Bienvenidos al Centro de Detención Stewart, el agujero negro del sistema de inmigración de EUA

Este artículo se ha publicado en colaboración con The Marshall Project . El Centro de Detención Stewart, en Lumpkin, se encuentra a dos horas y media de viaje en coche desde Atlanta, en dirección sur por la interestatal que sigue la curva del río Chattahoochee. Columbus, a 64 kilómetros de Lumpkin, es la última ciudad de la ruta en la que se puede encontrar un hotel con WiFi y un mínimo de cobertura para hacer llamadas. Pasado ese punto, el paisaje consiste principalmente en grandes extensiones de tierra rojiza y árboles cubiertos de enredaderas. Uno sabe que ha llegado al centro de Lumpkin al ver la hilera de comercios cerrados, una gasolinera con los colores desvaídos por el sol y una tienda de armas de fuego.

Tras diez minutos circulando por la carretera CCA ¾llamada así por la empresa privada de centros penitenciarios Corrections Corporation of America¾ se llega a Stewart, uno de los centros de detención de inmigrantes más remotos de EUA y la principal fuente de ingresos de la región. En 2012, Stewart aportó el 20 por ciento de las ganancias totales del país, generadas por los 1.700 hombres que se encuentran allí retenidos, a la espera de saber si finalmente serán deportados.

Lo más probable es que sí.

Stewart y el tribunal de inmigración encargado de decidir el destino de los hombres retenidos cuentan con el índice de deportaciones más elevado de todo EUA, en parte debido a que estos inmigrantes tienen menos posibilidades que nadie de encontrar un abogado que les represente. No hay letrados que vivan cerca de Lumpkin y pocos son los que están dispuestos a hacer el viaje de varias horas para reunirse con clientes que, en su mayoría, no pueden permitirse pagar por sus servicios.

El año pasado, menos de un 2 por ciento de los hombres retenidos en Stewart ganaron su caso.

En agosto de 2015, Omar Arana Romero esperaba formar parte de esa minúscula minoría, mientras esperaba sentado en un banco de madera, junto con otros diez hombres, en la sala de audiencia de la jueza Saundra Arrington. De las decisiones de esta magistrada depende el destino de más de 6.000 personas al año. Aquel día, Romero tenía miedo. Era la tercera vez que visitaba aquella misma sala desde su llegada a Stewart dos meses antes y no sabía qué estaba pasando. No habla inglés y no pudo agenciarse un abogado.

Al cabo de un rato, un funcionario se acercó a Romero para comprobar la identificación que llevaba colgando y le hizo un gesto indicándole que se sentara a una mesa frente al estrado. Romero se puso los auriculares con los que escucharía la traducción al español de todo lo que se dijera.

Según Romero, la jueza Arrington le preguntó si había podido conseguir un abogado desde la última audiencia. No, respondió él, no puedo permitirme uno.

Bien, pues ha tenido tiempo más que suficiente para procurarse uno, replicó la magistrada, así que procederemos con su caso de deportación.

En junio de 2015, Romero acudió a su primer día de trabajo con un contrato temporal en una planta química a 30 minutos de su residencia en Bay City, Texas. Estaba acostumbrado a realizar trabajos manuales, puesto que ya llevaba varios años aceptando todo tipo de tareas para mantener a sus tres hijos, desde instalar moquetas hasta trabajar en un vivero de plantas o en los yacimientos petrolíferos de Texas. En una ocasión, unos inspectores de trabajo le pidieron su número de la seguridad social y Romero les dio uno falso. Sus jefes lo descubrieron y llamaron a la policía, que a su vez se puso en contacto con las autoridades de inmigración.

Era la primera vez que Romero se metía en problemas con Inmigración y Aduanas desde que llegara a EUA desde México en 1994. En 2003 y 2004, cuando vivía en Colorado, fue arrestado por conducir ebrio, y en 2012 por posesión de cocaína, pero en ninguno de los tres casos intervino la oficina de inmigración.

Romero atribuye sus encontronazos con la ley al trauma y la presión derivados de la muerte violenta de su hija, Rosa, en 2004. Un día, mientras Romero estaba trabajando, la que entonces era su esposa golpeó a la pequeña de seis años por portarse mal y poco después esta moría por una lesión en el estómago. La exmujer de Romero fue condenada a 60 años de prisión. Sus otros tres hijos fueron puestos en manos de los servicios de protección infantil, si bien Romero los recuperó al cabo de un mes. Desde entonces lo ha criado solo.

En presencia de la jueza Arrington, la voz de Romero parecía morirle en la garganta. Quería convencerla para que le diera una oportunidad, más opciones, pero temía decir algo que pudiera perjudicarle.

Midiendo sus palabras, y con la esperanza de inspirar compasión a la magistrada, Romero le explicó que esta criando a sus hijos él solo. Según él, la jueza le contestó que se llevara a sus hijos con él a México.

Pero es que los niños habían nacido en EUA, replicó. Ya estaban acostumbrados a vivir allí.

Cuando cumplan los 18 podrán volver, fue la respuesta de Arrington.

Y con eso dio por concluida la audiencia. Romero volvió a su litera y se echó a llorar.

Stewart es uno de los más de 40 centros privados de detención de inmigrantes repartidos por todo el país. A cuál de ellos se destina a cada inmigrante es una cuestión de geografía y de suerte. Si son arrestados en la zona sureste de EUA, tienen muchos números de acabar en Stewart. Si a esos mismos inmigrantes los hubieran llevado al centro de Miami, por ejemplo, su futuro podría ser muy distinto, puesto que allí tienen más del triple de posibilidades de conseguir un abogado y la probabilidad de que puedan quedarse en el país se multiplica por diez.

A diferencia de los casos de delincuencia, en que los acusados tienen derecho a un abogado incluso si no pueden permitírselo, los inmigrantes que se enfrentan a la amenaza de la deportación no gozan de este privilegio. Los de origen más humilde deben o bien reunir 7.000 dólares (unos 6.700 euros) para costearse un abogado o cruzar los dedos y esperar que algún letrado decida representarles por amor al arte, algo que es casi imposible que se dé en Stewart.

Un informe del pasado septiembre elaborado por  el Consejo de Inmigración Estadounidense reveló que, entre 2007 y 2012, solo el 6 por ciento de los inmigrantes de Stewart tenían un abogado, es decir, menos de la mitad de la cifra nacional de inmigrantes en situación de custodia.

Disponer de representación jurídica influye en gran medida en todos los aspectos de un caso. La inmigración es una faceta especialmente complicada y arbitraria de la ley que cuenta con muy pocas salvaguardas constitucionales. Sin un abogado, un inmigrante probablemente no sabrá a qué tipo de ayudas tiene derecho, cómo rellenar una solicitud de asilo o hasta qué punto sus antecedentes penales podrían afectar a su condición. Según las investigaciones, aquellos con acceso a representación jurídica tienen más posibilidades de optar a una audiencia de fianza y seguir en libertad mientras se deciden sus casos. Asimismo, tienen 14 veces más posibilidades de ganar su caso y quedarse en EUA.

Un portavoz de la Oficina Ejecutiva de Examen en materia de Inmigración escribía en un correo electrónico que su departamento reconocía la importancia de la representación jurídica y que "había puesto en vigor varias iniciativas para propiciarla". Los inmigrantes retenidos en Stewart tienen la opción de participar en un programa de orientación, dirigido por asociaciones benéficas católicas, con el que se pretende cubrir desde las partes implicadas en este tipo de procesos hasta las complejas leyes que regulan la concesión de asilo en EUA.

Asimismo, se les entrega un "listado de servicios jurídicos gratuitos" con cuatro contactos de abogados, tres de los cuales han dejado de prestar asistencia pro bono.

Sin posibilidad de recurrir a un abogado, a muchos inmigrantes bajo custodia no les queda otro remedio que confiar su suerte a familiares y amigos.

Kimberly Griffith era la única persona que podía ayudar a su hoy marido, Carlos Marroquín López, cuando este estuvo retenido en Stewart en 2013. Marroquín López llegó a EUA en 1998 huyendo de la delincuencia que se estaba apoderando de su barrio en Guatemala y con la esperanza de encontrar un trabajo con el que ganarse la vida. Ambos se conocieron y empezaron a salir mientras trabajaban en un supermercado de Carolina del Norte. Ella era la gerente del turno de noche y él limpiaba los suelos del establecimiento. En una ocasión, la policía detuvo a Marroquín López por conducir sin licencia (en aquella época no podía obtener una por ser inmigrante indocumentado) y una semana después lo trasladaron al centro de detención Stewart. No tenía antecedentes penales pero ya había sido deportado una vez.

Griffith, ciudadana estadounidense, pronto se vio envuelta en una maraña jurídica de la que poco sabía. "Entré en contacto con varias personas por Facebook y me informé leyendo artículos para saber cómo debía actuar", afirma. "Llamé a diez o doce abogados distintos y nadie quería hacerse cargo del caso. Varios incluso me dijeron sin rodeos que Stewart quedaba demasiado lejos, en medio de la nada".

Griffith visitó a Marroquín López ocho veces durante los tres meses que estuvo retenido. Hacía viajes de cinco horas en coche, pasaba una hora con él y conducía de vuelta a casa otras cinco horas. A veces pasaba la noche en una "casa de acogida" para familiares establecida por la ONG El Refugio.

Finalmente, los dos perdieron la esperanza de encontrar un abogado y Marroquín López fue deportado en junio de 2013. Un mes después, Griffith se fue con él.

"Supongo que si hubiera sido rica, podría haber luchado", se lamenta. "Pero el sistema no está pensado para la gente de a pie".

Para los inmigrantes que no tienen acceso a ningún tipo de asistencia, la situación es aun más difícil.

Sadam Hussein Ali, de 21 años, lleva más de un año en Stewart. Ali había recibido varias amenazas del grupo terrorista Al Shabab en su país natal, Somalia. Los terroristas le exigían el pago de una serie de impuestos por su negocio familiar bajo la amenaza de secuestrar a su hermana menor si se negaba. Finalmente, la banda organizada capturó a Ali, le dieron una paliza y lo encerraron. A los quince días, Ali consiguió huir. Se llevó a su hermana y juntos huyeron a un campo de refugiados en Kenia, donde la joven pudo ocultarse de los terroristas llevando un burka.

Hussein Ali voló hasta Brasil, desde donde viajó por el sur y el centro de América durante tres meses a pie y en autobús hasta llegar a la frontera de México y EUA. Allí anunció que era solicitante de asilo. Las autoridades lo enviaron a un centro de detención de Texas, donde estuvo retenido diez días y luego fue trasladado a Stewart.

La cifra de solicitantes de asilo como Ali prácticamente se triplicó entre 2010 y 2014, durante el mandato de Obama. A lo largo del 2014, prácticamente el 77 por ciento de los solicitantes de asilo en EUA, en su mayoría mujeres y niños, fueron puestos en régimen de custodia mientras se decidía su futuro, en lugar de concederles libertad vigilada o bajo fianza, como ha ocurrido en muchos otros casos. Esto se traduce en más de 44.000 solicitantes de asilo retenidos en centros.

En Stewart, la posibilidad de optar al régimen de libertad condicional es especialmente baja. En 2015, según datos analizados por el Southern Poverty Law Center, ni un solo inmigrante retenido en Stewart fue puesto en libertad condicional, en comparación con el 6 por ciento en el resto de centros del país.

Durante el tiempo que lleva en Stewart, Hussein Ali ha intentado contactar con más de diez abogados para solicitar asistencia gratuita, muchos de los cuales ni siquiera le han cogido el teléfono. Los pocos que lo han hecho, o le han denegado la ayuda o le han informado de que sus honorarios son de 5.000 dólares (4.800 euros). Ali ya se ha gastado todos sus ahorros (10.000 euros) en poder llegar a EUA. Cuando finalmente alcanzó la frontera, solo le quedaban 460 dólares (442 euros). Ahora a duras penas gana lo suficiente trabajando en la cocina del centro para pagar las llamadas telefónicas a los despachos de abogados y a su familia.

Gracias a la ayuda de otro inmigrante somalí retenido en el centro, cuyo inglés era más fluido que el suyo, Ali pudo rellenar la solicitud de asilo.

El pasado marzo le fue denegada la solicitud. Como muchos otros de sus compañeros, Ali decidió no presentar un recurso de apelación porque le parecía inútil, tras ver como tantos otros antes que él habían perdido el caso. "Mi situación mejoraría si tuviera un abogado", explica. "Creo que estoy en el sitio más duro de todo EUA".

Actualmente, Ali está a la espera de que se haga efectiva su deportación a Somalia.

"Si muero, pues moriré", dice con resignación.

Frente al 4-Way BBQ, uno de los dos únicos restaurantes de Lumpkin, solía haber un cartel que rezaba "ABOGADO DE INMIGRACIÓN", acompañado de un número de teléfono al que nadie contestaba. Finalmente, el cartel se retiró el pasado noviembre. Cerca de la entrada a Stewart hay otro anuncio de un abogado de inmigración, esta vez en español, con la dirección de una oficina de preparación de impuestos y un número de teléfono fuera de servicio. A un lado de la carretera, pasado el centro de detención, hay otro cartel con un número de teléfono de Houston y un nombre: Elaine Morley. Al preguntarle si todavía trabaja con casos de Stewart, Morley suspira.

"Ese sitio es horrible", se lamenta, y a continuación suelta una retahíla de frustraciones: la distancia, la falta de alojamiento, el elevado índice de desestimaciones y la dificultad para comunicarse con los clientes. Ya había oído a otros compañeros de profesión quejarse de lo mismo, así que después del primer caso, dejó de aceptar más. "Nunca volvería allí", afirma.

Leigh Ann Webster, abogada de inmigración en Atlanta, estuvo llevando los casos de dos inmigrantes de Stewart y prometió no volver a hacerlo. "Como abogada privada, no me resulta en absoluto rentable", explicó.

Elizabeth Matherne, también especializada en inmigración, estuvo representando a varios inmigrantes de Stewart durante más de cinco años hasta que finalmente decidió no aceptar a más clientes de ese centro. Ha intentado contratar a más letrados para poder asumir mayor cantidad de casos, pese a todas las dificultades. "Estamos hablando de pasar un día entero fuera de la oficina y desconectada de todo", explica. "Es como hacer un viaje al pasado". A menudo, Matherne tenía que salir de casa a las cuatro de la madrugada para poder estar presente en la audiencia de las ocho. Los propios recursos y las instalaciones del centro, asegura, han quedado bastante obsoletos. "No tienes acceso a internet, ni fax… Nada. La noche antes tienes que preparártelo todo bien y asegurarte de que no te dejas nada".

Pero las dificultades para los abogados no terminan cuando dejan el coche en el aparcamiento de Stewart. Varios de ellos han criticado la arbitrariedad de las normas impuestas por CCA, que recientemente ha pasado a llamarse CoreCivic. Indudablemente, los centros propiedad de empresas privadas están sujetos a un nivel de supervisión muy inferior que los públicos. A diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los otros centros de detención, en Stewart los abogados aseguran que no se les permite programar llamadas gratuitas con sus clientes. En lugar de eso, son los propios inmigrantes retenidos los que deben reunir el dinero suficiente para comprar una tarjeta con saldo y cruzar los dedos para que sus abogados les cojan el teléfono. Supuestamente, en 2014 se iba a instalar un sistema de videoconferencia, según el contrato que se les pasó, pero no fue hasta el pasado mes de agosto que se realizó la instalación, tras un aluvión de reclamaciones.

Cuando se reúnen con sus clientes en persona, los abogados afirman que les hacen esperar horas y que a veces incluso les deniegan la visita directamente y sin dar explicaciones. Las conversaciones con los clientes se realizan con un grueso panel de plexiglás y mediante telefonillos. Durante varios meses el invierno pasado, los telefonillos estaban estropeados, por lo que a los abogados no les quedaba otro remedio que comunicarse con los clientes a gritos.

En respuesta a una carta escrita en marzo y en la que se enumeraban todas estas quejas, las autoridades del ICE (el departamento de inmigración y aduanas estadounidense) aseguraron que se estaban "examinando e investigando de forma activa" las recomendaciones de mejora recogidas. Asimismo, señalaron que en la sala de espera estaban especificadas las normas sobre las visitas y que los telefonillos ya se habían reparado.

CoreCivic no ha respondido a esa carta. En un email, el portavoz Jonathan Burns señaló que "se permite a los letrados visitar a los detenidos en cualquier momento durante las horas de visita, sin programación previa, presentando un documento de identificación con fotografía. Las visitas no están limitadas en tiempo". También negó que los telefonillos estuvieran inoperativos y que se hubiera impedido a los letrados programar llamadas con sus clientes.

En agosto, desde el Departamento de Seguridad Nacional afirmaron que "estudiarían" la posibilidad de rescindir su contrato con las empresas penitenciarias privadas. Sin embargo, a principios de este mes anunciaron que continuarían el acuerdo por "razones de índole fiscal" y debido a la necesidad de gestionar "un repentino aumento de las detenciones de inmigrantes". De hecho, bajo el mandato del presidente electo Donald Trump, es más que probable que ICE aumente considerablemente su actividad de detenciones de inmigrantes. Señal de ello es la escalada de la cotización en bolsa de CoreCivic.

Algunos magistrados arguyen que la a veces remota ubicación de los centros de detención también es un inconveniente para ellos. En octubre pasado, un grupo de exmagistrados de inmigración enviaron una petición al Secretario de Seguridad nacional, Jeh Johnson, instándole a que se pensara dos veces la posibilidad de incrementar las detenciones, puesto que ello provocaba un embotellamiento de casos en los tribunales de inmigración. Johnson todavía no ha respondido.

"¿Cómo se puede trabajar de forma justa cuando la gente no tiene representación?", se pregunta Paul Wickham Schmidt, magistrado que estuvo trabajando en inmigración y expresidente del Tribunal de Apelaciones de Inmigración. El hecho de aislar a unos cuantos jueces para que se dediquen exclusivamente a casos de inmigrantes retenidos, explica Schmidt, contribuye a crear una cultura en la que la concesión de exenciones se convierte en la excepción, y no en la norma. Por otro lado, situar los centros de detención en zonas rurales parece más bien "una maniobra disuasoria para impedir a los detenidos disponer de representación jurídica y permanecer en EUA".

Este verano, el colectivo de letrados de inmigración presentó una queja a la Oficina Ejecutiva de Examen en materia de Inmigración en la que alegaban que los magistrados de Stewart estaban poniendo trabas al proceso reglamentario. Por su parte, los inmigrantes retenidos aseguraban que se les disuadía para que no apelaran las decisiones de los jueces, no se les daba información completa sobre el proceso de cumplimentación de las solicitudes de asilo y se les denegaba el acceso al programa de orientación de las organizaciones católicas.

La oficina continúa valorando las quejas y todavía no se ha pronunciado al respecto.

Romero lleva cerca de un año retenido en Stewart.

Inicialmente, las autoridades de ICE lo llevaron al centro de Port Isabel, en Texas, a menos de cinco horas en coche de su casa. Su novia, Cilvia Reyes, inmediatamente se puso manos a la obra para intentar encontrar un abogado. Dio con uno cuyo despacho se encontraba a menos de una hora del centro y que, por unos cuantos miles de dólares, dijo que ayudaría a Romero en el proceso de solicitud de un visado.

El abogado podía visitar fácilmente a Romero en coche. Juntos preparaban su solicitud, que entre otras cosas requiere la presentación de cartas de apoyo de amigos y familiares, así como varios documentos jurídicos. Sin embargo, su avance topó con un muro una semana después de que Romero llegara a Port Isabel, cuando le dijeron que recogiera sus cosas y se preparara para un traslado. Romero fue trasladado a Georgia, a cuatro estados y 1.600 kilómetros de distancia.

En su nuevo destino, Romero no podía permitirse seguir pagando al mismo abogado, por lo que Reyes intentó buscar a otro que estuviera más cerca. La opción más cercana se encontraba a 240 kilómetros, en Atlanta, pero la respuesta era siempre la misma.

Con tres sentencias a sus espaldas, Romero encabeza la lista de deportaciones prioritarias. Quizá pueda quedarse en EUA si le aprueban un visado de tipo U, un tipo de exención que se concede a las víctimas de delitos.

Romero esperaba que lo liberaran mientras se procesaba su solicitud de visado, de forma que pudiera cuidar de sus tres hijos, de 17, 16 y 14 años. Sin embargo, debido al delito de posesión de droga que se le imputó, quedó excluido de la posibilidad de optar a una audiencia de fianza. Romero puso una demanda para solicitar una, pero al no tener abogado no consiguió que prosperara.

Sus hijos están repartidos entre los hogares de sus tías y amigos de la familia en Houston. Recientemente, Reyes tuvo que irse a vivir con su madre, ya que no podía permitirse pagar por un apartamento.

"Desde el día que me cogieron los de Inmigración… no puedo dormir ni llevar una vida normal… porque me han vuelto a separar de mis hijos", escribió Romero en una declaración el pasado enero.

"Él ha sido mi padre y mi madre… Tenéis que entender que no puedo hacer esto sola", aseguraba su hija mayor, Jennifer, en una carta adjunta a la solicitud de visado de Romero. "Mi padre es lo único que me queda".

Romero quería que lo trasladaran a un centro de detención más cercano a su casa para que sus hijos pudieran ir a visitarlo. Hace más de un año que no los ve. "Cada día le pido a Dios que me trasladen a un sitio más cerca de mis hijos. Estoy desesperado", aseguraba en otra misiva en junio.

El portavoz de ICE Bryan Cox dijo en un email no poder hacer declaraciones sobre el caso concreto de Romero, pero que "en general, el sistema de detenciones de ICE intenta reducir los traslados y facilitar al máximo la asesoría y las visitas. "ICE distribuye a los detenidos en función de los recursos disponibles y las necesidades de la agencia".

Mientras tanto, Romero intenta documentarse en la biblioteca jurídica de Stewart, pese a que la mayoría de las fuentes están en inglés. Reyes prosigue con su búsqueda de asesoría en Google, pero como no puede asistir a las audiencias de Romero, no sabe qué buscar concretamente. Romero contó con la ayuda de un compañero del centro que ejercía de abogado en su Venezuela natal. Siguiendo sus indicaciones, está rellenando todo el papeleo necesario para presentarlo al tribunal e intentar obtener una audiencia de fianza. Sin embargo, la colaboración se interrumpió cuando a él también lo deportaron el pasado julio.

La audiencia más reciente de Romero fue el 15 de noviembre y, según cuenta, duró solo unos minutos. Todavía no sabe si le han aprobado la solicitud de visado, pero la jueza le advirtió de que se le había agotado el tiempo y requirió su deportación. Un amigo del centro de detención le proporcionó el teléfono de un abogado de Atlanta que cobra 150 dólares simplemente por la primera visita. Reyes está tratando de reunir el dinero, para lo cual incluso ha vendido el coche que ambos tenían.

Si Romero no consigue presentar un recurso pronto, será deportado.

"Quiero salir de aquí… Estoy preocupado por mis hijos", explicó en una llamada telefónica desde el centro. "Me están esperando".

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Traducción por Mario Abad.