de 20 años por intentar autoinducirse un aborto bajo la ley estatal de homicidios fetales después de que la policía encontrara evidencia de que había pedido pastillas para el aborto en Internet.

Treinta y ocho estados tienen leyes similares a las de Indiana, es decir, penalizan el daño a los fetos. Pero los defensores del aborto dicen que arrestar a las personas que autogestionan sus abortos bajo esas leyes equivale a una extralimitación procesal; las leyes estaban destinadas a proteger a las personas embarazadas de otras personas que las pudieran dañar. Desde 2011 solo ha habido ocho casos en los que alguien ha sido procesado por la autogestión de un aborto, y los cargos finalmente se retiraron en la mitad de ellos, de acuerdo con la organización If/When/How. (Un juez reduciría después la sentencia de Patel, dictaminando que la ley de homicidios fetales de Indiana probablemente no tenía la intención de castigar a las mujeres embarazadas. Patel fue liberada de prisión después de cumplir al menos 18 meses).

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Burman dijo que las leyes de reportes obligatorios dejan espacio para que los médicos y el personal de atención médica los malinterpreten, y ayuden a las autoridades estatales y federales a procesar a las personas que intentan autogestionar su aborto, incluso cuando la ley no lo penaliza explícitamente.

"En el modelo de 'ciudad santuario', las ciudades podrían organizar capacitaciones para que los profesionales médicos no denuncien casos de posibles abortos autogestionados por temor a que pudieran estar violando la ley", explicó Burman.

Farah Díaz-Tello, abogada principal de If/When/How, dijo que la propuesta de Burman refleja lo que ella y sus colegas recomiendan a las personas que se encuentran en la "vanguardia" de la atención médica del aborto en todo el país, como los trabajadores de la salud y los activistas que administran fondos para el aborto. Al igual que Burman, dice que proporcionar a las personas información precisa sobre el aborto autogestionado con pastillas debería ser una cuestión de salud pública.

El aborto autogestionado es a menudo una respuesta a las restricciones contra la elección o las barreras al procedimiento, como el costo, que ponen fuera del alcance la atención clínica. Cuando las personas no saben cómo hacerlo correctamente, pueden probar métodos que son menos seguros o menos efectivos, y pueden rehusarse a buscar ayuda médica si el procedimiento fracasa.

Hablemos sobre el aborto

"Lo que [Burman] sugiere es exactamente el tipo de cosas que piensan los defensores que intentan garantizar que las personas no sean criminalizadas por terminar un embarazo: cómo aprovechar el poder del Estado para proteger a las personas que autogestionan sus abortos", aclaró. "Eso significa garantizar que las personas estén protegidas de los daños de la penalización, que no solo incluyen que una persona pueda ser arrestada e ir a la cárcel, sino los riesgos para la salud que conlleva el temor a la penalización".

Los activistas dicen que la campaña de información fundamental para el modelo de "ciudad santuario" de Burman podría ayudar a quitar el estigma del aborto autogestionado con pastillas.

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Es posible que más personas que nunca, al menos desde que se decidiera Roe v. Wade, estén interesadas en el aborto autogestionado y lo vean como una alternativa viable a la atención clínica. De hecho, más personas comienzan a preferirlo a la atención clínica, independientemente de si sus leyes estatales son restrictivas o no.

Sin embargo, ha sido difícil lograr que el público cambie su imagen del aborto realizado en el hogar como un procedimiento peligroso o clandestino previo a Roe, y aún más difícil convencer a los legisladores (incluso los que están a favor del derecho al aborto) de arriesgar su capital político si hablan al respecto.

"Las personas que no están familiarizadas con esta información siguen pensando que el aborto autoinducido requiere de un gancho para ropa", dijo recientemente Arrambide. "Con una política como esta, seríamos capaces de educar a las personas sobre qué implica exactamente el aborto autogestionado y qué tan seguro es".

El modelo de "ciudad santuario" tiene sus limitaciones: al igual que las designaciones de 'ciudad santuario' para inmigrantes indocumentados, una ciudad no puede garantizar una protección absoluta a sus ciudadanos si existe un desacuerdo entre las leyes estatales y federales. Las ciudades también pueden verse obstaculizadas por la "prioridad", un concepto legal que permite que el gobierno estatal o federal reclame ciertas áreas de la ley y evite que los gobiernos jerárquicamente inferiores promulguen leyes sobre el mismo tema.

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Pero hay un precedente de cómo los legisladores a favor y en contra del derecho al aborto han logrado esquivar la imposición de la "prioridad" estatal. Además de los decretos municipales antiaborto que se extienden por todo Texas, los funcionarios de al menos nueve ciudades han utilizado las leyes locales de zonificación para bloquear la construcción de nuevas clínicas para el aborto y permitir la instalación de clínicas falsas —conocidas como centros de crisis para embarazos— en su lugar. En una victoria para los partidarios del derecho al aborto, el Ayuntamiento de Austin aprobó un presupuesto en septiembre que reservaría 150,000 dólares para cubrir gastos como viajes y alojamiento para las personas que buscan abortos en el estado, una forma de sortear una ley de Texas que prohíbe la financiación estatal del procedimiento. (La ciudad de Nueva York hizo lo mismo meses antes, pero no hay una ley estatal que prohíba que los fondos se destinen directamente a la realización de abortos).

Aunque estas acciones no diferían directamente de los mandatos estatales, desafiaron la facultad de ejercer "prioridad" al poner en práctica políticas relacionadas con el aborto cuando las leyes sobre el aborto son generalmente competencia del gobierno estatal y federal.

Arrambide dijo que este es el tipo de soluciones imaginativas en las que los organizadores y legisladores en favor del derecho al aborto deben estar pensando. Ella y sus colegas de NARAL Pro-Choice Texas se reúnen regularmente con legisladores locales en Austin y Houston, dos ciudades con mayoría de simpatizantes del Partido Demócrata en Texas, y planea continuar las conversaciones sobre las respuestas locales a las barreras para la atención médica del aborto.

"Algo que aprendí como activista en Texas es que debes encontrar soluciones creativas y asegurarte de que estás agotando todas las vías para brindar acceso a las personas", dijo Arrambide.

Un caso inminente en la Corte Suprema que amenaza con erradicar el fallo de Roe v. Wade y dificultar las restricciones al aborto ha hecho que encontrar nuevas vías de acceso sea aún más vital para los defensores del derecho al aborto. Pero incluso con la vigencia de Roe v. Wade, para millones de personas en todo el país, el derecho al aborto es poco más que una idea. Muchas personas ya viven en un clima posterior a Roe, explicó Burman. Es hora de pensar con más seriedad sobre cómo ir más allá de los derechos establecidos por el fallo de 1973.

"El movimiento realmente se ha atrincherado al tener que enfocarse en la Constitución como la única forma de proteger el acceso al derecho al aborto", dijo Burman. "Pero ahora es el momento de pensar: '¿Cómo queremos que sea el acceso al aborto en Estados Unidos?' en lugar de '¿Qué podemos rescatar de lo que queda de Roe?'".

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