200 palabras para proteger el futuro de la vida en la Tierra

La gente poderosa que está detrás de los atentados más devastadores contra el medio ambiente podría ser llevada a juicio gracias a una nueva definición legal de “ecocidio” con la que un panel de abogados internacionales y activistas aguerridos esperan revolucionar la lucha contra la crisis climática.

El objetivo es procesar el ecocidio, la destrucción masiva del medio ambiente, de la misma manera que el genocidio, los crímenes contra la humanidad y otras atrocidades de nivel internacional, haciendo que los líderes mundiales y los directores corporativos sean responsabilizados penalmente por los desastres ecológicos que provocan. Luego de meses de debate y deliberación y con el mundo al borde de la catástrofe climática, el panel de expertos presentó el texto central que define su proyecto de ley en junio pasado, con el fin de que el ecocidio sea incorporado, como el quinto crimen, al Estatuto de la Corte Penal internacional (CPI).

Si bien los miembros del panel no dieron a conocer muchos detalles sobre la ley propuesta, un líder de la campaña de ecocidio dio la pista más sobresaliente sobre el texto y el principio audaz que lo sustenta: “200 palabras para proteger el futuro de la vida en la Tierra".

“La idea es que sea algo absolutamente sencillo, le dijo a VICE World News Jojo Mehta, presidenta de la Fundación Stop Ecocide que comisionó el panel. "Es un texto corto. Debía ser comprensible".

El proyecto de ley describe las consecuencias de este crimen ecológico, sin citar ejemplos específicos del mismo. "No sabemos qué disparates ecocidas se le podrían ocurrir a alguien", agregó Mehta. "Si la ley es demasiado precisa, no servirá en el futuro".

De la misma manera en que se juzga a los criminales de guerra, el objetivo es enjuiciar a través de la CPI, ya sea en su base en La Haya o en cualquier jurisdicción ratificadora, a quienes toman las decisiones en las corporaciones y los gobiernos por financiar, permitir o causar daños ambientales atroces a través de la extracción de petróleo, la deforestación masiva, la minería industrial, la sobrepesca desenfrenada, etc.

Este movimiento ha ido ganando terreno desde 2019, cuando dos pequeñas naciones insulares en riesgo por el aumento del nivel del mar, Vanuatu en el Pacífico y las Maldivas en el Océano Índico, exigieron la "consideración seria" del delito de ecocidio como legalmente imputable a nivel internacional. Figuras de alto perfil como el Papa Francisco, Greta Thunberg y la Dra. Jane Goodall han respaldado la propuesta, mientras que el presidente francés Emmanuel Macron se comprometió el año pasado a pugnar por su reconocimiento en el escenario internacional.

Los orígenes de la campaña se remontan a 1970 cuando un botánico estadounidense, Arthur Galston, ideó el término ecocidio para condenar los horribles efectos del Agente Naranja que los aviones militares estadounidenses rociaron en los bosques de Vietnam, Camboya y Laos. El objetivo principal de liberar millones de galones de este y otros potentes herbicidas defoliadores era eliminar el follaje en el que se ocultaban los guerrilleros, pero desafortunadamente también causó cánceres, horribles defectos de nacimiento y la destrucción de la vida silvestre.

Dos años después, el primer ministro de Suecia hizo un importante llamado inicial para proscribir el ecocidio en la primera gran cumbre de la ONU sobre medio ambiente, pero la idea no recibió mucha atención.

Sin embargo, más recientemente, los principales ministros de los gobiernos de Bélgica, Finlandia y Luxemburgo dieron públicamente su apoyo a este movimiento, el cual poco después recibió un impulso aún mayor por parte del comité de asuntos exteriores del Parlamento Europeo, que instó a los estados miembros de la UE a "tomar una iniciativa audaz" y reconocer el ecocidio como un crimen internacional. Los partidos políticos de Holanda, Portugal, España, Suecia y Reino Unido también han expresado su apoyo a esta iniciativa.

Pero antes de que el Estatuto de Roma de la CPI pueda ser enmendado para incluir el ecocidio, el crimen debe ser definido y demarcado. Así que en noviembre de 2020 se comisionó para tales fines a un panel de redacción de expertos, 75 años después de que los “crímenes de lesa humanidad” y “genocidio” se utilizaran en los juicios de Nuremberg contra los nazis de alto rango.

Sin embargo, a pesar de que el panel contaba con un ex juez de la CPI y un fiscal de la ONU entre sus ilustres miembros, el proceso no fue fácil.

"Es algo muy difícil en el aspecto práctico", le dijo en una entrevista telefónica a VICE World News el profesor Philippe Sands, un reconocido abogado que copreside el panel. “¿En qué momento un acto que causa daño al medio ambiente cruza un determinado límite como para que consideremos que debería ser visto internacionalmente como un delito? ¿Quiénes son los criminales internacionales en relación al sistema climático cuando todos y cada uno de nosotros contribuimos? ¿A quién identificamos como el culpable del crimen climático? Ese es el meollo del desafío, y es un desafío difícil".

A pesar de estas dificultades, su misión se vio impulsada por la urgencia de abordar las amenazas que plantea el calentamiento global.

“Nos enfrentamos a una crisis climática y de biodiversidad a nivel mundial”, dijo Mehta. “Aunque hay muchas leyes ambientales en el mundo, muy pocas de ellas actúan como un elemento de disuasión que se pueda hacer cumplir, en particular para las corporaciones más grandes. Vemos esta ley como una aguja de acupuntura; al tocar ese punto de presión es como realmente lograremos impulsar un cambio en el sistema. Es el momento adecuado para esto".

La CPI ha perseguido típicamente a criminales de guerra culpables de violación, tortura, homicidio indiscriminado y otros abusos horribles en algunas de las zonas de conflicto más infames del mundo, lo que ha llevado a juicio a líderes de milicias congoleñas, yihadistas del Sahel, comandantes de Janjaweed y varios altos mandos más. Los juicios por ecocidio pondrían poner en el banquillo de los acusados a otro tipo de delincuentes: los directores ejecutivos y las principales figuras políticas, incluso los jefes de estado, quienes firman iniciativas que devastan los ecosistemas del mundo.

“Queremos que los personajes más importantes tras las decisiones [que dañan el clima] se sienten ahí y piensen: 'Mi libertad personal está en juego si tomo la decisión equivocada'”, dijo Mehta.

Una vez publicado el texto central de la ley, sigue un proceso de cuatro etapas.

El primer paso involucra a cualquiera de los 123 países miembros de la CPI que esté proponiendo esta enmienda al Estatuto de Roma. A continuación, en la asamblea anual de la Corte debe haber una mayoría que esté de acuerdo en que se puede considerar la enmienda. Después de eso y en una cumbre especial, al menos dos tercios de todos los estados miembros de la CPI deben votar a favor de adoptar esa ley en el estatuto; la regla de un voto por país permite que la voz de una pequeña isla del Pacífico tenga el mismo peso que la de una nación poderosa e industrializada.

Por último, llega la etapa en que cada miembro ya puede ratificar la nueva ley. En este punto, los 123 países tiene un plazo de un año para imponerla en su territorio, si así lo deciden. En esa última etapa, el ecocidio se convertiría en el llamado “quinto crimen” procesable en la CPI, uniéndose al genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes de agresión, que fueron agregados recientemente.

Este último paso infunde a la ley un poder considerable, ya que permite a cualquier nación ratificante arrestar a un no nacional en su propio territorio por un acto de ecocidio cometido en otro lugar, extendiendo así su alcance a Estados Unidos, China y otros países que no son miembros, lo que reduce los espacios en que pueden operar los grandes contaminantes. En otras palabras, por ejemplo, el director general de una empresa estadounidense que haya cometido ecocidio en un país como Uganda podría ser arrestado mientras visita su oficina operativa en Francia, siempre que Francia haya ratificado el crimen.

Pero incluso el primer paso, el mero hecho de proponer la nueva ley, puede afectar el comportamiento de las corporaciones. Dado su impacto potencial en el futuro, las financieras y aseguradoras pueden empezar a evitar inversiones peligrosas que pudieran hacer parecer a un CEO un criminal de guerra. Pero hay dudas sobre la probabilidad de que el texto legal se convierta en ley.

"Cuando llega el momento de la verdad, ¿los gobiernos realmente quieren hacer esto?", se preguntó Sands. “Puede ser que los gobiernos se estén quedando un tanto a la zaga, pero es evidente que algo está sucediendo. Sucederá algún día".

La iniciativa de crear una ley para juzgar internacionalmente el ecocidio es solo uno de muchos enfoques legales que están surgiendo para defender el mundo natural, esto además de las iniciativas para defender el derecho humano a un medio ambiente saludable, convencer a los bancos de que dejen de financiar industrias destructivas, y aprobar leyes de "derechos de la naturaleza" que reconozcan el derecho de los ecosistemas a existir como seres vivos que pueden ser nombrados como partes afectadas en un litigio.

Muchos de estos nuevos enfoques se basan en antiguos principios ecológicos promovidos por las comunidades indígenas que históricamente han visto el mundo viviente como una red de relaciones entrelazadas, en la que los humanos somos solo una parte. Las ideas sobre el ecocidio y los derechos de la naturaleza enfatizan las conexiones holísticas compartidas entre las personas y el planeta en su conjunto, al tiempo que rechazan la noción convencional de que la ley se enfoque exclusivamente en los humanos.

"Va a ser muy difícil desprenderse de esa noción", dijo Sands, quien también enseña derecho en la University College London. "Será un proceso largo, pero claramente está sucediendo algo que nos enseña a reconocer, como lo han hecho las comunidades indígenas de América del Sur y África, que la naturaleza tiene un lugar y una importancia propios".

Otro asunto clave es si esta ley se podrá aprobar a tiempo. La temperatura del planeta continúa aumentando al igual que la pérdida crítica de hábitats y biodiversidad, todo lo cual socava la salud de los ecosistemas y las cadenas alimentarias de las que dependen las sociedades humanas. Los expertos dicen que en los últimos 50 años han sido destruidos alrededor de un tercio de los bosques del planeta, así como la mitad de sus arrecifes de coral y el 85% de sus humedales, lo cual ha diezmando las poblaciones de la vida silvestre.

Hacer del ecocidio un crimen que lleve a arrestos es muy prometedor, dado que impacta justo el corazón de la inmunidad corporativa. La nueva ley está demorando mucho; hay quienes temen que ya sea demasiado tarde.

“El cambio internacional se produce ante la catástrofe”, dijo Sands. “Me preocupa la capacidad de la gente para cambiar el orden legal sin que haya catástrofes. Esta pandemia puede ser muy significativa, ya que nos ha hecho reconocer nuestras propias debilidades, nuestra interconexión. Esto puede ser útil para impulsarnos hacia un mayor compromiso con el poder de la naturaleza".