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COLOMBIA

Luces y sombras del sistema que juzgará a los actores del conflicto colombiano tras la paz

El sistema de justicia es el punto clave del acuerdo de paz. Su cometido será obtener la verdad acerca de las violaciones de DDHH, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar a los responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
5.10.15
Momento del encaje de manos entre Santos y 'Timochenko' en la Habana el pasado 23 de septiembre. (Imagen por Desmond Boylan/AP)

La primera vez que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de la guerrilla de las FARC, Timoleón Jiménez, alias Timochenko, se estrecharon las manos fue el pasado 23 de septiembre tras rubricar en La Habana (Cuba) la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Un sistema de justicia que tratará de obtener la verdad acerca de las violaciones de derechos humanos en el conflicto, contribuirá a la reparación de las víctimas y juzgará a los responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. El proceso judicial abarcará a guerrilleros, miembros de la fuerza pública, civiles y todo aquel que haya promovido y financiado el conflicto.

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Si bien el apretón de manos entre Santos y Timochenko necesitó que fuera espoleado por el presidente cubano, Raúl Castro, por falta de brío, el acuerdo en justicia requerirá de la misma fe por parte del pueblo colombiano. Este pacto, uno de los más peliagudos de las conversaciones de paz iniciadas en 2010, ha dejado no pocas dudas en cuanto al cumplimiento de las penas.

El comunicado oficial indica que las sanciones para aquellos que reconozcan delitos graves ante la JEP serán "de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales" entre cinco y ocho años.

Las personas que confiesen de forma parcial o tardía asumirán condenas de entre cinco y ocho años en prisión. Y, por último, los que no reconozcan sus delitos enfrentarán hasta 20 años de cárcel.

Por lo tanto, los procesados que reconozcan sus crímenes no pagarán penas de prisión. "La sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras (…) mediante la realización de trabajos, obras y actividades, y (…) la satisfacción de los derechos de las víctimas".

Esclarecimiento de la verdad y reparación de las víctimas

A las pocas horas de conocerse las condiciones del proceso, las críticas empezaron a llover. Desde las que iban en la línea del tan cacareado "van a entregar el país a las FARC" del ex presidente Álvaro Uribe, hasta férreas posiciones como las de Amnistía Internacional (AI) e Human Rights Watch (HRW), quienes hablaron de "sacrificar la justicia".

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"Es impensable que las FARC vayan a estar de acuerdo con que todos sus miembros terminen en la cárcel. Somos realistas. Del mismo modo, aceptamos las penas alternativas. Pero debe haber un compromiso mínimo con la justicia", comenta a VICE News, Erika Guevara-Rosas, directora del Programa para América de AI.

"Hablamos de graves violaciones de derechos humanos por parte de la guerrilla y del Estado. En este punto la justicia debe ser clara. Los responsables deben pagar justamente por ello", añade.

Amnistía Internacional no deja de aplaudir el acuerdo, que califica de "avance muy importante y una clara señal de que el final de las hostilidades está casi al alcance de la mano". Sin embargo, "deja aún muchas cuestiones sin resolver en lo que respecta a garantizar verdad, justicia y reparación de conformidad con el derecho internacional", concluye Guevara-Rosas.

Las negociaciones de La Habana discurren en un marco de justicia transicional. Una herramienta que facilita la transición de un contexto de conflicto y violación de derechos humanos a uno de paz. Dicho tránsito está sustentado en cuatro elementos: esclarecimiento de la verdad, reparación de las víctimas, justicia y garantías por parte de los culpables de no repetición.

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El conflicto colombiano es el más longevo de Sudamérica y ha provocado más de 220.000 (Imagen por Juan Bautista Diaz/AP)

Cuanto mayor es el esclarecimiento de la verdad, más viables son los procesos de reparación de las víctimas y sólidas las garantías de no repetición, menores son las penas para los culpables. Y más posibilidades hay de aplicar penas alternativas. En el caso colombiano, trabajos de desminado y reconstrucción de pueblos para el retorno de desplazados, entre otros.

El documento íntegro del acuerdo todavía no ha sido publicado. Lo harán a lo largo de este mes. Sin embargo, el abogado Diego Martínez, uno de los letrados que ha diseñado el acuerdo en La Habana arroja luz al tema.

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"Bajo ninguna circunstancia los procesados van a ser extraditados. En cuanto a las sanciones, éstas se definirán en relación al trabajo restaurativo que impliquen y no bajo una finalidad de reclusión", explica a VICE News.

Martínez apunta que habrá un órgano internacional de monitoreo que asegure que se cumple con los trabajos de reparación. "Si están trabajando en una zona apartada del país, tendrán un mínimo de restricciones de movimiento por la propia geografía y tiempos del trabajo, pero no se les someterá a privación de la libertad", aclara. De este modo, el abogado descarta que los procesados pernocten en centros de reclusión, granjas agrícolas o cárceles rurales, como se creyó en un primer momento.

Con todo, las víctimas han respaldado el proceso. "Hay un acuerdo en justicia que ha superado todas las expectativas", señala a VICE News Juan Carlos Villamizar, miembro de la cuarta delegación de víctimas que participó en las conversaciones de La Habana.

"Con un país que ha transitado esta guerra tan dura, tan polarizado. ¿Qué le vas a criticar?", añade este joven, consultor del Centro Nacional de Memoria Histórica, que fue objetivo de los paramilitares del Bloque Capital por pertenecer al movimiento estudiantil.

"Es cierto que hay penas más leves a cambio de verdad. Pero es que las víctimas quieren verdad. Así encarcelen por 100 años a los culpables, eso no devuelve un muerto a su familia. Pensar sólo en cárcel es retaliación. Pero la verdad sobre dónde están unos restos o limpiar un nombre que se ha relacionado con un grupo armado es reconciliación y reparación", añade.

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Del mismo modo lo expresa el director ejecutivo de la asociación de víctimas Fundación Defensa de Inocentes, Élmer Montaña. "Seguir pensando en cárcel para guerrilleros es tener guerra durante veinte años más", asegura a VICE News.

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Montaña mira más allá de las penas y alaba el proceso judicial. "Es importante porque se muestra al país que no hay impunidad", apunta. Reconoce también que "no nos gusta ver a los guerrilleros en el congreso, pero menos en el campo empuñado un arma".

El director de la Fundación tiene el convencimiento de que estas son las conversaciones definitivas de la paz. "Hace unos meses las FARC eran reacias a dar cuentas a la justicia. Querían amnistía y hacer política. Sin embargo ahora están reconociendo un organismo judicial".

FARC: de guerrilla a movimiento político

Villamizar se muestra de acuerdo con ello y alude a un anuncio que hizo la guerrilla días antes del acuerdo. "Comunicaron que estaban listas para constituirse en movimiento político. Nadie dijo nada; pero para mi fue el anuncio más importante en 40 años".

El joven le otorga tal importancia debido a los asesinatos que se produjeron en los años 80 de miembros de la Unión Patriótica, una salida política impulsada por varios grupos insurgentes, entre ellos las FARC, por parte de paramilitares de extrema derecha y con la connivencia del Estado.

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Otro hecho que indicaría la seriedad del proceso es la reciente orden de Timochenko a sus tropas de suspender la instrucción militar y dedicarse a la formación política y cultural.

La pérdida de popularidad y apoyo entre la población, la ingobernabilidad de alguno de sus frentes, el daño causado a la imagen de movimientos legítimos de izquierda, como los sindicatos, la debilitación de sus filas por las operaciones militares, la fatiga propia de la guerra y el convencimiento de que no iban a conseguir el poder político mediante la lucha armada han llevado a las FARC a sentarse a negociar en La Habana.

No obstante, el investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano, Carlos Malamud, sostiene que no hay razón de peso para creer a pies juntillas que este sea el acuerdo definitivo. "Aunque hay elementos para pensar que va en serio, hay que mirar con escepticismo frente al hecho de que la negociación anterior terminó por romperse", señala a VICE News.

El investigador dice que si bien se han realizado avances muy importantes, el asunto ahora es ver qué sacrificios van a hacer unos y otros para la paz duradera. "Hay que resolver el desarme y la desmovilización. Si éstos no son efectivos, el tema de las penas puede convertirse en anecdótico".

El propio Rodrigo Londoño Echeverri, el nombre real del líder de las FARC, Timochenko, tildó de "delicados" los puntos pendientes por acordar con el Gobierno, durante una entrevista en Telesur. De todos modos, se mostró optimista y apuntó la posibilidad de firmar el acuerdo de paz antes de la fecha prevista en marzo de 2016.

El comandante expresó que el acuerdo, que deberá ser refrendado por todos los colombianos, no es en sí la paz. Sino un punto de partida para "la lucha por la tierra, por el campo, por los servicios públicos en las ciudades y por una mejor salud. Una lucha que podamos hacerla sin darnos tiros".

Además del reto de la equidad, las partes tienen el de evitar que reductos guerrilleros formen bandas y se hagan con el negocio del narcotráfico, impedir que los grupos criminales que surgieron tras el desarme de los paramilitares ocupen el hueco que dejan las FARC y lograr que Ejercito de Liberación Nacional se suba al carro de la paz.

Sigue a Iván M. García en Twitter: @ivanmgarcia77