¿Qué ocurrirá si la administración Trump decide acabar con el porno?

Este artículo se publicó originalmente en Motherboard, nuestra plataforma dedicada a la ciencia y a la tecnología.

Al margen de la opinión que le merezca a Trump la industria del cine para adultos y por sus diversas apariciones en varias películas porno, es probable que sea entre neutra y positiva, el presidente ha decidido unir fuerzas con unos cuantos políticos no tan favorables al negocio del porno. De entre ellos, el más destacado es Jeff Sessions, que durante una audición de la Comisión Judicial del Senado dejó claro que estaría encantado de iniciar una batalla judicial para la prohibición del porno.

Si se votara a Sessions como fiscal general y este decidiera ir por esos derroteros, no lo tendría nada fácil. Para empezar, los estándares para determinar el grado de obscenidad de algo son tremendamente vagos. Según dispone el test de Miller (concebido a raíz del caso Miller vs. California, de 1973), los fiscales deben demostrar que la obra "carece por completo de valor de redención social" y de "verdadero valor científico, literario, artístico o político".

Quizá resulte una explicación confusa y enrevesada, motivo por el cual son muy pocos los casos de enjuiciamiento por delitos de obscenidad en los que el veredicto sea culpable. De los tres casos más sonados de la última década, solo uno de ellos acabó con el ingreso en prisión de Max Hardcore, cuyos vídeos superaban los límites de lo aceptable incluso para la industria del porno.

En cualquier caso, el gobierno no busca ganar más casos contra los delitos de obscenidad. El editor jefe de Adult Video News, Mark Kernes, me explicó que el verdadero objetivo de estos procesos judiciales es el de "poder señalar a los productores de contenido sexual explícito como culpables de acoso" y crear así un efecto desincentivador en el sector del cine para adultos. Luchas contra el gobierno es una tarea ardua, costosa e ineludible  a diferencia de los procesos civiles, no existe la posibilidad de llegar a acuerdos económicos de ningún tipo para dirimir el asunto y a menudo basta esa amenaza para provocar el cierre de muchas empresas de cine porno.

Sin embargo, este método disuasorio de dudosa legalidad no se limita a la regulación de la obscenidad; de hecho, se ha convertido más bien en una norma con la que se persigue la pornografía bajo pretextos sin fundamento, como la mejora de la seguridad ola protección de menores.

Tomemos como ejemplo la ley 18 USC 2257, también conocida simplemente como 2257. En apariencia, esta ley se creó para evitar que los menores de edad formen parte de la industria; para ello, se exige a los productores que mantengan un exhaustivo sistema de registros de todos sus actores y actrices. La realidad sobre la puesta en vigor de esta ley, sin embargo, es muy distinta.

Aprobada en 1988, la 2257 se empezó a aplicar con todo rigor en 2005, cuando la administración Bush introdujo una variante mucho más punitiva. Según esta nueva ley, cualquier persona o entidad que distribuyera cine porno estaba en la obligación de mantener un registro de todo el que participara en las grabaciones, siguiendo un modelo de organización muy específico. ¿Cómo de específico? Una sección en la que se habla de la forma de enlazar a la 2257 desde un sitio web señala que "la cláusula debe mostrarse mediante una tipografía con un cuerpo no inferior a 12 puntos o, en su defecto, no inferior al cuerpo de la segunda tipografía de mayor tamaño contenida en el material, y utilizando un color que contraste claramente con el fondo". Porque todos sabemos que el tipo de fuente y el color de esta son aspectos que contribuyen directamente a mejorar el problema de la explotación de menores.

Pero ahí no se acaban los quebraderos de cabeza que supusieron la entrada en vigor de la ley 2257: los legisladores también exigían que los registros estuvieran disponibles en todo momento para posibles inspecciones federales no anunciadas. El coste añadido que suponía mantener estos registros obligó a muchas empresas del porno a cerrar sus puertas y cortó las alas a muchas que empezaban a despegar. (Yo misma tuve que cerrar mi sitio web de porno independiente a principios de 2005, poco después de que la nueva regulación entrara en vigor).

Aparte de eso, poco más ha conseguido la ley 2257. En palabras de Kernes, "la 2257 es una tocada de cojones costosa para la industria; además, todavía está por ver cómo enjuician a una compañía de cine porno por violar la ley 2257".

Incluso en aquellos casos en los que la 2257 podría resultar de utilidad, no se ha hecho nada por velar por su cumplimiento. Carrie Goldberg, abogada neoyorquina especializada en casos de pornografía no consensuada, me aseguró que "no es posible hacer cumplirla ley 2257 mediante el derecho privado". A no ser que el Fiscal General decida llevar adelante el caso, la ley no tiene ningún efecto.

Afortunadamente para los pornógrafos, la legislación está empezando a desmoronarse. A principios de año, un juez federal declaró inconstitucional una parte esencial de la ley 2257, concretamente, la parte que exige que los registros deben estar disponibles para su registro las 24 horas.

La derogación de la ley 2257, sin embargo, no serviría para revertir los daños que ya ha causado a la industria del porno, y ahí reside la verdadera maldad de todo. Tras una fachada de supuesta protección de menores o de la salud pública se esconde una ley que no es otra cosa que acoso legal.

Con más frecuencia de lo que sería deseable, el destino de la industria del porno recae en la benevolencia de los legisladores, más que en la propia ley. Hoy, con un gobierno que ve el porno como a un enemigo, más que como un negocio, el futuro del sector es muy poco halagüeño.

Imagen de archivo de New York Daily News

Traducción por Mario Abad.