La decisión del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, de sacar a la fuerza a los vendedores ambulantes de algunas zonas de la ciudad, despertó, a comienzos de año, una discusión que han tenido los bogotanos durante años. Desde hace mucho tiempo, el primer aspecto a resolver en el tema del «espacio público» es el de los vendedores ambulantes.
¿Quién –y cómo– debe poder usar el espacio público? Las posiciones son claras. Repetitivas. Un bando dice que esta es una ciudad pobre y que mientras no se le pueda ofrecer trabajo a la gente hay que dejarla sobrevivir de lo que pueda hacer. Es decir, los que no vendemos nada tendremos que esperar a que el desempleo en Bogotá se acabe para poder caminar tranquilos por un andén. Aquí, a grandes rasgos, caben el exalcalde Gustavo Petro y el Polo.
El otro bando asegura que las ventas en el espacio público son ilegales, que le quitan tranquilidad a la gente que quiere caminar o andar en bicicleta y que promueven el desorden y la criminalidad. El futuro de los ambulantes es secundario, lo prioritario es que la ciudad se vea bien y sea segura. Aquí, a grandes rasgos, caben el alcalde Enrique Peñalosa y la derecha.
Como lo demostró el video de la señora vendedora de tintos reclamándole a Peñalosa, este es un tema que toca fibras profundas. Se enfrentan la necesidad de sobrevivir con el desespero de vivir en una ciudad caótica e insegura. Hasta cierto punto los dos bandos tienen razón.
Podemos seguir gritándonos entre nosotros, de lado a lado, «oligarcas», «mamertos», «indolentes», «mafias». Pero después de 18 años es hora de que la discusión evolucione un poco.
Hoy en día hay más o menos 46.000 vendedores ambulantes reconocidos por el IPES, la entidad de la Alcaldía que lidia con el tema. Pero en la realidad hay muchos más. ¿Será que de verdad tenemos que escoger entre su bienestar y el de los peatones? ¿En casi dos décadas no hemos dado ni un paso en encontrar un punto medio?
Sí, y este es el momento de recordarlo. En el primer gobierno de Peñalosa la política fue trasladar a los vendedores ambulantes a centros comerciales que fueron un rotundo fracaso porque no atraían suficientes clientes para que fuera negocio. Los locales acababan usados como bodegas y la gente volvía a la calle. Hoy en día queda por lo menos uno de esos centros comerciales, con resultados mixtos, el CED Centenario, en el Restrepo. El traslado de vendedores a centros comerciales no sería un buen camino para volver a emprender.
Quizás la única iniciativa exitosa de esa época fue el Mercado de las Flores en la Caracas con 65 donde se reubicaron los vendedores ambulantes de flores. Al reunir vendedores de un solo producto en un espacio abierto y visible, los ambulantes lograron seguir generando ingresos y hacer la transición a la formalidad. Ahí hay una lección.
Un programa más exitoso de formalización fue el de los módulos de acero inoxidable que inició la administración de Lucho Garzón en 2006. Los usuarios de estos módulos le pagan un alquiler barato al IPES que sirve para su mantenimiento y tienen una ubicación respetuosa de los peatones. Ha habido problemas. El diseño de los módulos se debe mejorar porque a los vendedores les caen el sol y la lluvia, algunos han sido abandonados por estar mal ubicados, y aunque la idea era rotar a los beneficiarios, esto nunca se hizo. Sin embargo, acá también se aprendió.
Una tercera experiencia relevante es la del aprovechamiento temporal del espacio público. En palabras normales: las carpas blancas que el IPES pone en plazas y parques alrededor de la ciudad para que los informales hagan una especie de feria. Aunque esto es medianamente organizado y le da una alternativa a los vendedores, las carpas son horribles y le dan un ambiente de deterioro a cualquier espacio que ocupan. Si la Alcaldía mejora las carpas, ésta sería una alternativa que seguramente sería aceptada por todos.
Va a ser difícil encontrar una solución definitiva y seguramente cada gobierno cambiará en algo su enfoque. Lo importante es que dejemos de alegar y avancemos aunque sea un poco en un camino concertado. En la calle se debe poder vender algunos productos de una manera organizada por el Distrito y que le dé facilidades a peatones y consumidores. No tiene sentido decir que cualquiera podrá llegar a vender lo que quiera en cualquier esquina, pero tampoco lo tiene levantar a bate a todo el mundo y esperar que las calles de Bogotá se parezcan a una autopista en Estados Unidos.
Si logramos ponernos de acuerdo en eso, está abierto el camino para avanzar.